Erick Alejandro Esalona Valladolid

Expediente 508/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
508/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Erick Alejandro Esalona Valladolid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos los oficios del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, los cuales, atento a lo hecho constar por el secretario que da fe, fueron presentados de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuenta con la evidencia criptográfica que prevé el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en mérito de lo anterior, con fundamento en los citados preceptos se provee: En el primero de ellos registrado con el número 12652, téngase al Juzgado Federal oficiante acusando recibo del oficio 222 (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 508/2019-C) e informando que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erick Alejandro Escalona Valladolid. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, al igual que el cuaderno de antecedentes del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Por lo que toca a las copias certificadas del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, respecto al segundo oficio registrado con el número 12653, téngase al Juzgado Federal oficiante remitiendo a este órgano de control constitucional la resolución de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo 809/2019-II de su índice, de la que se advierte determinó sobreseer el referido, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los autorizados del quejoso Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid, el auto de trece de junio de dos mil diecinueve, pues refiere que al constituirse en el domicilio señalado en autos, sito en lateral de la vía Atlixcayotl, número cinco mil doscientos diez (5210), piso dos (2), letra F, TORRE EJECUTIVA JV3, Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, y entrevistarse con la persona que dijo llamarse Gina Jiménez Galeazzi, quien labora en el citado domicilio, le manifestó su imposibilidad para recibir la notificación personal ordenada; toda vez, que ya no asesoran al solicitante de amparo y los autorizados procesales de éste ya no laboran en dicha oficina. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, notifíquese a los autorizados de la parte quejosa el auto de trece de junio pasado, así como el presente proveído y las subsecuentes que le correspondan, por medio de lista de acuerdos. AUTO 13 DE JUNIO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 20676/2019 signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, por medio del cual devuelve el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, un tomo de pruebas y un legajo de copias certificadas del cuaderno incidental; además, informa que por auto de diez de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 809/2019-II de su índice, determinó no aceptar la competencia legal declinada por este juzgado en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por las razones que del propio acuerdo se desprenden; de lo que toma conocimiento esta autoridad Federal, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; y, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, atinente a la cuestión de competencia legal planteada por este órgano de control constitucional, no se insiste en declinarla en favor del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, por no haberse certificado correctamente las constancias que sirvieron de base a este juzgado para declararse legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, se reitera que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango (autoridad sustituta), quien conoce de la causa penal de origen (2258/2017) iniciada por la Jueza Tercera de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, y otras autoridades; de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra el trece de diciembre de dos mi diecisiete en la carpeta administrativa correspondiente a la causa penal 2258/2017 de su índice, derivada del cuadernillo de orden de aprehensión 244/2017, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de Araceli Janeth Hernández Jiménez; y, su ejecución, por las razones que se tomaron en cuenta en la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y que se reiteran a continuación. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Además, al respecto existen los criterios -que no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo sustentado en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por tanto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, de la revisión de los informes justificados y de lo ordenado en el auto que decretó la separación de juicios, se advierte que el quejoso, esencialmente, reclama lo siguiente: Del 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango (autoridad sustituta), quien conoce de la causa penal de origen (2258/2017) iniciada por la Jueza Tercera de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango: -La orden de aprehensión dictada en su contra el trece de diciembre de dos mi diecisiete en la carpeta administrativa correspondiente a la causa penal 2258/2017 de su índice, derivada del cuadernillo de orden de aprehensión 244/2017, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de Araceli Janeth Hernández Jiménez (fojas 46 a 87 del anexo I); y, De las autoridades responsables ejecutoras 2. Fiscal General del Estado de Puebla, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Andrés Cholula, Puebla, 5. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Pedro Cholula, Puebla, 6 Vicefiscal General del Estado, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Durango, 7. Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango y 8. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango: - La ejecución de la mencionada orden de captura. En ese sentido, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que la orden de aprehensión aquí controvertida no se ejecuta, trata de ejecutar, ni se ejecutará en el Estado de Puebla, pues de los informes justificados rendidos por el 2. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante (foja 34), 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (foja 51), 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Andrés Cholula, Puebla (foja 50) y 5. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Pedro Cholula, Puebla (foja 69), que en principio generó la competencia de este órgano de control constitucional, se advierte que éstas negaron la existencia del acto de ejecución reclamado y la parte quejosa no desvirtuó tales negativas. Por el contrario, el 8. Director de la Policía de Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango (fojas 330 y 331), aceptó la existencia de la ejecución del mandamiento de captura reclamado. Luego, si en el particular, las autoridades responsables ejecutoras residentes en la jurisdicción de este juzgado de Distrito, que en principio generó la competencia de este órgano de control constitucional, negaron la existencia del acto de ejecución reclamado y la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, pese a que se le dio vista al respecto en autos de siete, ocho y veintidós de noviembre, todos de dos mil dieciocho (fojas 36, 52 y 85 a 87); entonces, resulta evidente que la ejecución del acto reclamado (orden de aprehensión) no tiene verificativo en el Estado de Puebla. De ahí, que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de amparo, por razón de territorio. Cobran aplicabilidad al caso, las Jurisprudencias del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación de rubros y textos siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Ahora bien, a efecto de determinar quién es el juez competente para conocer del presente asunto, debe precisarse que, en la audiencia constitucional de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó traer a la vista diversas constancias del anexo I del diverso juicio de amparo 509/2019, del índice de este juzgado. Por tanto, a efecto de perfeccionar correctamente la documental emanada del expediente 509/2019, se ordena glosar diversas constancias derivadas del cuadernillo 294/2018 CN, derivado de la carpeta de Investigación 3JL3C/2017, en donde se le comunicó a la Jueza Tercero de Control del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango que se ejecutó la orden de aprehensión ahí decretada e internaron a Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid en el Centro Penitenciario Varonil CP1 de Querétaro. En tal sentido, de las constancias antes señaladas, se advierte que la orden de aprehensión decretada en la diversa causa penal 2570/2018 (cuadernillo de orden de aprehensión 294/2018), fue ejecutada, y que el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se dejó al aquí quejoso a disposición de la autoridad sustituida (Jueza Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango), interno en el Centro Penitenciario Varonil CPI Varonil de Querétaro, Querétaro. Dicho lo anterior, conforme a la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que el juez competente para conocer de un juicio de amparo en el que el acto reclamado sea una orden de aprehensión y el quejoso se encuentre ya detenido, es el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluido el peticionario de amparo; pues es ahí donde tiene ejecución tal acto. Sustenta el criterio del suscrito, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." De ahí, que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para resolver el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, por razón de territorio; y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, la declina en favor del Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, en turno. En consecuencia, previo cuadernos de antecedentes que se formen, remítase el original del presente juicio de amparo y su anexo I, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, que corresponda, por razón de turno. Solicítese atenta y respetuosamente a la autoridad receptora del asunto, que acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Así mismo, se hace del conocimiento que ya fue resuelto el incidente de suspensión respectivo. Por lo que, remítase copia certificada del incidente formado con motivo de la separación de juicios. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia certificada de las actuaciones conducentes, fórmense los cuadernos correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, como el quejoso Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto, Querétaro, esto es, fuera de la circunscripción de este juzgado Federal, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a alguno de los actuarios de su adscripción, para que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto, Querétaro; b) Busque, por conducto del personal de custodia a Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente, juicio de amparo 508/2019-C; d) Notifique a la parte quejosa el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Se solicita al Juez Federal exhortado que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir las constancias que acrediten la diligenciación de la comunicación oficial de mérito a la brevedad posible. En ese sentido, de conformidad al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíense de inmediato vía electrónica la comunicación oficial ordenada. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 20676/2019 signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, por medio del cual devuelve el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, un tomo de pruebas y un legajo de copias certificadas del cuaderno incidental; además, informa que por auto de diez de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 809/2019-II de su índice, determinó no aceptar la competencia legal declinada por este juzgado en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por las razones que del propio acuerdo se desprenden; de lo que toma conocimiento esta autoridad Federal, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; y, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, atinente a la cuestión de competencia legal planteada por este órgano de control constitucional, no se insiste en declinarla en favor del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, por no haberse certificado correctamente las constancias que sirvieron de base a este juzgado para declararse legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, se reitera que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango (autoridad sustituta), quien conoce de la causa penal de origen (2258/2017) iniciada por la Jueza Tercera de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, y otras autoridades; de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra el trece de diciembre de dos mi diecisiete en la carpeta administrativa correspondiente a la causa penal 2258/2017 de su índice, derivada del cuadernillo de orden de aprehensión 244/2017, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de Araceli Janeth Hernández Jiménez; y, su ejecución, por las razones que se tomaron en cuenta en la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y que se reiteran a continuación. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Además, al respecto existen los criterios -que no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo sustentado en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por tanto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, de la revisión de los informes justificados y de lo ordenado en el auto que decretó la separación de juicios, se advierte que el quejoso, esencialmente, reclama lo siguiente: Del 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango (autoridad sustituta), quien conoce de la causa penal de origen (2258/2017) iniciada por la Jueza Tercera de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango: -La orden de aprehensión dictada en su contra el trece de diciembre de dos mi diecisiete en la carpeta administrativa correspondiente a la causa penal 2258/2017 de su índice, derivada del cuadernillo de orden de aprehensión 244/2017, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción V, del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de Araceli Janeth Hernández Jiménez (fojas 46 a 87 del anexo I); y, De las autoridades responsables ejecutoras 2. Fiscal General del Estado de Puebla, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Andrés Cholula, Puebla, 5. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Pedro Cholula, Puebla, 6 Vicefiscal General del Estado, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Durango, 7. Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango y 8. Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango: - La ejecución de la mencionada orden de captura. En ese sentido, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que la orden de aprehensión aquí controvertida no se ejecuta, trata de ejecutar, ni se ejecutará en el Estado de Puebla, pues de los informes justificados rendidos por el 2. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante (foja 34), 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (foja 51), 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Andrés Cholula, Puebla (foja 50) y 5. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Pedro Cholula, Puebla (foja 69), que en principio generó la competencia de este órgano de control constitucional, se advierte que éstas negaron la existencia del acto de ejecución reclamado y la parte quejosa no desvirtuó tales negativas. Por el contrario, el 8. Director de la Policía de Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango (fojas 330 y 331), aceptó la existencia de la ejecución del mandamiento de captura reclamado. Luego, si en el particular, las autoridades responsables ejecutoras residentes en la jurisdicción de este juzgado de Distrito, que en principio generó la competencia de este órgano de control constitucional, negaron la existencia del acto de ejecución reclamado y la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, pese a que se le dio vista al respecto en autos de siete, ocho y veintidós de noviembre, todos de dos mil dieciocho (fojas 36, 52 y 85 a 87); entonces, resulta evidente que la ejecución del acto reclamado (orden de aprehensión) no tiene verificativo en el Estado de Puebla. De ahí, que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de amparo, por razón de territorio. Cobran aplicabilidad al caso, las Jurisprudencias del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación de rubros y textos siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Ahora bien, a efecto de determinar quién es el juez competente para conocer del presente asunto, debe precisarse que, en la audiencia constitucional de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó traer a la vista diversas constancias del anexo I del diverso juicio de amparo 509/2019, del índice de este juzgado. Por tanto, a efecto de perfeccionar correctamente la documental emanada del expediente 509/2019, se ordena glosar diversas constancias derivadas del cuadernillo 294/2018 CN, derivado de la carpeta de Investigación 3JL3C/2017, en donde se le comunicó a la Jueza Tercero de Control del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango que se ejecutó la orden de aprehensión ahí decretada e internaron a Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid en el Centro Penitenciario Varonil CP1 de Querétaro. En tal sentido, de las constancias antes señaladas, se advierte que la orden de aprehensión decretada en la diversa causa penal 2570/2018 (cuadernillo de orden de aprehensión 294/2018), fue ejecutada, y que el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se dejó al aquí quejoso a disposición de la autoridad sustituida (Jueza Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango), interno en el Centro Penitenciario Varonil CPI Varonil de Querétaro, Querétaro. Dicho lo anterior, conforme a la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que el juez competente para conocer de un juicio de amparo en el que el acto reclamado sea una orden de aprehensión y el quejoso se encuentre ya detenido, es el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluido el peticionario de amparo; pues es ahí donde tiene ejecución tal acto. Sustenta el criterio del suscrito, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." De ahí, que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para resolver el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, por razón de territorio; y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, la declina en favor del Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, en turno. En consecuencia, previo cuadernos de antecedentes que se formen, remítase el original del presente juicio de amparo y su anexo I, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, que corresponda, por razón de turno. Solicítese atenta y respetuosamente a la autoridad receptora del asunto, que acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Así mismo, se hace del conocimiento que ya fue resuelto el incidente de suspensión respectivo. Por lo que, remítase copia certificada del incidente formado con motivo de la separación de juicios. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia certificada de las actuaciones conducentes, fórmense los cuadernos correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, como el quejoso Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto, Querétaro, esto es, fuera de la circunscripción de este juzgado Federal, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a alguno de los actuarios de su adscripción, para que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto, Querétaro; b) Busque, por conducto del personal de custodia a Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erik Alejandro Escalona Valladolid y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente, juicio de amparo 508/2019-C; d) Notifique a la parte quejosa el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Se solicita al Juez Federal exhortado que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir las constancias que acrediten la diligenciación de la comunicación oficial de mérito a la brevedad posible. En ese sentido, de conformidad al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíense de inmediato vía electrónica la comunicación oficial ordenada. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, por medio del cual comunica que devuelve sin diligenciar el exhorto 124/2019 orden 575/2019 de este índice, por los motivos que se exponen en dicho comunicado. En consecuencia, dése de baja el exhorto de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a acusar recibo, en virtud de que al enviar dichas constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) éste se genera de forma automática. Ahora bien, a fin de evitar dilaciones procesales y toda vez que el quejoso Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erick Alejandro Escalona Valladolid, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Varonil CPI Varonil de Querétaro, Querétaro, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a alguno de los actuarios de su adscripción, para que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil CPI Varonil de Querétaro, Querétaro; b) Busque, por conducto del personal de custodia a Erick Alejandro Escalona Valladoli o Erick Alejandro Escalona Valladolid y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente, juicio de amparo 508/2019-D; d) Notifique a la parte quejosa el presente auto, la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, así como el diverso proveído admisorio de treinta de mayo de los corrientes; y, e) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Se solicita al juez Federal exhortado que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir las constancias que acrediten la diligenciación de la comunicación oficial de mérito a la brevedad posible. En ese sentido, de conformidad al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíense de inmediato vía electrónica la comunicación oficial ordenada. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación

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