Eric Williams Ortega Vivar

Expediente 547/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
547/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
11/12/2017

Partes del expediente

  • Eric Williams Ortega Vivar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo General mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el catorce de junio de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, ya que no es necesaria la retención de los cuatro anexos enviados por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia terminada de engrosar el trece de septiembre pasado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para el efecto de que la sala responsable realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Dictara otra en que, en el supuesto de que no advirtiera alguna violación a las leyes del procedimiento que afectara derechos fundamentales del quejoso, resolviera con plena libertad de decisión el fondo de la litis planteada sujeta a su potestad, en el entendido que debería justipreciar los dictámenes rendidos por los peritos oficiales Edni Burgos Meléndez, Dante Daniel Mercado García y Yurittzy Velázquez Alamilla en los términos en que se recabaron en la indagatoria de origen. Determinación que al no ser recurrida por alguna de las partes se declaró que causó ejecutoria mediante proveído de once de octubre del año en curso, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días cumpliera la sentencia protectora. Al respecto, la sala responsable mediante oficio recibido el seis del mes en curso remitió copia de la resolución de treinta y uno de octubre pasado, con que refirió dio cumplimiento al fallo protector. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que emitieran algún pronunciamiento. De lo anterior, se concluye que la sentencia protectora está cumplida. Así se considera, porque de la lectura integral de la determinación emitida por la autoridad judicial responsable se observa que dejó insubsistente la resolución controvertida, asimismo, atendiendo a las salvedades apuntadas, con plena libertad de decisión, emitió sentencia definitiva en el proceso penal de origen, en que determinó la responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se reitera que la sentencia protectora está cumplida. Por último, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.

  3. Principal

    Ciudad de México, a seis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio, anexo y tomos de cuenta, a través de los cuales se informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Por tal motivo, con el informe sobre el cumplimiento mencionado, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, para que de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente. En cuanto a los tomos que se adjuntaron, manténganse por separado para que se tomen en consideración al momento en que este órgano jurisdiccional resuelva lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Ahora, la protección constitucional es para el efecto de que la sala responsable, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución reclamada; y II. Dicte otra en que, en el supuesto de que no advierta alguna violación a las leyes del procedimiento que afecte derechos fundamentales del quejoso, resuelva con plena libertad de decisión el fondo de la litis planteada sujeta a su potestad, en el entendido que deberá justipreciar los dictámenes rendidos por los peritos oficiales Edni Burgos Meléndez, Dante Daniel Mercado García y Yurittzy Velázquez Alamilla en los términos en que se recabaron en la indagatoria de origen. Por tanto, con apoyo en los preceptos 192 y 194 de la ley de la materia, requiérase a la mencionada autoridad, para que en el plazo de tres días informe a este juzgado acerca del cumplimiento que haya dado a la ejecutoria mencionada o el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del dispositivo 258 de la citada ley, con independencia de que se seguirá el procedimiento señalado en el numeral 193 del ordenamiento legal invocado.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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