Erick Alejandro Escalona Valladoli
Expediente 897/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erick Alejandro Escalona Valladoli
- Erick Alejandro Escalona Valladoli y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 1351/2019 signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo A través del cual envía el diverso T.C.E./35597/2018 del Juez Decimoquinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, por el que informa que el quejoso no compareció al proceso XXXXX/2017 para su continuación, sin que haya lugar a mayor proveído, en virtud de que en auto de dieciocho de enero pasado, causo ejecutoria la sentencia que negó el amparo y protección.
- Principal
En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 897/2018, promovido por Erick Alejandro Escalona Valladoli contra actos del Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango y otras autoridades; en audiencia pública Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido por Aarón Noel Reyes Chaires, Secretario que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes, ni su representante legítimo. Acto seguido, se hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 185, que dispone: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar el Juez Décimo Cuarto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango, con residencia en Durango, remitió copias certificadas de la causa penal 2254/2017 de su índice, formándose un anexo, así como discó óptico que contiene audiencia de once de diciembre de dos mil diecisiete. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las aludidas pruebas documentales, dada su propia y especial naturaleza. A continuación se cierra el periodo probatorio y se declara abierto el de alegatos, donde el Secretario hace constar que tanto el quejoso como el agente del Misterio Público de la Federación de la adscripción hicieron uso de ese derecho mediante alegato 808 y escrito que respectivamente presentaron el nueve de octubre y nueve de julio pasado. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que se desprenden de los escritos signados por el quejoso y agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, con lo que se cierra dicho periodo. Sin existir escrito, prueba o diligencia pendiente de acuerdo o desahogo, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se da por concluida la audiencia de ley, procediendo el Juez al estudio de las constancias que obran en autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. Roberto Antonio Domínguez Muñoz Juez primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Aarón Noel Reyes Chaires Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 897/2018; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Erick Alejandro Escalona Valladoli mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juzgado Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango. Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango. Comandante de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango. Fiscal General del Estado de Puebla. Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades ordenadoras. La orden de búsqueda localización y aprehensión, que dichas autoridades emitieron en mi contra, así como cualquier acto que hayan emitido con el fin de ejecutar el acto que se les reclama, tales como algún oficio de colaboración dirigido a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras de los actos reclamados. El acto que hayan emitido con fundamento en las cláusulas Décima, Décima Segunda y Décima Quinta del Convenio de colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012. De las autoridades ejecutoras: Los actos tendientes a la ejecución de la orden de búsqueda, localización y aprehensión, emitida en mi contra por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, y la ejecución en sí, de dicha orden. Así como la ejecución de algún oficio de colaboración que les haya sido dirigido por las autoridades ordenadoras con fundamento en las cláusulas Décima, Décima Segunda y Décima Quinta del Convenio de colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012, y cualquier acto que hayan realizado con la finalidad de ejecutar la mencionada orden y oficio de colaboración. SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibida el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Por acuerdo de veintidós siguiente, se admitió a trámite como 455/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En su momento se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable así como a la víctima u ofendido en la causa penal de la que derivara el acto reclamado. CUARTO. Por auto veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, decretó en el juicio de amparo 455/2018 de su índice, la separación de juicios y ordenó la continuación del procedimiento del juicio de amparo indicado, respecto del acto relativo al cuadernillo 11/2018, derivado de la causa penal 706/2018 del índice del Juzgado Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango. Y ordenó la remisión de copias certificadas de diversos cuadernos de antecedentes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a fin de que registrara las demandas y las turnara a los juzgados correspondientes, entre otras, la que correspondió a la causa penal 2254/2017 del índice del Juzgado Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango. Así, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo como 897/2018 se dio la intervención que le compete el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables por ya obrar en autos, y se requirió a la autoridad judicial responsable para que en el plazo de tres días remitiera las constancias de emplazamiento al agente del Ministerio Público de su adscripción y de quien tuviera el carácter de víctima u ofendido en la causa penal 2254/2017 de su índice; finalmente, tras diversos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede y forma parte de esta determinación; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se trata de un asunto donde se reclama un acto del orden penal, emitido por autoridad que tiene su residencia donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en: * La orden de búsqueda, localización y aprehensión librada en la causa penal 2254/2017. * Su cumplimiento o ejecución en colaboración de Procuradurías. TERCERO. El Juez Décimo Cuarto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango, admitió la certeza del acto reclamado a su homólogo Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango, consistente en la orden de aprehensión librada contra el quejoso en la causa penal 2254/2017 según se advierte de la lectura de su informe con justificación que obra en autos; lo que además se corrobora con la copia certificada de la aludida causa penal de su índice y audiencia de once de diciembre de dos mil diecisiete; por tanto, se tiene plenamente probada su existencia. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 749, consultable en la página 830, Tomo II, Primera Parte, SCJN, Sexta Sección, Quinta Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Establecida la existencia del acto reclamado, procede analizar las cuestiones de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no hacer valer las partes motivo alguno de improcedencia, ni advertir este juzgado federal oficiosamente la actualización de alguno de ellos, procede entrar al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. No se transcriben los motivos de disconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Ahora, procede el estudio del acto que reclama consistente en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución mediante convenio de colaboración. En esencia el quejoso señala que la orden de aprehensión librada en su contra carece de fundamentación y motivación. Dicho motivo de disenso es infundado, aun supliendo la queja deficiente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Es de destacar que el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone: "Artículo 9 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener la reparación". En concordancia con lo anterior, el 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé el derecho de la libertad personal de cualquier individuo, dispone: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios." Lo anterior está plasmado también en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." Igualmente, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." [El énfasis es de este Juzgado]. De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos -de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Constitución Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales-, se advierte que para emitir una orden de aprehensión con motivo de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, se deben cumplir con los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control); Que se haya formulado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para lo cual deberá precisarse: a) el grado de ejecución. b) la forma de intervención; y c) su naturaleza -dolosa o culposa-. Que la resolución de la autoridad judicial esté debidamente fundada y motivada. Es importante indicar que en el sistema procesal acusatorio se debe atender a la teoría del caso, lo que significa que no es necesario acreditar el cuerpo del delito y la probable participación del inculpado en su comisión, sino únicamente se debe acreditar un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Ahora bien, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por el Juez de control responsable como justificación de su informe, consistente en copias autorizadas de la solicitud de orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el agente Investigador del Ministerio Público de la Unidad Adscrita a la Vicefiscalía de Investigaciones y Litigación en Victoria de Durango, Durango, en la carpeta de investigación 3JLFF/2017, y de la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a la orden de aprehensión librada contra el quejoso por el Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango en la causa penal 2254/2017 de su índice; las que, por tratarse de documentos públicos, adquieren pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que el primer elemento se cumplió, en virtud de que la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como es la Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango con residencia en Durango, quien analizó el hecho que la ley señala como delito cometido dentro de su jurisdicción, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, previa determinación de su competencia por razón de territorio. En cuanto al segundo de los requisitos, de las copias certificadas de las constancias que remitió el Juez de Control responsable, se aprecia que por escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecisiete, María Monserrat Rios Limas formuló querella contra Erick Alejandro Escalona Valladolid y otros. Así, el tercer requisito para el dictado de la orden de aprehensión, relativo a que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito también se encuentra debidamente satisfecho; toda vez que el criterio del juzgador responsable es objetivamente correcto en cuanto tuvo por acreditado que se llevó a cabo la conducta prevista y sancionada en los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango; así como la probable participación del quejoso en el hecho imputado. Los anteriores preceptos legales son del contenido siguiente: "Artículo 210. Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido." "Artículo 212. A quienes cometan el delito de fraude se les impondrán las penas siguientes: V. De seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientas sesenta y cuatro veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo defraudado exceda de tres mil quinientos veces la unidad de Medida y Actualización. Es decir, sin prejuzgar, la pena máxima privativa de libertad, pudiese ser de 12 años de prisión". A fin de acreditar lo anterior, el juez responsable tomó en consideración los datos de prueba existentes en la causa penal 2254/2017, entre los que está el escrito de querella que presentó María Monserrat Ríos Limas el seis de marzo de dos mil diecisiete, en el que expuso en esencia que en el mes de diciembre de dos mil dieciséis, a través de los medios de comunicación, y en específico en un espacio publicitario trasmitido por la radiodifusora "La Tremenda", se promocionaba la venta de franquicias por parte de la compañía Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., anunciando que en la compra de una franquicia con valor comercial de $100,000.00 (cien mil pesos), se podrían obtener ganancias de $10,000.00 (diez mil pesos), en promedio mensual y que el corporativo de la empresa trabajaría la franquicia. Por lo que acompañada de Araceli Janeth Hernández Jiménez y Juan Antonio Zurita Ríos acudió a mediados de ese mes de diciembre de dos mil dieciséis, a las oficinas de esa empresa ubicadas en Avenida 20 de Noviembre 606 casi esquina con calle Cuauhtémoc, en la que fue atendida por Valeria Canales Pérez quien dijo ser gerente de la empresa y les hizo saber que los dueños de la misma eran Erick Alejandro Escalona Valladolid y su hijo Iván Alejandro Escalona Castañeda que la venta de franquicias era un proyecto novedoso, legal y una inversión segura, que consistía en compra de franquicia con contrato certificado ante notario público, que la empresa era dueña de varias franquicias y en esa ciudad de Durango se ofertaban tres de ellas; siendo, "Construraices" especializada en el ramo de la construcción, "Escalona Gold Empire", y "Contabilidad y Facturación Electrónica Sin Límites", la que según el dicho de Valeria Canales Pérez contaba con la autorización del Sistema de Administración Tributaria para comercializar servicios de facturación electrónica y que el programa de software utilizado para generar las facturas estaba certificado por el SAT y que el costo para adquirir cualquier franquicia era a partir de $100,000.00 (cien mil pesos), que si compraba la franquicia tendría una ganancia mensual mínima del 4% por un lapso de cuatro años, además que no tendría que trabajar la franquicia porque el corporativo de la empresa realizaría esa operación mediante el contrato de prestación de servicios de la empresa Gilmar Suministros y Logísticas Aplicada del Sur S.A. DE C.V., representada por Mariano Oliva Trujillo y con ello garantizaba la ganancia de manera mensual, y la compra de la franquicia se realizaría mediante depósito bancario en la institución BBVA Bancomer en la cuenta 0101729284. Ante ello, el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, decidió comprar la franquicia, por lo que en esa data realizó una transferencia bancaria por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos), a la cuenta citada a nombre de empresa Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP, así al día siguiente treinta de diciembre de dos mil dieciséis, regresó a las oficinas y se entrevistó con Valeria Canales Pérez a quien mostró el comprobante de la transferencia, firmando el contrato de franquicia 2337 con esa data, por la compra de cinco franquicias de la denominada Contabilidad y Facturación Electrónica Sin Límites con vigencia del treinta de diciembre de dos mil dieciséis, al treinta de diciembre de dos mil veinte, firmando María Monserrat Ríos Limas como cliente y Valeria Canales Pérez en el apartado de Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., se elaboró un recibo de dinero de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, con folio 2337 a nombre de la cliente por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos), por concepto de compra de franquicia denominada Contabilidad y Facturación Electrónica sin Límites; además, Valeria Canales Pérez le informó que para trabajar la franquicia que adquiría, la compañía que representaba elaboraba un contrato de prestación de servicios con el que solo debía esperar sus ganancias y por ello se firmó contrato de prestación de servicios folio 2337 de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, con una ganancia mínima mensual de $20,000.00 (veinte mil pesos), con cuenta clave 1171492985 de la institución bancaria Bancomer, con fecha de primer pago veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y días de pago treinta de cada mes, en el que figuró como beneficiario Beatriz del Rocío Zurita Ríos, celebrado entre Gilmar Suministros y Logísticas Aplicada del Sur S.A. de C.V., representada por Mariano Oliva Trujillo, documentos firmados por María Monserrat Ríos Limas como cliente, y Valeria Canales Pérez como representante legal de Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., y por el representante legal de Gilmar Suministros y Logísticas Aplicada del Sur S.A. de C.V. De igual forma, tomó en cuenta el contrato de franquicia 2337, expedido por Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., franquicia denominada Contabilidad y Facturación Electrónica sin Límites, lugar Durango, 2016-12-30 a nombre de María de Monserrat Ríos Limas vigencia; inicia el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y finaliza el treinta de diciembre de dos mil veinte, costo de la franquicia $500,000.00 (quinientos mil pesos), y tal documento fue firmado por Valeria Canales Pérez y la víctima. Y el contrato de prestación de servicios profesionales 2337, expedido por Elite Corporación Internacional de Franquicias y Gilmar Suministros y Logísticas del Sur S.A. de C.V., en la ciudad de Durango, en 2016-12-30, a nombre de María de Monserrat Ríos Limas, inicia el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y finaliza el treinta de diciembre de dos mil veinte, costo de la franquicia $500,000.00 (quinientos mil pesos), franquicia Contabilidad y Facturación Electrónica sin Límites, comercializa: contabilidad, facturación y timbrado electrónico, ganancia mínima mensual $20,000.00 (veinte mil pesos), número de cuenta 1171492985 banco Bancomer, en el cual se anexan las cláusulas, e hizo constar que tal documento fue firmado por Valeria Canales Pérez y la víctima. De tal contrato destacó la declaración a) del prestador, y obtuvo que la empresa Gilmar Suministros y Logísticas Aplicada del Sur S.A. de C.V., es representada por Mariano Oliva Trujillo. Consideró el contrato de distribución de licencia y/o franquicia denominada Contabilidad y Facturación Electrónica sin Límites, celebrado por la empresa Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., representada legalmente por Iván Alejandro Escalona Castañeda como lo advirtió del punto a) del apartado; declaración del franquiciante, por otra parte, el cliente María Monserrat Ríos Limas y señaló que tal documento fue firmado por Valeria Canales Pérez y la víctima. Así también, está el recibo de dinero expedido por Elite Corporación Internacional de Franquicias por concepto de compra de franquicia denominada Contabilidad y Facturación Electrónica sin Límites, firmado por la víctima María Monserrat Ríos Limas y Valeria Canales Pérez. De igual forma, el Juzgador tomó en cuenta las entrevistas de Araceli Janeth Hernández Jiménez y Juan Antonio Zurita Ríos de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, quienes declararon hechos coincidentes a lo narrado por María Monserrat Ríos Limas siendo innecesaria su trascripción en obvio de repeticiones innecesarias. Con los datos de prueba relatados la responsable concluyó que se provocó un engaño por parte de Erick Alejandro Escalona Valladolid y otros, pues realizaron actos idóneos para colocar a María Monserrat Ríos Limas en un estado subjetivo de error, al emplear y adoptar una actitud mentirosa para hacerla incurrir en una creencia falsa. En cuanto al segundo elemento del cuerpo del delito consistente en la obtención ilícita de alguna cosa o de un lucro indebido, el juez responsable consideró la comparecencia de María Monserrat Ríos Limas de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que presentó documentos consistentes en un recibo de dinero de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, folio 2337 a su nombre por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos), por concepto de franquicia denominada Facturación sin Límites, el que tiene logotipos de la empresa Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., en color azul con amarillo. Así como una memoria USB que contiene anuncios publicitarios trasmitidos por la televisora local "Canal 10", respecto de la empresa Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V. El oficio 214-2/SJ-4113179/2017, del Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el que se acreditan las cuentas bancarias de la empresa Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., en diferentes instituciones, entre otras la cuenta 0101729284 en la institución bancaria BBVA Bancomer aperturada por su apoderado Iván Alejandro Escalona Castañeda. El oficio DDAJ.2017.1090 del Coordinador Departamental de Procedimientos Legales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el que informó: a) No encontró que se hubiese solicitado y otorgado registro o publicación de signo alguno (marca, aviso comercial o nombre comercial), a favor de las empresas Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., Escalona Gold Empire, Gilmar Suministros y Logísticas del Sur S.A. de C.V., Contabilidad y Facturación Electrónica sin Límites, Superación de Ciencia Internacional del Éxito Personal S.A. de C.V., Levo S.A. de C.V. b) La gestión de marcas realizadas por Iván Alejandro Escalona Castañeda, son entre otras; . 11. Sin límites CF y diseño, 19 Internacional de Franquicias Elite Corporación y Diseño (En Trámite), . 22. Internacional de Franquicias Elite VIP y diseño, con fecha 04/12/2017, se presentó solicitud, y el estado actual es desistimiento de la solicitud. c) Gestión de marcas registradas por Erick Alejandro Escalona Valladoli. d) Respecto de Erick Alejandro Escalona Valladolid y otros, no se encontró que se hubiese solicitado y otorgado registro o publicación de signo alguno (marca, aviso comercial o nombre comercial), con lo que el juez responsable tuvo por acreditado que no cuentan con el registro de las empresas Levo y Contabilidad y Facturación Electrónica sin Límites. Con el oficio 5910/2017, relativo a la secuencia fotográfica de la perito criminalista del área de campo de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en el que hizo constar que se constituyó en calle Ana Leyva 204 Sur de la colonia Nueva Vizcaya Plaza Las Torres interior Tercer Piso local 318, tomando una fotografía del exterior de dicha plaza comercial y del local 318, el que tiene puertas de cristal con publicidad con la leyenda "Internacional de Franquicias Elite Corporación", en color azul, blanco y amarillo, y del domicilio ubicado en calle Avenida 20 de Noviembre 905 ya que el 606 no corresponde la descripción del inmueble en el oficio del pedimento, y anexó fotografía del exterior correspondiendo a un inmueble de varios pisos en color azul, blanco y amarillo, con el anuncio en fachada "Internacional de Franquicias Elite Corporación", con lo que se establece la existencia de las oficinas de dicha empresa, por ende la existencia de aquella. Otro dato de prueba lo constituye el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos a cargo de Martín Núñez Reyes agente de la Policía Investigadora de delitos de cinco de mayo de dos mil diecisiete, en la que hizo constar que en relación a diversas carpetas de investigación, se desprende que se trata del mismo fraude respecto a la empresa "Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP". En cuanto el tercer elemento del cuerpo del delito consistente en el nexo o relación de causalidad, entre la conducta engañosa y su resultado, el juez responsable consideró la querella de María Monserrat Ríos Limas así como las declaraciones de los testigos Araceli Janeth Hernández Jiménez y Juan Antonio Zurita Ríos de las que obtuvo que se entregó a Erick Alejandro Escalona Valladolid y otros el importe de $500´000.00 (quinientos mil pesos), con cargo a la cuenta 1171492985 a nombre de María Monserrat Ríos Limas y abono a la cuenta 0101729284 a nombre de Corporación Internacional de Franquicias, actuar que permitió al Juez responsable concluir que desde un inicio se dio la conducta engañosa con la finalidad de obtener un lucro indebido, existiendo así una relación de causa efecto entre las maniobras engañosas desplegadas por los activos entre los que está el hoy quejoso y el resultado consistente en el lucro indebido. Los anteriores datos de prueba, ponderados de manera libre y lógica por el Juez responsable, en uso de las facultades que le otorga el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le permitieron afirmar que se realizó una conducta sancionada como delito prevista en los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango. Así, indicó la autoridad responsable, que en diciembre de dos mil dieciséis, María Monserrat Ríos Limas se enteró a través del espacio publicitario de la radiodifusora "La Tremenda", que se proporcionaba la venta de franquicias con el spot: "yo invierto, tu inviertes, ella invierte, todos ganamos en Internacional de Franquicias Elite, la número uno en ganancias, invierte $100,000.00 y gana en promedio $10,000.00 mensuales, este es un negocio seguro, y lo mejor de todo el contrato está notariado, por el dinero a trabajar mientras tú te dedicas a tus actividades, llámanos 618-167-9217" tal anuncio persuadió a la víctima, quien a mediados de ese mes y año se constituyó en las instalaciones de dicha empresa en compañía de Araceli Janeth Hernández Jiménez y Juan Antonio Zurita Ríos siendo atendidos por Valeria Canales Pérez quien dijo ser representante legal de la empresa Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP con matriz ubicada en Puebla Capital, siendo su dueño Erick Alejandro Escalona Valladolid, al entrevistarse con Valeria Canales Pérez, ésta les explicó en esencia, que la compra de la franquicia era una inversión garantizada, aunado que no tenían que trabajar la franquicia ya que la empresa Gilmar Suministros y Logísticas Aplicada del Sur S.A. de C.V., la trabajaría por lo que solo debía esperar sus ganancias y por cada cien mil pesos recibiría una ganancia del cuatro por ciento mensual, razón por la que decidió invertir y el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, la víctima realizó depósito bancario por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos); así, el treinta siguiente la imputada presentó un contrato de franquicia folio 2337 de esa data a nombre de la víctima con vigencia al treinta de diciembre de dos mil veinte, firmando la víctima en el apartado de cliente, sin que le pagaran sus ganancias en el día señalado. Destacó que en realidad Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., no es propietaria de la marca o franquicia Contabilidad y Facturación Electrónica sin Límites, además de que tal franquicia no existe, concluyendo así que todo fue un engaño a través de la publicidad mentirosa, confirmada por Valeria Canales Pérez para obtener un beneficio del patrimonio de la víctima. De igual forma, se considera satisfecho el cuarto requisito para emitir una orden de aprehensión, al estimarse ajustado a derecho el criterio de la autoridad responsable de tener por demostrada la probable participación de Erick Alejandro Escalona Valladolid aquí quejoso, en la comisión del hecho señalado como delito de fraude genérico, pues destacó que éste resultó ser accionista de la empresa Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V. Así, tenemos que fue correcta la acreditación de la probable participación del quejoso, porque el Juez de Control tomó en consideración los datos de prueba a que se ha hecho referencia, pues atendiendo al enlace lógico y natural existente entre la verdad conocida y la que se busca, se llega al convencimiento que el peticionario de la instancia constitucional fue probablemente quien participó en el hecho sancionado como delito, máxime cuando destacó que existe imputación directa y contundente en su contra, sin que asomen aspectos que negativamente mermen el nivel de credibilidad de quien lo hace. En efecto, el Juez de la causa ponderó los datos de prueba tomados en consideración por la fiscalía al momento de realizar la solicitud del mandamiento de captura, y señaló que provocaban convicción para acreditar la probable intervención del ahora quejoso en la comisión del hecho señalado por la ley como delito, dentro de los cuales destacó el señalamiento directo realizado por María Monserrat Ríos Limas, Araceli Janeth Hernández Jiménez y Juan Antonio Zurita Ríos pues estuvieron presentes cuando Valeria Canales Pérez les hizo saber que Erick Alejandro Escalona Valladolid era dueño de la empresa Corporación Internacional de Franquicias Elite VIP S.A. de C.V., y además les explicó los beneficios de invertir en la compra de una de las tres franquicias que ofertaban; lo que está corroborado con el resto del cuadro demostrativo obrante en la carpeta de investigación, cuya valoración al tenor de lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitieron al juez de la causa considerar que resultan suficientes para acreditar la probable intervención del quejoso en el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico, advirtiendo de ellas el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza de su actuar, demostrando de esta forma lo infundado del concepto de violación esgrimido por el quejoso, pues tal como se hizo referencia existe un señalamiento en su contra así como diversas pruebas que así lo robustecen. Bajo ese contexto, si está demostrada la existencia de un hecho sancionado por la ley como delito, en el caso, fraude genérico, previsto y sancionado en los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, y la probable participación del justiciable, en su comisión; entonces, resulta evidente que el proceder de la autoridad responsable no conculca derechos públicos subjetivos en perjuicio del quejoso, particularmente los tutelados en los artículos 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, en cuanto al quinto requisito, en el caso, está debidamente acreditado; por ello, resulta también infundado el argumento del impetrante en el sentido de que la resolución combatida no está fundada y motivada; pues contrario a lo que aduce, el Juez responsable citó los preceptos aplicables al caso y con un razonamiento propio encuadró el hecho a la hipótesis normativa citada, señalando los datos de prueba que lo justifican, lo que permite establecer la probable participación del quejoso en su comisión; de ahí que el acto impugnado está debidamente fundado y motivado. Bajo ese contexto, y tal como lo consideró el Juez responsable, los datos de prueba antes mencionados resultan suficientes para el dictado de la orden de aprehensión reclamada, al estar reunidos los requisitos exigidos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, tocante al acto que el quejoso reclama consistente en la ejecución de la orden de aprehensión en términos del Convenio de Colaboración que Celebran la Procuraduría General de la Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar, y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, publicado en el Diario Oficial de le Federación el veintitrés de noviembre de dos mil doce. Debe decirse, que si bien el quejoso reclamó la ejecución del mandato de captura de conformidad con las cláusulas Décima, Décima Segunda y Décima Quinta de dicho convenio, lo cierto es que omitió exponer los argumentos que a su criterio estimó le causan agravio respecto a tal convenio de colaboración, y por el contrario el suscrito no advierte queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 119, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ". Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República." Numeral que en su segunda parte faculta a los órganos de procuración de justicia para celebrar convenios de colaboración, ello a efecto de cumplir con el fin consistente en que las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, atendiendo a la autoridad de cualquier otra, esto es, tal mandato constitucional guarda congruencia con la distribución territorial a nivel, nacional y por ende en torno al ámbito de competencia de toda autoridad, de ahí la necesidad de existencia de convenios de colaboración para cumplir con uno de los fines del Estado. De ahí que si en el caso, el veintitrés de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración que Celebran la Procuraduría General de la Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar, y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas. Es incuestionable que tal convenio se ajustó a la exigencia legal, prevista en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tal razón si en el supuesto que nos ocupa, el quejoso no expuso las razones por las que a su criterio considera no debe ejecutarse el mandamiento de captura que reclama de conformidad con las cláusulas décima, décima segunda y décima quinta de dicho convenio, entonces, el suscrito está impedido jurídicamente para realizar pronunciamiento alguno, ello al no advertir queja deficiente que suplir; pues por el contrario las cláusulas en cita prevén la facultad y obligación de las partes en el aludido convenio para compartir información entre otros supuestos cuando se trate de órdenes de aprehensión por cumplimentar, pues incluso podrán realizarse operativos conjuntos. Por lo tanto, se colige que si el quejoso no expuso agravio frontal al convenio de colaboración mencionado, y por el contrario se limitó a citarlo y enunciar tres de sus cláusulas, ello de ninguna manera ocasiona perjuicio alguno a sus derechos constitucionales, pues la propia Carta Magna faculta a las diversas Procuradurías y Fiscalías para actuar en colaboración para realizar actos de investigación o ejecutar cumplimiento de órdenes ministeriales o judiciales, de tal suerte que en el caso concreto si la orden de aprehensión reclamada por el quejoso resultó legal por estar fundada y motivada, lo cierto es que su ejecución, aun por medio de actos de colaboración entre Procuradurías, es legal, por así establecerlo el artículo 119, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y toda vez que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos del quejoso Erick Alejandro Escalona Valladolid o Erick Alejandro Escalona Valladoli consagrados en los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no existir motivo para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, no se analizan los alegatos hechos valer por el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, pues éstos no forman parte de la litis. Se cita por su aplicación, la Jurisprudencia P./J. 27/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, numero 80, Agosto de 1994 de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ERICK ALEJANDRO ESCALONA VALLADOLID o ERICK ALEJANDRO ESCALONA VALLADOLI, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional. Notifíquese personalmente. Lo firma Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Aarón Noel Reyes Chaires, hasta el día de hoy veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, data en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. DOY FE.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 8087 signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. En atención a su contenido, agréguese sin mayor pronunciamiento toda vez que mediante proveído de veintiséis de noviembre del presente año se acordó lo conducente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Durango, fue omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de este juzgado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de ocho de noviembre pasado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena realizar al citado tercero interesado las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se publique en lugar visible de este Juzgado Federal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en este municipio o en la zona conurbada.
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