Erick Adrian Luna Jimenez
Expediente 1391/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1391/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Erick Adrian Luna Jimenez
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...SE PONEN A DISPOSICION LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS, APERCIBIDA. MESA: 1
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por Erick Adrián Luna Jiménez, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control con el consecutivo 1391/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que llevan a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo y, si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De igual manera, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, esta juzgadora advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XX. Contra actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." (.) Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala en síntesis como actos reclamados la emisión de la resolución del procedimiento administrativo número PA/CHJ-017/2022 que determina la separación definitiva del promovente de su 1391/2022 empleo como policía de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México y su ejecución. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 186, 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, contra el acto reclamado por el quejoso Erick Adrián Luna Jiménez, procede el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo, lo que hace improcedente del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, quien esto juzga considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Lo anterior es así, ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé al gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad que no sea tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Supuesto que acontece en el presente caso, toda vez que las autoridades señaladas como responsables, no tienen el carácter de tribunales administrativos. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. Luego, como se advierte del contenido de la demanda amparo y de la propia resolución recurrida anexa a la misma y, toda vez que los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, determinan que el acto reclamado es recurrible a través del recurso de inconformidad, o bien, a través del juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229 del propio ordenamiento local, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 8 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." En ese sentido, se han pronunciado nuestros máximos tribunales al señalar que compete a los tribunales de justicia administrativa local, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los municipios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 L (11a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo III, página 2411, Undécima Época, Materia(s): Administrativa, Laboral, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES ADSCRITOS A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL. Hechos: El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, debido a que el actor narró en la demanda que fue policía, por lo que en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, consideró que la 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 9 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 Amparo indirecto 1391/2022 naturaleza de la relación de los miembros de las instituciones policiales es administrativa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla es competente para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los Municipios y al Estado de Puebla. Justificación: Lo anterior es así, pues del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", se advierte que la relación jurídica entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado, es de naturaleza administrativa, y se rigen por sus propias leyes; por tanto, conforme al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, cuando se reclame un acto derivado de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los Municipios o al Estado de Puebla, es competente para conocer y resolver el Tribunal de Justicia Administrativa local, por ser el más afín por materia para su conocimiento, ya que el artículo 4, apartado A, fracción I, de su ley orgánica, determina sus facultades para dilucidar las controversias que se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatales y municipales, con independencia de que se planteen en un conflicto o en un procedimiento paraprocesal, pues éste no puede desvincularse de la contienda a la que finalmente daría origen, por tratarse de la rescisión de la relación de trabajo entre la dependencia y el servidor público". En esa tesitura, previo a intentar la presente instancia constitucional, la parte quejosa estaba obligada agotar el recurso de inconformidad o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a efecto de recurrir el acto o resolución administrativa que refiere, máxime que la ley que regula dicho juicio, contempla la suspensión de los efectos de dichos actos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 10 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 según se advierte de lo dispuesto por los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los cuales a la letra señalan: "Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto." Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." Más aún, la suspensión que hubiere solicitado la parte quejosa ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, le confería efectos protectores incluso más amplios que los que prevé la Ley de Amparo, en atención a que la suspensión en el procedimiento administrativo seguido ante el referido Tribunal, podrá tener efectos restitutorios, lo que no acontece al otorgarse la suspensión en el Juicio de Amparo. 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 11 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 Amparo indirecto 1391/2022 Máxime que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, en la especie no se advierte que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, a través del juicio de amparo indirecto, como pueden ser: a) cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación del acto reclamado; c) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o; d) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable establezca su existencia. En efecto, en la especie no se actualizan dichas hipótesis, como se verá a continuación: No se actualiza el primer supuesto, en virtud de que existe jurisprudencia que fue materia de contradicción de tesis, a saber, 452/2012, que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. La jurisprudencia por unificación de mérito, está localizable con el número 2a./J. 60/2013 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, de junio de dos mil trece, Tomo 1, página 933, con número de registro 2003858, que a la letra dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 12 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Así como la diversa tesis PC.II.A. J/3 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro 2010436, consultable en Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 13 de noviembre de 2015, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Por tanto, como se indicó, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo. En la inteligencia, de que si bien la citada tesis de jurisprudencia, interpreta a la Ley de Amparo abrogada, lo cierto 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 13 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 Amparo indirecto 1391/2022 es, que la nueva Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, establece similares requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado a los que señala la referida legislación abrogada, de ahí que en el caso, sea aplicable el consabido criterio jurisprudencial. Asimismo, es de anotarse que la resolución del procedimiento administrativo número PA/CHJ-017/2022 que determinó la separación definitiva del quejoso como policía de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como su ejecución, y que se anexó a la demanda, se advierte que se expusieron los motivos para acreditar los extremos de la infracción que le fue imputada al quejoso, así como la citación de diversos preceptos legales para fundamentar su decisión; lo que evidencia que en el acto atribuido contiene la fundamentación y motivación a que están obligadas a realizar las autoridades administrativas, por lo que no se actualiza el segundo supuesto. De la misma forma, no solo se alegan violaciones directas a la Constitución, ni tampoco los recursos ordinarios procedentes se encuentran previstos en un reglamento, si no que están contemplados en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Resulta también aplicable lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 44/2012 (10a.), localizable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, de julio de dos mil doce, página setecientos veintinueve, que aplica por identidad y que a la letra establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 14 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el mismo sentido lo interpretó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.25 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, registro 2003107, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: 'PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.', se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 15 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 Amparo indirecto 1391/2022 en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Lo cual es así, habida cuenta que conforme a las tesis y jurisprudencia antes trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando los impetrantes de amparo señalen un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que, como ya se precisó, aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. En esta tesitura, debe concluirse que, también la sola circunstancia de que los actos aquí reclamados sean actos cuya ejecución sea considerada de imposible reparación, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, máxime que como se indicó, en el particular existe jurisprudencia que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio contencioso administrativo, si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En consecuencia, la emisión de la resolución del procedimiento administrativo número PA/CHJ-017/2022 que determinó la separación definitiva del quejoso de su empleo como policía de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 16 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 México y su ejecución, son susceptibles de ser combatidos a través del recurso de inconformidad, o bien, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México; entonces, es inconcuso que el ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en atención a que dicho acto reclamado era susceptible de confirmarse, modificarse o revocarse a través de dichas instancias. En las relatadas condiciones, el promovente se abstuvo de agotar dichos medios antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; al omitir la promovente, agotar el recurso idóneo. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a foja 94, con número de registro 205283, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Igualmente apoyo lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 17 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 Amparo indirecto 1391/2022 a diciembre de 1990, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 361, con número de registro 224800, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Asimismo, es aplicable por analogía, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), con número de registro 2004254, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, visible en la página 1470, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 18 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 19 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 Amparo indirecto 1391/2022 ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, Volumen 12, Sexta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 37, con número de registro 257209, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Se desecha demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Erick Adrián Luna Jiménez. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 20 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez); apercibido que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona al actuario adscrito para que por única ocasión notifique el contenido de este auto en el domicilio ubicado en Calle Zaragoza, Número cinco, Colonia La Mora, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica en su libelo para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y, por cuanto hace al profesionista que señala, hasta en tanto, acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. 30/07/23 18:30:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 ENRIQUE CAMACHO FLORES 21 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1391/2022 Amparo indirecto 1391/2022 Uso de medios electrónicos Asimismo, le es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dicten, siempre y cuando en ningún momento el presente expediente sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos. Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE ACTUAL, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 1391/2022 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO Y EN VIRTUD DEL CITATORIO DE QUINCE DE LOS CORRIENTES
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