Erick Adrian Lamas Tello

Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
283/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Erick Adrian Lamas Tello

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y del contenido de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta que remite la Coordinadora del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa que designa como asesores jurídicos del quejoso Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizbeth García y a diversos profesionistas para oír y recibir toda clase de notificaciones; asimismo, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Plaza Mundo Divertido Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno Locales 41 y 43, Fraccionamiento San José, con residencia en esta ciudad. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: Por tanto, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal a los asesores citados el contenido del presente proveído, y les corra traslado con la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, en el domicilio precisado con anterioridad. Notifíquese y personalmente al asesor jurídico de la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial y con el contenido de la copia simple del escrito de ampliación de demanda de cuenta, presentada por Roberto Ackerman Valadez, apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio de la persona moral quejosa Inmobiliaria y Arrendadora de Baja CRM, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos que reclama a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y Dirección General Técnica Operativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, ambos con residencia en Ciudad de México, y por conceptos de violación. Audiencia incidental. Se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia incidental. Informes previos. Pídanse los informes previos a las autoridades señaladas como responsables, las que en términos de los preceptos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la hora siguiente al en que reciban el oficio de notificación; para tal efecto, se les envía copia simple de la demanda y escrito aclaratorio. En el entendido que las autoridades responsables expresarán si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionarán la información que tengan relativa a los datos que sirvan de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva Haciéndoles saber que la falta de rendición de su informe hará presumir ciertos los actos reclamados de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y en su caso con apoyo en lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. En ese orden, se faculta indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Suspensión provisional. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Igualmente, el artículo 138 de la ley en cita, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por su parte, el artículo 147 de la ley de la materia, en su párrafo segundo dispone que en los casos en que la suspensión fuera procedente, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas de mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora bien, la apariencia del buen derecho, ha sido definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la comprobación aparente del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo, se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Definición que se desprende de la jurisprudencia 949, visible en la página mil sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1- Reglas generales, Materia: Común, Novena Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repartición que pueda sufrir el quejoso, deberá llegarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." (negritas y subrayado añadido). Ahora, del escrito de ampliación de demanda se obtiene que la parte quejosa señaló como nuevos actos reclamados los consistentes en: "Convenio finiquito de fecha 30 de junio de 2012, celebrado con el Nuevo Centro de Población Ejidal El Ojo de Agua, del Municipio de Tijuana Baja California, con objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 475/2020 (antes 2457/92), así como resolver lo conducente respecto a la ejecución de la resolución presidencial de fecha 25 de abril de 1980 (D.O.F. del 6 de junio de 1980), que creó el Nuevo Centro de Población Ejidal denominado "El Ojo de Agua", municipio de Tijuana Estado de Baja California, con una superficie total de 4,494-00-00 hectáreas. La localización de una superficie de 4,494-00-00 hectáreas de terrenos baldíos propiedad de la Nación, mediante la cual elaboró PLANO PROYECTO con lo que se dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 475/2010 (antes 2457/92), así como resolver lo conducente respecto a la ejecución de la resolución presidencial de fecha 25 de abril de 1980 (D.O.F. del 6 de junio de 1980), creó el Nuevo Centro de Población Ejidal denominado "El Ojo de Agua", municipio de Tijuana, Estado de Baja California. [.]" Asimismo, solicitó la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: "solicito se acuerden las medidas precautorias, consistente en ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos que tengan por objeto modificar la naturaleza jurídica de la propiedad de mi representada INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE BAJA CRM SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto del predio identificado como Fracción "D" del Predio rústico denominado Rancho Florido Viejo, colonia Rancho El Florido Viejo, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, con una superficie de diez mil metros cuadrados, para lo cual solcito se decreten en los siguientes términos: 1.- Se gire atento oficio al Registro de la Propiedad y Comercio en Tijuana, Baja California, en la que informe de la instauración del presente juicio, y ordene suspender la realización de cualquier trámite que tenga por objeto modificar, extinguir y/o crear nuevos derechos sobre mi propiedad aquí descrita. 2.- Se gire intento oficio a la Dirección de Catastro en el Municipio de Tijuana, Baja California, Registro Público de la Propiedad y Comercio en Tijuana, Baja California, en la que informe de la instauración del presente juicio, y ordene suspender la realización de cualquier trámite que tenga por objeto modificar, extinguir y/o crear nuevos derechos sobre el N.C.P.E. sobre la propiedad de mi representada aquí quejosa. 3.- Se gire oficio a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, para el efecto de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. 4. Ordene a los Terceros con interés, el N.C.P.E. El Ojo de Agua, por conducto de su Comisariado Ejidal, se abstengan de modificar en modo alguna física o legalmente, la superficie de 10,000.00 metros cuadrados amparada en la escritura pública número 38,363, volumen 1781, folio 4272607 de fecha 03 de julio de 2011, del Protocolo del Licenciado Enrique Gallaga Esparza, Notario Público Número Quince de esta ciudad Tijuana, Baja California; misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo partida 5780761 de fecha 12 de agosto de 2011; propiedad de mi representada INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE BAJA CRM SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE." Por tanto, se procede a proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados antes citados, únicamente en relación con los efectos y consecuencias para los cuales la solicitó la parte impetrante de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 125, de la Ley de Amparo, Lo anterior tiene justificación con la jurisprudencia P./J.4/2019 (10ª.) publicada en la página 14, tomo I, febrero dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional solicitada, en virtud de que los actos reclamados con motivo de la ampliación de demanda, tienen el carácter de consumados; considerar lo contrario, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que, en su caso, se llegue a dictar en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial II.3o.J/37, del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 51, diciembre de 1992, tomo 60, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tiene el carácter de consumados pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio de amparo respectivo". Se arriba a lo anterior, pues no obstante haberse realizado un estudio ponderado de la apariencia del buen derecho, el interés social y las disposiciones de orden público, no existen elementos suficientes para conceder la suspensión con efectos de una resolución anticipada de la tutela que se espera de la sentencia que se dicte en el expediente principal. De ahí que, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que el artículo 77 de la misma ley se reconoce que de tener razón el particular -en el fondo del asunto- los efectos de la concesión del amparo serán la restitución en el pleno goce de sus prerrogativas o la vinculación a la autoridad responsable para que observe el derecho cuya violación se reproche, por lo que es materia del expediente principal fijar los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos afectados a los justiciables y no de la suspensión, ya que el objeto de esa medida es únicamente mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado. Por tanto, de concederse la suspensión solicitada, se estaría prejuzgando sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, situación que es propia del estudio de fondo que se realice en el juicio principal del que deriva el presente cuaderno incidental, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información para efectos del estudio del acto impugnado. Además, el acto que en esta vía se reclama, no es un acto irreparable, ni ocasiona a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, porque en caso de obtener resolución favorable en el juicio principal se le restituirá en el goce del derecho fundamental que aduce violado. Por otra parte, en relación con los efectos de la medida cautelar solicitada y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados motivo de la ampliación de demanda, no se encuentran vinculados de manera directa con dichos actos reclamados toda vez que las autoridades que a consideración de la parte quejosa deben acatar la medida cautelar, no las señaló con el carácter de responsables (Registro Público de la Propiedad y Comercio, Director de Catastro Municipal y Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional), aunado de que uno de los efectos para los cuales solicita la aludida medida cautelar la atribuye a quien posiblemente le revestirá el carácter de tercero interesado en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa (Nuevo Centro de Población Ejidal El Ojo de Agua); toda vez que la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda (en este caso de la ampliación de demanda), porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo; de ahí, que en términos de los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, proceda negar la suspensión provisional solicitada; pues de considerarse lo contrario, implicaría analizar tópicos ajenos al juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, por no ser contraria a la Ley de Amparo vigente, la tesis XXVII.3o.J/2, del Tomo III, septiembre de 2014, página 2347, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Sin que pase inadvertido para quien suscribe que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, en virtud de que la parte quejosa no exhibió la garantía solicitada en audiencia incidental de dieciséis de marzo del presente año, el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se determinó que dejó de surtir efectos la suspensión definitiva, ordenándose hacer del conocimiento a la autoridad señalada como responsable que quedaba expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado, sin responsabilidad alguna. En el entendido de que, mientras no se ejecutara los actos reclamados la parte quejosa podría exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, volvería a surtir efectos la medida suspensional; sin que a la fecha haya la parte quejosa haya hecho lo propio; de ahí que, queda expedito su derecho de que, de considerarlo conveniente, vuelva a surtir efectos la medida cautelar solicitada inicialmente planteada en el presente incidente. Notifíquese.

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