Erick Alberto Medina Tapia

Expediente 1032/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1032/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Erick Alberto Medina Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de siete de diciembre del año actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo planteada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Melo Figueroa, en su carácter de defensora particular de Erick Alberto Medina Tapia, Martín Gómez Laurel, Miguel Ángel Martínez Valencia, Carlos Ignacio López Ríos, Juan Luis Medina Hernández, Miguel Rosas Sánchez y Raúl Martínez Galván, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad responsable; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 1032/2018, y fórmese expediente. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el caso concreto, la acción de amparo ejercida resulta improcedente, por lo que la demanda debe desecharse de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Sobre ese tenor, conviene traer a colación los artículos 17 y 18 de la citada legislación ordinaria, a saber: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los dispositivos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente, a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del plazo de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la audiencia intermedia de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, llevada a cabo en la causa penal 234/2017, con el argumento de que su defensa manifestó que era necesario el descubrimiento probatorio para demostrar la inocencia de sus defendidos, ahora quejosos, lo que fue desdeñado por el fiscal. Efectivamente, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, expresó lo siguiente: "1. Con fecha 9 de noviembre de 2018 y cuando se celebró la audiencia programada para realizar la intermedia, dentro de la misma audiencia, se dio prórroga con la finalidad de que revisara de manera justa y acorde a derecho la penalidad que alcanzarían cada uno de mis representados por lo que el juez acordó el que se llevara a cabo dicha audiencia para el día 7 de diciembre del año en curso. [.]". En ese sentido, queda claro que la fecha de conocimiento del acto reclamado, lo es el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dado que en la propia audiencia que ahora reclama, la promovente se hizo sabedora de su contenido, por el hecho de estar presente en la misma. De ahí, que el plazo de quince días para instar el juicio de amparo, transcurrió del doce de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, descontándose los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre, así como uno y dos de diciembre, por corresponder a sábados y domingos, el diecinueve inhábil, y el veinte considerado no laborable; por lo que, es indudable que a la fecha de presentación de la demanda (seis de diciembre de dos mil dieciocho) había fenecido el plazo que otorga el numeral 17 de la Ley de Amparo; y por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Sin que en el caso se actualice alguna de las hipótesis que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para exceptuar a los impetrantes del plazo de quince días a que se alude, dado que no se está en el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, mucho menos una sentencia definitiva en materia penal, el acto no tiene por efecto privar de derechos agrarios a algún núcleo de población, y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, acorde a lo anteriormente considerado, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; asimismo, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Heladia Zorrosa Medina, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que únicamente para recibir notificaciones Luis Jaime González Ruíz, ya que no tiene ese registro. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21, de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Carlos Alberto Larumbe Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de la licencia académica de la titular de este órgano jurisdiccional; autorizada mediante oficio SECJ/STB/1217/2018, de dos de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de Edgar Herrera Borja, secretario quien da fe.

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