Erick Chan Martínez

Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
261/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Erick Chan Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención al contenido del oficio de cuenta, se tiene al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, informando a este Juzgado Federal que en continuación al proceso de ejecución de laudo, a favor de los quejosos, mediante acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, requirió a Diego José Ávila Romero, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, para que dentro del término de diez días hábiles, legalmente computados, le informara y acreditara las medidas que tomó con relación a la respuesta que le otorgó el Congreso del Estado de Yucatán, a fin de darle total cumplimiento a la ejecutoria dictada en este expediente. En consecuencia, se ordena requerir nuevamente al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que una vez fenecido el término concedido a Diego José Ávila Romero, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, informe de manera inmediata el cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de veintiocho de los corrientes. Con el apercibimiento, que de no atender lo anterior, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al tribunal Colegiado o a la Segunda Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Fabiola Pérez Alonso, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe. elm

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo número 261/2022-I-A, promovido por , a favor de . R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintiuno, vía electrónica mediante el uso de su FIREL, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció a favor de a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Fiscal General del Estado, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Suspensión de plano. En esa propia fecha, (uno de febrero de dos mil veintidós), en atención a la naturaleza de los actos reclamados, se decretó la suspensión de oficio y de plano. Asimismo, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, ratificara la demanda promovida a su favor, para lo cual se comisionó a uno de los actuarios adscritos a este juzgado. TERCERO. Ratificación y admisión de la demanda. Posteriormente, mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por ratificada y se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, se hicieron consistir en: La incomunicación, detención y peligro de privación de la vida del directo quejoso. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de incomunicación y peligro de privación de la vida del directo quejoso, pues así lo manifestaron la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, por conducto de su director jurídico (número de promoción 2347) y Fiscal General del Estado de Yucatán, por conducto del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos (número de promoción 3900), ambos con sede en esta ciudad. Toda vez que al rendir sus respectivos informes negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, aunado al hecho que no se advierte que hubiese tenido alguna participación en los actos de referencia. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento por falta de materia, en el presente juicio, por cuanto hace a dichos actos y autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el diverso acto reclamado a las autoridades responsables, únicamente por cuanto hace a la detención del directo quejoso, toda vez que así se desprende de los informes justificados, así como de las constancias que adjuntaron al mismo. De las cuales se advierte que el aquí impetrante del amparo fue detenido el uno de febrero de dos mil veintidós, en el área de Seguridad de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos derivados de la carpeta de investigación , y posteriormente, mediante auto de dos de febrero de dos mil veintidós, dictado en dicha indagatoria, se ordenó su inmediata libertad, con reservas de ley, atendiendo a que la representación social no pretendía solicitar prisión preventiva como medida cautelar. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, del contenido de los informes de la suspensión de plano y justificado rendidos por las responsables y las constancias que remitieron con éste, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien firma en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, al rendir su informe justificado, adjuntó el diverso oficio SSP/DJ/4320/2022 de fecha uno de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el comandante Wuilberth Alejandro Canul May, Comandante de Cuartel en turno, con el que puso a disposición del fiscal investigador en turno de la Fiscalía General del Estado al directo quejoso, por estar involucrado en la comisión de hechos delictuosos. Así mismo, del oficio , de tres de febrero del presente año, el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, remitió el acuerdo de dos del citado mes y año, en el que se desprende que en autos de la carpeta de investigación , se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso Erick Chan Martínez y/o Erik Chan Martínez, lo que se llevó a cabo en la referida data. De lo anterior, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues si este se hizo consistir, esencialmente, en la detención del directo quejoso; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que las autoridades señaladas como responsables lo pusieran en libertad, lo cual ya aconteció. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide al suscrito realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por y/o ERIK CHAN MARTÍNEZ, en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y Fiscal General del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por y/o ERIK CHAN MARTÍNEZ, en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y Fiscal General del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1231/2021-I-A, promovido por Carlos Medardo Zapata Muñoz y Carlos Alejandro Zapata Ortiz. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, comparecieron Carlos Medardo Zapata Muñoz y Carlos Alejandro Zapata Ortiz, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo auto aclaratorio, mediante acuerdo de fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 1231/2021-I-B, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. De igual forma, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, como se precisó desde el auto de admisión, el acto reclamado por la parte quejosa es: El auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 39/2021, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de despojo de bien inmueble. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la Jueza Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se encuentra corroborada con las constancias emitidas en autos de la causa penal 39/2021, que adjuntó la responsable en copias certificadas, así como el disco óptico (1) que contiene copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que los primeros, son documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley; mientras que el restante (disco óptico), contiene las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad de primera instancia (Juez de Control) que tienen la certificación de las fechas y lugares en que fueron realizadas, así como, de los hechos que contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Inexistencia de Causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, porque no existe algún precepto que obligue a ello, además de que no se le causa perjuicio, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que en el caso haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse la protección constitucional solicitada. Como ya se señaló, el quejoso se duele del auto de vinculación a proceso que le fue dictado por el Juez responsable, por el hecho que la ley señala como delito de despojo de bien inmueble. En su contra aduce en sus conceptos de violación que se vulneraron en su perjuicio los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se justificaron los requisitos para el auto vinculación a proceso. Lo anterior es infundado. Para justificarlo es necesario precisar la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte la solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos resultan infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó la Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el catorce de junio de dos mil veintiuno, se formuló imputación en contra de los aquí quejosos; luego, ese mismo día se les dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales de los imputados, aquí quejosos, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín, Yucatán, permiten establecer tal como lo consideró la Juez responsable, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que los imputados lo cometieron; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio de los quejosos. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que Carlos Medardo Zapata Muñoz y Carlos Alejandro Zapata Ortíz, el día veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en el terreno propiedad de Jorge Flores Flores, ubicado en el kilómetro 15 del puente de Teya, después del retén de la Secretaría de Seguridad Pública, le pidieron a Fermín Caamal Escobedo y a su hijo Ismael Caamal Pech, que le rentaran una maquinaria que se encontraba en el terreno, a lo que manifestaran que no se podía ya que estaba encomendada, por lo que los imputados dijeron ser dueños de una parte del terreno y momentos después ingresaron al mismo un conjunto de trabajadores y una maquinaria con la que votaron un cerco de malla ciclónica con postes que delimitaba el terreno, por lo que le solicitaron que se retiren, pero amenazaron a los citados Caamal Escobedo y Caamal Pech, quienes son trabajadores del propietario Flores Flores, y aún continúan ocupando el terreno impidiendo el disfrute al propietario. Hechos que materializan el hecho señalado en la ley como delito de despojo de bien inmueble, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 329, fracción I, párrafo segundo y tercero del Código Penal del Estado, querellado por Luis Alberto Cauich Cauich apoderado legal de Jorge Alberto Flores Flores. En efecto, para llegar a esa conclusión, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal en la audiencia, y que en el caso concreto resultan: 1. La querella de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, interpuesta por Luis Alberto Cauich Cauich apoderado legal de Jorge Alberto Flores Flores, en la que manifestó que a principios del mes de enero de dos mil dieciocho, el ciudadano Jorge Alberto Flores Flores adquirió un terreno mediante asamblea ejidataria que cuenta con una superficie de treinta y cinco mil setecientos ochenta y ocho punto cincuenta y cinco metros, que se encuentra ubicado en el kilómetro quince después del retén de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual se ubica a quinientos metros del puente de la carretera Mérida-Cancún se le conoce como "Puente de Teya"; la regularización y título de propiedad menciona que está en proceso y desde que fue adquirido le ha estado dando mantenimiento, ya que se está preparando para un proyecto de inversión y que aproximadamente quince días después de mandar a personal a cuidar y vigilar el citado terreno; recibió una llamada por parte de su empleado Fermín Caamal Escobedo así como de su hijo Ismael Caamal Pech, quienes le informan que habían unas personas metiendo maquinaria y escombro al terreno y que esas personas responden al nombre de Carlos Zapata Muñoz y su hijo Carlos Zapata en ese momento acudieron al terreno y dichas personas le proporcionan sus números telefónicos, el primero proporciona el número 99 90 07 94 5 y el del hijo 99 99 00 97 04, también mencionó que el comisario ejidal los había visitado para intentar llegar a un arreglo, pero que éstas personas no acceden y se niegan a abandonar el predio, ya que están peleando una extensión que tiene setenta metros de frente sobre la carretera por cincuenta metros de fondo que en total hacen tres mil quinientos metros, alegan que ellos son los posesionarios pero no cuentan con documentos. 2. El primer testimonio de escritura pública que contiene un poder general para la administración de bienes pleitos y cobranzas y toda clase de asuntos judiciales laborales a favor de Luis Alberto Cauich Cauich otorgado por Jorge Alberto Flores Flores, con el número de acta ciento sesenta y seis de fecha dos de marzo de dos mil siete, realizado ante el abogado José Enrique Gutiérrez López, Notario Público número ochenta y siete de Progreso, Yucatán. 3 Convenio para una futura regularización de la tenencia de la tierra, celebrado por una parte el Ejido Kanasín, representado por los ciudadanos Javier Martín Gómez Cauich, Eradio Uicab Baas y Rogelio Uicab y Ek, presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal a ellos se les va a denominar el ejido y por la otra parte, el ciudadano Jorge Alberto Flores Flores, a quién se le denominó posesionario, en el apartado número cuatro de declaraciones, el ejido reconoce expresamente que el posesionario desde el año de mil novecientos noventa y cuatro está con la posesión pública, pacífica y continua de buena fe de una superficie de treinta y cinco mil, setecientos ochenta y ocho punto cincuenta y cinco metros cuadrados; en el apartado tercero de las cláusulas, se establece que el ejido declara y otorga que reconoce expresamente que el posesionario es legítimo poseedor de las superficies de tierra descritas reconociendo tal carácter para todos los efectos legales correspondientes. 4. La testimonial de Ismael Caamal Pech, quien compareció ante el fiscal investigador el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en dicha comparecencia estableció conocer de vista, trato y comunicación a Luisa de Alberto Cauich Cauich desde hace aproximadamente diez años, mencionó que él es el representante legal de su patrón Jorge Alberto Flores Flores, quién es propietario de la empresa "Reyneros Sureste" así como es propietario de varios terrenos ubicados en Kanasín, Yucatán, entre ellos el terreno que se ubica en el kilómetro quince de la carretera Mérida-Cancún después del retén de la Secretaría de Seguridad Pública, y menciona que desde hace más de un mes, entre él y su padre comienzan a limpiar por orden de su patrón el terreno, agregó que su padre se quedó a vivir ahí y por la mañana va el terreno para limpiarlo junto con su papá; a los quince días de estar en dicho terreno llegan unas personas, el señor Carlos Zapata y les dice que le rentaran la maquinaria que se encontraba en el terreno, ya que él había comprado un terreno que estaba pegado al terreno de su patrón, dicha maquinaria era una retroexcavadora y era propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, únicamente estaba encomendada en el terreno de su patrón, le indican que no podía rentárselas porque era de la secretaría de transportes y sólo estaba encomendada en dicho terreno, por lo que dicho sujeto les empieza a decir que el terreno de su patrón era de él, que se lo había comprado a Luis Chuc, seguidamente entra junto con otras tres personas y llevaban una maquinaria retroexcavadora, querían limpiar el terreno, inmediatamente procede hablarle por teléfono a Jorge Alberto Flores Flores, y le indica lo que está sucediendo y tiempo después llega el señor Luis Alberto Cauich Cauich, comienza a hablar con el Señor Carlos Zapata quién decía ser el dueño del terreno, éste comienza a ponerse agresivo por lo que para evitar problemas el señor Luis Adalberto Cauich Cauich se retira del lugar, así como el de la voz y su padre continúan trabajando; asimismo, mencionan que en una parte del terreno dichas personas (Carlos Zapata) meten de igual forma su maquinaria, así como personas que se encuentran trabajando, llevando material de construcción y cada vez que lo ven a él o a su padre, los agreden diciéndoles que solo nos iban a ser gente y que se salieran de ahí porque si no, no respondían de lo que nos pase, que les van a "rajar la madre" y que ya están advertidos. 5. La testimonial de Fermín Caamal Escobedo, quien compareció ante el fiscal investigador en fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, y mencionó conocer a Luis Adalberto Cauich Cauich hace aproximadamente diez años, ya que es apoderado legal de su patrón Jorge Flores Flores, que desde hace un mes está trabajando como velador dando mantenimiento al terreno ubicado en el kilómetro quince después del retén de la Secretaría de Seguridad Pública, que está como a quinientos metros del puente de la carretera Mérida-Cancún se le conoce como "Puente de Teya", cuenta con una superficie de treinta y cinco mil setecientos ochenta y ocho metros y su regularización y título de propiedad están en proceso, menciona que él y su hijo se dedican a limpiar y a cuidar terrenos, su hijo Ismael Caamal Pech trabaja en conjunto con él, en el terreno mencionado y se encuentran limpiando; que aproximadamente quince días después de que inicia la limpieza del terreno, aproximadamente el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, unas personas que indican llamarse Carlos Zapata Muñoz, así como su hijo Carlos Zapata, les piden que les renten la maquinaria que se encontraba dentro del terreno, a lo que respondió que no se puede, ya que esa retroexcavadora era de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y únicamente está encomendada en dicho terreno; uno de los dos sujetos manifiesta ser el dueño del terreno y que tienen setenta de frente por cincuenta de fondo, ambos trabajadores continúan con sus labores de manera pacífica cuando ven que entran al terreno donde están trabajando el ciudadano Carlos Zapata Muñoz y su hijo Carlos Zapata, junto con trabajadores y una maquinaria, botan un cerco de malla ciclónica con postecitos con el que estaba delimitado el terreno; por tal motivo, su hijo procede a llamar a su patrón Jorge Alberto Flores Flores mientras él procede hablarle al apoderado Luis Adalberto Cauich Cauich para informar lo que está ocurriendo, momentos después llega al terreno Luis Adalberto Cauich Cauich intenta entablar comunicación con los ahora imputados estos empiezan a ponerse agresivos, por lo que mejor procede a retirarse para así evitar problemas; precisa el declarante que su patrón se encontraba regularizando dicho terreno, por lo que ellos continúan con sus labores, que incluso el ahí se queda a dormir como velador en una casita de láminas de cartón y menciona que el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, estaba limpiando junto con su hijo Ismael Caamal Pech cuando el ciudadano Carlos Zapata se acerca a una parte del terreno y los amenaza diciendo que no los quiere volver a ver ahí, sino se retiran, nos van a partir la madre, a lo le contestó que nos tienen encargado el trabajo, tenemos que continuar incluso se le manifestó que se queda de velador, por ello tenía la casita de cartón, momentos después llegan agentes hacer entrevistas sobre el terreno, llegan de igual forma doce personas con unos tráiler, le tapan el acceso a los vehículos de los agentes, uno de los agentes procede a bajarse se identifica, les pide que les permitan el acceso al terreno y es como éstos logran pasar, pero los ahora imputados esperan a que se retiren los agentes para continuar con sus amenazas. 6. Nueva comparecencia de Fermín Caamal Escobedo, ante el fiscal investigador en fecha diez de abril de dos mil veintiuno y agrega que el mismo día veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, Carlos Zapata Muñoz y su hijo Carlos Zapata les piden a él y a su hijo Ismael Caamal Pech que les rentaran la maquinaria que estaba dentro del terreno ese mismo día, junto con tres personas del sexo masculino Carlos Zapata Muñoz y su hijo Carlos Zapata introducen maquinaria al terreno derriban los postecitos de concreto y los alambres de púas con los que se tenía delimitado el terreno. 7. Diversa comparecencia Ismael Caamal Pech, ante el fiscal investigador en fecha diez de abril de dos mil veintiuno y manifiesta que en su anterior comparecencia en fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mencionó que hacía más de un mes está limpiando el terreno de su patrón y que él se refiere a principios del mes de octubre del año dos mil diecinueve, es cuando el empieza a limpiar el terreno y que el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, al encontrarse en el terreno se presentan al mismo Carlos Zapata Muñoz y su hijo Carlos Zapata es cuando les piden que les renten la maquinaria, a lo que ellos les indican que no, ya que nos les pertenece, ese mismo día los ahora imputados junto con tres personas de sexo masculino se introducen al terreno, derriban los postecitos de concreto y alambre de púas con los que estaban delimitado el terreno, esto con la maquinaria que introducen, ya que el señor Carlos Zapata Muñoz, manifestó ser el dueño de dicho terreno, y en fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se encontraba en el interior del terreno limpiando con su padre, cuando en un momento se acerca Carlos Zapata hijo y los amenaza diciendo que no los quería volver a ver dentro del terreno, porque si no les iban a partir la madre. 8. Comparecencia de Luis Adalberto Cauich Cauich, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual señaló que al acudir al lugar se encontraban tirados los postes de concreto que correspondían a una marcación perimetral, esto en la parte del citado solar, que es colindante con la carpeta asfáltica ya que cuentan con alambres de púas y que se aprecian que los mismos han sido cortados en la parte exterior sobre la carretera; se aprecian los postes de concreto y se observa que hay unas maderas y un candado que se encontraban roto, juntamente con una cadena, corresponden a la reja de madera que tenía como puerta y acceso al predio, el candado se utilizaba como dispositivo de seguridad y las personas que se introdujeron al predio con violencia, cortaron en alambre de púas, derribaron los postes de concreto, destruyeron la reja de madera y de manera posterior al entrar al citado terreno se encuentran tres vehículos, un tracto camión que cuenta con placas 074-EV-4 del Servicio Público Federal, una caja seca cerrada sin placas de circulación y una caja cerrada acoplada al tracto camión con placas de circulación 3YP-891-A del Estado de Yucatán. 9. Nueva comparecencia ante el fiscal investigador el ciudadano Luis Adalberto Cauich Cauich, a fin de aclarar que el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, cuando recibió la llamada por parte de su empleado Fermín Caamal Escobedo, le manifestó que estaban limpiando en el interior del terreno en compañía de su hijo Ismael Caamal Pech, cuando Carlos Zapata Muñoz y su hijo Carlos Zapata junto con tres personas del sexo masculino introducen maquinaria al terreno, derriban los postecitos de concreto y alambre de Púas con las que se encontraba delimitado dicho terreno y que el Señor Carlos Zapata Muñoz le manifestó ser el dueño y ese mismo día ya habían personas en el interior del terreno, así como Carlos Zapata Muñoz y su hijo Carlos Zapata les piden a sus empleados que les renten una maquinaria que estaba en el interior el terreno del ciudadano Jorge Alberto Flores Flores a lo que indican que dicha maquinaria no les pertenece y que únicamente está encomendada. 10. Título de propiedad con número 000001019101 expedido por instrucciones del ciudadano Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que ampara el solar urbano identificado como lote número uno, de la manzana ciento dieciocho, de la zona nueve, del poblado de Kanasín, municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, con una superficie treinta y cinco mil setecientos ochenta y ocho punto quinientos cincuenta y seis metros cuadrados, en el que se plasman las medidas y colindancias con las que cuenta dicho terreno. 11. Un plano interno inscrito bajo clave única catastral F-16C 52 L52 4A favor de Flores Flores Jorge Alberto, cuya inscripción obra en el Registro Agrario Nacional bajo el folio 3104 100 11 280 21930R Yucatán de veintidós de octubre de dos mil diecinueve y se encuentra firmado por la ingeniera Maricela González Castillo encargada de la delegación del Registro Agrario Nacional. 12. La declaración de Carlos Alejandro Zapata Ortiz, que comparece ante el fiscal investigador el cuatro de septiembre de dos mil veinte y manifiesta que a mediados del año dos mil quince su padre Carlos Medardo Zapata y el declarante tienen la posesión del terreno en controversia, ya que le fue cedido los derechos de posesión por parte de Miguel Uc Cajún, el terreno cuenta con una superficie de mil setecientos cincuenta metros cuadrados, ya que es de treinta y cinco por cincuenta metros cada uno, agregó que él y su padre unen los terrenos y lo convierten en un encierro y taller para sus camiones, en dicho terreno están construyendo una casa y su padre Carlos Medardo Zapata Muñoz se encuentra viviendo en un camper instalado en dicho terreno a lado de la construcción, en lo que se termina de techar dicha construcción, desde que lo adquieren le dan mantenimiento, limpieza y actualmente está delimitado por mallas ciclónicas, también menciona que cuenta con documentación donde se le ceden los derechos y el personal del comisariado ejidal acudió a medir los terrenos. 13. Documento de Campesinos de América Unidos comisariado ejidal de Kanasín 2016-2019, en el que se emite constancia de verificación de Posesión con número de expediente 259/2017, de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete y que los ciudadanos Javier Martín Gómez Cauich presidente del comisariado ejidal, Fernando Baas Can presidente del Consejo de vigilancia comparecen así como Miguel Josué Uc Cajun, Carlos Alejandro Zapata Ortiz y Flor Nayeri Uc León, en el cual, Miguel Uc Cajún manifiesta a los representantes ejidales que desde hace ocho años tiene el terreno, que es de figura regular propiedad del Ejido de Kanasín ubicado en la carretera Mérida-Valladolid, kilómetro quince y que es de treinta y cinco metros de frente por cincuenta de fondo que hacen una superficie de mil setecientos cincuenta metros cuadrados; también Miguel Uc Cajún continúa diciendo que la posesión de esa superficie lo adquiere por una cesión de derechos cedida el veintidós de septiembre de dos mil quince y que no tiene interés de seguir ocupando dicha superficie, le solicita a los representantes ejidales qué se apersonen a dicha superficie cuya posesión y ocupación ahora lo realizará Carlos Alejandro Zapata Ortiz y Flor Nayeri Uc León. 14. Constancia de vecindad suscrita por el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del Ejido de Kanasín dónde hacen constar que Carlos Alejandro Zapata Ortiz es vecino del poblado de Kanasín, municipio de Kanasín tiene su domicilio conocido en el mismo y se encuentra ocupando desde hace cinco años un terreno ubicado en el poblado, el cual cuenta con una pequeña construcción, fue expedido en fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis y se encuentra firmado por Javier Martín Gómez Cauich presidente, secretario Erario Uicab Baas y tesorero Rogelio Uicab Ek. 15. Tres planos que cuentan con un sello del comisariado ejidal y 12 placas fotográficas en blanco y negro. 16. Comparecencia de Carlos Medardo Zapata Muñoz, ante el fiscal investigador el diez de septiembre de dos mil veinte, quién manifestó de igual forma adquirir el terreno a mediados del año dos mil quince junto con su hijo Carlos Alejandro Zapata Ortiz, que empiezan a trabajar desde dicho año con el permiso de Miguel Uc Cajún quién tenía los derechos de posesión, él les permitía trabajarlo de manera posterior le cede los derechos y mencionan que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete ante el comisariado ejidal, el terreno es dividido en dos terrenos colindantes con una superficie de mil setecientos cincuenta metros cuadrados, su hijo y él unen los terrenos y lo convierten en un encierro y taller para sus camiones, construyen en dicho terreno una casa la cual están adaptando para vivienda, cuentan con un camper instalado en el terreno donde habita, y lo tienen delimitado con malla ciclónica, de igual forma ofreció los mismos documentos que son la verificación de Posesión, la constancia de vecindad, los planos y las placas fotográficas a los cuales ya se ha hecho mención. 17. La testimonial de Abelardo de Jesús Cet Dzul quién compareció el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, quién menciona que en el año dos mil diecisiete, laboraba para el comisariado ejidal de Kanasín y que los ahora imputados acuden al comisariado ejidal en compañía de Miguel Josué Cajun para realizar la cesión de los derechos de posesión del terreno, a él lo mandan a realizar las mediciones del terreno, se traslada y las realiza por lo que sabe y le consta que ellos tienen la posesión, de igual manera, menciona que el once de enero de dos mil dieciocho, es testigo en la asamblea general ejido de Kanasín. 18. Testimonial a cargo de Luis Alfonso Chuc Pech quién comparece el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, quién establece y narra en los mismos términos por el primer testigo, qué son los ahora imputados los que comparecieron ante el comisariado ejidal y tienen la posesión del terreno, ya que el ciudadano Chuc Pech manifestó ser el posesionario antes de cedérselo a los ahora imputados. 19. Comparecencia del querellante, ante el fiscal investigador en el que mencionó que en días pasados Fermín Camal Escobedo e Ismael Caamal Pech le informan de igual forma mediante llamada telefónica la apertura de una cafetería denominada "El Caminante" al interior de la fracción del terreno del cual ha sido despojado su representado Jorge Alberto Flores Flores, por lo que acude al terreno y verifica que cerca de la rejilla del acceso principal a la fracción del terreno que fue ocupada, existe una lona publicitaria en cuyo centro se aprecia en la figura de un tráiler la cual está sostenida con pequeños postes de madera y señala lo siguiente: "Cafetería El Caminante tres guisos al día refrescos Sabritas galletas cigarros tortas tacos abierto las 24 horas". De igual forma observó al interior frontal izquierdo del terreno, existe un cuarto elaborado con bloques techado con láminas y a un lado un área con sillas y mesas. 20. Cinco placas fotográficas a color, donde se aprecia lo antes mencionado, respecto la lona donde se aprecia el nombre de la cafetería así como la construcción y los camiones que se encuentran dentro del predio. 21. Oficio 23/2020 de fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, del Ayuntamiento del Municipio de Kanasín, en el que se establece que es la administración 2018-2021, Coordinación General de Seguridad Jurídica Patrimonial, Dirección de Desarrollo Urbano, donde informan que en los registros de la dirección de desarrollo urbano existen licencias autorizaciones y/o permisos otorgados a la cafetería denominada "El Caminante" que se encuentra ubicada en el lote uno, manzana dieciocho de la zona nueve tablaje catastral 22022, carretera Mérida-Cancún de esta ciudad y municipio de Kanasín, Yucatán. 22. Dictamen pericial en materia de topografía del solar rústico propiedad de Jorge Alberto Flores Flores con el título de propiedad número 1019101 identificado como lote uno de la manzana dieciocho de la zona nueve del poblado de Kanasín, municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, donde se ha establecido un plano topográfico del predio que cuenta con una superficie de treinta y cinco mil setecientos ochenta y ocho punto quinientos cincuenta y seis metros cuadrados, en el que se han establecido las medidas y colindancias de dicho terreno, así como las medidas y coordenadas de las construcciones que obran. 23. Oficio 8326-19 de fecha nueve de noviembre de dos mil diecinueve, realizado por el perito supervisor Rodrigo Centurión Cardeña, perteneciente al Instituto de Ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar la documentación fotográfica, la cual fue de fecha nueve de noviembre de dos mil diecinueve, y se constituye al terreno ubicado en el kilómetro quince después del retén de la Secretaría de Seguridad Pública y capturó diecisiete imágenes fotográficas las cuales cuentan con el folio 8326-2019. 24. Informe de fecha cinco de diciembre de dos mil veinte, en el que se estableció la ubicación del terreno que se lote uno manzana ciento dieciocho de la zona nueve y sus tablajes, es así como se estableció qué obra una cafetería denominada "El Caminante"; fue tomado un total de once placas fotográficas y cuentan con el número de Registro 5810-2020; realizado por el perito fotógrafo Javier Israel May Sánchez, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, los datos de prueba relatados por el fiscal estatal, entendidos como la simple referencia al contenido de determinados medios de convicción aún no desahogados ante el órgano jurisdiccional, conforme con el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dejan de manifiesto que la Juez responsable correctamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, a los que asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente; lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de los elementos de prueba, en términos del numeral 265 de la codificación nacional en cita. Así, con tales datos de prueba relacionados, es dable establecer el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, despojo de bien inmueble, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 329, fracción I, párrafo segundo y tercero del Código Penal del Estado, querellado por Luis Alberto Cauich Cauich, apoderado legal de Jorge Alberto Flores Flores. Pues en el caso particular se genera la convicción de que probablemente Carlos Medardo Zapata Muñoz y Carlos Alejandro Zapata Ortíz, el día veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, ingresaron en el terreno propiedad de Jorge Flores Flores, ubicado en el kilómetro 15 del puente de Teya, después del retén de la Secretaría de Seguridad Pública, y le pidieron a Fermín Caamal Escobedo y a su hijo Ismael Caamal Pech, que le rentaran una maquinaria que se encontraba en el terreno, a lo que manifestaran que no se podía ya que estaba encomendada, por lo que los imputados dijeron ser dueños de una parte del terreno y momentos después ingresaron al mismo junto con trabajadores y una maquinaria con la que votaron un cerco de malla ciclónica con postes que delimitaba el terreno, por lo que les solicitaron que se retiren, pero amenazaron a los citados Caamal Escobedo y Caamal Pech, quienes son trabajadores del propietario Flores Flores, y aún continúan ocupando el terreno impidiendo el disfrute al propietario. Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor de los imputados, aquí quejosos. En efecto, contrario a la apreciación de los quejosos, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que los imputados cometieron el hecho, pues como se apuntó, existen los señalamientos de testigos Fermín Caamal Escobedo, Ismael Caamal Pech y Luis Adalberto Cauich Cauich, quienes señalaron de manera contundente que los imputados Carlos Medardo Zapata Muñoz y Carlos Alejandro Zapata Ortíz, el día de los hechos ingresaron al terreno ubicado en el kilómetro quince del puente de Teya, después del retén de la Secretaría de Seguridad Pública, propiedad de Jorge Flores Flores, el cual se encuentra ocupado sin autorización. Así también, con el dictamen pericial en materia de topografía del solar rústico propiedad de Jorge Alberto Flores Flores con el título de propiedad número 1019101 identificado como lote uno, de la manzana ciento dieciocho, de la zona nueve, del poblado de Kanasín, municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, en el cual se concluyó que dentro del predio total que ocupa el bien inmueble, se identificó la fracción del predio invadido constante de tres mil cuatrocientos ochenta y ocho punto setecientos dieciséis metros cuadrados, delimitada por una cerca perimetral y cuenta en su interior con una construcción de acabado aparentemente a base de muro de block y aparcamiento de trailers. También con el oficio 8326-19, de fecha nueve de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el perito supervisor Rodrigo Centurión Cardeña, perteneciente al Instituto de Ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado, encargado de tomar diversas placas fotográficas y estableció la ubicación del terreno lote uno, de la manzana ciento dieciocho, de la zona nueve, del poblado de Kanasín, municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, en el refirió que existe una cafetería denominada "El Caminante". Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifica el hecho ilícito y la probabilidad de que los imputados lo cometieron, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por la Juez de referencia. Ahora bien, en síntesis, en sus conceptos de violación los quejosos alegan que no se satisfacen los requisitos del artículo 19 Constitucional para el dictado de la vinculación a proceso en su contra, ya que no se acreditó la vigencia del poder otorgado por Jorge Alberto Flores Flores, mediante testimonio de Escritura Pública con número de acta ciento sesenta y seis, de fecha dos de marzo de dos mil siete, a Luis Adalberto Cauich Cauich, para interponer la querella. Tales alegaciones devienen infundadas, pues como correctamente les señaló la Jueza responsable en la audiencia respectiva, no obstante las circunstancias alegadas, no existe ningún dato de prueba que permita establecer que el poder otorgado por Jorge Alberto Flores Flores, mediante testimonio de Escritura Pública con número de acta ciento sesenta y seis, de fecha dos de marzo de dos mil siete, a Luis Adalberto Cauich Cauich, para interponer la querella, fuera por tiempo definido, ya que contrario a ello se mencionó por parte de la fiscalía que el poder otorgado fue por tiempo indefinido, es decir no tiene propiamente un término de vigencia y pues tampoco existe algún elemento que permita establecer que fuera revocado. Máxime que de la copia certificada del primer testimonio de escritura pública con número de acta ciento sesenta y seis, de fecha dos de marzo de dos mil siete, que exhibió mediante escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el tercero interesado Jorge Alberto Flores Flores, se advierte en su cláusula cuarta, que el poder otorgado es por tiempo indefinido, y es la misma que exhibió al interponer la querella. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la propia ley. Por otra parte, los quejosos refieren que al interponer la querella por el delito de despojo de cosa inmueble, el señor Jorge Alberto Flores Flores no contaba con título de propiedad, inscrito en el Registrito Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán ni documento alguno de inscripción vigente del Registro Agrario Nacional, ya que únicamente contaba con el documento denominado convenio para una futura regularización de la tenencia de la tierra, celebrado por una parte por el Ejido de Kanasín y por otra, el citado Flores Flores. Lo anteriormente expuesto también es infundado, toda vez que como acertadamente lo señaló la Juez responsable, del citado convenio para una futura regularización de la tenencia de la tierra se desprende, que el primer pago fue realizado el día tres de enero de dos mil dieciocho, ante Javier Martín Gómez Cauich, Eradio Uicab Baas y Rogelio Uicab y Ek, quienes fungían en la época de los hechos como presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal de Kanasín, Yucatán, en el cual, se le otorgó la posesión del terreno a Jorge Alberto Flores Flores, en esa propia fecha (tres de enero de dos mil dieciocho), esto es, antes de la interposición de la querella. Así mismo, expresan los quejosos que la Juez responsable, no tomó en cuenta las constancias de vecindad expedidas a su favor desde los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, con las que acreditan que siempre han vivido de una manera pacífica, pública y continúa en el terreno. El anterior motivo de inconformidad es infundados, pues contrario a sus manifestaciones, la Juez de Control responsable, señaló que la constancia de vecindad referida, únicamente señala que viven en un terreno en el poblado de Kanasín y que tiene una construcción; sin embargo, no se precisa en qué lugar está ubicado el terreno. En otro motivo de inconformidad, los quejosos alegan que el fiscal no citó a Javier Martín Gómez Cauich, Eradio Uicab Baas y Rogelio Uicab y Ek, quienes fungían en la época de 2016-2019, como presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal de Kanasín, Yucatán, para que ratificaran los documentos que exhibieron en la carpeta de investigación, con el argumento que ya lo tenía el fiscal adscrito al juzgado de control. Asimismo, que la fiscalía nunca citó a declarar a Javier Martín Gómez Cauich y Fernando Baas Can, quienes se ostentaron como presidente del comisariado ejidal y presidente del consejo de vigilancia, para que declararan con relación a los hechos denunciados, a pesar de haberlo solicitado. Devienen infundados los conceptos de violación precisados en los párrafos precedentes, lo anterior es así, ya que al margen de la omisión que aluden, se comparte la postura de la Juez responsable que por el momento existen elementos suficientes para establecer la conducta atribuida a los imputados y por ende, para el dictado de un auto de vinculación en su contra. Aunado a lo anterior, debe decirse que en nada beneficia a los solicitantes de amparo, las pruebas documentales que exhibieron con su escrito inicial de demanda, de las que se advierte las diversas solicitudes hechas al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación y Determinación Temprana en Kanasín, Yucatán y al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín; toda vez que tales medios de convicción no pueden ser tomadas en consideración en esta vía constitucional al no haber sido ofrecidas ante el Juez responsable para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de tal resolución, pues de lo contrario se vulneraría el principio de contradicción e igualdad procesal a que tiene derecho tanto la defensa como la acusación. Es aplicable al caso el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 160812, de título y contenido siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." Además que no debe perderse de vista, que tal y como lo dijo la Juez responsable en la audiencia respectiva, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se necesita de prueba plena, es decir, no se requiere realizar un estudio pormenorizado de cada uno de los elementos constitutivos del delito de que se trate, en el caso, el ilícito de despojo de bien inmueble, sino única y exclusivamente se requiere la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Por todo lo anterior, la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que son infundados por una parte e inatendibles por otra, los conceptos de violación que respecto al auto de vinculación a proceso formuló la parte quejosa. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a los quejosos CARLOS MEDARDO ZAPATA MUÑOS y CARLOS ALEJANDRO ZAPATA ORTÍZ el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a CARLOS MEDARDO ZAPATA MUÑOZ y CARLOS ALEJANDRO ZAPATA ORÍZ contra el acto que reclamó de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Al causar ejecutoria la sentencia, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto: agréguense a los autos, para los efectos legales del caso, los sobres que devuelve la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, que contienen los oficios 26239/2021, 24643/2021 y 30544/2021, todos dirigidos al Titular de la Dirección General de Promoción a la Salud, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos al reverso de cada uno de ellos. Lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que, por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, causó estado el acuerdo de seis del propio mes y año, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, por los motivos expuestos en dicho proveído y se ordenó el archivo de este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Sin que sea el caso glosar los oficios correspondientes a cada una de dichas misivas, en atención a que obran en autos las minutas relativas a las mismas, por lo que se ordena su desechamiento, a fin de evitar la voluminosidad del presente expediente. Notifíquese.

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