Erick Alejandro Perez Villegas

Expediente 1193/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1193/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Erick Alejandro Perez Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA IV. Agréguese a los presentes autos el escrito suscrito de la parte quejosa Erick Alejandro Pérez Villegas, mediante el cual solicita se le devuelva la documentación que exhibió con su demanda de amparo; lo anterior, sin mayor pronunciamiento respecto de dicha solicitud, toda vez que mediante proveído de once de octubre del año en curso, se ordenó la devolución de los documentos que adjuntó el impetrante de amparo a su demanda de amparo. En mérito de lo anterior, y como solicita la parte quejosa en su escrito de mérito, entréguense los documentos por conducto de las personas que señala en el ocurso de cuenta, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA IV. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, toda vez que en autos obran en autos diversos documentos, exhibidos con su demanda de amparo presentada el veintiuno de julio del año en curso, por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del punto del Acuerdo referido, prevéngasele para que acuda a este Juzgado con identificación oficial, a fin de recoger los documentos señalados, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no recogerlos, serán destruido junto con el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintiún minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1193/2023-IV, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad; estando en audiencia pública la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, quien actúa asistida de la Secretaria, Maricarmen Zermeño Ocampo, que autoriza y da fe, se procede a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda, auto admisorio de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, da cuenta con el informe rendido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. A lo que la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el presente fallo. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, así como las remitidas por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, a su informe de ley. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración como corresponda. Acto continuo, en el período de alegatos, se da cuenta con el pedimento Ministerial 290/2023, por medio del cual la representación social, hace diversas manifestaciones en vía de alegatos; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. A continuación, la Jueza declara que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, y no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1193/2023-IV; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, de quien reclamó, la negativa de devolverle el vehículo de la marca ******************** La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1,5, 8, 14, 16, y 17, Constitucionales, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2016, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtienen el siguiente acto reclamado: La negativa por parte de la responsable de devolverle el vehículo de la marca ******************** TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al rendir su respectivo informe con justificación, admitió la existencia de los actos reclamados, por lo cual deben tenerse por ciertos para los efectos de esta resolución. CUARTO. Análisis de procedencia del juicio constitucional. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. Así, en el caso, debe decirse que respecto al acto reclamado por el impetrante de amparo, consistente en la omisión de la responsable de devolverle el vehículo que por esta vía defiende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ...Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De conformidad con lo expuesto con antelación, para que proceda el juicio de amparo, tratándose de los actos que reclama la parte quejosa, debe comprobarse la existencia del interés jurídico, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la actuación de una autoridad, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo contra actos que provengan de autoridades responsables. Bajo esta guisa, quienes tienen derecho tutelado por la ley para reclamarlas en juicio de amparo, son aquellas personas que han sufrido una afectación en su esfera jurídica en cuanto al acto impugnado, por lo que está constreñida a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual es titular, resulta lesionado por esos actos. Por tanto, se colige que es la parte quejosa quien tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en este juicio de garantías, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, como se ha indicado, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados Luego entonces si el impetrante reclama la negativa de la responsable de devolverle el automotor de la marca ********************que afirma es de su propiedad, a éste le correspondía acreditarlo fehacientemente. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso únicamente adjuntó La factura número ********************, expedida por Farrera Motors del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en favor de ********************, la cual al reverso contiene dos endosos, siendo en el último a favor del impetrante de amparo ********************Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de una diversa persona al aquí quejoso, de nombre ********************. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de una diversa persona al aquí quejoso, de nombre ********************Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor del quejoso ********************Impresión de comprobante fiscal digital por internet respecto del estatus de dicha factura. Impresión de una consulta ante el Registro Público vehicular, del vehículo que por esta vía defiende el impetrante de amparo. Un escrito suscrito por el aquí quejoso, presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y diversas impresiones fotográficas de la retención del automotor que por esta vía defiende. Sin embargo, con dichas documentales que fueron exhibidas por el quejoso a su demanda de amparo, resulta insuficiente acreditar el interés jurídico que le asiste como propietario del automotor que defiende. Lo anterior es así, pues si bien adjunta la factura número ********************, expedida por Farrera Motors del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en favor de ********************, la cual al reverso contiene un endoso a favor del impetrante de amparo ******************** la misma no es idónea para acreditar la titularidad del referido vehículo que por esta vía defiende. En efecto, si bien la factura del vehículo se considera que es la prueba idónea para comprobar la propiedad de un bien mueble, dado que de ella se desprende quien tiene la actual titularidad sobre el automotor que se defiende; empero, la factura que exhibió el quejoso, no se encuentra a su nombre, sino a nombre de otra persona, sin denostar que al reverso de la factura se observa la leyenda que dice "cedo los derechos que amparan la presente factura favor de ******************** seguida de una rúbrica. No obstante, ello constituye únicamente un indicio de la referida cesión de derechos o compraventa, en el sentido de que dicha operación sí existió, siempre y cuando se adminicule con otros medios de convicción, lo que en el caso no acontece pues no se ofreció alguna otra probanza que pudiera aportar mayores indicios al derecho que pretende, pues allegó copia simple de credenciales para votar e impresiones informativas respecto del citado automotor, así como diversas impresiones fotográficas respecto del mismo. Sirve de apoyo a la anterior consideración el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199237, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997 Materia(s): Civil, Tesis: P. XL/97 Página: 136, que a la letra dice: "ENDOSO. LA SOLA FIRMA AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMOVIL NO LO CONSTITUYE, PERO SI ES UN INDICIO DE QUE EXISTIO UNA TRASLACION DE DOMINIO. La propiedad de los bienes muebles (automotores) normalmente se transmite por compraventa, donación, permuta, herencia, pago de adeudo o inclusive prescripción, mas no por endoso, pues éste es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito y no de los automóviles, según se desprende del contenido de los artículos 26 y 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, no escapa a la consideración de este alto tribunal la práctica comercial reiterada, de firmar al reverso de la factura de un automóvil, una vez que se ha concertado la compraventa; lo cual, si bien técnica y legalmente no constituye un endoso mercantil, en cambio, conforme al uso comercial, constituye un indicio de la cesión de derechos o compraventa, según haya sido la operación concertada. Esta circunstancia, aunada al hecho de que el vehículo se encontró en posesión del quejoso, adquiere particular relevancia si se toma en consideración que conforme al artículo 798 del Código Civil, la posesión da la presunción de ser propietario a quien la detenta, por lo que adminiculados ambos elementos de convicción puede concluirse el interés jurídico del solicitante del amparo para defender la propiedad del automotor." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el documento exhibido, carece de fecha del aparente endoso o cesión de derechos que contiene a favor del hoy quejoso, habida cuenta que carece de fecha cierta. En relación a lo anterior, es conveniente traer a glosa la conclusión de la ejecutoria que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/97, en la que concluyó que un documento se considerará como fecha cierta desde los siguientes momentos a saber: a) Del día en que se celebre ante fedatario público o funcionario autorizado; b) Del momento en que sea inscrito en el Registro Público de la Propiedad; o c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; Por lo tanto, si en la especie el quejoso viene a solicitar el amparo por la negativa de devolución de un vehículo que aduce es de su propiedad, para lo cual exhibe una factura con una cesión de derechos a su favor, sin embargo, a fin de que pueda tener pleno valor probatorio, éste debe ser de fecha cierta, pues no obstante que el citado documento es de carácter privado, debe tenerse plena certidumbre de cuando aconteció el acto jurídico que el mismo contiene, con la certificación hecha ante fedatario público o funcionario autorizado del día en que se llevó a cabo, lo que en la especie no aconteció, tal y como se advierte del documento que anexó a su demanda de amparo, en tanto carece de la misma. Tiene aplicación, por analogía, al caso la jurisprudencia P./J. 7/2001, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 9, registro 190371, del título y texto siguientes: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." De ahí que con dicha factura únicamente se demuestra la existencia de dicho vehículo, pero no que el impetrante de amparo sea el propietario del referido automotor. Lo anterior es así, pues las restantes documentales que en copia simple e impresiones digitales adjuntó a su demanda de amparo el quejoso, en modo alguno generan convicción en esta Juzgadora respecto de la propiedad del vehículo de la marca ********************; en virtud de que únicamente se trata de credenciales para votar tanto del quejoso como de otras dos personas ajenas a éste, así como impresiones digitales respecto a información del vehículo, diversas fotografías del mismo, y un escrito signado por el quejoso, documentales que por sí solas resultan ser insuficientes para demostrar lo que aquí interesa que es la titularidad del referido automotor. Bajo esa tesitura, se puede decir que la referida factura ofrecida por el quejoso es insuficiente para demostrar los derechos de propiedad y posesión que aduce tener sobre el citado vehículo, que por esta vía se defiende, más aun cuando no fue adminiculado con otros medio probatorio que hagan prueba plena de su contenido. Lo anterior, es así pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre ese bien realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones. En ese sentido, al no haber justificado el aquí quejoso que efectivamente el vehículo retenido sea de su propiedad, pues los elementos de convicción que aportó al presente sumario resultaron insuficientes para justificar su interés jurídico, ello trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación; y por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a dicho acto reclamado. Amén de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, ha sostenido, que para que se pueda tener por acreditado el interés jurídico del quejoso en el juicio de amparo, éste debe acreditar fehacientemente que el acto que reclama trasciende a su esfera jurídica, tendiendo el impetrante de amparo la obligación de demostrar dicha circunstancia, ya que ésta no puede inferirse a base de presunciones. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Sobre esa perspectiva, este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 226555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, este Juzgador Federal, SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la negativa de devolverle el vehículo de la marca ********************; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en auto de veintidós de agosto del año en curso, respecto del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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