Eric Rosendo Coronel
Expediente 1172/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eric Rosendo Coronel
Actuaciones
- Principal
PRINCIPAL 1172/2022-VI El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el proveído de veintidós de diciembre de dos de dos mil veintidós, le transcurrió a la parte quejosa del tres al nueve de enero del presente año, sin que lo haya hecho. Lo anterior se confirmó después que el Oficial de Partes de este Juzgado Federal, hizo una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna de la referida parte procesal, en la que se promoviera dicho recurso. 2. Que no obra agregado documento original exhibido por el promovente- Conste. El Secretario Omar Tomás Velázquez López Cuenta. En la misma fecha, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El Secretario Omar Tomás Velázquez López Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintidós de diciembre de dos de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años; por lo que una vez transcurrido dicho término dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción I del diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 1172/2022-VI; y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el primero de los preceptos citados, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En esa tesitura, debe precisarse que del análisis minucioso del libelo actio que se provee, se desprende que, en esencia, el quejoso se duele de la omisión de las autoridades señaladas como responsables Agentes Titulares del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a los Sectores Central, Costa Azul y Coloso, en notificarle la carpeta de investigación que se haya instruido en su contra, para enfrentar un debido proceso y, por ende, ser escuchado y vencido. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción I del diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [...]." En efecto, de conformidad con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, así como a las policías quienes estarán bajo el mando de aquél. De conformidad con el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, en la que deberá realizar todas las líneas de búsqueda posibles, que le permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE Por su parte, el precepto 112 de la codificación nacional de invocada, establece que, en el proceso penal acusatorio oral, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Por ende, es al representante social a quien le corresponde fijar o señalar a quién o a quiénes les recae la calidad de imputados. En ese tenor, el artículo 129 de la citada legislación dispone que el Ministerio Público opera bajo el deber de objetividad; es decir, la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso. Conforme a dicho deber, la fiscalía podrá (con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor), solicitar la comparecencia del imputado, o en su caso, ordenar su declaración, siempre y cuando considere que sea relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Esto es, incumbe al órgano técnico decidir -si así lo estima conveniente para su investigación-, cuándo será citado el imputado para que tenga acceso a los registros que obran en la carpeta respectiva, puesto que los datos que existen en ésta son de carácter "reservado" en tanto no se judicialice. Ya que, en el sistema procesal penal de corte acusatorio, la investigación inicial constituye una etapa en la que medularmente la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez, con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Dicho procedimiento administrativo-penal se traduce en el instrumento con el que cuenta el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales; razón por la cual, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ Así, quien debe preservar ese sigilo o reserva de la información de la carpeta es la representación social, esto si atendemos a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 202/2013, señaló que, conforme al artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público es la autoridad competente para ejercer la acción penal en una averiguación previa, sin que se contemplen distinciones entre personas y mucho menos entre tipos de servidores públicos. En otras palabras, el artículo 21 de la Constitución Federal no tiene una delimitación a cierto ámbito competencial y sirve como parámetro de actuación para todas las autoridades de la República. Por ende, funciona en todos los órdenes jurídicos (federal y estatal) como una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal y el debido proceso. El objetivo histórico de esta disposición constitucional es asignar la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, a fin de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades forme parte de la indagación de los hechos que pudieran o no derivar en una conducta antijurídica. El Ministerio Público se concibe, entonces, como único órgano investigador y acusador, al igual que como consecuente representante social en el proceso penal y, por tanto, es el responsable de que las actuaciones que así lo ameriten se mantengan en sigilo o reserva. La reforma constitucional de dos mil ocho modificó o moduló parcialmente los referidos principios, pues añadió el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares; sin embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores del artículo 21 constitucional. El Ministerio Público conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados y para instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la carpeta de investigación a la autoridad competente. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE Por lo tanto, el que al Ministerio Público Federal o Local se le asigne el poder para ejercer la acción penal, no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino un requisito desde el texto de la Constitución de mil novecientos diecisiete, que actualmente sólo admite dos modulaciones: por una parte, la facultad que detenta la Suprema Corte para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del referido artículo 107, fracción XVI, constitucional y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normatividad secundaria. De ahí que, conforme a lo anterior, el Ministerio Público tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, y en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del ilícito o su no participación en el mismo, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, sin que ello implique, necesariamente, que el Ministerio Público, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación. Máxime que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una restricción que impide a quien tenga reconocido el carácter de imputado durante la etapa de investigación inicial, acudir de manera libre y espontánea; es decir, en el momento en que así lo desee (incluso, sin necesidad de ser citado), a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación. Dicha restricción está prevista en el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Carta Magna, que establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.)" Como puede apreciarse de la simple lectura de la porción constitucional transcrita, la propia Carta Magna reglamenta el acceso del imputado a la carpeta de investigación; el cual se desarrolla de forma específica en los artículos 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: (.) VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. (.) Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. (.) El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De las disposiciones legales transcritas se obtienen las siguientes reglas: a) Los registros de la investigación son estrictamente reservados, por lo que solamente las partes pueden tener acceso a ellos, y; b) El imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando: 1. Aquél se encuentre detenido; 2. Sea citado para comparecer como imputado, o; 3. Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor. c) Convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener una copia, con la oportunidad debida, para preparar la defensa. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ Las tres hipótesis referidas en la segunda regla aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del procedimiento penal; pues mientras que los supuestos 1 y 2 se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el 3 apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria; es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial. Específicamente, la hipótesis 2 hace mención a que el imputado tendrá acceso a los registros de la investigación, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, cuya redacción alude a una posición pasiva de aquél, en la medida que para que pueda tener acceso a tales registros, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo dichas diligencias -recibir declaración o entrevista-; mismas que por antonomasia, son las que, de estimarlas necesarias, realiza el Ministerio Público durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Empero, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en aludir a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, debe precisarse que al resolver la contradicción de tesis 149/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó los derechos fundamentales de defensa adecuada e igualdad procesal a la luz del principio del sigilo en la investigación inicial, para dar respuesta respecto a cuándo opera el derecho del imputado al acceso a los datos que obran en la carpeta de investigación y la obtención de copias fotostáticas. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE En cuanto al derecho de defensa adecuada, la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución Federal, el Ministerio Público tiene la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Al respecto, se destacó que el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, y por otra, los momentos a partir de los cuales quien tenga el carácter de indiciado y su defensor, pueden tener acceso a dicha información. Asimismo, se consideró que para garantizar la defensa adecuada es necesario para el defensor e imputado tener acceso a los datos que obren en la carpeta de investigación para preparar una debida defensa, ya que de no contar con dicha posibilidad, el último de los citados se encuentra en una situación de desventaja respecto a los demás sujetos procesales, toda vez que no cuenta con los elementos suficientes para ofrecer los datos de prueba que puedan desvirtuar la investigación y posible imputación realizada por la representación social, realizar argumentos de derecho que estime convenientes y de conformar una teoría del caso para el debido ejercicio del derecho en mención. No obstante lo anterior, la Primera Sala también analizó el principio de sigilo que rige en las investigaciones ministeriales, el cual debe tomarse en cuenta para justificar los límites al derecho de defensa adecuada. Así, indicó que, por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a la etapa de investigación es el de "sigilo", y quien debe preservarlo es el Ministerio Público, conforme al artículo 21 Constitucional. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ Por ello, dijo que al amparo de esa facultad, el Ministerio Público tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, y en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del ilícito o su no participación en el mismo, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social. Sin embargo, el Alto Tribunal hizo la indicación que el derecho de defensa no implicaba, necesariamente, que el Ministerio Público, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción penal), tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación. En virtud de ello, la Primera Sala determinó que atendiendo a la normativa legal y constitucional aludida, el Ministerio Público debe mantener en reserva los registros que obran en la carpeta de investigación, hasta en tanto no se dé alguno de los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que se determinó que, a partir de que se surta cualquiera de las hipótesis referidas, el imputado y su defensor deberán tener acceso a dichos datos de investigación, con el fin de preparar una debida defensa; lo cual inclusive abarca el derecho de obtener copias de los registros de la investigación, porque de esta manera, las partes tienen una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer datos de pruebas en apoyo a sus pretensiones en esa etapa procesal. Ya que al actualizarse cualquiera de los supuestos previstos por el artículo 20, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de investigación dejan de tener el carácter de reservado para el indiciado o su defensor, y por tanto, no existe motivo para negarle a estos últimos una reproducción de tales constancias. Lo anterior es así, ya que mediante dichas hipótesis el Ministerio Público externa de forma patente su voluntad de investigar 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE a determinada persona, a través de actos de molestia que inequívocamente hacen evidente que se lleva a cabo una indagatoria desformalizada en su contra; en ese supuesto, además de que indudablemente la persona tiene el carácter de imputado, se le permite tener acceso a los registros de la indagatoria porque los actos de investigación podrían afectar su esfera jurídica, de manera que resulta indispensable que se imponga del contenido de la investigación para ejercer adecuadamente su derecho de defensa. En el caso que nos ocupa, de lo manifestado por el impetrante no se advierte que se encuentre en ninguno de los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo 218 del código adjetivo en mención, es decir, no está detenido, no se le ha citado para comparecer como imputado, no ha sido sujeto a algún acto de molestia ni se pretende recibir su entrevista, por lo que el fiscal responsable debe mantener el sigilo o reserva de los registros que obran en la carpeta de investigación de que se trate. En efecto, en esta fase de investigación, es potestad del Ministerio Público decidir cuándo solicitar la comparecencia del imputado u ordenar su entrevista o declaración, si lo considera relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención, pues así lo establece el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido es: "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." Sin que por ello se vulnere el derecho de defensa del quejoso, pues en este momento procesal el Ministerio Público responsable no ha considerado pertinente citarlo a comparecer o recabar su entrevista, por lo que legalmente está respetando la reserva y sigilo que deben guardar los registros de la carpeta de investigación, lo cual también es una función que le es encomendada constitucionalmente. Resulta aplicable al caso, la contradicción de criterios 1a./J. 95/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2817, Tomo: Libro 17, Septiembre de 2022 Tomo III, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025272, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene el temor fundado de que se esté tramitando una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación en atención a ésta, si aún no ha sido citado a comparecer como imputado ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, no puede tener acceso a los registros de la investigación, que por sí sola, no puede generar un acto de molestia. Lo anterior es así, había cuenta que no obstante el carácter de imputado que pudiera tener el quejoso en la carpeta de investigación respectiva, dicha calidad es insuficiente para que se le otorgue acceso a los registros de la indagatoria pues no toda investigación genera esa prerrogativa sino que se requiere un acto de molestia que haga indispensable el ejercicio de su derecho de defensa; lo que en el particular no ha tenido lugar. Estimar lo contrario implicaría sostener que cualquier persona podría tener acceso a una carpeta de investigación -cuyo contenido es reservado-, únicamente porque se ha mencionado su nombre en la indagatoria o por una simple presunción de que se está llevando 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ una investigación en su contra; parámetro interpretativo que sería incompatible con la Constitución, pues ésta, a raíz de la reforma de junio de dos mil ocho, estableció claramente las hipótesis en que se ejerce el derecho a una defensa adecuada durante la investigación desformalizada, las cuales fueron precisadas y ampliadas en el ya invocado artículo 218 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Puntualizado lo anterior y en atención a las consideraciones expuestas, resulta que si el quejoso se duele de la omisión de las autoridades señaladas como responsables Agentes Titulares del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a los Sectores Central, Costa Azul y Coloso, en notificarle la carpeta de investigación que se haya instruido en su contra, para enfrentar un debido proceso y, por ende, ser escuchado y vencido, la demanda de amparo que nos ocupa se torna improcedente, en virtud de que, como se expuso, no resulta factible entorpecer la facultad investigadora de la representación social anteponiendo el interés particular del impetrante al de la sociedad, consistente en que se persigan los delitos. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción I del diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su demanda, y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Castillo Camacho, Israel Castillo Camacho y Andrés Alain Rodríguez Serrano, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho, y únicamente para recibir notificaciones a Leticia Mariano Ventura, por no contar con dicho requisito. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE Se tiene a la parte quejosa proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico, a fin de establecer el contacto respectivo en el presente asunto. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
AVISO: NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL EN LA PARTE MEDULAR DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Eric Rosendo Coronel, por propio derecho, contra actos del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Sector Central, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 1172/2022-VI; y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el primero de los preceptos citados, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En esa tesitura, debe precisarse que del análisis minucioso del libelo actio que se provee, se desprende que, en esencia, el quejoso se duele de la omisión de las autoridades señaladas como responsables Agentes Titulares del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a los Sectores Central, Costa Azul y Coloso, en notificarle la carpeta de investigación que se haya instruido en su contra, para enfrentar un debido proceso y, por ende, ser escuchado y vencido. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción I del diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [...]." En efecto, de conformidad con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, así como a las policías quienes estarán bajo el mando de aquél. De conformidad con el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, en la que deberá realizar todas las líneas de búsqueda posibles, que le permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE Por su parte, el precepto 112 de la codificación nacional de invocada, establece que, en el proceso penal acusatorio oral, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Por ende, es al representante social a quien le corresponde fijar o señalar a quién o a quiénes les recae la calidad de imputados. En ese tenor, el artículo 129 de la citada legislación dispone que el Ministerio Público opera bajo el deber de objetividad; es decir, la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso. Conforme a dicho deber, la fiscalía podrá (con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor), solicitar la comparecencia del imputado, o en su caso, ordenar su declaración, siempre y cuando considere que sea relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Esto es, incumbe al órgano técnico decidir -si así lo estima conveniente para su investigación-, cuándo será citado el imputado para que tenga acceso a los registros que obran en la carpeta respectiva, puesto que los datos que existen en ésta son de carácter "reservado" en tanto no se judicialice. Ya que, en el sistema procesal penal de corte acusatorio, la investigación inicial constituye una etapa en la que medularmente la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez, con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Dicho procedimiento administrativo-penal se traduce en el instrumento con el que cuenta el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales; razón por la cual, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 Así, quien debe preservar ese sigilo o reserva de la información de la carpeta es la representación social, esto si atendemos a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 202/2013, señaló que, conforme al artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público es la autoridad competente para ejercer la acción penal en una averiguación previa, sin que se contemplen distinciones entre personas y mucho menos entre tipos de servidores públicos. En otras palabras, el artículo 21 de la Constitución Federal no tiene una delimitación a cierto ámbito competencial y sirve como parámetro de actuación para todas las autoridades de la República. Por ende, funciona en todos los órdenes jurídicos (federal y estatal) como una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal y el debido proceso. El objetivo histórico de esta disposición constitucional es asignar la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, a fin de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades forme parte de la indagación de los hechos que pudieran o no derivar en una conducta antijurídica. El Ministerio Público se concibe, entonces, como único órgano investigador y acusador, al igual que como consecuente representante social en el proceso penal y, por tanto, es el responsable de que las actuaciones que así lo ameriten se mantengan en sigilo o reserva. La reforma constitucional de dos mil ocho modificó o moduló parcialmente los referidos principios, pues añadió el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares; sin embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores del artículo 21 constitucional. El Ministerio Público conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados y para instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la carpeta de investigación a la autoridad competente. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE Por lo tanto, el que al Ministerio Público Federal o Local se le asigne el poder para ejercer la acción penal, no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino un requisito desde el texto de la Constitución de mil novecientos diecisiete, que actualmente sólo admite dos modulaciones: por una parte, la facultad que detenta la Suprema Corte para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del referido artículo 107, fracción XVI, constitucional y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normatividad secundaria. De ahí que, conforme a lo anterior, el Ministerio Público tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, y en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del ilícito o su no participación en el mismo, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, sin que ello implique, necesariamente, que el Ministerio Público, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación. Máxime que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una restricción que impide a quien tenga reconocido el carácter de imputado durante la etapa de investigación inicial, acudir de manera libre y espontánea; es decir, en el momento en que así lo desee (incluso, sin necesidad de ser citado), a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación. Dicha restricción está prevista en el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Carta Magna, que establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.)" Como puede apreciarse de la simple lectura de la porción constitucional transcrita, la propia Carta Magna reglamenta el acceso del imputado a la carpeta de investigación; el cual se desarrolla de forma específica en los artículos 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: (.) VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. (.) Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. (.) El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De las disposiciones legales transcritas se obtienen las siguientes reglas: a) Los registros de la investigación son estrictamente reservados, por lo que solamente las partes pueden tener acceso a ellos, y; b) El imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando: 1. Aquél se encuentre detenido; 2. Sea citado para comparecer como imputado, o; 3. Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor. c) Convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener una copia, con la oportunidad debida, para preparar la defensa. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 Las tres hipótesis referidas en la segunda regla aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del procedimiento penal; pues mientras que los supuestos 1 y 2 se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el 3 apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria; es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial. Específicamente, la hipótesis 2 hace mención a que el imputado tendrá acceso a los registros de la investigación, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, cuya redacción alude a una posición pasiva de aquél, en la medida que para que pueda tener acceso a tales registros, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo dichas diligencias -recibir declaración o entrevista-; mismas que por antonomasia, son las que, de estimarlas necesarias, realiza el Ministerio Público durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Empero, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en aludir a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, debe precisarse que al resolver la contradicción de tesis 149/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó los derechos fundamentales de defensa adecuada e igualdad procesal a la luz del principio del sigilo en la investigación inicial, para dar respuesta respecto a cuándo opera el derecho del imputado al acceso a los datos que obran en la carpeta de investigación y la obtención de copias fotostáticas. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE En cuanto al derecho de defensa adecuada, la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución Federal, el Ministerio Público tiene la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Al respecto, se destacó que el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, y por otra, los momentos a partir de los cuales quien tenga el carácter de indiciado y su defensor, pueden tener acceso a dicha información. Asimismo, se consideró que para garantizar la defensa adecuada es necesario para el defensor e imputado tener acceso a los datos que obren en la carpeta de investigación para preparar una debida defensa, ya que de no contar con dicha posibilidad, el último de los citados se encuentra en una situación de desventaja respecto a los demás sujetos procesales, toda vez que no cuenta con los elementos suficientes para ofrecer los datos de prueba que puedan desvirtuar la investigación y posible imputación realizada por la representación social, realizar argumentos de derecho que estime convenientes y de conformar una teoría del caso para el debido ejercicio del derecho en mención. No obstante lo anterior, la Primera Sala también analizó el principio de sigilo que rige en las investigaciones ministeriales, el cual debe tomarse en cuenta para justificar los límites al derecho de defensa adecuada. Así, indicó que, por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a la etapa de investigación es el de "sigilo", y quien debe preservarlo es el Ministerio Público, conforme al artículo 21 Constitucional. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 Por ello, dijo que al amparo de esa facultad, el Ministerio Público tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, y en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del ilícito o su no participación en el mismo, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social. Sin embargo, el Alto Tribunal hizo la indicación que el derecho de defensa no implicaba, necesariamente, que el Ministerio Público, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción penal), tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación. En virtud de ello, la Primera Sala determinó que atendiendo a la normativa legal y constitucional aludida, el Ministerio Público debe mantener en reserva los registros que obran en la carpeta de investigación, hasta en tanto no se dé alguno de los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que se determinó que, a partir de que se surta cualquiera de las hipótesis referidas, el imputado y su defensor deberán tener acceso a dichos datos de investigación, con el fin de preparar una debida defensa; lo cual inclusive abarca el derecho de obtener copias de los registros de la investigación, porque de esta manera, las partes tienen una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer datos de pruebas en apoyo a sus pretensiones en esa etapa procesal. Ya que al actualizarse cualquiera de los supuestos previstos por el artículo 20, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de investigación dejan de tener el carácter de reservado para el indiciado o su defensor, y por tanto, no existe motivo para negarle a estos últimos una reproducción de tales constancias. Lo anterior es así, ya que mediante dichas hipótesis el Ministerio Público externa de forma patente su voluntad de investigar OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE a determinada persona, a través de actos de molestia que inequívocamente hacen evidente que se lleva a cabo una indagatoria desformalizada en su contra; en ese supuesto, además de que indudablemente la persona tiene el carácter de imputado, se le permite tener acceso a los registros de la indagatoria porque los actos de investigación podrían afectar su esfera jurídica, de manera que resulta indispensable que se imponga del contenido de la investigación para ejercer adecuadamente su derecho de defensa. En el caso que nos ocupa, de lo manifestado por el impetrante no se advierte que se encuentre en ninguno de los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo 218 del código adjetivo en mención, es decir, no está detenido, no se le ha citado para comparecer como imputado, no ha sido sujeto a algún acto de molestia ni se pretende recibir su entrevista, por lo que el fiscal responsable debe mantener el sigilo o reserva de los registros que obran en la carpeta de investigación de que se trate. En efecto, en esta fase de investigación, es potestad del Ministerio Público decidir cuándo solicitar la comparecencia del imputado u ordenar su entrevista o declaración, si lo considera relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención, pues así lo establece el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido es: "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." Sin que por ello se vulnere el derecho de defensa del quejoso, pues en este momento procesal el Ministerio Público responsable no ha considerado pertinente citarlo a comparecer o recabar su entrevista, por lo que legalmente está respetando la reserva y sigilo que deben guardar los registros de la carpeta de investigación, lo cual también es una función que le es encomendada constitucionalmente. Resulta aplicable al caso, la contradicción de criterios 1a./J. 95/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2817, Tomo: Libro 17, Septiembre de 2022 Tomo III, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025272, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene el temor fundado de que se esté tramitando una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación en atención a ésta, si aún no ha sido citado a comparecer como imputado ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, no puede tener acceso a los registros de la investigación, que por sí sola, no puede generar un acto de molestia. Lo anterior es así, había cuenta que no obstante el carácter de imputado que pudiera tener el quejoso en la carpeta de investigación respectiva, dicha calidad es insuficiente para que se le otorgue acceso a los registros de la indagatoria pues no toda investigación genera esa prerrogativa sino que se requiere un acto de molestia que haga indispensable el ejercicio de su derecho de defensa; lo que en el particular no ha tenido lugar. Estimar lo contrario implicaría sostener que cualquier persona podría tener acceso a una carpeta de investigación -cuyo contenido es reservado-, únicamente porque se ha mencionado su nombre en la indagatoria o por una simple presunción de que se está llevando OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 una investigación en su contra; parámetro interpretativo que sería incompatible con la Constitución, pues ésta, a raíz de la reforma de junio de dos mil ocho, estableció claramente las hipótesis en que se ejerce el derecho a una defensa adecuada durante la investigación desformalizada, las cuales fueron precisadas y ampliadas en el ya invocado artículo 218 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Puntualizado lo anterior y en atención a las consideraciones expuestas, resulta que si el quejoso se duele de la omisión de las autoridades señaladas como responsables Agentes Titulares del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a los Sectores Central, Costa Azul y Coloso, en notificarle la carpeta de investigación que se haya instruido en su contra, para enfrentar un debido proceso y, por ende, ser escuchado y vencido, la demanda de amparo que nos ocupa se torna improcedente, en virtud de que, como se expuso, no resulta factible entorpecer la facultad investigadora de la representación social anteponiendo el interés particular del impetrante al de la sociedad, consistente en que se persigan los delitos. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción I del diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su demanda, y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Castillo Camacho, Israel Castillo Camacho y Andrés Alain Rodríguez Serrano, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho, y únicamente para recibir notificaciones a Leticia Mariano Ventura, por no contar con dicho requisito. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE Se tiene a la parte quejosa proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico, a fin de establecer el contacto respectivo en el presente asunto. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
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