Erick Alejandro Hernández Borja

Expediente 844/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
844/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Erick Alejandro Hernández Borja

Actuaciones

  1. Principal

    SE RECIBE OFICIO PARA EFECTOS DE CONTROL. Visto el oficio enviado por la Defensoría Pública en Materia Penal del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital; a través del cual responde al requerimiento formulado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el cual se recibe únicamente para efectos de control, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    AUTORIDAD INFORMA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON REQUERIMIENTO. Glósese a los autos el oficio signado por la Titular de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido el ocho de agosto del año en curso, informa que carece de competencia para designar defensor público al quejoso Erick Alejandro Hernández Borja, ya que la autoridad responsable señalada en autos está vinculada con la jurisdicción de autoridad local. Tomando en consideración el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintisiete de marzo del dos mil veintiuno, en la que, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, determinó que para garantizar que el juicio de amparo penal sea acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 Constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando una persona que se encuentra privada de su libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve juicio de derechos fundamentales, sin asistencia jurídica, debe contar con la representación de un abogado, ya sea del fuero federal o local. REQUERIMIENTO DESIGNEN DEFENSOR. Con apoyo en los numerales en cita, gírese atento oficio a la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital, a efecto de que, en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público local, a fin de que intervenga en el juicio y represente los intereses del quejoso Erick Alejandro Hernández Borja. Asimismo, requiérase a la autoridad en trato para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre, en mérito de que actualmente nos encontramos en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID- 19) y dentro de un plazo de TRES DÍAS, comparezca, por medio de escrito firmado electrónicamente, a aceptar y protestar el cargo conferido. APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá, como medida de apremio, multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Comuníquese a la autoridad requerida que se señaló como acto reclamado la orden de traslado ejecutada el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México al Centro Federal de Readaptación número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, sin la previa autorización judicial requerida, señalando como autoridades responsables a Paula Gabriela Vaidés Herrera, Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México y Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, las cuales corresponden al fuero común.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN. Vista la demanda promovida, REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 844/2022-VI y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.******************** DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda es extemporánea. ********************Ello es así, toda vez señala como acto reclamado la orden de traslado ejecutada el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México al Centro Federal de Readaptación número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, sin la previa autorización judicial requerida; del cual se ostenta conocedor el catorce de agosto de dos mil diecinueve********************Por tanto, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cinco de agosto del presente año) transcurrió en exceso el término de que quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. ******************** Tal manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ******************** Resultando que es carácter futuro e incierto que la autoridad responsable no acate de manera puntual los términos legales en las subsecuentes actuaciones dentro del juicio laboral, por las que éstas no pueden ser analizadas de forma previa en esta instancia constitucional. ********************Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a. XXI/2021 (10a.), emitida por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]."********************Además, también se advierte, de forma manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el principio de definitividad.********************Ello es así pues el quejoso en su demanda reclama la orden de traslado ejecutado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México al Centro Federal de Readaptación número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, sin la previa autorización judicial requerida. ********************Actos que atribuyó a la Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México y a la Dirección General de Prevención y de Reinserción Social del Estado de México. ********************Ahora bien, de los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que existen los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes.********************Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación.********************La petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos legales y constitucionales para su autorización.********************Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado.********************En tanto que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa.********************Ahora bien, en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, en contra de la cual procede el recurso de apelación.********************En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordenó el traslado dentro del término fijado, procedería la controversia judicial.********************En los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados.********************Ello es así, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente.********************El último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos.********************En ese contexto, en contra la orden de traslado procede la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación, en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate.********************Lo que revela que una orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida.********************Lo anterior tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno.******************** En consecuencia, se actualizan las causas de improcedencias analizadas, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo******************** DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, las notificaciones personales que se ordenen realizar dentro del juicio de amparo que ahora inicia, deberán hacerse en tal sitio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo.********************SE DESIGNA DEFENSOR DE OFICIO -FUERO FEDERAL-. Requiérase a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato capital, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público federal o asesor jurídico, para que represente al promovente del amparo en este juicio de derechos fundamentales. ********************Asimismo, requiérase a la autoridad en trato para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre, comparezca debidamente identificado ante este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al de su designación, a fin de protestar el cargo conferido. ********************Para lo cual deberá de enviar el documento correspondiente a través del siguiente medio electrónico: Correo electrónico del juzgado 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx ********************Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo ordenado, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído, esto es, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y actualización, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.********************Se precisa a la defensoría que uno de los actos reclamados corresponde a la autoridad de carácter federal denominada Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato.******************** EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que:******************** I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y,******************** II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.******************** Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa:********************Medio de Contacto********************Horario********************Procedimiento****************************************Celular 4775538393****************************************Correo Electrónico********************4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.****************************************8:30 a 14:30 hrs. de Lunes a Viernes********************1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: ********************a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera).******************** b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. ********************c) Número de expediente e información requerida. ********************2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión.************************************************************ De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL).******************** Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica.******************** La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva.******************** NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.********************Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva. ********************INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa.********************Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.********************SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que la actuaria judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto y de los subsecuentes proveídos que así se ordenen.********************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. ********************GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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