Erick Alejandro Rojas García

Expediente 1335/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1335/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Erick Alejandro Rojas García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Desahoga prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual ***, en su carácter de asesor jurídico de ***, cumple con el requerimiento efectuado mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Análisis de demanda. Del análisis integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la determinación emitida en la carpeta de investigación ***, de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-3 UEITA de la ciudad de México, por el cual decreta la negativa a efecto de devolver el vehículo asegurado marca ***. Desechamiento. Al respecto debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones, tienen sustento por analogía, en la tesis número 2a. LXXXVI/99, la cual interpreta la fracción XVII, del Artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al vigente. Al respecto, es necesario precisar que el acto reclamado se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en sus artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246, que tal acto es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. Aspecto que se robustece con lo manifestado por la quejosa en su escrito de demanda, en el sentido de que reclama de la autoridad responsable la determinación emitida en la carpeta de investigación ***, de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-3 UEITA de la ciudad de México, por el cual se niega la devolución del vehículo asegurado marca ***, bajo el argumento de que la investigación se encuentra en una etapa complementaria y faltan diligencias por desahogar; por tanto, es claro que el acto que emana de la carpeta de investigación señalada, se rige bajo el nuevo paradigma constitucional. En principio, conviene establecer para el estudio de la causa de improcedencia, el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. [.]". El artículo constitucional antes citado establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente:(...) De los numerales transcritos se advierte que, el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, asegurados durante el desarrollo de la investigación, es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control, ya que establece en forma clara, que es a esta autoridad jurisdiccional a quien le corresponde determinar si es correcta dicha medida -aseguramiento-, así como el instruir a la autoridad ministerial a su devolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Asimismo, el numeral 245, del Código de mérito, a este respecto establece: "Artículo 245. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: I. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar, o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o II. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. La devolución se realizará en el estado físico de conservación que conforme a su naturaleza adquiera el bien, o el valor del mismo." En ese sentido, la fracción II, del artículo de referencia señala que es la autoridad judicial quien procederá a decretar el levantamiento de aseguramiento de conformidad a las reglas aplicables. Bajo tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental el cual señala: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece". Por consiguiente, el principio de supremacía constitucional, permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que nos son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, definen que el Juez de Control es la autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. Por lo que, es claro que bajo el nuevo paradigma Constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, los gobernados que reclamen actos relativos a la retención o aseguramiento de cualquier objeto, deberán acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para impugnar lo relativo a dicha retención. Aunado a que, de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio Constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que las actuaciones del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Esto, con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en la Carta Magna y atender a la naturaleza especial del sistema penal acusatorio. Ahora bien, de las constancias que allegó el quejoso, se advierte que dentro de la carpeta de investigación ***, se dictó un acuerdo de aseguramiento ministerial, por la autoridad responsable, en el cual se afectó el bien mueble que defiende el promovente; asimismo, que por solicitud de catorce de octubre del actual, el aquí quejoso compareció a defender dicho derecho, del cual se ostenta titular, consistente en el vehículo asegurado marca ***; de igual forma, en la misma fecha, se realizó el acta de comparecencia del quejoso directo ***, por el cual ratificó su escrito antes señalado y presentó la documentación con la finalidad de acreditar la propiedad, al cual recayó la determinación de veintitrés de noviembre del año en curso, en la que se niega la devolución del automotor, que reclama en la presente vía constitucional. Sin embargo, la parte quejosa dice tener un interés jurídico dentro de lo acontecido en la citada carpeta de investigación ***, pues manifiesta que el vehículo de su propiedad fue asegurado por la autoridad responsable, por lo que es claro que al apersonarse a defender el derecho de propiedad dentro del sumario, le resulta el carácter de interesado en la citada carpeta, tan es así que la autoridad emitió el acto reclamado con motivo de la petición que realizó al comparecer como interesado a solicitar la devolución del citado automotor. Además, atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte, en igualdad de condiciones que el imputado, la víctima u ofendido, así como el interesado o su representante, los actos de investigación que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad, o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo cual no acontece en este caso, pues para afectar derechos constitucionalmente protegidos, como son la propiedad o la posesión, según lo establece el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público requiere de autorización del Juez de Control. Por lo anterior, se reitera, el aquí quejoso debe acudir ante el Juez de Control, a fin de que sea éste quien resuelva lo que en derecho corresponda respecto de los actos derivados de la facultad investigadora como es, la negativa a la devolución del vehículo asegurado del que se ostenta propietario, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar la determinación que niega la devolución del vehículo asegurado que reclama. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales 27/2018 (10ª) y 28/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s) Penal, registros 2017640 y 2017641, páginas 943 y 945. Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, ocasionen una afectación en la esfera patrimonial de la parte quejosa, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesario para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos de cuenta recibido en línea por medio de los cuales **, quien se ostenta asesor jurídico del directo quejoso, realiza diversas manifestaciones y pretende cumplir con la prevención realizada en el auto de radicación. Al respecto, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérasele al promovente, para que bajo protesta de decir verdad, manifieste dicha circunstancia, esto es tener la calidad de asesor de ***, dentro de la carpeta de investigación ***, del índice de la responsable. Atento a ello, desde este momento se interrumpe el plazo de tres días que le restaban en el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, en virtud de que presentó su ocurso de cuenta el dieciséis de diciembre del año en curso, esto es, antes de que iniciara el término que se le concedió, de ahí que le restan tres días a fin de que cumpla debidamente con lo requerido en dicho acuerdo, sin que esté por demás precisar, que el plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se practique. Conviene mencionar que de no cumplir dentro del plazo que para tal efecto se le indica, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, respecto a la prevención en cita, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fu impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual *****, pretende cumplir con la prevención formulada mediante proveído de dos del actual. No obstante, la prevención efectuada por este órgano jurisdiccional a Miguel Ángel Covarrubias Delgado, por ser quien presentó la demanda principal, se realizó para el efecto siguiente: "Acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece, es decir, como defensor particular o representante legal de ****, con copia para correr traslado a cada una de las partes del presente juicio. En esas condiciones, tan sólo agréguese a los autos el escrito en el que **** pretende cumplir la prevención, ya que la litis constitucional se fijó con *****, de ahí que con un escrito de ***** no puede enderezar ni modificar las inconsistencias de la demanda inicial, pues, repítase, la demanda la presentó ****, y éste debe cumplir con los requerimientos que exige la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para este juzgador la documental que acompaña el promovente al escrito de cuenta, pues de la misma se advierte que la representación otorgada por ***** a *****, fue para que lo representara únicamente en la carpeta de investigación *****; sin embargo, la documental que anexa carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno, al tratarse de copias fotostáticas simples, al tenor de lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo vertido la jurisprudencia 3a./J. 3/91, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 58 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de 1991, Octava Época, del tenor literal siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, ante el incumplimiento de la prevención, no ha lugar a tenerle por satisfecho el requerimiento efectuado en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós. Atento a ello, desde este momento se interrumpe el plazo de tres días que le restaban en el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en virtud de que presentó su ocurso de cuenta el catorce de diciembre del año en curso, esto es, antes de que iniciara el término que se le concedió, de ahí que le restan tres días a fin de que cumpla debidamente con lo requerido en dicho acuerdo, sin que esté por demás precisar, que el plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se practique. Conviene mencionar que de no cumplir dentro del plazo que para tal efecto se le indica, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, respecto a la prevención en cita, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fu impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda.

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