Eric Morales Reyes
Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 49 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eric Morales Reyes
- Secretario de Seguridad Publica del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el telegrama remitido por el Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 25998/2021 de treinta y uno de agosto del presente año, del índice de este Juzgado Federal, a través del cual se hizo de conocimiento la sentencia dictada en el presente juicio. Por otra parte, de la certificación de esta fecha, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del presente año, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para la devolución del billete de depósito número N877542,, expedido a su favor por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por la cantidad de $ 3,100.00 M.N. (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), el cual exhibió a efecto de garantizar la suspensión provisional que le fuera concedida en los autos del incidente de suspensión derivado de este juicio; lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, de conformidad con el precepto legal en cita.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el telegrama remitido por el Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 25998/2021 de treinta y uno de agosto del presente año, del índice de este Juzgado Federal, a través del cual se hizo de conocimiento la sentencia dictada en el presente juicio. Por otra parte, de la certificación de esta fecha, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del presente año, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para la devolución del billete de depósito número N877542,, expedido a su favor por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por la cantidad de $ 3,100.00 M.N. (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), el cual exhibió a efecto de garantizar la suspensión provisional que le fuera concedida en los autos del incidente de suspensión derivado de este juicio; lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, de conformidad con el precepto legal en cita.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.... Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Director General Jurídico y representante legal del 1. Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública; 2. Director General de la Fuerza Civil de la Secretaria de Seguridad Pública; 3. Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública; 4. Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General; 5. Fiscal Regional de la Zona Centro-Xalapa, Veracruz, todos con residencia en Xalapa, Veracruz; 6. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro-Córdoba, Veracruz; Jefe del Departamento de Amparos y Apelaciones en representación del 7. Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 8. Director de Investigaciones y Procesos Penales, por sí y como superior jerárquico de la 9. Subdirección de Investigación y Procesos Penales, todos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con residencia en Xalapa, Veracruz; 10. Fiscal Primero Investigador en Delitos Diversos; 11. Fiscal Segunda Investigador; 12. Fiscal Tercero; 13. Fiscal Cuarto Investigador en Delitos Diversos; 14. Fiscal Quinta; 15. Fiscal Sexto; 16. Fiscal Séptimo, los últimos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba, Veracruz; 19. Fiscal Primero; 20. Fiscal Segunda de Delitos Diversos; 21. Fiscal Tercero de Delitos Diversos; 22. Fiscal Cuarto; 23. Fiscal Quinto; 24. Fiscal Sexto en Delitos Diversos; 25. Fiscal Séptimo en Delitos Diversos; 26. Fiscal Octavo Investigador en Delitos Diversos; 27. Fiscal Noveno, todos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad; Licenciado Manuel Galeana Morales, Juez de Control, en ausencia de los titulares de la 28. Sala Uno, 29. Sala Dos, 30. Sala Tres y 31. Sala Cuatro, que conforman el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz; 32. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, por sí y en representación de 33. Norma Landa Villalba y 34. Urbino Alcaraz García, todos Jueces de Control, de Procedimiento Penal Oral y enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz; 35. Jefe de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Emiliano Zapata, Veracruz; 36. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz; 39. y 40. Comandante actualmente encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz; y 41. Policía Ministerial encargado de la Jefatura de Detectives de Orizaba, Veracruz; al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. El peticionario de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara las negativas pronunciadas por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor proveído el telegrama remitido por el Encargado de la Delegación Jurídica, en suplencia por ausencia del 2. Director General de la Fuerza Civil de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante el cual manifiesta rendir su informe justificado; toda vez que el cuatro del presente mes y año, se tuvo por recibido y acordó lo conducente.
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