Eric Reyes García
Expediente 1414/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 28 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1414/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 09/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eric Reyes García
- Juez de Control Y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
El que suscribe José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa, del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho al dos de enero de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil dieciocho. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Sí se tramitó incidente de suspensión por separado; sin embargo, no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía que amerite su devolución. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de enero de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Luego, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, tomando en consideración de que se negó la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese dicho incidente al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurran los seis meses a que alude el reiterado acuerdo se lleve a cabo su destrucción. Por último, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con diez minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1414/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo (fojas 2 a 6), del informe justificado rendido por las autoridades responsables agente del ministerio público número diez adscrita a la Unidad de Investigación Mixta (fojas 31 a 32), fiscal general del estado (foja 33), y juez y notificadora del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital (fojas 35 y 41); todos con sede en esta ciudad; el emplazamiento de los terceros interesados agente del ministerio público adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital (foja 152), y Godfrey Carrillo Sánchez (foja 170); asimismo, se hace constar que por auto de veintinueve de agosto del presente año (foja 75), se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables denominadas por el quejoso como comandante encargado de cumplimentar órdenes de detención y aprehensión, director de aprehensiones, subdirector de aprehensiones y comandante en jefe de operaciones, responsables del cumplimiento de órdenes de aprehensiones, todos de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; y, por lo que respecta a las autoridades tildadas de inexistentes, no se tomen en consideración al momento de emitir el fallo correspondiente. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con las documentales exhibidas por las responsables juez y notificadora del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial, residentes en esta ciudad, consistentes en copias certificadas de la causa penal 655/2018 y copia certificada electrónica (DVD), de la audiencia celebrada el diez de septiembre del año en curso, por el aludido juez de control (fojas 37 a 40, 43 a 46 y 182). A lo que el juez provee: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. A continuación, abierto el periodo de alegatos, el secretario relaciona los formulados por la representación social de la adscripción en los pedimentos 1467/2018, 1468/2018, 1469/2018, 1470/2018, 1471/2018, 1472/2018, 1473/2018, 1474/2018 y 1475/2018 visibles a fojas 58 a 68. El juez acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen vertidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1414/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Eric Reyes García, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: -Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas. -Oficial Notificador del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas. -Procurador General de Justicia del estado de Zacatecas. -Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta única de investigación, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas. Actos reclamados: - "(.) La notificación como imputado del acuerdo de fecha once de julio del año dos mil dieciocho, notificación que se llevó a cabo en fecha dieciséis de julio del presente año dos mil dieciocho, mismo que fue dictado por la licenciada ALA ROSA GONZÁLEZ PÉREZ, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de la Capital dentro de la causa penal marcada con el número 655/2018, misma que se dice se instruye en mi contra por el delito de FRAUDE, cometido en perjuicio de GODFREY CARRILLO SÁNCHEZ, y del que se desprende que se me está citando para las (9:00) NUEVE HORAS DEL DIA QUINCE (15) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para celebrar AUDIENCIA INCICIAL en sala 1(UNO), de ese juzgado, y del cual se desprende que deberé presentarme en Boulevard Héroes de Chapultepec, número dos mil dos letra A (2002-A), DE ciudad de Gobierno Zacatecas, Zacatecas, y en la referida notificación se me hace del conocimiento que deberé presentarme quince minutos antes de la hora señalada, debidamente identificado, y acompañado de mi defensor particular, y se me hace el apercibimiento, que en caso de no presentarme sin causa que lo justifique se me podrá declarar sustraído de la acción de la justicia y dará lugar a la emisión en mi contra de orden de comparecencia o de aprehensión". -"(.) LA ORDEN DE PRESENTACIÓN, APREHENSIÓN, DETENSIÓN (sic) O CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PÚBLICA, girada en mi contra, misma que se ha pretendido cumplimentar y que definitivamente esta viola en mi perjuicio las garantías de audiencia y legalidad, procedibilidad, que se consagran en los artículos 14, y 16, de la Constitución General de la República". Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: A). COMO ORDENADORAS: 1. Al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de Zacatecas. -El acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, por el que se cita al quejoso el quince de agosto de dos mil dieciocho, a la audiencia inicial o de imputación, en la causa penal 655/2018. -Orden de presentación, aprehensión y/o detención. 2. Oficial Notificador del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas. -La notificación del acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, a través del cual se le cita al quejoso el quince de agosto de dos mil dieciocho a la audiencia inicial o de imputación, en la causa penal 655/2018. B). COMO EJECUTORAS: 1. Fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas (denominación correcta). 2. Agente del Ministerio Público Número Diez adscrita a la Unidad de Investigación Mixta, residente en esta ciudad (denominación correcta). -Ejecución de la orden de presentación, aprehensión y/o detención. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que el quejoso atribuye a las autoridades que señaló como responsables juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, fiscal general de Justicia y agente del ministerio público número diez adscrita a la Unidad de Investigación Mixta, todos del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, pues al rendir el informe justificado negaron los actos relativos a la emisión de la orden de presentación, aprehensión o detención y ejecución de la misma (fojas 31, 33 y 35, respectivamente). En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, y sin prueba en contrario desahogada en la audiencia constitucional que desvirtúe dicha negativa; consecuentemente, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades indicadas. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables juez y notificadora del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, ambos con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos relativos a la emisión y notificación del auto de once de julio de dos mil dieciocho, por el que se cita al quejoso el quince de agosto de dos mil dieciocho, a la audiencia inicial o de imputación, en la causa penal 655/2018; de ahí que se tengan acreditados los mismos. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del auto once de julio del presente año, emitido dentro de los autos de la causa penal 655/2018 y la notificación al quejoso el dieciséis de julio del año en curso, que las citadas responsables remitieron con su informe justificado; así como la copia certificada electrónica (DVD), de la audiencia celebrada el diez de septiembre del año en curso por el aludido juez de control, documentales públicas que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. QUINTO. Improcedencia. En el caso, no se analizara la litis constitucional, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Al respecto, se precisa que la causa de improcedencia de cesación de efectos, está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación de la jurisprudencia transcrita, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, valoradas con antelación, en lo de interés se advierte: Mediante demanda de amparo interpuesta el veintisiete de julio del presente año, la parte quejosa reclamó: la citación para desahogo de la audiencia inicial o de imputación, el quince de agosto de dos mil dieciocho, dentro de los autos de la causa penal 655/2018, instruida en su contra por el delito de fraude, en perjuicio de Godfrey Carrillo Sánchez. Las autoridades responsables rindieron informes justificados aceptando los actos atribuidos por el impetrante del amparo. Ahora, por auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio 4625 de la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, al que adjuntó copia certificada electrónica (DVD), de la audiencia celebrada el diez de septiembre del año en curso; de la que analizada se advierte que en esa fecha, al pretender llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, el Agente del Ministerio Público con consentimiento de la víctima, se desistió de la solicitud de impugnación formulada, por lo que la causa penal 655/2018 fue reservada, dejando expedido el derecho de la aludida fiscal para realizar la petición que crea conveniente (fojas 181 y 182). Lo anterior, revela que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, es inconcuso, que la violación constitucional reclamada quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria; esto es, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, respecto a dicho acto reclamado, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los normativos 74 y 124 de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de derechos, promovido por Eric Reyes García, en términos de las consideraciones tercera y quinta de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 23751. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, signado por la encargada de causas del Juzgado de Control del distrito judicial de la capital, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos e informa que el diez de septiembre del año en curso, se pretendió llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la que el agente del Ministerio Público, con consentimiento de la víctima, se desistió, por lo que la causa se encuentra en reserva, dejando expedito el derecho de la fiscal para realizar la petición que crea conveniente, circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta (DVD) que contiene la actuación descrita; misma que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la referida audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.
- Principal
El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la suscrita Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado certifica: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el tercero interesado Godfrey Carrillo Sánchez, fue emplazado al presente juicio de amparo el veintinueve de octubre del año en curso (foja ciento setenta); en tales condiciones, con el objeto de evitar innecesarias reposiciones del procedimiento, dese vista al aludido tercero interesado con los informes justificados de las autoridades responsables, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, y en consideración a que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, se difiere la misma y se fijan las diez horas con diez minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, para que dentro del término de tres días contado a partir del momento en que quede debidamente notificada del presente proveído, informe el estado procesal que guarda la causa penal 655/2018, de su índice y remita a este órgano jurisdiccional las constancias justificativas, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. *EMVG
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