Eric Montiel Pérez

Expediente 768/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Magistrados de la Sala Civil-Familiar, del Tribunal Superior de Justicia del Estado
  • Eric Montiel Pérez
  • Lourdes Montiel Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de derechos, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el cuaderno único del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el cuaderno del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Magistrados Integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Se autorizan copias certificadas. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado ********************en atención a su contenido, como lo solicita con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase, a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, teniéndose por autorizada para recibirlas a la persona que señala. En ese sentido, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias de mérito, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado, una vez que realice la cita mencionada en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (foja 70, reverso), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************II, promovido por ********************; en audiencia pública de derecho, Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante el secretario Jorge Arciniega Alcaraz, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo y anexos de la parte quejosa (fojas 2 a 41); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 60 a 62); Emplazamiento del tercero interesado ******************** (foja 65 y 66). Informes justificados rendidos por las autoridades responsables: Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 48) Juez Primero de lo Civil del distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala (foja 49) Todo lo anterior consta en autos. Por otro lado, el Secretario CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Con lo anterior se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario da cuenta con las probanzas ofrecidas por las partes: 1. De la autoridad responsable, Magistrados Integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, las documentales exhibidas como apoyo a su informe justificado, consistentes en el expedientillo de recusación ********************, de su índice y copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente ********************, de su índice, mismas que obran en cuatro tomos por separado. 2. Del tercero interesado ********************, las ofrecidas en escrito recibido en este juzgado el doce de julio del año en curso, consistentes en el informe justificado rendido por las responsables, las constancias que integran el juicio ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, y las que integran el expedientillo de recusación ********************, del índice de la sala responsable; la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana (fojas 71 a 76). De igual forma, hace constar que las demás partes no ofrecieron probanza alguna. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; por lo que, sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario da cuenta con los formulados por la parte tercero interesada ******************** en escrito recibido en este juzgado el doce de julio del año en curso (fojas 71 a 76). De igual forma hace constar que las demás partes no formularon alegatos. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: se tienen por hechas las manifestaciones de referencia, y al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por su propio derecho y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés (fojas 2 a 41), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ********************, por su propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto contra el acto y autoridades que hicieron consistir en: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA MAGISTRADOS DE LA SALA CIVIL-FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, (.). EJECUTORAS JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE TLAXCALA. IV. ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la Autoridad Responsable: De la marcada con el incido a), lo siguiente (sic): A) la ilegal, violatoria de derechos humanos y tratados internacionales ORDEN DE QUE EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE TLAXCALA, SIGA CONOCIENDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO ********************, A PESAR DE SER UNA AUTORIDAD PARCIAL Y QUE PUEDE AFECTAR A LOS QUEJOSOS A TRAVÉS DE UN JUICIO INJUSTO DONDE RECAIGA UNA SENTENCIA VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS EN FAVOR DE NUESTRA CONTRA PARTE, CON ILEGALIDADES Y POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN. B) LA RESOLUCIÓN DICTADA EN FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTILLO NÚMERO ********************, RELATIVO AL INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON CAUSA INTERPUESTO POR LOS QUEJOSOS, ANTE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA CIVIL-FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y NOTIFICADA DICHA RESOLUCIÓN EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 2. Derivado del acto anterior mencionado, reclamo de la responsable marcada en el inciso b), el cumplimiento de dicha orden." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relataron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo Mediante proveído de quince de junio de dos mil veintitrés (fojas 42 a 45), se radicó la demanda de amparo registrándola con el número de amparo 768/2023, y se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 51 a 61 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos emitidos dentro de juicio que considera como de imposible reparación. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: De los Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: La resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expedientillo de recusación ********************, de su índice, en la que determinó que los recusante no probaron las causas de recusación hechas valer. Del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala: La ejecución de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expedientillo de recusación ********************, del índice de la Sala responsable, consistente en continuar conociendo del expediente ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 48) y Juez Primero de lo Civil del distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala (foja 49), al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Luego, tales actos reclamados se tienen plenamente probados, en términos del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Afirmación que se corrobora con las constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en el original del expedientillo de recusación ********************, de su índice; así como copia certificada del expediente ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala; las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Oportunidad Ahora, para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto, de autos se advierte que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado consistente el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés (foja 48 del tomo de pruebas), por lo que dicha notificación surtió efectos el mismo día de conformidad con el numeral 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, y, por ende, el plazo para promover el juicio de amparo empezó a computarse el veinticuatro de mayo siguiente y feneció el trece de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, previo descuento del veintisiete y veintiocho de mayo, tres, cuatro, diez y once de junio de dos mil veintitrés, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Tal y como se desprende de la siguiente tabla: MAYO DE 2023 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 23 Notifica y surte efectos 24 Día Uno 25 Día Dos 26 Día Tres 27 Inhábil 28 Inhábil 29 Día Cuatro 30 Día Cinco 31 Día Seis JUNIO DE 2023 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día Siete 2 Día Ocho 3 Inhábil 4 Inhábil 5 Día Nueve 6 Día Diez 7 Día Once 8 Día Doce 9 Día Trece 10 Inhábil 11 Inhábil 12 Día Catorce 13 Día quince Presentación de demanda De ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo el trece de junio del año en curso, debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, QUINTO. Causa de improcedencia No se estudiará el fondo del asunto porque se actualiza una causa de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte que respecto de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del incidente de recusación con causa ********************, de su índice, a través del cual declaró no probadas las causas de recusación y, en consecuencia, continuará conociendo del juicio ordinario civil ********************, promovido por ********************, en contra de Cristina Pérez González, ********************, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformaron, entre otros, los artículos 103 y 107 constitucionales, que regulan la procedencia, trámite y resolución del juicio de amparo; reformas que entraron en vigor el cuatro de octubre siguiente, de conformidad con el artículo primero de tránsito del decreto referido. De tales disposiciones, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción III, del artículo 107 constitucional, que dimensiona el concepto de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo, la cual fue analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la que consideró: Si bien la jurisprudencia cuya interpretación provocó la contradicción de tesis fue aplicada por dos Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia laboral, lo cierto es que dicho criterio está redactado para ser obligatorio en todas las restantes disciplinas. En el artículo 107, fracción III, de la Constitución se contiene como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues el texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada. Una de las motivaciones de la reforma constitucional al artículo 107 fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles; por tanto, la interpretación más acorde con este propósito es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con lo anterior, si bien se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional. La expresión "actos de imposible reparación" data del texto original de la fracción IX del artículo 107 constitucional, y ha tenido a lo largo de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas interpretaciones; sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera -fracción III- regula los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V- normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Así, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Interpretación que se deduce de las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión. En esta tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando lo analizado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013, precisó que, un acto de autoridad para ser calificado como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Señaló que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Por lo que aun cuando un particular se duela de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional -violaciones a los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales-, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, ya que se encuentra dentro del mismo; además, refirió que las omisiones de dar respuesta a peticiones formuladas dentro de los procedimientos jurisdiccionales, se rigen por los plazos y términos fijados en las normas secundarias, por tanto, no se cumple con el requisito de procedibilidad del amparo consistente en la afectación a un derecho sustantivo o que deje sin defensa al accionante del amparo, pues no se trata de una transgresión autónoma al procedimiento sino que es en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a dar respuesta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Dichas consideraciones sustentan la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1086, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del incidente de recusación con causa ********************, de su índice, a través del cual declaró no probadas las causas de recusación y, en consecuencia, continuará conociendo del juicio ordinario civil ********************, promovido por ********************, en contra de Cristina Pérez González, ********************, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; sin embargo, dicho acto no es de imposible reparación, como a continuación se verá. Al respecto resulta pertinente señalar algunos antecedentes del acto reclamado, derivados del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; así como, del expedientillo de recusación con causa ********************, de la estadística de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Respecto del juicio ordinario civil ********************. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y turnado el mismo día al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ********************, promovió juicio ordinario civil en contra de Cristina Pérez González, ******************** (fojas 4 a 12, tomo de prueba III). Por auto de trece de junio de dos mil veintidós, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, admitió a trámite el juicio ordinario civil, en contra de Cristina Pérez González, ********************, y ordenó emplazarlos a juicio (fojas 82 y 83, tomo de prueba III). Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el trece de julio de dos mil veintidós, y turnado el día siguiente al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Cristina Pérez González, ******************** dieron contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 95 a 105, tomo de prueba III). Seguido el procedimiento, por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintidós ********************, promovieron recusación en contra de la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y del Secretario de Acuerdos, pues alegaron imparcialidad por parte de los servidores públicos en el desahogo de las pruebas ofrecidas así como en el trámite del asunto. Por auto de once de noviembre de dos mil veintidós, la jueza de primera instancia suspendió la jurisdicción desde las diez horas con veintiséis de minutos del nueve de noviembre de dos mil veintidós y ordenó remitir el expediente y todas las actuaciones al Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que le diera el trámite que en derecho procediera (fojas 116 a 130 y 172, 173, tomo de prueba III). Respecto del expedientillo de recusación con causa ********************. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala radicó la recusación con el número de expediente ********************, y la admitió a trámite (fojas 4 a 6 del expedientillo de recusación). El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se abrió el incidente de recusación a prueba por el término de diez días (fojas 17 y 18 del expedientillo de recusación). Una vez desahogados los medios de convicción ofrecidos por las partes, el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se ordenó traer los autos a la vista para el dictado de la resolución (foja 36 del expedientillo de recusación). El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Se resolvió el incidente de recusación con causa, en el sentido de que no se probaron las causas de recusación, por lo que la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, así como el Secretario de Acuerdos deben continuar conociendo del negocio que se tramita con el número de expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil, promovido por ********************, en contra de Cristina Pérez González, ******************** (fojas 38 a 47 del expedientillo de recusación). Ahora, para efectos del juicio de amparo, acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución, como ejemplo de lo anterior, puede señalarse la admisión y desahogo de la prueba pericial en genética, actos que pongan en peligro la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, pues dada su especial naturaleza esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En esta tesitura, la resolución reclamada al tratarse de una cuestión meramente procesal no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado y que tutela la Constitución; o bien, establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte no es reclamable a través del juicio de amparo. En efecto, como se indicó, la resolución reclamada resolvió el incidente de recusación con causa en el juicio, por lo que, siguiendo las consideraciones del Máximo Tribunal del País, el acto reclamado no cumple las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, dado que el actuar de la responsable no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no impedirle el libre ejercicio de alguna prerrogativa, toda vez que como se desprende del mismo los efectos del acto reclamado son meramente procesales, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, de junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese contexto, según se explica a continuación, el acto que aquí se reclama no transgrede directamente algún derecho sustantivo consagrado en la constitución a favor de los quejosos, puesto que se hizo consistir en la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del incidente de recusación con causa ********************, de su índice, a través del cual declaró no probadas las causas de recusación y, en consecuencia, continuará conociendo del juicio ordinario civil ********************, promovido por ********************, en contra de Cristina Pérez González, ********************, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Tal acto, es de naturaleza estrictamente procesal y, por ende, no cabría la posibilidad de analizarlo a través de la vía biinstancial, pues el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo acota que éste sólo será procedente contra actos que vulneren derechos sustantivos. En efecto, de las manifestaciones que realizan los impetrantes en su demanda de amparo, se llega al conocimiento que, en esencia, se duele de que la Sala responsable haya declarado no probadas las causas de recusación con causa, por lo que la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc continuará conociendo del juicio ordinario civil ********************, promovido por ********************, en contra de Cristina Pérez González, ********************. En ese sentido, dicha actuación únicamente tiene efectos procesales, tomando en consideración que solo traería como consecuencia que los propios servidores públicos recusados continúen conociendo del asunto. Así pues, como ya se dijo, no existe alguna transgresión contra un derecho sustantivo consagrado a favor de los quejosos, por ejemplo la vida, la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes como el derecho a la familia, al trabajo, a la salud, a la personalidad. Cobra aplicación, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1770, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, tomo IX, mayo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. Ese tipo de resoluciones no constituye un acto de imposible reparación, en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el único efecto que produce es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de dicha ley, revela una violación procesal reclamable en amparo directo". Así como la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 115/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, marzo de 2009, Materia Común, página 22, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad". Y, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1917 a la fecha, con registro número 216792, del rubro y texto siguiente: "RECUSACION. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION. La recusación con expresión de causa no es un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución, es de que el propio juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo; en consecuencia, esa resolución no puede ser combatida en amparo ante el Juez de Distrito, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento contenidas en el precepto legal invocado y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sólo puede reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva". Bajo esas consideraciones, el acto reclamado a la autoridad responsable, no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica del inconforme, esto es, no afecta materialmente sus prerrogativas fundamentales y, por ende, no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, aunado a que, se insiste, existe la posibilidad de que la sentencia que se llegara a dictar en el juicio, pudiera satisfacer su interés; y, para el caso de que no fuere así, tendría oportunidad de hacer valer el medio extraordinario de defensa correspondiente, en el que podrían repararse los posibles perjuicios que le ocasionara el acto reclamado. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso la jurisprudencia publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del seis de mayo del año en curso, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013". Por lo expuesto, se concluye que al no lesionar el acto reclamado ningún derecho sustantivo tutelado por la Constitución, no se actualiza la hipótesis de eventos de imposible reparación que hagan procedente el juicio de amparo. Consecuentemente, debe sobreseerse en el juicio en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea el quejoso; ello, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 76 y 217, de la Ley de Amparo se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************, respecto del acto reclamado y autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de julio de dos mil veintitrés.****************************************Tercero interesado ofrece pruebas y formula alegatos.****************************************Agréguese el escrito de cuenta signado por el tercero interesado ********************, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo., téngasele ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales públicas que refiere en su ocurso de mérito, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia constitucional.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al promovente por formulados a manera de alegatos, las manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a efecto de que el tercero interesado ******************** se imponga de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como de las constancias allegadas por las mismas. Lo anterior, tomando en consideración que la misma fue emplazado el veintinueve de junio del año que transcurre, tal como se advierte de su respectiva constancia de notificación. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp

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