Erica Isabel Ramírez Paredes
Expediente 710/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Erica Isabel Ramírez Paredes
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja penal 99/2022, interpuesto por la quejosa **************, ostentándose como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ****************, en contra del auto de ocho de julio de dos mil veintidós, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA." En ese sentido, acúsese recibo a la superioridad del testimonio referido, así como de la copia certificada de las constancias que fueron enviadas para la substanciación del recurso interpuesto por la quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Por último, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ************ ostentándose como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ****************; con apoyo en el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial, así como con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones IV y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 710/2022-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito afirma que, con relación al acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. El tratadista Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, editorial Porrúa, vigésima novena edición, página 553, define la litispendencia como: "el estado de litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. En este último caso, se dice que hay rexjudicata, cosa juzgada respecto del juicio que ha de considerarse concluido en su parte declarativa aunque pendiente de ejecución de la sentencia." Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, Que ambos juicios los promueva el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 19/2022-III, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, el once de enero de dos mil veintidós, ****************, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ************ solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Fiscal de la Unidad de Litigación, adscrita a la Unidad de Tramitación Común de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato. Juez de Control en turno de la Tercera Región de Oralidad Penal de la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato. ACTOS RECLAMADOS: La audiencia de preparación a Juicio Oral que se llevará a cabo el 17 de enero del presente año. La omisión de otorgar a mi representada la personalidad y/o calidad jurídica dentro de la carpeta de investigación ********** y/o en la causa penal **************. Todo lo actuado en la carpeta de investigación ******** y /o en la causa penal ***************." II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de quince de marzo del año en curso, en acatamiento a la resolución de alzada, se admitió a trámite bajo el número 19/2022-III. En esa ejecutoria, el Tribunal Colegiado señaló que el pronunciamiento que debería hacerse al resolver ese juicio de amparo era el atinente a determinar si a la quejosa debía reconocerse en el controvertido de origen la calidad de víctima. En ese orden, resulta incuestionable que en la presente controversia se actualiza plenamente la causal de improcedencia arriba transcrita, toda vez que la demanda que aquí se estudia: 1. Igualmente es promovida por Érica Isabel Ramírez Paredes, ostentándose como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Paredes Hernández 2. El acto reclamado consiste en la negativa de la responsable Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuto, de reconocerle el carácter de víctima indirecta, a su representada, sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Paredes Hernández. 3. Es la misma autoridad responsable ordenadora. 4. El referido juicio de amparo 19/2022-III, se encuentra citado para dictar sentencia, debido a que la audiencia constitucional se llevó a cabo el catorce de junio de dos mil veintidós. Por tanto, como el presente juicio lo promueve la misma quejosa, contra el mismo acto reclamado (como se explicará) y la misma autoridad responsable ordenadora, el cual se encuentra citado para dictar sentencia; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, al surtirse los requisitos que exige dicho motivo de improcedencia. Cabe precisar que este órgano jurisdiccional no pasa desapercibido que en el diverso juicio de amparo 19/2022-III, el acto que señaló la aquí quejosa lo fue "la omisión" de reconocerle la calidad de víctima que pretendía por parte del Juez de Control que conocía de proceso penal, en tanto que el acto que se reclama en esta demanda lo constituye "la negativa" de esa autoridad resuelta el quince de junio de este año, precisamente de reconocerle esa prerrogativa a la que dice tiene derecho. Es decir, la quejosa pretende sostener que el acto que se dilucidarán en el juicio de amparo 219/2022-III y el diverso que se hace valer en el presente asunto, son distintos porque allá se alegó una omisión, en tanto que aquí se reclama una negativa expresa. Sin embargo, esta autoridad judicial estima que a pesar de la distinción que pudiere existir en la denominación y características de los actos que reclama la quejosa en ambos juicios de amparos, esencialmente resultan los mismos, en atención a que la pretensión que efectúa es la misma. Inclusive, los conceptos de violación que hace valer en ambas demandas tienden al mismo fin, que consiste en que se le reconozca en el proceso penal su calidad de víctima. Además, porque, se reitera, el pronunciamiento que solicita la quejosa realice este Juzgado de Distrito en esta nueva demanda de amparo, ineludiblemente, será aquel que deba emitirse en el diverso juicio 19/2022-III, de este índice, cuya sentencia está pendiente de dictarse, porque así fue determinado por el Tribunal Colegiado que ordenó la admisión de aquella demanda. Incluso, la quejosa en el escrito de demanda que dio origen a este juicio argumenta que en la suspensión que se le otorgó en el juicio de amparo indirecto 19/2022-III, se dieron las directrices al juzgado responsable para que resolviera lo conducente sin que lo hubiese realizado, bajo el argumento de que aún no se resolvía en definitiva ese asunto. Así, las consideraciones que se han especificado llevan a este Juzgado Federal a determinar que el acto que se habrá de analizar en el juicio de amparo 19/2022-III y el diverso que se hace valer en esta demanda de garantías, con independencia de su denominación, resulta el mismo atendiendo al pronunciamiento legal que deberá efectuarse, cuyo resultado invariable será que se reconozca o no el carácter de victima en el proceso del orden penal al que solicita se le llame para defender los intereses que estima le son perjudicados. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción X, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito; asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************** al contar, respectivamente con cédula profesional 962444 y 3591503 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por ************ ostentándose como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ****************; con apoyo en el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial, así como con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones IV y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 710/2022-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito afirma que, con relación al acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. El tratadista Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, editorial Porrúa, vigésima novena edición, página 553, define la litispendencia como: "el estado de litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. En este último caso, se dice que hay rexjudicata, cosa juzgada respecto del juicio que ha de considerarse concluido en su parte declarativa aunque pendiente de ejecución de la sentencia." Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, Que ambos juicios los promueva el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 19/2022-III, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, el once de enero de dos mil veintidós, ****************, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ************ solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Fiscal de la Unidad de Litigación, adscrita a la Unidad de Tramitación Común de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato. Juez de Control en turno de la Tercera Región de Oralidad Penal de la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato. ACTOS RECLAMADOS: La audiencia de preparación a Juicio Oral que se llevará a cabo el 17 de enero del presente año. La omisión de otorgar a mi representada la personalidad y/o calidad jurídica dentro de la carpeta de investigación ********** y/o en la causa penal **************. Todo lo actuado en la carpeta de investigación ******** y /o en la causa penal ***************." II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de quince de marzo del año en curso, en acatamiento a la resolución de alzada, se admitió a trámite bajo el número 19/2022-III. En esa ejecutoria, el Tribunal Colegiado señaló que el pronunciamiento que debería hacerse al resolver ese juicio de amparo era el atinente a determinar si a la quejosa debía reconocerse en el controvertido de origen la calidad de víctima. En ese orden, resulta incuestionable que en la presente controversia se actualiza plenamente la causal de improcedencia arriba transcrita, toda vez que la demanda que aquí se estudia: 1. Igualmente es promovida por Érica Isabel Ramírez Paredes, ostentándose como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Paredes Hernández 2. El acto reclamado consiste en la negativa de la responsable Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuto, de reconocerle el carácter de víctima indirecta, a su representada, sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Paredes Hernández. 3. Es la misma autoridad responsable ordenadora. 4. El referido juicio de amparo 19/2022-III, se encuentra citado para dictar sentencia, debido a que la audiencia constitucional se llevó a cabo el catorce de junio de dos mil veintidós. Por tanto, como el presente juicio lo promueve la misma quejosa, contra el mismo acto reclamado (como se explicará) y la misma autoridad responsable ordenadora, el cual se encuentra citado para dictar sentencia; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, al surtirse los requisitos que exige dicho motivo de improcedencia. Cabe precisar que este órgano jurisdiccional no pasa desapercibido que en el diverso juicio de amparo 19/2022-III, el acto que señaló la aquí quejosa lo fue "la omisión" de reconocerle la calidad de víctima que pretendía por parte del Juez de Control que conocía de proceso penal, en tanto que el acto que se reclama en esta demanda lo constituye "la negativa" de esa autoridad resuelta el quince de junio de este año, precisamente de reconocerle esa prerrogativa a la que dice tiene derecho. Es decir, la quejosa pretende sostener que el acto que se dilucidarán en el juicio de amparo 219/2022-III y el diverso que se hace valer en el presente asunto, son distintos porque allá se alegó una omisión, en tanto que aquí se reclama una negativa expresa. Sin embargo, esta autoridad judicial estima que a pesar de la distinción que pudiere existir en la denominación y características de los actos que reclama la quejosa en ambos juicios de amparos, esencialmente resultan los mismos, en atención a que la pretensión que efectúa es la misma. Inclusive, los conceptos de violación que hace valer en ambas demandas tienden al mismo fin, que consiste en que se le reconozca en el proceso penal su calidad de víctima. Además, porque, se reitera, el pronunciamiento que solicita la quejosa realice este Juzgado de Distrito en esta nueva demanda de amparo, ineludiblemente, será aquel que deba emitirse en el diverso juicio 19/2022-III, de este índice, cuya sentencia está pendiente de dictarse, porque así fue determinado por el Tribunal Colegiado que ordenó la admisión de aquella demanda. Incluso, la quejosa en el escrito de demanda que dio origen a este juicio argumenta que en la suspensión que se le otorgó en el juicio de amparo indirecto 19/2022-III, se dieron las directrices al juzgado responsable para que resolviera lo conducente sin que lo hubiese realizado, bajo el argumento de que aún no se resolvía en definitiva ese asunto. Así, las consideraciones que se han especificado llevan a este Juzgado Federal a determinar que el acto que se habrá de analizar en el juicio de amparo 19/2022-III y el diverso que se hace valer en esta demanda de garantías, con independencia de su denominación, resulta el mismo atendiendo al pronunciamiento legal que deberá efectuarse, cuyo resultado invariable será que se reconozca o no el carácter de victima en el proceso del orden penal al que solicita se le llame para defender los intereses que estima le son perjudicados. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción X, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito; asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************** al contar, respectivamente con cédula profesional 962444 y 3591503 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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