Erick Adrian Ortega Brito
Expediente 1549/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1549/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/01/2017
Partes del expediente
- Erick Adrian Ortega Brito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio remitido por la Juez de control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 50206, por el que se le devolvieron las constancias que remitió como anexo a su informe justificado para substanciar el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y déjese sin efectos el apercibimiento inserto en el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III) y el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso Erick Adrián Ortega Brito, a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, devuélvanse las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, consistentes en un legajo de copias certificadas de la carpeta administrativa 1026/2016, y (3) tres discos compactos en formato DVD los cuales contienen las audiencias celebradas en dicha carpeta. Atento a ello, se solicita a la responsable, para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acuse recibo de las constancias referidas en el párrafo que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1549/2016-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Erick Adrián Ortega Brito, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que a continuación se mencionan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA,. EJECUTORA: DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LERMA DE VILLADA, CON RESIDENCIA EN EL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. COMISARIO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO,...." "ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA RECLAMO LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN EL DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, Y DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA RECLAMO LA EJECUCIÓN DE LA MISMA." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. El accionante constitucional señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 4, 14, 16, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida que fue la demanda de amparo en este órgano de control constitucional, por auto de trece de octubre de dos mil dieciséis, se registró bajo el número de expediente 1549/2016-I se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la representación social de la adscripción. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos que se reclaman son emitidos por autoridades del orden penal, que se tratan de ejecutar dentro del territorio donde este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión emitida contra el quejoso por el posible delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido a interior de casa habitación y haberse utilizado violencia en su ejecución, en agravio de las víctimas de identidad reservada de iniciales C.M.D. y A.M.G.M. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (M. EN D. P. P. JANELLY GUTIÉRREZ RUÍZ), al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa por lo que procede sobreseer, respecto el acto que se le atribuye. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de dicha autoridad. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (LIC. EN D. JORGE CASIANO MARTÍNEZ), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se les atribuye. Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta administrativa 1026/2016; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, las autoridades responsables Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Lerma de Villada México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada en virtud de que la autoridad ordenadora aceptó el acto que se le atribuye. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En ese orden, el quejoso mediante escrito presentado el trece de octubre del año en curso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la posible orden de aprehensión emitida en su contra por el delito de robo a casa habitación; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se advierte que el diecinueve de octubre pasado en los autos de la carpeta administrativa 1026/2016, se dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso por el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido a interior de casa habitación y haberse utilizado violencia en su ejecución, en agravio de las víctimas de identidad reservada de iniciales C.M.D. y A.M.G.M, por las consideraciones y motivos expuestos por el Juez de Control en dicha resolución; por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en el juicio de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad al diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Finalmente, no es óbice para el dictado de la presente resolución que los posibles terceros interesados no hayan sido emplazados, puesto que, el sentido de la misma, no les genera perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis publicada en la página 575, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211430, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción IV, 73, 74, 75, 77, 79, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Erick Adrián Ortega Brito contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero por los motivos asentados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.
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