Eric Obed Ramirez Salazar
Expediente 580/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/06/2019
Partes del expediente
- Eric Obed Ramirez Salazar
Actuaciones
- Principal
MESA III. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
EN ATENCIÓN AL CITATORIO DE TRECE DE LOS CURSANTES, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE ONCE DE LOS CURSANTES, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México; once de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso ***, hace consistir el acto reclamado en: La omisión de dictar el laudo en el expediente laboral *** Al respecto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. El ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, antes transcrito, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la omisión de emitir el laudo en el expediente laboral ***; no constituye una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Ahora, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo señala: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.).". De dicha disposición se desprende que al declarar cerrada la instrucción, se debe emitir la resolución correspondiente dentro del plazo de diez días. Luego, es evidente que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo la de impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y formas que fijen las leyes, principio que rige su actividad. Sobre esas bases, debe señalarse que de las constancias que remitió la Junta responsable, se aprecia que mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para formular el laudo correspondiente Del artículo transcrito se aprecia que la autoridad responsable al declarar concluida la etapa de instrucción, cuenta con diez días para emitir el laudo correspondiente, por lo que la Junta responsable tenia del ocho al veintiséis de abril del año en curso, (pues los autos fueron turnados el cinco de abril de este año); por ende, si la demanda se presentó en la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el ocho de mayo del año en curso, turnado en la propia fecha a este órgano jurisdiccional, es evidente que no constituye una dilación prolongada, tal y como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, en donde en esencia determinó lo siguiente: "Que el plazo genérico para que las partes en un juicio en materia laboral, puedan promover un amparo en la vía indirecta en contra de las dilaciones procesales que se pudieran traducir en una paralización total del procedimiento, las cuales pueden ser la omisión de la autoridad laboral de acordar promociones, proseguir en tiempo con el juicio, falta de pronunciación del laudo, entre otras. En ese sentido, para proporcionar seguridad jurídica a las partes, y para efecto de la procedencia del juicio de amparo contra las presuntas dilaciones excesivas en el dictado de proveídos y laudos; la demanda de garantías debe promoverse cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos.". Es decir, el juicio de amparo indirecto será procedente contra las dilaciones de las juntas o tribunales, únicamente cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos; criterio que se considera aplicable al presente asunto. En el caso, de la copia certificada remitida por la Junta responsable se desprende que mediante proveído de cinco de abril del año en curso, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos al Auxiliar dictaminador, por lo que no se advierte que la omisión por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, de emitir el laudo laboral ***, en la que la ahora quejosa tiene el carácter de parte actora, constituya una abierta dilación, pues no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluya el plazo en que debe pronunciarse, la autoridad responsable lo que se evidencia del siguiente calendario: ABRIL 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 Se turnan los autos 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Día vacacional 16 Día vacacional 17 Día vacacional 18 Día vacacional 19 Día vacacional 20 21 22 23 24 25 26 Vence termino para emitir acuerdo laudo 27 Día 1 en exceso 28 Día 2 en exceso 29 Día 3 en exceso 30 Día 4 en exceso MAYO 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Día 5 en exceso 2 Día 6 en exceso 3 Día 7 en exceso 4 Día 8 en exceso 5 Día 9 en exceso 6 Día 10 en exceso 7 Día 11 en exceso 8 Día 12 en exceso PRESENTA LA DEMANDA DE AMPARO 9 Día 13 en exceso 10 Día14 en exceso 11 Día 15 en exceso 12 Día 16 en exceso 13 Día 17 en exceso 14 Día 18 en exceso 15 Día 19 en exceso 16 Día 20 en exceso 17 Día 21 en exceso 18 Día 22 en exceso 19 Día 23 en exceso 20 Día 24 en exceso 21 Día 25 en exceso 22 Día 26 en exceso 23 Día 26 en exceso 24 Día 27 en exceso 25 Día 28 en exceso 26 Día 29 en exceso 27 Día 30 en exceso 28 Día 31 en exceso 29 Día 32 en exceso 30 Día 33 en exceso 31 Día 34 en exceso JUNIO 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Día 34 en exceso 2 Día 35 en exceso 3 Día 36 en exceso 4 Día 37 en exceso 5 Día 38 en exceso 6 Día 39 en exceso 7 Día 40 en exceso 8 Día 41 en exceso 9 Día 42 en exceso 10 Día 43 en exceso 11 Día 44 en exceso 12 Día 45 en exceso VENCE PLAZO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En ese contexto, se considera que el acto reclamado en este momento, no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la quejosa, por lo que se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación en el dictado del laudo correspondiente; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Rige a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 294/2018, el nueve de enero de dos mil diecinueve de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Asimismo, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, Decima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Así, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. De lo anterior, se estima que la omisión reclamada no constituye un acto que su ejecución sea de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al quedar evidenciada de las constancias de las cuales emana el acto combatido, la existencia de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, promovido por Eric Obed Ramírez Salazar, en términos del numeral 63, fracción V, de la propia ley. En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cinco minutos del trece de junio de dos mil diecinueve.
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MESA III. UN ACUEROD CON NOTIFICACION PERSONAL
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MESA III ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama La omisión de dictar el laudo en el expediente laboral ***/2017. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dése la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se aperture el incidente de suspensión en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 127 de la ley de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con veinte minutos del seis de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 75, 115 y 117, de la ley de la materia, solicítese a las autoridad responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con excepción de los Jueces de Distrito que haya sido señalado como responsable. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérasele a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a las autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberá comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO A LA DENOMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridad señalada como responsable, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que les corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. TERCERO INTERESADO. Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a la moral que indica el promovente, toda vez que no le asiste un interés contrario al del quejoso, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo la jurisprudencia 90/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, de rubro siguiente "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Toda vez que se refiere a la Ley de Amparo abrogada y en el presente caso preordena el derecho a la administración de una justicia pronta y expedita como lo marca el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que señala, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley de Amparo, por tratarse de un juicio en materia laboral promovido por la parte trabajadora. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE. Finalmente, se ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se notificarán por medio de lista. Notifíquese.
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