Eric Noe Bautista Morales
Expediente 918/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eric Noe Bautista Morales
- Juez de Partido Primero Civil de Irapuato, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** y ***** el proveido de DOS DE LOS ACTUALES, en atención a que no comparecieron los días SEIS, NI SIETE AMBOS DEL MES Y AÑO EN CURSO, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** y *****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió como pruebas en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas con el expediente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al CITATORIO de DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA **** el proveido de DIECISÉIS DE LOS ACTUALES, en atención a que no comparecieron los días DIECIOCHO NI VEINTIDÓS AMBOS DEL MES Y AÑO EN CURSO, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil de Partido con sede en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 5 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 918/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Sentado lo anterior se tiene que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 primer párrafo y 5 fracción I, ambos de la citada ley, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su orden, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. El Juicio de Amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos Reconocidos por ésta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Lo anterior es así, toda vez que en todos los procedimientos, la legitimación constituye un requisito de procedibilidad de la acción, incluido en el juicio de amparo, y por tanto, corresponde al juez de amparo analizarla, porque tal regla se deriva de lo dispuesto en los preceptos legales citados en el párrafo precedente. Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la orden de desalojo respecto del inmueble ubicado en *****, ordenada en autos del juicio ordinario civil ***** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, promovido en contra de la persona moral denominada *****. Sin embargo, se considera que los quejosos carecen de legitimación para promover el presente juicio de amparo, toda vez que el hecho de que estos se ostenten como trabajadores de la persona moral denominada *****, la cual, de acuerdo con sus manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, se encuentra ubicada en el mismo domicilio que la sociedad señalada en el párrafo que antecede y consideren que con la orden de desalojo o entrega del inmueble en ejercen sus labores cotidianas, resultarían agraviados al perder su fuente de trabajo y sustento familiar; empero, dichas manifestaciones resultan insuficientes para evidenciar el agravio personal y directo que refieren, pues como lo mencionan en su escrito de demanda, en el juicio natural únicamente se condenó a la persona moral denominada *****, quien refieren ocupa las mismas instalaciones que su patronal denominada *****. De ahí que dichos actos no tengan acto de aplicación de forma directa en la esfera jurídica de los quejosos, pues aun y cuando eventualmente se les pudiese afectar de forma indirecta, al ponerse en posesión de terceras personas, el inmueble ubicado en *****, donde la empresa para la que trabajan tiene su establecimiento comercial y con ello paralizar las labores que ejercen diariamente; dichas circunstancias tampoco legitiman a los quejosos a promover el amparo, pues las irregularidades que pudieron haberse cometido en el procedimiento del que derivó la orden de desalojo del local a que hacen referencia, únicamente le pueden perjudicar a *****, y en un dado caso a la diversa *****, no así a los ahora quejosos. Lo anterior es así, en virtud de que si bien los referidos impetrantes señalan ser trabajadores de la empresa denominada *****, misma que como ya se dijo, presuntamente ocupa las mismas instalaciones de la sociedad mercantil condenada al desalojo del inmueble que se pretende defender; sin embargo, de dicha relación no se advierte que los quejosos en su calidad de obreros, cuenten con la posesión o propiedad del bien inmueble de cuyo desalojo se duelen, ya que la orden de desocupación del domicilio a que se hace alusión, se encuentra dirigida única y exclusivamente a los poseedores del bien raíz ubicado en ***** y, no a personas que de manera cotidiana o accidental usan el mismo, como es el caso de los solicitantes del amparo. Por lo que en dado caso, el presunto agravio cometido en contra de los promoventes con motivo del desalojo del inmueble donde ejercen su trabajo, deberá ser resuelto por quien representa a su patronal, puesto que es la obligada a realizar la reubicación del establecimiento comercial de mérito, o bien, llevar a cabo los actos tendentes a la culminación de la multicitada relación de trabajo que comparte con los aquí quejosos, situación que resulta ajena a la presente litis constitucional. Corolario de lo anterior, es que se considere que el hecho de ser trabajadores de una sociedad mercantil, no los legitima para demandar el amparo de la justicia federal en contra de los actos que afecten al patrimonio de la sociedad para la que laboran, aun cuando tal afectación patrimonial trascienda en forma indirecta a su patrimonio personal, con motivo de un posible paro de labores; pues en todo caso, las sociedades mercantiles como personas morales que son, tienen que utilizar la institución de la representación, para estar en aptitud de hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero esa representación recae sólo en aquellas personas que han sido designadas para tal fin, siendo solo ellas quienes pueden hacer todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad social. En las relatadas condiciones, debe concluirse que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6 de la Ley de Amparo vigente, dado que los promoventes carecen de legitimación para reclamar los actos de que se duelen, por lo que con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede DESECHAR DE PLANO, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso, y autorizando para tales efectos a los licenciados que menciona en su ocurso, en virtud de que todos ellos cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. De igual manera, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que fue promovida por quince quejosos, mismos que designaron como su representante común en términos el arábigo 13, de la ley de la materia a Juan Carlos Rodríguez García, circunstancia de la cual se toma conocimiento. Ahora, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Así, en acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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