Erica Guerrero Santillán

Expediente 490/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
490/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Erica Guerrero Santillán

Actuaciones

  1. Principal

    .... EN MONTERREY, NUEVO LEÓN A DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL SUSCRITO LICENCIADO SANTOS ALBERTO ORTIZ FLORES, SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL EXPEDIENTE RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 490/2023-IV, SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y DEBIDAMENTE INTEGRADO DE MANERA ELECTRÓNICA; ASIMISMO, QUE SE ELABORÓ LA VERSIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO EN ESTA MISMA FECHA SE REMITE FÍSICAMENTE AL ARCHIVO. CONSTE.- ...

  2. Principal

    ***Vista la certificación de cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de junio de la presente anualidad, donde se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta defensor particular de la directa quejosa ********************; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida resolución ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido.**************Conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años de su terminación, lo anterior, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo, sin obrar documentos originales.*********

  3. Principal

    .... Visto lo de cuenta, se tiene recibida la demanda presentada por G*****, contra un acto del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León; al efecto, fórmese expediente bajo el número 490/2023-IV; asimismo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tal documento adquiere validez jurídica, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Una vez analizado el citado libelo, se considera viable el desechamiento de plano, al resultar notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe estudiarse de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho que la invocada legislación establezca diversas causales que motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. ... Establecido lo anterior, es preciso señalar que, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa indicó como acto reclamado el siguiente: La determinación emitida en audiencia de veintinueve de mayo del año en curso, en la carpeta judicial 20707/2021, en la cual, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, declaró improcedente la petición de la parte quejosa, respecto a que se estableciera en forma contraria a lo decretado en el auto de apertura a juicio de doce de enero anterior, en cuanto a que los peritos José Salvador Rangel Torres y Luis Enrique Saucedo Jasso, solo podrían declarar en relación al dictamen D21-02732 ADN, que se refiere solo al perfil genético de una muestra hemática de la víctima obtenida en autopsia. En ese sentido, se advierte que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues se estima que el acto reclamado no es de aquellos emitidos dentro de un juicio que ocasionen efectos de imposible reparación. En efecto, se considera que el acto reclamado no es acto de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, ello conforme la precisión que se destacará más adelante. En primer término, es necesario mencionar que conforme al artículo 61 de la Ley de la Materia, el juicio de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta la existencia de una causal manifiesta e indudable de improcedencia. Debiéndose entender por manifiesto aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. En efecto, es claro que se actualiza de manera notoria y manifiesta la hipótesis de improcedencia aludida, pues el acto reclamado no tiene sobre la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, ya que se trata de un acto intraprocesal que por ahora no afecta sus derechos fundamentales tutelados por la ley, pues de obtener sentencia favorable, desaparecería el supuesto agravio y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en el amparo directo. Es así, ya que de acuerdo con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V interpretada a contrario sensu del numeral 107 , ambos de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse mediante el amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, por mencionar alguno, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable y el acto reclamado por la quejosa únicamente tiene efectos intraprocesales. En efecto, de lo dispuesto en los artículos mencionados, se colige que cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, procederá el juicio de amparo indirecto. Asimismo, que se está en presencia de actos dentro del juicio que sean de imposible reparación, cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional". En tal virtud, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador de amparo en su función de órgano de control constitucional, debe discernir si el acto afecta materialmente derechos sustantivos que prevén los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos de imposible reparación son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, es decir, aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados, característica que no tienen los actos procesales. Los actos procesales en el juicio, como en el caso, la determinación de veintinueve de mayo del año en curso, emitida en audiencia por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, dentro de la carpeta judicial 20707/2021, mediante la cual, declaró improcedente la petición de la quejosa, respecto a que se estableciera en forma contraria a lo decretado en el auto de apertura a juicio de doce de enero anterior, en cuanto a que los peritos José Salvador Rangel Torres y Luis Enrique Saucedo Jasso, solo podrían declarar en relación al dictamen D21-02732 ADN, que se refiere solo al perfil genético de una muestra hemática de la víctima obtenida en autopsia, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque deriva de la causa penal que se sigue en contra de la aquí quejosa, y constituye una violación intraprocesal que no afecta alguno de los derechos fundamentales del quejoso consignados en la Carta Magna. Además, el hecho de que no se hubiere proveído favorablemente respecto de la petición que formuló, no constituye violación a sus derechos sustantivos, ya que si la inculpada obtiene una sentencia que le favorezca al resolver en definitiva lo que alega como violación a sus derechos no trascenderá en su perjuicio e incluso en caso de que obtuviere una sentencia desfavorable, ello tampoco le ocasionaría una situación de imposible reparación, ya que podría impugnarla mediante el recurso de apelación correspondiente y finalmente, de transcender en el juicio, con la incorporación de diversa prueba que se considere ilícita y sea materia de debate a través del amparo directo conforme lo establecen la propia Ley de Amparo. .... En esa tesitura, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en razón que el acto reclamado y sus consecuencias, no afectan derechos sustantivos de la impetrante que le permita el acceso al sistema judicial de control de constitucionalidad; por tanto, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA. Tocante a su diversa petición en el sentido que se autorice el usuario "Gregmartínez", a fin de consultar vía electrónica este sumario y recibir notificaciones, dado que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 36, 36, 37, 38, 39, 40 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Esto es, solicitarlo expresamente a través de una promoción al órgano jurisdiccional, así como proporcionar el nombre de usuario creado en la página web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se provee de conformidad su petición, autorizándole el uso de las facilidades del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, para que el ocursante consulte el expediente electrónico y reciba notificaciones. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. ...

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