Eric Manuel Gilberto Ramírez Vargas

Expediente 539/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
539/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Eric Manuel Gilberto Ramírez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, toda vez que carece de objeto que continúen en la secretaría de este juzgado los dos cuadernos de pruebas formados con motivo del envío de la autoridad responsable como complemento a su informe justificado; en tales condiciones, devuélvansele los mismos a fin de que determine lo que en derecho proceda. Notifíquese.

  2. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 539/2022, promovido por*** En esta sentencia se analiza uno de los principios básicos del juicio de amparo indirecto: el llamado "principio de definitividad" que exige que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional. ANTECEDENTES ***, en representación de sus menores hijos ***, demandó en la vía de controversias del orden familiar a ***, diversas prestaciones. El siete de mayo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda, se ordenó emplazar a la demandada, se señaló fecha y hora para la audiencia de alegatos y se proveyó respecto de las pruebas ofrecidas por el actor. El trece siguiente, se emplazó a la demandada***. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la demandada contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, proveyéndose respecto de algunas de las pruebas que ofreció. En audiencia de carácter familiar de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, atendiendo a que el actor *** manifestó ser socio fundador de "Ramírez Vargas Abogados, S.C." y tener un salario mensual aproximado de sesenta mil pesos, se le fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos, la cantidad de veinte mil pesos mensuales. Seguido el juicio en sus trámites, el dos de mayo de dos mil veintidós la juez responsable entre otras cosas, atendió la solicitud de ***, en la que determinó lo siguiente: ".tomando en consideración que el deudor alimentario ***, desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno hasta el día de hoy solamente ha cumplido en forma parcial con el monto de la pensión alimenticia que le fue fijada por la cantidad de VEINTE MIL PESOS MENSUALES ya que únicamente ha realizado a partes de esa fecha depósitos mensuales por la cantidad de DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL por lo tanto, del mes de diciembre hasta la fecha han transcurrido cinco meses cumpliendo parcialmente con su obligación de dar pensión alimenticia a favor de sus menores hijos de iniciales E.A.R.D. y C.M.R.D. constituyéndose en mora, por la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por lo tanto, se actualiza la hipótesis en el artículo 173 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, se ordena su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, por lo que gírese oficio al Director del Registro Civil del Estado de Oaxaca, para que inscriba al demandado ERIC MANUEL GILBERTO RAMÍREZ VARGAS, en el registro de Deudores Alimentarios Morosos, adjuntándole la clave única de registro de población, a nombre de los acreedores alimentarios, datos del acto que acredite el vínculo entre el deudor y acreedor alimentario, el monto de la pensión alimenticia provisional, datos de la autoridad que ordena y los datos del expediente, debiendo informar el cumplimiento a lo ordenado." Determinación que constituye el acto reclamado. TRÁMITE DEL JUICIO El doce de mayo de dos mil veintidós, Eric Manuel Gilberto Ramírez Vargas presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos reclamados siguientes: Del Juez Segundo de lo Familiar del distrito Judicial del Centro. La orden de inscripción en el Registro de Deudores Alimentario Morosos en su perjuicio, emitida en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós. Director del Registro Civil del Estado de Oaxaca y del Director de la Función Registral del Estado de Oaxaca. La ejecución material de dicha determinación. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1, 4, 6, fracción I, 14, 16, 17 y 20 inciso b), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada a este juzgado, donde quedó registrada con el número 539/2022, fue admitida a trámite el dieciséis de mayo del año en curso, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio vista a la representación social y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El dos de junio del presente año, se tuvo apersonándose a juicio a la tercera interesada Dulce María Domínguez Chávez. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto de la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. LEGITIMACIÓN El quejoso está legitimado para promover el presente juicio de amparo indirecto, pues está probado que tiene el carácter de actor en el juicio de controversias del orden familiar 201/2021. Y fue en contra de quien fue emitido el acto reclamado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha reconocido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda "sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad"; y que cuando ello resulta insuficiente, "los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión". Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso "y no únicamente a lo que en apariencia dijo", pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, este juzgador advierte que la pretensión del quejoso no es otra más que reclamar del Del Juez Segundo de lo Familiar del distrito Judicial del Centro. La orden de inscripción en el Registro de Deudores Alimentario Morosos en su perjuicio, emitida en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós. Director del Registro Civil del Estado de Oaxaca y del Director de la Función Registral del Estado de Oaxaca. La ejecución material de dicha determinación. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quedó acreditada a partir de su informe justificado, el cual fue recibido el uno de junio del año en curso. En este informe, el Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado, exponiendo que el dos de mayo del presente año, dicha autoridad ordenó el Registro Civil del Estado de Oaxaca, la inscripción del ahora quejoso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, así como ordenó girar oficio al Registro de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para el caso de que el impetrante del amparo contara con algún bien de su propiedad, realizara la anotación marginal como deudor alimentista moroso. Por su parte, la Jefa de la Unidad Jurídica de la Dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca, y Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General del Instituto de la Función Registral, negaron la existencia del acto reclamado; empero al haber confesado la autoridad ordenadora su existencia, y al tener las nombradas el carácter de ejecutoras, dicha negativa se desvirtúa, al estar obligadas a cumplimentar lo mandado por el juez responsable. Lo anterior da pie para analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto. PROCEDENCIA De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este juzgador considera que el presente asunto no satisface el requisito de procedencia que deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etc., no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocido tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza, porque el acto reclamado lo constituye un acuerdo sobre alimentos en el debido al incumplimiento parcial de una pensión alimenticia provisional, se ordenó la inscripción del incumplido al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, acto que fue emitido dentro de un juicio de controversias del orden familiar y contra ese acuerdo procede el recurso de apelación, en términos del artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Ese precepto establece que "[e]n los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo". Asimismo, señala que "las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza" y que "[t]ratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza". En consecuencia, si en contra de la pensión provisional procede el recurso de apelación. Entonces, con base en el principio de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario agotar previamente el citado recurso. Como no se agotó, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable, por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica lo siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. DECISIÓN En esas condiciones, ante la inobservancia del principio de definitividad, este juzgador determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de la orden de inscripción en el Registro de Deudores Alimentario Morosos en su perjuicio, emitida en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio de controversias del orden familiar ***. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 117 de la Ley de Amparo ténganse al Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, por rendido su informe justificado; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, como del contenido del ocurso se advierte que Dulce María Domínguez Chávez acude al presente juicio con el carácter de tercero interesado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter y se tiene por hecho el señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, se le tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere por así solicitarlo de manera expresa la promovente. Como no existe impedimento legal para que la parte proovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, por rendido su informe justificado y como pruebas de su parte las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos aportados, fórmese por separado el tomo I y II de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Notifíquese.

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