Erica Islas Vargas

Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
596/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Erica Islas Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)."

  2. Principal

    "... Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ****, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 596/2021-I-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo El precepto transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo En efecto, los actos cuya ejecución es de imposible reparación, se trata de aquellos en las que sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas, aún con la obtención de un fallo favorable, quedan irreparablemente consumadas. En cambio, los actos en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación cuando la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos y garantías del gobernado; y en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales reconocidos, está en condiciones de hacerlas valer como tales en recurso que la materia prevea que en su caso promueva, o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Por lo tanto, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Lo anterior es así, pues en la determinación reclamada, esencialmente, se desecha de plano el recurso de revocación promovido en contra de auto de fecha veintiséis de octubre del año en curso, en el que la responsable fue omiso en acordar respecto de la cuestión de previo y especial pronunciamiento interpuesto en el escrito de contestación a la demanda, donde la quejosa interpuso un incidente de falsedad de la firma que calza la demanda inicial, solicitando la ratificación de la misma por el ocursante; por tanto, no afecta en ninguna forma los derechos sustantivos constitucionales de la quejosa, ni puede considerarse una violación procesal que la afecte, pues sólo producen efectos de carácter formal o adjetivo, ya que, únicamente incide en el curso natural del juicio. De ahí que la resolución que constituyen el acto reclamado sólo producen efectos de carácter intraprocesal, pues no está en juego ningún derecho humano reconocido en la Constitución ni en los tratados internacionales en los que México es parte. Además, existe la posibilidad que la resolución que posteriormente dicte el Juez en el juicio de origen para resolver la controversia natural, sea favorable a los intereses de la parte quejosa, en cuyo caso, la molestia que las resoluciones reclamadas causan hoy a la quejosa, se extinguiría sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que dichas determinaciones fueran adversas a los intereses de la parte quejosa, estará en condiciones de hacer valer lo que hoy reclama mediante el recurso que en su caso interponga en contra de la resolución que se dicte, posteriormente, contra la resolución de alzada y el juicio de amparo correspondiente; razones por las que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En tales condiciones, es evidente que tal determinación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo cual, no se actualiza el caso de excepción para acudir a esta instancia constitucional, dado que el acto que reclama no es de imposible reparación, en virtud de que tal determinación no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que se trata de una violación intraprocesal, la cual, no necesariamente llegará a trascender en el resultado del fallo, ya que es posible que pueda obtener sentencia favorable a sus intereses. agregar Con motivo de las razones expuestas en la presente determinación, con fundamento en los diversos 112 y 113, de la ley de la materia, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En virtud de que la impetrante de amparo señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en *****, de esta ciudad, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo..."

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE PROMOVENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ****, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 596/2021-I-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo El precepto transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo En efecto, los actos cuya ejecución es de imposible reparación, se trata de aquellos en las que sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas, aún con la obtención de un fallo favorable, quedan irreparablemente consumadas. En cambio, los actos en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación cuando la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos y garantías del gobernado; y en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales reconocidos, está en condiciones de hacerlas valer como tales en recurso que la materia prevea que en su caso promueva, o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Por lo tanto, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Lo anterior es así, pues en la determinación reclamada, esencialmente, se desecha de plano el recurso de revocación promovido en contra de auto de fecha veintiséis de octubre del año en curso, en el que la responsable fue omiso en acordar respecto de la cuestión de previo y especial pronunciamiento interpuesto en el escrito de contestación a la demanda, donde la quejosa interpuso un incidente de falsedad de la firma que calza la demanda inicial, solicitando la ratificación de la misma por el ocursante; por tanto, no afecta en ninguna forma los derechos sustantivos constitucionales de la quejosa, ni puede considerarse una violación procesal que la afecte, pues sólo producen efectos de carácter formal o adjetivo, ya que, únicamente incide en el curso natural del juicio. De ahí que la resolución que constituyen el acto reclamado sólo producen efectos de carácter intraprocesal, pues no está en juego ningún derecho humano reconocido en la Constitución ni en los tratados internacionales en los que México es parte. Además, existe la posibilidad que la resolución que posteriormente dicte el Juez en el juicio de origen para resolver la controversia natural, sea favorable a los intereses de la parte quejosa, en cuyo caso, la molestia que las resoluciones reclamadas causan hoy a la quejosa, se extinguiría sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que dichas determinaciones fueran adversas a los intereses de la parte quejosa, estará en condiciones de hacer valer lo que hoy reclama mediante el recurso que en su caso interponga en contra de la resolución que se dicte, posteriormente, contra la resolución de alzada y el juicio de amparo correspondiente; razones por las que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En tales condiciones, es evidente que tal determinación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo cual, no se actualiza el caso de excepción para acudir a esta instancia constitucional, dado que el acto que reclama no es de imposible reparación, en virtud de que tal determinación no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que se trata de una violación intraprocesal, la cual, no necesariamente llegará a trascender en el resultado del fallo, ya que es posible que pueda obtener sentencia favorable a sus intereses. agregar Con motivo de las razones expuestas en la presente determinación, con fundamento en los diversos 112 y 113, de la ley de la materia, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa.

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