Erick Aviña Vivancc

Expediente 655/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
655/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Erick Aviña Vivancc

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de seis de julio de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********** por propio derecho. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintiocho de octubre de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto; al respecto infórmese lo acordado en los párrafos, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista al promovente

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales la Fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, no pudo notificar al quejoso **** el proveído de seis de julio de dos mil veintidós, toda vez que en el domicilio señalado por dicha parte, resulto inexacto. En esas condiciones, se ordena notificarle el auto referido, el presente, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista a la parte quejosa. ------------------------------------------------------- México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta proveniente de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al que acompaña la demanda de amparo promovida por ****, con cuatro copias de demanda; en consecuencia, acúsese recibo a la Sala aludida, y con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de mérito, la que se procede a acordar en los siguientes términos: PERSONALIDAD La demanda se promueve por ****, por así tenerla acreditada ante la autoridad responsable, contra actos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 655/2022-V, y con número de NEUN 30404831. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa, reclama en esencia la resolución de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca ****, por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por la cual revocó la sentencia interlocutoria de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, deducido de la controversia del orden familiar, alimentos promovido por *** en contra de **** ****, y su acumulado juicio de controversias de orden familiar ****. Resulta preciso citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterito de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de libertad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1. El treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y seis, se inició un juicio de pensión alimenticia en contra de ****, el cual correspondió tramitar al Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, bajo el número de expediente ***. 2. Transcurridas las etapas procesales, el cinco de junio de dos mil uno, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió al pago de pensión alimenticia a favor del aquí quejoso y otro. 3. Posteriormente, **** promovió en contra del aquí quejoso, incidente de cancelación de pensión alimenticia, siendo que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se emplazó al demandado incidentista. 4. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictó la resolución correspondiente, en la que se resolvió absolver a ****. 5. Posteriormente, el siete de septiembre de dos mil veinte, se promovió diverso incidente de cancelación de pensión alimenticia en contra del solicitante del amparo. 6. El impetrante del amparo promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra del emplazamiento a dicho incidente, el cual se admitió el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. 7.- Mediante resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable declaró firme la diligencia de notificación y traslado de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia, así como las actuaciones subsecuentes al mismo. 8.-Inconforme con dicha resolución, el actor incidentista aquí quejoso, interpuso recurso de apelación y por resolución de tres de junio del año en curso, la sala responsable revoco la sentencia interlocutoria recurrida y declaró la nulidad de la diligencia de notificación de veintiuno de octubre de dos mil veinte, practicada dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia, así como las actuaciones subsecuentes inherentes al mismo, debiendo reponer el procedimiento a partir de auto admisorio de siete de septiembre de dos mil veinte, siendo este el acto reclamado en la presente vía constitucional FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de garantías se advierte que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea y por tanto, en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 17 y 18 del ordenamiento jurídico invocado, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el plazo para promover el juicio de garantías se computará desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución. Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y si durante el mismo no lo hace aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en los preceptos 17 y 19 de la Ley de la materia. Luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. Se cita en apoyo, por identidad de razón jurídica la tesis P./J. 27/96, número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Lo cual se ilustra en la siguiente tabla: DIA MES CÓMPUTO PREVISTO POR EL ART. 17 LEY DE AMPARO PARA LA PRESENTAC IÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Miércoles 8 Junio 2022 Primer día. Inicio de cómputo para interponer juicio de amparo. jueves 9 Junio 2022 Segundo día Viernes 10 Junio 2022 Tercer día Sábado 11 Junio 2022 Inhábil* Domingo 12 Junio 2022 Inhábil* Lunes 13 Junio 2022 Cuarto día Martes 14 Junio 2022 Quinto día Miércoles 15 Junio 2022 Sexto día Jueves 16 Junio 2022 Séptimo día Viernes 17 Junio 2022 Octavo día Sábado 18 Junio 2022 Inhábil* Domingo 19 Junio 2022 Inhábil* Lunes 20 Mayo 2022 Noveno día Martes 21 Mayo 2022 Décimo día Miércoles 22 Mayo 2022 Décimo Primer día Jueves 23 Mayo 2022 Décimo Segundo día Viernes 24 Mayo 2022 Décimo tercer día Sábado 25 Mayo 2022 Inhábil* Domingo 26 Mayo 2022 Inhábil* Lunes 27 Mayo 2022 Décimo Cuarto día Martes 28 Mayo 2022 Décimo Quinto día,término legal para la promoción de la demanda. (art. 17 de la Ley de Amparo). Presentación ante la autoridad responsable como amparo indirecto no interrumpe el término previsto por la Ley de la Materia. Miércoles 29 Junio 2022 Décimo Sexto día. EXTEMPORÁ NEA Jueves 30 Junio 2022 Décimo Séptimo día. EXTEMPORÁ NEA. Viernes 1 Julio 2022 Décimo Sexto día. EXTEMPORÁ NEA *DIAS NO COMPUTADOS PARA EL TÉRMINO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. Esto es así, pues la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional, reclamando la resolución de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca *****, por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por la cual revocó la sentencia interlocutoria de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, deducido de la controversia del orden familiar, alimentos promovido por **** en contra de **** ****, y su acumulado juicio de controversias de orden familiar *****, y dicha resolución señalada como acto reclamado fue notificada por medio de boletín judicial el seis de junio del año en curso. Lo anteriormente, conduce a determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace prueba plena en su contra de los hechos plasmados en su demanda. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 214,035, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, diciembre de 1993, página 857, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Asimismo, se cita en apoyo, por identidad de razón jurídica, la tesis P./J. 27/96, número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, el amparo indirecto debe promoverse ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o haya de ejecutarse; por su parte, el artículo 107 de la Ley de amparo, establece que el Amparo indirecto se pedirá ante el Juez de distrito. En el caso a estudio, se está en presencia de una demanda de amparo indirecto, circunstancia que el quejoso estimó al dirigir su demanda de amparo al "C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN TURNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO", así como al haber presentado dicho demanda con los requisitos establecido en la Ley de Amparo relativos al juicio de amparo biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia VI.2o.C. J/289, registro 171796, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1282, tomo XXVI, agosto 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor iguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." De ahí que, si el quejoso promovió su demanda de garantías ante la autoridad responsable, el término que establece la ley para su presentación no se interrumpe y debe computarse hasta la fecha en que la demanda se reciba ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en virtud que las autoridades responsables carecen de competencia legal para recibir la demanda, dado que no se está en el caso de excepción a que se refieren el artículo 159 de la Ley de Amparo. En este sentido es de precisar que en el presente asunto se reclama la resolución de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca ****, por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por la cual revocó la sentencia interlocutoria de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, deducido de la controversia del orden familiar, alimentos, publicada el seis de junio del presente año y surtió efectos el siete del mismo mes y año; luego, si la demanda de garantías se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México hasta el cinco de julio de dos mil veintidós, según se advierte del sello fechador de dicha oficina; entonces, es indiscutible que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió del ocho al veintiocho de junio del presente año. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 14, visible en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS "CONSENTIDOS.- Se entiende que un acto que puede vulnerar las garantías individuales, a sido consentido, cuando no se interpone dentro del término de quince días, el amparo contra la resolución respectiva, exceptuándose sólo de esa regla los actos clasificados en los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Amparo (hoy artículo 22)." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *****, por conducto de su mandataria ****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del impetrante el que indica. Se tienen por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a los diversos profesionistas, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, al igual que a las diversas personas que refiere. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa y por oficio a la sala oficiante.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa y por oficio a la sala oficiante.

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