Eric Rolando Zamudio Rosas
Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eric Rolando Zamudio Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 676/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 676/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa ERIC ROLANDO ZAMUDIO ROSAS por propio derecho y en representación de sus menores hijos, promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1, 3-14). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 15-19) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercero interesada Josefina Jiménez González, misma que fue emplazada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno (foja 41 vuelta). Asimismo se hace constar que la tercera interesada no se apersonó a juicio. Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 28-29). Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 48). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción II, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio1 y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece.Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, el informe justificado y las copias certificadas del juicio ordinario civil 1355/2020 se aprecia que el mismo consiste en: ? La resolución de veintiséis de agosto dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 1355/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, que declaró procedente la reclamación que hizo valer la allí demandada hoy tercero interesada, en contra de la medida provisional contenida en el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, modificando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada a cargo de la demandada (aquí tercero interesada) que consistió en el 40% (CUARENTA POR CIENTO) del salario y demás prestaciones que perciba la demandada como Doctora del Sector Salud, y en su lugar fijar el 30% (TREINTA POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones que percibe dicha demandada, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales, esto es, deben de exceptuarse impuestos, así como gastos de representación y viáticos, por no formar parte del salario (resolución notificada por lista de acuerdos al quejoso, el propio veintiséis de agosto de dos mil veintiuno fojas 437-445 del Tomo I cuaderno de pruebas). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 28). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 437-445 del Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."2 CUARTO. Procedencia del Juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos deviolación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."3 QUINTO. Constitucionalidad del acto. Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, son infundados. Sirve de apoyo la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido se leen:4 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente." PREMISAS SOBRE ALIMENTOSA título de premisas que servirán al suscrito juzgador para dar solución al problema jurídico planteado, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador tomó como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, laceleridad con que se resuelve el recurso de reclamación contra la pensión provisional de alimentos, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver salvo que se encuentre presente la necesidad de atender el interés superior del menor. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito5, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Así como la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el mismo órgano colegiado6, que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo decierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." Interés Superior del Menor Ahora es importante señalar el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño", con relación al cual se ha establecido que: 1. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional que se encuentra expresamente previsto en la regulación de los derechos de los menores contenidos en el artículo 4o. constitucional, y en correspondencia con el ánimo del Estado Mexicano de adecuar el marco normativo constitucional a los compromisos internacionales contraídos en el ámbito mundial. 2. El interés superior del niño es una expresión que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Además, acorde con el artículo 3.1. de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas que tomen los tribunales, concernientes a los niños, será de atención primordial el interés superior del niño. 3. En armonía con lo anterior, ha sostenido que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los derechos humanos de algún menor, y que para dar sentido a la norma, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. 4. Se ha sostenido que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en la labor jurisdiccional, emerge en el ámbito procesal, pues con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del o los menores justiciables. Así las cosas, en un juicio de alimentos -como en la especie acontece- en el que un menor figura como actor material y acreedor, el planteamiento o solicitud de incremento de la pensión alimentaria correspondiente, revela que el derecho a percibir alimentos del menor no se encuentra, cuando menos desde un punto de vista jurídico, en un estado de desamparo total, a partir de que existe una determinación judicial que ha fijado una pensión alimenticia en favor del menor con el propósito de hacer frente a las necesidades básicas del niño o de la niña, que se encuentran comprendidas en el rubro de alimentos. Sin embargo, la ausencia de desamparo jurídico total en materia de alimentos para un menor, no puede interpretarse como una condición que releve al juzgador de atender el interés superior del menor sobre cualquier asunto relacionado con ese tópico (pensión alimenticia) dado que tal interés subsiste como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse al menor en materia de alimentos o que pueda afectar los derechos alimentarios del menor, como sucede en el caso de la solicitud de disminución de tal pensión; y en consecuencia, aun cuando exista una determinación judicial que haya establecido una pensión alimenticia en favor de un menor, para dar sentido a las normas aplicables en materia de alimentos, se deben tomar en cuenta los deberesde protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Dicho en otras palabras, tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento, disminución o fijación de una "pensión mayor", subsiste el deber constitucional de los tribunales de atender al interés superior del menor. En la misma línea argumentativa, si tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento, disminución o fijación de una "pensión mayor", subsiste el deber constitucional de los tribunales de atender al interés superior del menor. Aunado al hecho de que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en el ámbito jurisdiccional emerge en el ámbito procesal, en el sentido de que, con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, como es el juicio de alimentos promovidos en su favor, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del menor justiciable. Entonces, es inconcuso que tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento o fijación de una "pensión mayor", sí existe el deber del juzgador de la causa de recabar oficiosamente todas las pruebas y ordenar todas las diligencias que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos alimentarios del menor justiciable. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia por Contradicción, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia Civil, con número de registro 2004039, Página 395 del rubro y texto siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA INCREMENTARLA CUANDO EL ACTOR MATERIAL Y ACREEDOR EN EL JUICIO RELATIVO SEA UN MENOR DE EDAD, EL JUEZ PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA. La solicitud de incrementar la pensión alimenticia en un juicio en el que un menor figura como actor material y acreedor, revela que su derecho a percibir alimentos no está jurídicamente desamparado, pues existe una determinación judicial que ha fijado una pensión alimenticia en su favor; sin embargo, ello no puede interpretarse como una condición que releve al juzgador de atender el interés superior de aquél, ya que subsiste como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse al menor en materia de alimentos (como las aplicables a la solicitud de incremento de la pensión respectiva). De ahí que el Juez cuente con un amplio abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos alimentarios del menor." Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1355/2020, remitidas por el juez responsable,cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se encuentran en el Tomo I, cuaderno de pruebas. a).- Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, ERIC ROLANDO ZAMUDIO ROSAS en representación de sus menores hijos demandó en la vía ordinaria civil a Josefina Jiménez González entre otras prestaciones, el pago de pensión alimenticia (fojas 1-6). b).- En proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento de la demandada (lo que se hizo el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno fojas 195-208) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional que consistió en el 20% (VEINTE POR CIENTO) para cada menor, que sumado hace un total del 40% (CUARENTA POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones que perciba la demandada Josefina Jiménez González como Doctora del Sector Salud, por lo cual se ordenó girar oficio al Pagador y/o Director de la Secretaría de Salud de Veracruz (fojas 14-17). c).- Mediante escrito de cinco de abril de dos mil veintiuno Josefina Jiménez González interpuso reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el veintiocho de octubre de dos mil veinte con el que se dio vista al demandante (fojas 241-295) misma que se desahogó y mediante auto de catorce de junio de dos mil veintiuno se turnó a resolver el recurso de reclamación (fojas 300 vuelta-304 y 306-309). d).- El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó la resolución correspondiente (acto reclamado) en la cual, al estimar procedente la reclamación promovida por la demandada, redujo el monto de la pensión alimenticia inicialmente (fojas 437-445). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN. Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable sustentó toralmente procedencia de la modificación de la pensión provisional alimenticia inicialmente decretada, basada en las siguientes consideraciones: En el caso particular, no se trasgrede el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de la legislación civil local, pues se observa que el juzgador de origen al fijar de inicio la pensión alimenticia provisional, se basó en las manifestaciones externadas por el ahora quejoso ERIC ROLANDO ZAMUDIO ROSAS, así como en las pruebas que éste aportó, por ser los únicos datos con los que contaba hasta ese momento. Por otra parte, la demandada (aquí tercero interesada) al plantear la reclamación, acreditó documentadamente que cumple con atención médica a través de la seguridad social a favor de los menores acreedores alimentarios, y que la demandada antes de que se decretara el depósito judicial de sus menores a favor de su progenitor, tuvo que realizar diversas compras en beneficio de los menores acreedores alimentarios para llevar sus clases virtuales y que ahora la demandada tiene que cubrir esos gastos, además de que se constató los gastos que efectúa por concepto de vivienda ante el FOVISSSTE en atención a los recibos de nómina y los gastos que realiza por alimentos propios, con lo cual se ve disminuida su capacidad económica, circunstancia que desconocía el Juez de origen al momento de decretar la pensión alimenticia provisional y como consecuencia, dicha autoridad responsable resolvió declarar procedente la reclamación interpuesta por el deudor alimentario (aquí quejoso) y modificar la pensión alimenticia provisional del 40% (CUARENTA POR CIENTO) al 30% (TREINTA POR CIENTO) del salario y demás prestaciones de la demandada. Lo que es acorde con la ya citada jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al respecto es posible afirmar, que en la reclamación, la demandada probó que con la pensión alimenticia provisional fijada, su capacidad económica se veía afectada y que cumple con atención médica a través de la seguridad social a favor de sus acreedores alimentarios.En consecuencia, el juez responsable estuvo en lo correcto en declararla procedente, al transgredirse el principio de proporcionalidad que en el Estado de Veracruz rige esa materia. En ese contexto, si en esa etapa del procedimiento, se justificó lo anterior, es innegable que se torna procedente la modificación de la pensión solicitada, como enseguida se verá. De la resolución reclamada se advierte que para declarar procedente la modificación de la pensión inicial el juez consideró que el demandada cumple con el rubro de atención médica a través de la seguridad social a favor de los menores acreedores alimentarios. Tal consideración del acto reclamado es ajustada a derecho. Lo anterior se sostiene en la medida que se observa que el juez responsable tomó en cuenta dichos extremos y valoró las pruebas aportadas a esa etapa de la reclamación, como lo fueron, entre otros, de la parte actora: Copia certificada del acta de nacimiento número 460, de la acreedora alimentaria de iniciales E.X.Z.J. de fecha de registro veintiséis de agosto de dos mil diez, y la diversa Copia certificada del acta de nacimiento número 138, del acreedor alimentario de iniciales E.R.Z.J. de fecha de registro veintiuno de marzo de dos mil siete, expedidas por el Director General del Registro Civil de la Ciudad de Veracruz (foja 10-11 del Tomo I cuaderno de pruebas). Documentales a las cuales le atribuyó valor conforme a lo que disponen los artículos 235, fracción II, 261 fracción IV y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el numeral 671 del Código Civil, ambos vigentes en el Estado, con la cual quedó demostrado el vínculo de filiación de madre e hijos, entre la deudora y los acreedores alimentarios menores de edad, en donde surge el derecho de sus hijos menores de edad a recibir alimentos por la deudora alimentario, demostrándose los extremos que prevén los numerales 234, 239 y 242 del Código Civil del Estado, además de que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos en términos de los artículo 239 del mismo ordenamiento legal. Y por parte de la demandada, entre otros: las Tres impresiones de comprobantes de percepciones y descuentos correspondientes a la demandada Josefina Jiménez González; doce facturas emitidas por el Instituto Cultural Alaradi A.C.; diversos tickets de pago emitidos por Coppel S.A. de C.V. y Wata Group S.A. de C.V.; dos factura emitidas por The Institute, recibo por concepto de asesorías de matemáticas; recibo de honorarios 7190 emitido por Beatriz Eugenia Murillo Gutiérrez, una constancia de vigencia de derechos (fojas 250-265, 285, 110-111 y 118 del Tomo I cuaderno de pruebas). Documentales a las cuales le atribuyó valor probatorio pleno conforme a lo establecido por los numerales 210, 235 fracción III, 330, 334 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con las cuales se acredita los gastos erogados por la demandada ((aquí tercero interesada) cuando los menores acreedores se encontraban a su cargo antes que se decretara el depósito judicial a favor de su progenitor y que les proporciona seguridad social a los menores (acreedores alimentarios) y que incluso los tiene dados de alta ante el Instituto de Seguridad Social y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y se advierte que los menores, tienen el servicio médico que le proporciona la fuente de trabajo a la deudora alimentaria. En lo tocante a la capacidad económica de la deudora alimentaria, el Juez de origen adujo que quedó acreditada con los Tres impresiones de comprobantes de percepciones y descuentos correspondientes a la demandada Josefina Jiménez González (fojas 250-252 Tomo I cuaderno de pruebas) aportados por la demandada al momento de interponer el recurso de reclamación, lo que indica que obtiene un ingreso, otorgándole a lo anterior valor probatorio en términos del artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, así como los estudios realizados tanto al actor como a la demandada por medio del Desarrollo Integral de la Familia de Alvarado; Veracruz (fojas 213-230 y 331-348 Tomo I cuaderno de pruebas) pruebas a las cuales el juez de origen les dio valor probatorio conforme a lo establecido en los numerales 235fracción III, 239, 334 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en las cuales consta la capacidad económica de la demandada, en su centro de trabajo, de acuerdo a los recibos de nómina que correspondieron al mes de febrero comprendido del 16 al 28 del dos mil veintiuno, obtuvo por percepciones la cantidad de $18,326.39 (dieciocho mil trescientos veintiséis pesos 39/100 M.N.) de deducciones la cantidad de $7,640.69 (siete mil seiscientos cuarenta pesos 69/100 M.N.) dentro de las cuales se advierte la cantidad de $2,498.55 (dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 55/100 M.N.) por concepto de Amortización FOVISSSTE S.M.) por concepto de vivienda, quedándole un líquido por la cantidad de $10,685.70 (diez mil seiscientos ochenta y cinco pesos 35/100 M.N.) por lo que hace al mes de marzo del periodo del 1 al 15 del dos mil veintiuno, obtuvo como percepciones la cantidad de $18,326.39 (dieciocho mil trescientos veintiséis pesos 39/100 M.N.) de deducciones la cantidad de $7,640.69 (siete mil seiscientos cuarenta pesos 69/100 M.N.) dentro de las cuales se advierte la cantidad de $2,498.55 (dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 55/100 M.N.) por concepto de Amortización FOVISSSTE S.M.) por concepto de vivienda, quedándole un líquido por la cantidad de $10,685.70 (diez mil seiscientos ochenta y cinco pesos 35/100 M.N.) del 16 al 31 de marzo del dos mil veintiuno, obtuvo como percepciones la cantidad de $18,326.39 (dieciocho mil trescientos veintiséis pesos 39/100 M.N.) de deducciones la cantidad de $17,414.77 (diecisiete mil cuatrocientos catorce pesos 77/100 M.N.) dentro de las cuales se advierte la cantidad de $2,498.55 (dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 55/100 M.N.) por concepto de Amortización FOVISSSTE S.M.) por concepto de vivienda, quedándole un líquido por la cantidad de $911.62 (novecientos once pesos 62/100 M.N.) ya con el descuento de la pensión alimenticia ya decretada, de ahí que puede sufragar los gastos alimentarios de sus menores acreedores, pues son al deudor alimentario a quien corresponde suministrarlos, en términos de los numerales 233 y 234, en íntima relación con el numeral 239 del Código Civil del Estado de Veracruz, ya que tratándose de dos menores, los alimentos deben comprender comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad, y los gastos necesarios para la educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, máxime que los hijos menores de edad gozan de la presunción de necesitar alimentos. De igual forma el juez de origen, tomó en cuenta entre otros, diversas Impresiones de la tienda departamental Liverpool (fojas 266-271 Tomo I cuaderno de pruebas) a las cuales les dio valor probatorio conforme a lo establecido en los numerales 210, 235 fracción III, 239, 334 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con los cuales quedó justificado los equipos de cómputo que fueron adquiridos por la demandada en dicha tienda departamental (laptop, impresora y PC Monitos) por las cantidades de $8,999.00 (ocho mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) $3,399.00 (tres mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y $6,599.00 (seis mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) los cuales fueron adquiridos mediante crédito, documentales que se encuentran adminiculadas con el Informe que rindió la Directora de la Secundaria "Instituto de la Vera Cruz" de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 392-394 Tomo I cuaderno de pruebas) a las cuales el juez de origen les dio valor probatorio conforme a lo establecido en los numerales 235 fracción III, 239, y 330 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con las cuales se acreditó que los menores desde antes de encontrarse depositados en favor de su progenitor, sus primeras clases virtuales eran cuando estaban bajo la guarda y custodia de su progenitora, corroborándose que las compras fueron realizadas por la demandada y utilizadas en beneficio de los menores acreedores alimentarios, y que ahora la demandada debe cubrir esos gastos, lo cual afecta a su capacidad económica Asimismo, Tocante a la necesidad de los acreedores alimentaria (dos menores de edad) el juez responsable, adujo que se trata dos menores de edad (once y catorce años) quienes tiene la presunción legal de ser alimentados por lademandada (aquí tercero interesada) siendo un hecho notorio que tienen las necesidades alimentarias de comida, vestido, habitación, asistencia médica en casos de enfermedad, y que los gastos de los menores son adecuados al estatus social medio. Por ello, el resolutor primario al advertir que la demandada proporciona servicio médico a la deudora menor, y que la demandada antes de que se decretara el depósito judicial de sus menores a favor de su progenitor, tuvo que realizar diversas compras en beneficio de los menores acreedores alimentarios para llevar sus clases virtuales y que ahora la demandada tiene que cubrir esos gastos, además de que se constató los gastos que efectúa por concepto de vivienda ante el FOVISSSTE en atención a los recibos de nómina y los gastos que realiza por alimentos propios, con lo cual se ve disminuida su capacidad económica, por lo que tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, esto es la necesidad del deudor alimentario y la posibilidad del obligado previsto por el precepto 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, modificó la pensión provisional, tomando en cuenta además que la deudora alimentario cuenta con sus propias necesidades, que vive en domicilio separado de sus acreedores alimentarios, lo que le genera mayores gastos, ya que debe proveerse de alimentos (vestido, calzado y cubrir sus requerimientos propios de donde vive). Por tanto, con base en esas circunstancias acreditadas en autos, que el juez responsable apreció correctamente, se puede concluir que es ajustado a derecho declarar procedente la reclamación que hizo valer la allí demandada hoy tercero interesada, en contra de la medida provisional contenida en el auto de radicación del citado juicio, modificando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada a cargo de la demandada (aquí tercero interesada) que consistió en el 40% (CUARENTA POR CIENTO) del salario y demás prestaciones que perciba la demandada como Doctora del Sector Salud, y en su lugar fijar el 30% (TREINTA POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones que percibe dicha demandada. Contestación a los conceptos de violación del quejoso El quejoso ERIC ROLANDO ZAMUDIO ROSAS, plantea que el juez responsable contravino lo dispuesto en los artículos 1, 4, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de considerar que la resolución impugnada no se encuentra fundada ni motivada, considerando que al reducir la pensión provisional, el juez de origen no tomó en cuenta que todos los gastos que genera la demandada son cubiertos por la pensión alimenticia que desde el año dos mi doce, le fue decretada a favor de sus menores hijos, consistente en el 35% (treinta y cinco por ciento) de su sueldo y demás prestaciones que percibe como doctor en el Sector Salud del SETMAR en los autos del Juicio Ordinario Civil número 1061/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Veracruz y a la fecha sigue cobrando la demandada, aunado a que cuenta con un acreedor alimentario más, lo que se acredita con el acta de nacimiento de su menor hija, ofrecida como prueba superveniente por la tercero interesada. En la especie, son infundadas tales aseveraciones, en la medida que de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable, para resolver la reclamación y declararla procedente, tomó en cuenta las probanzas que la deudora alimentista (aquí tercero interesada) aportó y que justificaron que le proporcionaba a los menores acreedores servicio médico, y que la demandada antes de que se decretara el depósito judicial de sus menores a favor de su progenitor, tuvo que realizar diversas compras en beneficio de los menores acreedores alimentarios para llevar sus clases virtuales y que ahora la demandada tiene que cubrir esos gastos, además de que se constató los gastos que efectúa por concepto de vivienda ante el FOVISSSTE en atención a los recibos de nómina y los gastos que realiza por alimentos propios, con lo cual se ve disminuida su capacidad económica, circunstancias que no se conocían al fijar la inicial pensión provisional alimenticia y que fue idónea a su juicio para modificar dicha pensión. Aunado a que de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1355/2020 no se advierte se advierte que en el desahogo de la vista del recurso de reclamación(fojas 306-309 del Tomo I cuaderno de antecedentes) el quejoso haya acreditado contar con un acreedor alimentario más, ni que la demandada haya aportado como prueba superviniente el acta de nacimiento de su menor hija, como lo hace valer en su concepto de violación. Asimismo, de autos se desprende que la tercero interesada presentó como prueba superveniente copia autorizada del Incidente de Cancelación de alimentos del Juicio Ordinario Civil número 1061/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Veracruz, promovido por el ahora quejoso el veinte de octubre de dos mil veinte (fojas 312-313 y 316-321 del Tomo I cuaderno de pruebas) sin que de autos se advierta el estado procesal de dicho juicio. Por otra parte, el quejoso que en el desahogo de vista de la reclamación hizo mención que la reclamación debió haber sido desechada por el juez de origen, por ser extemporánea, toda vez que el escrito fue presentado por la tercero interesada el cinco de abril de dos mil veintiuno y que recurre el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte y que la demandada (aquí tercero interesada) fue emplazada a juicio con antelación, tan es así que en auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda; argumentos que resultan infundados pues como lo refirió el juez de origen, no resulta procedente el desechamiento, ya que si bien en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se decretó como medida cautelar pensión alimenticia provisional a cargo de la tercero interesada Josefina Jiménez González pero que tal medida estaría condicionada hasta que fuera decretado el depósito judicial de personas, es por ello que sería inverosímil que la demandada interpusiera el recurso en ese momento, después de haber sido emplazada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, aunado a que se trata de un asunto de índole familiar, en donde se dirimen cuestiones inherentes a dos menores acreedores alimentarios y que impresa el interés superior del menor. De ahí que resultan infundados los conceptos de violación de la quejosa. CONCLUSIÓN La resolución aquí reclamada resulta ajustada a derecho, dado que aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 13087, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que elaumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ERIC ROLANDO ZAMUDIO ROSAS por propio derecho y en representación de sus menores hijos, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Lo anterior se notifica por este medio a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Municipal, en Alvarado, Veracruz, mediante el cual devuelve DILIGENCIADO el despacho 756/2020-D/I/AC (orden 1162/2021) el cual se libró a efecto de notificar a la tercera interesada Josefina Jiménez González, la suspensión provisional concedida a la parte quejosa; por tanto, dese de baja el despacho de mérito, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto en este Juzgado. En esas condiciones, téngase por legalmente notificada de la suspensión provisional al citado tercero interesado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
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