Erick Alvarez Cuate
Expediente 131/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2023
Partes del expediente
- Erick Alvarez Cuate
Actuaciones
- Principal
VI. Se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO. Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
VI. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 131/2023-VI. Se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en el toca de apelación 832/2022 por el que se desechó la recusación hecha valer por el quejoso Erick Alvarez Cuate, contra el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. DESECHAMIENTO Acorde a lo establecido en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. El ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dice: Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, antes transcrito, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, es evidente que el el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en el toca de apelación 832/2022 por el que se desecha la recusación hecha valer por el quejoso Erick Álvarez Cuate, contra el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; no conlleva por sí una ejecución de imposible reparación, ni tampoco afecta alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni siquiera el de justicia rápida y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues frente al interés de los particulares que se podrá hacer valer, se encuentra el interés público de que los amparos no proliferen en tal forma que hagan nugatorio al propio juicio de amparo por la tardanza en resolverlos, ya que no es deseable que respecto de un juicio natural se puedan interponer varios amparos por las más diversas razones. En tal virtud, el acto reclamado, lejos de ocasionar una afectación a derechos sustantivos o materiales del quejoso, solamente le acarrea una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, de tal manera que si los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que obtengan una sentencia favorable, entonces debe concluirse que no es procedente el amparo indirecto para combatir el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en el toca de apelación 832/2022 por el que se desecha la recusación hecha valer por el quejoso contra el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, porque no constituye un acto de ejecución irreparable, sino más bien es una cuestión de naturaleza eminentemente procesal, ubicada dentro de los supuestos comprendidos en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, que puede hacer valer mediante el amparo directo que se promueva contra el fallo que se dicte en el proceso penal de origen, en términos de la fracción l del diverso ordinal 170 de la legislación en comento, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado la sentencia definitiva se podrá apreciar si con motivo del auto de diez de enero del actual dictado por el Tribunal de Alzada señalado como responsable, en que se desechó la recusación planteada por el quejoso se vulneraron las defensas del peticionario del amparo, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia, pues de no considerarse así, todos los actos de carácter procesal, tendrían que ser combatidos en la vía indirecta y se haría nugatoria la mencionada fracción I del numeral 170 de la Ley de Amparo; de ahí que no proceda el juicio de amparo indirecto, porque contrario a lo que se pretende, el último de los ordinales citados, dispone que procede el juicio de amparo directo, contra las sentencias definitivas, en las que se podrá alegar las violaciones que se cometan durante el procedimiento y que afecten las defensas del impetrante del amparo que hayan trascendiendo al resultado del fallo. Aunado a lo expuesto, es menester precisar que el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define lo que debe entenderse por -acto de imposible reparación-, lo que responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen; por ende, conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si la afectada obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en el toca de apelación 832/2022 por el que se desecha la recusación hecha valer por el quejoso Erick Álvarez Cuate, contra el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 29/2021 emitida por la Segunda Sala de la Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1770, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el contenido y epígrafe siguientes: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal." CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el último en sentido contrario. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se tiene como domicilio el que cita la parte quejosa en el escrito de demanda. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a +++ y, en términos restringidos de dicho numeral a la persona restante, limitación que subsiste hasta en tanto registre su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción. CORREO ELECTRÓNICO Respecto de los correos electrónicos proporcionados se tienen como una forma especial de contacto, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se informa que las partes deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
- Principal
VI. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE 03/02/2022, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE 02/02/2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 131/2023-VI. Se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en el toca de apelación *** por el que se desechó la recusación hecha valer por el quejoso **, contra el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. DESECHAMIENTO Acorde a lo establecido en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. El ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dice: Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, antes transcrito, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, es evidente que el el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en el toca de apelación ** por el que se desecha la recusación hecha valer por el quejoso **, contra el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; no conlleva por sí una ejecución de imposible reparación, ni tampoco afecta alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni siquiera el de justicia rápida y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues frente al interés de los particulares que se podrá hacer valer, se encuentra el interés público de que los amparos no proliferen en tal forma que hagan nugatorio al propio juicio de amparo por la tardanza en resolverlos, ya que no es deseable que respecto de un juicio natural se puedan interponer varios amparos por las más diversas razones. En tal virtud, el acto reclamado, lejos de ocasionar una afectación a derechos sustantivos o materiales del quejoso, solamente le acarrea una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, de tal manera que si los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que obtengan una sentencia favorable, entonces debe concluirse que no es procedente el amparo indirecto para combatir el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en el toca de apelación 832/2022 por el que se desecha la recusación hecha valer por el quejoso contra el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, porque no constituye un acto de ejecución irreparable, sino más bien es una cuestión de naturaleza eminentemente procesal, ubicada dentro de los supuestos comprendidos en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, que puede hacer valer mediante el amparo directo que se promueva contra el fallo que se dicte en el proceso penal de origen, en términos de la fracción l del diverso ordinal 170 de la legislación en comento, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado la sentencia definitiva se podrá apreciar si con motivo del auto de diez de enero del actual dictado por el Tribunal de Alzada señalado como responsable, en que se desechó la recusación planteada por el quejoso se vulneraron las defensas del peticionario del amparo, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia, pues de no considerarse así, todos los actos de carácter procesal, tendrían que ser combatidos en la vía indirecta y se haría nugatoria la mencionada fracción I del numeral 170 de la Ley de Amparo; de ahí que no proceda el juicio de amparo indirecto, porque contrario a lo que se pretende, el último de los ordinales citados, dispone que procede el juicio de amparo directo, contra las sentencias definitivas, en las que se podrá alegar las violaciones que se cometan durante el procedimiento y que afecten las defensas del impetrante del amparo que hayan trascendiendo al resultado del fallo. Aunado a lo expuesto, es menester precisar que el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define lo que debe entenderse por -acto de imposible reparación-, lo que responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen; por ende, conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si la afectada obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en el toca de apelación *** por el que se desecha la recusación hecha valer por el quejoso ***, contra el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 29/2021 emitida por la Segunda Sala de la Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1770, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el contenido y epígrafe siguientes: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal." CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el último en sentido contrario. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se tiene como domicilio el que cita la parte quejosa en el escrito de demanda. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a +++ y, en términos restringidos de dicho numeral a la persona restante, limitación que subsiste hasta en tanto registre su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción. CORREO ELECTRÓNICO Respecto de los correos electrónicos proporcionados se tienen como una forma especial de contacto, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se informa que las partes deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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