Erick Armando Cigarroa Rocha
Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Armando Cigarroa Rocha
- Erick Armando Cigarroa Rocha y Otros.
- Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra de la sentencia dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo ha causado estado para los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vinculación con los lineamientos contenidos en el apartado 7.5 y 8.1.2 punto 3 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Conforme a lo ordenado en el numeral 35, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de mayo de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, es susceptible de destrucción, dentro del término de tres años, acorde a lo contemplado en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, en vinculación con los lineamientos contenidos en el apartado 7.5 y 8.1.2, punto 3 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Así, conforme a lo ordenado en el numeral 35, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo así como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de mayo de dos mil veintitrés. Como esta ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de incidente de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 335/2022-VII, promovido por Erick Armando Cigarroa Rocha, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V.X.C.DLT, contra actos que reclamaron a la Magistrada de la Primera Sala Regional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió el día siguiente en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; Erick Armando Cigarroa Rocha, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V.X.C.DLT, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclamó de la Magistrada de la Primera Sala Regional del Distrito Judicial Bravos, y Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en la localidad, consistentes en la resolución de segunda instancia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del toca 102/2022, mediante el cual, la magistrada responsable modificó el auto apelado de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 511/2018, en el sentido de que se mantuviera suspendido el régimen de visitas y convivencias de la menor con su padre, hasta en tanto sea resuelto el incidente planteado por la madre de dicha menor, donde solicitó la suspensión del régimen de convivencias determinado en sentencia firme. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de abril de la anualidad en curso, este órgano jurisdiccional registró la demanda con el expediente 335/2022-VII; admitió a trámite la demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, quien compareció a juicio, se desigó representante especial de la menor quejosa, y por último se programó día y hora para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia familiar con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la resolución de segunda instancia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del toca 102/2022, mediante el cual, la magistrada responsable modificó el auto apelado de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 511/2018, en el sentido de que se mantuviera suspendido el régimen de visitas y convivencias de la menor con su padre, hasta en tanto sea resuelto el incidente planteado por la madre de dicha menor, donde solicitó la suspensión del régimen de convivencias determinado en sentencia firme. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada de la Primera Sala Regional del Distrito Judicial Bravos, y Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en la localidad, pues al rendir sus informes justificados reconocieron la existencia de los actos reclamados; y, por tanto, se tienen por ciertos los mismos. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la magistrada responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del toca de apelación y del juicio de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto es necesario analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por tratarse de cuestiones de orden público, en términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que obran en el sumario, este Órgano de Control Constitucional advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;..." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que subsane el acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, así como la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos requisitos de procedencia del juicio de derechos fundamentales, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, antes transcrita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estime vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria de amparo, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad, se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de la parte agraviada, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación con un fallo protector, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Causa de improcedencia que se actualiza frente a los actos que el quejoso hace consistir en la resolución de segunda instancia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del toca 102/2022, mediante el cual, la magistrada responsable modificó el auto apelado de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 511/2018, en el sentido de que se mantuviera suspendido el régimen de visitas y convivencias de la menor con su padre, hasta en tanto sea resuelto el incidente planteado por la madre de dicha menor, donde solicitó la suspensión del régimen de convivencias determinado en sentencia firme. Se afirma lo anterior, toda vez que según se advierte de la documental allegada por la tercero interesada en el escrito de siete de octubre del año en curso, consistente en copia certificada de la reanudación de la audiencia incidental llevada a cabo en el juicio de origen, el uno de junio de dos mil veintidós, donde los padres de la menor modificaron el convenio celebrado en autos y ambas partes son conformes para que la mamá continúe ejerciendo la guarda y custodia de la menor de iniciales V.X.C.DLT, y ambos progenitores continúen en el ejercicio de la patria potestad, también manifestaron su acuerdo para que el padre de la menor en cuestión continúe con las convivencias que se lleven a cabo de forma supervisada ante el Centro de Convivencias Familiar del Tribunal Superior de Justicia los sábados y domingos iniciando el dieciocho de junio anterior. Documental, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2º. De ello, es evidente que existe una modificación en la situación jurídica de la parte quejosa, con la resolución reclamada, en atención a que el juicio de derechos fundamentales fue promovido con la finalidad de que sea revocada la resolución de segunda instancia reclamada, donde la magistrada responsable suspendió el régimen de visitas del padre con su menor hija, por lo que el objeto o materia de tal acto ha dejado de existir, por tanto, se actualiza un impedimento jurídico para que sus efectos se concreten en la esfera jurídica del impetrante de amparo. Dicho en otras palabras, aun cuando el acto reclamado a la autoridad responsable, subsiste, lo cierto, es que ya no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, en virtud de que con convenio celebrado por las partes y aprobado por la juez responsable, por lo que lo reclamado ya no afecta de ninguna manera a la parte inconforme, al haberse modificado la situación jurídica, sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa susceptible de reparación con un fallo protector. Resulta aplicable sobre el particular, la Jurisprudencia 2a./J.181/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, registro IUS 173858, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." También cobra aplicación al caso, por sus ideas, la tesis X.30.54 L, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 1043, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 173921, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." En mérito de los anterior, al haberse actualizado en la especie, la invocada causal de improcedencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, acorde a lo dispuesto en el ordinal 63, fragmento V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Erick Armando Cigarroa Rocha, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V.X.C.DLT, contra actos que reclamaron a la Magistrada de la Primera Sala Regional del Distrito Judicial Bravos, y Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en la localidad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza y da fe. Doy Fe.
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