Erick Antonio López Arellano
Expediente 903/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Erick Antonio López Arellano
Actuaciones
- Principal
El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del treinta de octubre al ocho de noviembre del año en curso, con exclusión de los días uno, dos, tres de noviembre del presente año, por ser inhábiles y cuatro y cinco del citado mes y año, por corresponder a sábado y domingo); sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de octubre del presente año, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da con el estado que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y con un oficio con registro 15081 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el diverso firmado por el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por lo que, en atención al contenido de éste último, glósese a los presentes autos por corresponder al índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 858/2017 y de origen 407/2017, del índice de este Tribunal Federal, el cual le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara personalmente a Eleticia Carmen Arellano López, el auto dictado por este Juzgado Federal el dieciocho de octubre del presente año, lo que se realizó en términos del Acta de notificación asentada por la Secretaria Auxiliar en funciones de oficial notificadora adscrita al Juzgado oficiante el veintiséis de octubre del presente año. Acúsese el recibo de estilo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de dieciocho de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda promovida por Eleticia Carmen Arellano López, a nombre y representación de su hijo Erick Antonio López Arellano, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CUENTA. En dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Eleticia Carmen Arellano López, en nombre de su hijo Erick Antonio López Arellano, registrada con el folio 13816, con cinco copias que se adjuntan. La circunstancia de que César Jonathan de Ávila Arellano, no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eleticia Carmen Arellano López, en nombre de su hijo Erick Antonio López Arellano, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 22, constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 903/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." La quejosa Eleticia Carmen Arellano López, reclama del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre: La omisión en acordar y dar curso a la demanda de amparo número 838/2017, solicitada en favor de su hijo Erick Antonio López Arellano. No acordar de inmediato la suspensión de plano solicitada en favor de Erick Antonio López Arellano, a sabiendas de los actos que importan peligro de privación de la vida. Respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo que en la parte que interesa, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De lo transcrito se obtiene, en lo que interesa, que el juicio de garantías es improcedente cuando la acción constitucional que se plantea en una demanda de amparo, hubiese sido emitida o se derive del trámite de un juicio de amparo o determinaciones que constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata; es así, en virtud de que tales cuestiones forman parte del trámite de un juicio de amparo, o bien de su ejecución, en el cual la quejosa acudió en busca de la protección de la justicia Federal a través del sumario como un medio de control constitucional de legalidad y derechos humanos, de modo tal, que las determinaciones que se emitan en dicho procedimiento no pueden ser combatidas a través de otra instancia constitucional de igual naturaleza. En otras palabras, el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, inclusive, las omisiones en que pudiera incurrir la autoridad que conozca del mismo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, ya que se desnaturalizaría la finalidad del juicio de amparo, pues de permitirse tal eventualidad, implicaría el nacimiento de una serie de juicios de amparo contra actos o abstenciones originados en otros juicios de control constitucional, pudiendo llegarse al extremo de perder incluso el sentido protector de legalidad y tutela de derechos constitucionales y humanos que previó el legislador a través del sumario constitucional, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número II.2º.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página mil doscientos treinta y cinco, Tomo XI, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito". Lo anterior, no significa que las resoluciones que se dicten en un sumario constitucional o en ejecución del fallo, sean inatacables, definitivas y firmes, pues en contra de ellas las partes intervinientes en el juicio tienen a su favor la promoción y substanciación de uno de los recursos que prevé la propia Ley de Amparo, contemplados substancialmente en sus artículos 66 y 67, 86 a 89, 97 a 103, 104, 192, 199, 200, 202, 204 y 205 (incidentes de nulidad de notificaciones, revisión, queja, reclamación, incidente de inejecución, repetición del acto reclamado, inconformidad e incidencias de cumplimiento sustituto), de tal modo que a través de dichos recursos puede controvertirse o impugnarse una resolución que emana de un juicio de amparo o un acto en ejecución de esas resoluciones, con lo que el legislador evitó así la presencia de una cadena interminable de juicios de amparo, que daría lugar a la incertidumbre jurisdiccional. Lo anterior es así, dado que de aceptar que es dable promover demanda de amparo contra actos u omisiones emanados de otro juicio de amparo, se desnaturalizaría el instrumento de control, pues se permitiría a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. Sobre todo, si se considera que la improcedencia que se analiza se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, actos u omisiones derivados de un juicio constitucional, pues la cadena de juicios que en tal supuesto pudieran originarse sería inevitable y se ejercería, un control constitucional sobre otro control constitucional. Se cita como apoyo, la tesis IV.1o.7 K, del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196832, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." En esas condiciones, como los actos reclamados se emitieron en un juicio de amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías, promovida por Eleticia Carmen Arellano López, en nombre de su hijo Erick Antonio López Arellano, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a César Jonathan de Ávila Arellano, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que resulta necesario, toda vez que conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado en decreto publicado el diecisiete de junio del año en curso, en vigor a partir del día siguiente, también en asuntos de amparo en materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; y tomando en consideración que la promovente del amparo señala como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en Calle Niño Artillero número 403, colonia Industrial de Fresnillo, Zacatecas, en consecuencia, por única ocasión, con fundamento en los numerales 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, comisione a quien corresponda para que se constituya en el citado domicilio, y notifique personalmente a la promovente del amparo el contenido del presente auto; asimismo, deberá requerirla para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días contado partir de que surta efectos la notificación, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Zacatecas, bajo apercibimiento de que mientras no lo haga, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista, en términos de lo previsto por el numeral 27, inciso c), párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
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