Eric Ortiz Tolentino y Otros.
Expediente 1041/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Erika Magaly Ortiz Tolentino y Otros.
- Eric Ortiz Tolentino y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El autorizado de la parte quejosa solicita la devolución de los documentos originales y copias certificadas que fueron presentados en el juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes... infórmesele que dicha solicitud deberá dirigirla al juicio de amparo 571/2015-IV-A del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, debido a que dicho Juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autoriazado de la parte quejosa; en atención a su contenido, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia simple de las constancias que indica y entréguesele al promovente o profesionistas que autoriza para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual dan cumplimiento a lo requerido en autos. En consecuencia, analizada la demanda de amparo promovida por Servicios Hoteleros el Tajín. Sociedad Anónima de Capital Variable., Erika Magaly Ortiz Tolentino, Eric Ortiz Tolentino y Manuel Barbeito Morales. Ahora bien, cabe destacar que la competencia es un presupuesto que por ser de orden público, resulta indispensable analizar con prioridad a cualquier otra cuestión. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito que se provee, así como de diversas constancias que obran en autos, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Ahora bien, para determinar si este órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda de amparo, es necesario precisar, que de diversas constancias que obran agregadas en autos, se advierte que los domicilios fiscales de los diversos quejosos se ubican en Poza Rica y San Miguel Mecatepec, Tihuatlán, ambos en el Estado de Veracruz. Por otra parte, cabe precisar que respecto de la impugnación de leyes, cuando se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio obligatorio para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, en la cual determinó que para fijar la competencia en ese supuesto, no puede atenderse al lugar de residencia de la autoridad que corresponde aplicarla norma legal, porque si bien esa determinación que emita constituirá un acto que legitima a la persona para promover amparo en su contra, no puede servir para fijar la competencia del Juez de Amparo, pues la emisión de algún acto que constituya aplicación de la ley que se reclama, por sí misma, no implica ejecución del acto de aplicación de que se trate, debido a que no produce un cambio material en el mundo fáctico y, por ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la ley que se estime inconstitucional. Al respecto, se transcribe, en lo conducente, el contenido de la ejecutoria mencionada: "(.) Por tanto, no debe atenderse al lugar en donde se emitió la orden de aseguramiento que constituya el primer acto de aplicación del precepto legal que le sirve de fundamento, pues éste no puede considerarse como un acto de ejecución del mandamiento, acto de mandamiento que si bien legitima a promover juicio de amparo no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba de conocer del mismo, pues para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional. En ese sentido, cabe concluir que para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que autorizan el aseguramiento de bienes con motivo de su aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de bienes con motivo de su aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión. Consecuentemente, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez del lugar en que se materialice la orden, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo. (.)" En este contexto, cuando el acto reclamado consista en una ley que se reclame con el motivo de su aplicación, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción territorial en el lugar donde se ejecutó o trate de ejecutar el acto de aplicación de la ley reclamada. Es aplicable la tesis siguiente: HECHOS En el caso, los actos reclamados consisten en lo siguiente: La inconstitucionalidad de la regla, norma o reglamento impugnado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 184 Tomo CXCL, número extraordinario de fecha ocho de mayo de dos mil quince, en sus aspectos generales, que como cualquier Ley o Reglamento afecta a todos los sujetos de la misma norma, que en general están contenidos en los artículos SEGUNDO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA CUARTA. Asimismo, se reclaman los artículos transitorios de la Regla, Norma o Reglamento impugnado publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 184 Tomo CXCL, número extraordinario de fecha ocho de mayo de dos mil quince, cuyos artículos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO. Del análisis de las constancias exhibidas, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que los quejosos señalaron como domicilio fiscal los siguientes: a). Erika Magaly Ortiz Tolentino, con domicilio fiscal en Carretera Federal México-Tuxpan, kilómetro doscientos noventa, San Miguel Mecatepec, Tihuatlán, Veracruz. b). Erik Ortiz Tolentino, con domicilio fiscal en calle Dieciocho de Marzo, número quinientos diecinueve, colonia Tajin, Poza Rica, Veracruz. c). Tajín, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio fiscal en calle José de Jesús Nuñez y Domínguez, número ciento cuatro, colonia Centro, Papantla, Veracruz. d). Servicios Hoteleros El Tajín, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio fiscal en calle Las Torres, número uno, colonia Reforma, en Poza Rica, Veracruz. e). Los pagos relativos a las normas reclamadas se realizan en Poza Rica, Veracruz. CONCLUSIÓN De todo lo anterior, se concluye respetuosamente que los actos legislativos impugnados son reclamados por la quejosa mencionada en este apartado con motivo de su aplicación; asimismo, que la aplicación de la regla, norma o reglamento impugnado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 184 Tomo CXCL, número extraordinario de fecha ocho de mayo de dos mil quince, entraña efectos de ejecución, y que como se señaló anteriormente, los domicilios fiscales de los quejosos, se encuentran fuera de la jurisdicción de éste juzgado; además los pagos correspondientes se realizan en Poza Rica, Veracruz. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado la aplicación de la ley reclamada; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio y la declina al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Poza Rica, Veracruz; por tanto, envíesele el expediente en que se actúa y anexos, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes. No es óbice a lo anterior, el hecho de que los promoventes hayan señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, pues lo que determina la competencia de un Juzgado de Distrito para conocer de un juicio de amparo no es el domicilio de la parte quejosa sino el lugar en donde se acredite que tendrá ejecución, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 166720 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: I.15o.A.137 A Página: 1541 COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY TRIBUTARIA CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EFECTUADO POR UN RETENEDOR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que para determinar la competencia entre jueces de Distrito, debe atenderse a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades y no a los particulares, así como que cuando el acto de aplicación de la ley fiscal reclamada consiste en la declaración y pago de la contribución a través de medios electrónicos, debe estarse al lugar en donde el contribuyente quejoso tenga el deber legal de acatarla, que generalmente resulta ser su domicilio fiscal. Sobre tales premisas, se colige que las retenciones del tributo que realicen los particulares a los que la ley impone ese deber, no pueden servir de parámetro para determinar la competencia por razón de territorio, atendiendo al domicilio de esos retenedores, para conocer del juicio de amparo en el que se reclame la ley que establece la obligación tributaria, con motivo de ese acto de aplicación, pues si bien puede constituir la individualización de la hipótesis normativa, lo cierto es que no constituye la aplicación o ejecución de la ley por parte de las autoridades fiscales, sino únicamente de un particular que actuó en su auxilio, habida cuenta que el pago realizado a través de esa retención, debe entenderse dirigido a la unidad administrativa que tiene control sobre el contribuyente quejoso; de ahí que el Juez de Distrito competente para conocer de ese juicio de garantías es el que ejerce jurisdicción en el lugar en que se encuentre el domicilio fiscal del solicitante del amparo, por ser donde deberá acatar las obligaciones relativas, máxime que en la eventualidad de que se estimara inconstitucional el cobro de la contribución, correspondería a las autoridades hacendarias de esa demarcación devolverle el pago realizado a través del acto de aplicación, por ser las que despliegan la actividad de control tributario sobre él. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE,EL ACUERDO QUE DICE: Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual dan cumplimiento a lo requerido en autos. En consecuencia, analizada la demanda de amparo promovida por Servicios Hoteleros el Tajín. Sociedad Anónima de Capital Variable., Erika Magaly Ortiz Tolentino, Eric Ortiz Tolentino y Manuel Barbeito Morales. Ahora bien, cabe destacar que la competencia es un presupuesto que por ser de orden público, resulta indispensable analizar con prioridad a cualquier otra cuestión. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito que se provee, así como de diversas constancias que obran en autos, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Ahora bien, para determinar si este órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda de amparo, es necesario precisar, que de diversas constancias que obran agregadas en autos, se advierte que los domicilios fiscales de los diversos quejosos se ubican en Poza Rica y San Miguel Mecatepec, Tihuatlán, ambos en el Estado de Veracruz. Por otra parte, cabe precisar que respecto de la impugnación de leyes, cuando se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio obligatorio para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, en la cual determinó que para fijar la competencia en ese supuesto, no puede atenderse al lugar de residencia de la autoridad que corresponde aplicarla norma legal, porque si bien esa determinación que emita constituirá un acto que legitima a la persona para promover amparo en su contra, no puede servir para fijar la competencia del Juez de Amparo, pues la emisión de algún acto que constituya aplicación de la ley que se reclama, por sí misma, no implica ejecución del acto de aplicación de que se trate, debido a que no produce un cambio material en el mundo fáctico y, por ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la ley que se estime inconstitucional. Al respecto, se transcribe, en lo conducente, el contenido de la ejecutoria mencionada: "(.) Por tanto, no debe atenderse al lugar en donde se emitió la orden de aseguramiento que constituya el primer acto de aplicación del precepto legal que le sirve de fundamento, pues éste no puede considerarse como un acto de ejecución del mandamiento, acto de mandamiento que si bien legitima a promover juicio de amparo no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba de conocer del mismo, pues para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional. En ese sentido, cabe concluir que para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que autorizan el aseguramiento de bienes con motivo de su aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de bienes con motivo de su aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión. Consecuentemente, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez del lugar en que se materialice la orden, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo. (.)" En este contexto, cuando el acto reclamado consista en una ley que se reclame con el motivo de su aplicación, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción territorial en el lugar donde se ejecutó o trate de ejecutar el acto de aplicación de la ley reclamada. Es aplicable la tesis siguiente: HECHOS En el caso, los actos reclamados consisten en lo siguiente: La inconstitucionalidad de la regla, norma o reglamento impugnado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 184 Tomo CXCL, número extraordinario de fecha ocho de mayo de dos mil quince, en sus aspectos generales, que como cualquier Ley o Reglamento afecta a todos los sujetos de la misma norma, que en general están contenidos en los artículos SEGUNDO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA CUARTA. Asimismo, se reclaman los artículos transitorios de la Regla, Norma o Reglamento impugnado publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 184 Tomo CXCL, número extraordinario de fecha ocho de mayo de dos mil quince, cuyos artículos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO. Del análisis de las constancias exhibidas, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que los quejosos señalaron como domicilio fiscal los siguientes: a). Erika Magaly Ortiz Tolentino, con domicilio fiscal en Carretera Federal México-Tuxpan, kilómetro doscientos noventa, San Miguel Mecatepec, Tihuatlán, Veracruz. b). Erik Ortiz Tolentino, con domicilio fiscal en calle Dieciocho de Marzo, número quinientos diecinueve, colonia Tajin, Poza Rica, Veracruz. c). Tajín, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio fiscal en calle José de Jesús Nuñez y Domínguez, número ciento cuatro, colonia Centro, Papantla, Veracruz. d). Servicios Hoteleros El Tajín, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio fiscal en calle Las Torres, número uno, colonia Reforma, en Poza Rica, Veracruz. e). Los pagos relativos a las normas reclamadas se realizan en Poza Rica, Veracruz. CONCLUSIÓN De todo lo anterior, se concluye respetuosamente que los actos legislativos impugnados son reclamados por la quejosa mencionada en este apartado con motivo de su aplicación; asimismo, que la aplicación de la regla, norma o reglamento impugnado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 184 Tomo CXCL, número extraordinario de fecha ocho de mayo de dos mil quince, entraña efectos de ejecución, y que como se señaló anteriormente, los domicilios fiscales de los quejosos, se encuentran fuera de la jurisdicción de éste juzgado; además los pagos correspondientes se realizan en Poza Rica, Veracruz. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado la aplicación de la ley reclamada; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio y la declina al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Poza Rica, Veracruz; por tanto, envíesele el expediente en que se actúa y anexos, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes. No es óbice a lo anterior, el hecho de que los promoventes hayan señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, pues lo que determina la competencia de un Juzgado de Distrito para conocer de un juicio de amparo no es el domicilio de la parte quejosa sino el lugar en donde se acredite que tendrá ejecución, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 166720 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: I.15o.A.137 A Página: 1541 COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY TRIBUTARIA CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EFECTUADO POR UN RETENEDOR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que para determinar la competencia entre jueces de Distrito, debe atenderse a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades y no a los particulares, así como que cuando el acto de aplicación de la ley fiscal reclamada consiste en la declaración y pago de la contribución a través de medios electrónicos, debe estarse al lugar en donde el contribuyente quejoso tenga el deber legal de acatarla, que generalmente resulta ser su domicilio fiscal. Sobre tales premisas, se colige que las retenciones del tributo que realicen los particulares a los que la ley impone ese deber, no pueden servir de parámetro para determinar la competencia por razón de territorio, atendiendo al domicilio de esos retenedores, para conocer del juicio de amparo en el que se reclame la ley que establece la obligación tributaria, con motivo de ese acto de aplicación, pues si bien puede constituir la individualización de la hipótesis normativa, lo cierto es que no constituye la aplicación o ejecución de la ley por parte de las autoridades fiscales, sino únicamente de un particular que actuó en su auxilio, habida cuenta que el pago realizado a través de esa retención, debe entenderse dirigido a la unidad administrativa que tiene control sobre el contribuyente quejoso; de ahí que el Juez de Distrito competente para conocer de ese juicio de garantías es el que ejerce jurisdicción en el lugar en que se encuentre el domicilio fiscal del solicitante del amparo, por ser donde deberá acatar las obligaciones relativas, máxime que en la eventualidad de que se estimara inconstitucional el cobro de la contribución, correspondería a las autoridades hacendarias de esa demarcación devolverle el pago realizado a través del acto de aplicación, por ser las que despliegan la actividad de control tributario sobre él. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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