Erick Armando Velazquez Garcia
Expediente 1164/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2022
Partes del expediente
- Erick Armando Velazquez Garcia
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual solicita la devolución de los documentos originales que fueron anexados al escrito de demanda. Atento a su contenido, dígase al promovente que en proveído de veintiocho de julio pasado, se ordenó la devolución de los mismos.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa las constancias que exhibió en el presente juicio, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo serán destruidos.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda promovida por +++++++, regístrese bajo el número 1164/2022-V-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De inicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede al análisis de causales de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que el promovente de amparo, reclama de las autoridades responsables los actos siguientes: DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, por lo que hace a la autoridad responsable, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. . La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para determinar a quiénes se debe considerar como autoridades para efectos del juicio de amparo, el último de los preceptos invocados señala que se atribuye ese carácter a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El elemento que define en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad es su naturaleza, en tanto afecte la situación jurídica de un particular además de que sea realizado con motivo de relaciones de supra a subordinación, que son las que se dan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros desempeñan frente a los segundos, actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad (su existencia depende solo de la autoridad), imperatividad (se impone aun contra la voluntad del gobernado) y, coercitividad (no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública). De igual manera, existen las relaciones de coordinación, en las cuales, la autoridad responsable y el gobernado se encuentran en el mismo nivel y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para regularlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se norman por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Entonces, para determinar si las autoridades señaladas como responsables, son autoridad para efectos del juicio de amparo, deberán examinarse, en principio, el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si éstos se ubican dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernada y los directivos de la institución universitaria actúen en un plano superior. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior, se desprende de la tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, en el presente asunto fueron señaladas como autoridades responsables al Consejo Universitario, Director y Subdirector ambos de la Facultad de Derecho, todos de la Universidad Autónoma del Estado de México. De quienes en resumen se reclama el Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado da México, publicado el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, entrado en vigor en esa misma data, estatuto vigente que se tilda inconstitucional por cuanto hace al numeral 116, en su fracción VI, que entró en vigencia a través de un decreto emitido por la misma Universidad el veintisiete de febrero de dos mil seis, así como su acto de aplicación, consistente en la sesión extraordinaria 17/2022 de dieciséis de junio del año en curso, para el ciclo escolar 2022-B, en la que se omite incluir al quejoso en la planilla de docentes que impartirán clases en las licenciaturas de Derecho y Medios Alternos de solución de conflictos. Entonces, es claro que en este caso no pueden tenerse como autoridades responsables a las descritas en el párrafo que antecede para efectos del amparo -institución educativa-, ya que no ejercen un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, sino que en realidad se trata de relación de coordinación, derivada de la normativa interna de la institución en relación a la plantilla de docencia y las clases a impartir en la universidad de la facultad de derecho. En efecto, el acto reclamado se origina a partir de un acuerdo de voluntades que las partes suscribieron expresa o tácitamente, a fin de que el quejoso preste sus servicios a la Universidad Autónoma del Estado de México. Si bien es cierto que la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que se ataquen actos de particulares, ello sólo acontece cuando actúan en un ámbito del derecho público, es decir, ejerciendo facultades que las leyes les otorguen, como si fueran autoridades. En ese sentido, tenemos que el acto impugnado por el quejoso, se plantea respecto de una institución educativa de carácter pública, sin embargo, en el supuesto planteado no existe una relación de supra a subordinación, sino una relación en un plano de igualdad, en el cual la parte quejosa se obligó a aceptar las disposiciones internas de la institución al momento de prestar sus servicios. De esta manera, admitir la procedencia del amparo en el caso concreto, implicaría abordar un tema que solo compete resolver a la institución educativa de que se trata; y permitiría que los docentes de cualquier institución educativa, pudieran combatir en amparo todas las decisiones de sus autoridades educativas, lo cual es jurídicamente inaceptable, porque, se insiste, la relación entre un docente y la universidad, en este caso, no deriva de una norma general, sino de un acuerdo de voluntades que perfeccionó la parte quejosa. Es plenamente aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Nación, de la Novena Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, página 918, de contenido siguiente: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." Así por analogía, la tesis aislada (IVRegión)2o.7 (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de la Décima Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, página 2255, de contenido siguiente: "UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. LA ELECCIÓN EFECTUADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LOS DOCENTES QUE INTEGRARÁN SUS RESPECTIVOS CONSEJOS UNIVERSITARIO, TÉCNICO UNIVERSITARIO Y DIVISIONAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 918, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR.", estableció, entre otras premisas, que: i. En términos del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como una garantía institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; ii. Dentro de estos principios está el de autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior; iii. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios; y, iv. La garantía institucional de autonomía universitaria impide que algún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación, verbigracia, decidiendo quiénes deben ser designados funcionarios universitarios, amén de que esa determinación constituye un acto ad-intra. Ahora bien, con sujeción a las proposiciones descritas, se concluye que la elección efectuada por la Asamblea General de Profesores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de los docentes que integrarán sus respectivos Consejos Universitario, Técnico Universitario y Divisional, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional, por lo que, al impugnarse mediante esa vía, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que esa deliberación se inserta en el ejercicio de las atribuciones de autogobierno de la mencionada casa de estudios, que en virtud de su autonomía no admite que un órgano estatal la sustituya o suplante, resolviendo quiénes deben ser electos como integrantes de dichos órganos universitarios. Lo anterior es así, porque de los artículos 1, 6, 11, 12, 13 y 44 de la ley orgánica de la citada universidad, así como de los diversos 20, 25, 26 y 27 de su estatuto general, se colige que ésta es un organismo público descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía constitucional, que para el logro de sus fines tiene la facultad de gobernarse a sí misma, mediante la designación de sus respectivas autoridades universitarias, entre las cuales están los referidos cuerpos colegiados; incluso, el primero de éstos es el máximo órgano de discusión y decisión, que tiene por objeto expedir las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organización y funcionamiento académico y administrativo de dicha universidad pública. Luego, la designación de los docentes que fungirán como integrantes de esos órganos colegiados, constituye un acto decisorio ad-intra de la mencionada universidad, pues lo adopta autónomamente, al interior de su asamblea de profesores, en términos de la referida fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y, desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano judicial de amparo disuelva la esfera de competencias ejecutivas universitarias, pues se itera, la designación de sus funcionarios constituye un acto que tiene consecuencias, únicamente, al interior de la referida institución educativa, que emite bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y de calificación de sus elecciones internas. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se procede desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de cuenta; a saber, la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medios de comunicación alternos" (no procesales), el correo electrónico señalado por el promovente. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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