Érica Domínguez Casarrubias

Expediente 654/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
654/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Érica Domínguez Casarrubias

Actuaciones

  1. Principal

    Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    NO HABIÉNDOSE PRESENTADO LA PARTE QUEJOSA A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS TABLEROS DEL JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, a tres de abril de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Érica Domínguez Casarrubias, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. ? Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. ? Desechamiento. En el caso, visto el escrito de demanda de amparo este juzgador advierte se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es obligatorio y oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto se reclama el acto siguiente: ".La negativa a permitir comparecer en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente 1185/2016.". En efecto, se actualiza la causa de improcedencia que deriva del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "107. El amparo indirecto procede: "....................... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la disposición transcrita se obtiene que el juicio de garantías solamente procede contra los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, el acto aquí reclamado no conculca derecho sustantivo que repercuta en la esfera jurídica de la quejosa, lo que constituye el requisito fundamental para admitir a trámite el juicio de amparo indirecto que se promueve. En ese contexto, el acto reclamado no es un acto que tenga la condición de ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tal, aquéllos que de una manera inmediata lesionan el interés del agraviado, o bien, que hagan imposible la continuación del procedimiento, debido a que precisamente sea reparable en el fallo definitivo, pero por lo pronto en el caso concreto no se infringen alguno de los derechos sustantivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que además no puedan ser reparados en el curso del procedimiento relativo al juicio de origen. Ello es así, porque en la especie, es indudable que el acto reclamado, constituye un mero acto procesal, que se insiste, no lesiona ningún derecho sustantivo en perjuicio de la agraviada de manera irreparable; por lo contrario se advierte que existe la posibilidad legal de que la promovente del amparo pueda obtener una resolución final favorable a sus pretensiones en el juicio de origen; mientras tanto, los efectos intraprocesales existentes por ahora, debido a ese posible pronunciamiento, puede desaparecer jurídicamente y esto hace innecesaria la instauración del amparo indirecto propuesto. Además, en el supuesto de que la ahora quejosa, no obtenga sentencia favorable en el juicio laboral, puede instaurar el juicio de amparo directo en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Érica Domínguez Casarrubias. Apoya a lo anterior, la tesis XXI.3o.17 L, consultable en la página 1886, libro 58, tomo XXI, enero de 2005, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, con número de registro 179417, del contenido siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE EL HECHO DE QUE LA JUNTA DECRETE LA DESERCIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL OFRECIDA EN QUE SE SOLICITÓ FUERAN CITADOS LOS TESTIGOS, SI PREVIO REQUERIMIENTO AL OFERENTE, DE DATOS PARA SU LOCALIZACIÓN, LA JUNTA DICTA ACUERDO EN ESE SENTIDO Y EL NOTIFICADOR NO TOMÓ EN CONSIDERACIÓN ESOS DATOS EN LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA. Dentro de las facultades conferidas en los artículos 686, 782, 783, 813, fracción II y 814 de la Ley Federal del Trabajo, para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje requieran datos que permitan localizar el domicilio de los testigos, cuando se les solicita que sean citados por su conducto, se encuentra inmersa la obligación de que vigilen que el actuario tome en cuenta al momento de realizar la notificación los elementos por ella obtenidos para su localización, puesto que sería atentatorio de los principios de interés que salvaguardan el derecho del trabajo, el que puedan dictar providencias para mejor proveer cuando adviertan una irregularidad u omisión en el trámite procesal y practicar las diligencias que juzguen conveniente para el esclarecimiento de la verdad, pero que no velen que el notificador obedezca su determinación para tratar de localizar los domicilios de los testigos con base en los datos proporcionados de acuerdo con su requerimiento. Por ende, si el interesado en el desahogo de la testimonial aportó los elementos solicitados por la Junta, sin que el actuario localizara los domicilios de los atestes debido a que no tomó en consideración esos datos, pese a que hubo acuerdo en ese sentido, es claro que no puede declararse la deserción de la prueba, ya que la citación frustrada de los testigos propuestos no obedeció a que el oferente tuviera la finalidad de retrasar o paralizar el procedimiento, sino a que la Junta no supervisó que su inferior jerárquico acatara la orden que dictó en el juicio, de manera que si se decreta su deserción esa situación trasciende al resultado del laudo, y sin lugar a dudas, actualiza la violación a las leyes del procedimiento a que se refiere el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, consultable en la página 1539, libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2006338, del contenido siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos '...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...'. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.' ? Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. ? Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para los efectos de oír y recibir notificaciones. Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Víctor Manuel Domínguez Casarrubias, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas para tal efecto. ? Autorización de días y horas inhábiles. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen las notificaciones de carácter personal inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. ? Autorización para consulta de expediente electrónico. Por último, y como lo solicita la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto a la autorización para la consulta del presente expediente vía internet por medio del usuario ERICADO; de conformidad con lo establecido por el artículo 77, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal , se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, únicamente respecto de las cuentas que se encuentren registradas en el Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jonathan Martínez Morales, secretario quien autoriza y da fe.

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