Eric Hernández Guibert
Expediente 555/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Eric Hernández Guibert
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Eric Hernández Guibert y Noel Hernández Mendivia; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, advirtiéndose de la certificación de cuenta que en auto de quince de abril de dos mil veintidós se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 555/2022-9, promovido por María Josefina Ramírez García, en favor de **********, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorios de los artículos 1, 11, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4 de 17 R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA E INCOMPETENCIA. Por escrito recibido el quince de abril de dos mil veintidós, por el Secretario de Guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, María Josefina Ramírez García, en favor de **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: a) Los actos de incomunicación y el derecho de contar con una representación legal. b) Privación de la libertad. c) La restricción al derecho de libre tránsito. d) La regularización de su situación migratoria. e) La substanciación del procedimiento administrativo migratorio pronto y expedito. f) Cualquier acto tendiente a trasladar o mover a los quejosos a cualquier otra estación migratoria. g) Los actos de deportación, expulsión, retorno asistido y/o orden de salida del país. h) Derecho de protección a la salud i) Derecho de alimentación. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS 5 de 17 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2. Representante Local, encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de quince de abril de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 555/2022-9, se otorgó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible orden de detención, privación de la libertad, incomunicación y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, orden de deportación, destierro, extradición o repatriación y orden de traslado; y se ordenó requerir a los directos quejosos para que en el acto de la notificación del citado acuerdo o dentro de los tres días siguientes manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo promovida en su favor en el entendido que de no hacerlo se tendría por no presentada la misma y se dejaría sin efectos las providencias decretadas. Siendo notificada la parte quejosa del anterior acuerdo el quince de abril de dos mil veintidós (foja 49), siendo que en el acto de la notificación los quejosos ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por María Josefina Ramírez García. 6 de 17 TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de dieciséis de abril de dos mil veintidós (foja 50 a 54), toda vez que los quejosos **********, ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por María Josefina Ramírez García; por tanto, se admitió la demanda de que se trata, se solicitaron informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. 7 de 17 Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia2 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 8 de 17 AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La orden de detención, privación de la libertad, incomunicación y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, orden de deportación, destierro, extradición o repatriación y orden de traslado de la estación migratoria donde se encuentran asegurados. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, en representación del Titular de la citada dependencia y de la Sub Representante Local Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (en su denominación correcta), al rendir informe justificado admiten parcialmente los actos reclamados; sin embargo, de las constancias que anexó a su referido informe evidencia la certeza de los actos que 9 de 17 se le reclama en virtud de las mismas se advierte que los quejosos el trece de abril de dos mil veintidós fueron presentados ante la referida estación migratoria y sujetos a un procedimiento administrativo migratorio por encontrarse de manera irregular en este país. Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". 10 de 17 CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 11 de 17 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 193758, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los 12 de 17 surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivó al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado e informe complementario se advierte lo siguiente: 13 de 17 1). El trece de abril de dos mil veintidós, fueron presentados los quejosos Noel Hernández Mendivia y Eric Hernández Guibert ante la autoridad migratoria ya que fueron detectados en el punto de revisión migratoria en "La Venta", y al solicitarles el documento migratorio que acreditara su regular estancia en el país, manifestaron que no tenían, por lo que al estar de manera irregular fueron trasladados a la Estación Migratoria en Villahermosa, para efectos de que se resolviera su situación jurídica migratoria. 2) Mediante escrito de demanda recibido por el Secretario encargado de la Guardia de este Juzgado de Distrito, el quince de abril de dos mil veintidós, Noel Hernández Mendivia y Eric Hernández Guibert, por conducto de Maria Josefina Ramírez García, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3) Posteriormente, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se otorgó salida de la estación migratoria a Noel Hernández Mendivia y Eric Hernández Guibert, en términos del artículo 133, fracción I, de la Ley de Migración y artículo 144 de su Reglamento, toda vez que se corroboró que tienen vínculo con esposas mexicanas y ordenó dejar sin efecto el acuerdo de presentación emitido en contra de los impetrantes. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir 14 de 17 en la orden detención, privación de la libertad, incomunicación y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, orden de deportación, destierro, extradición o repatriación y orden de traslado de la estación migratoria donde se encuentran asegurados; y siendo que, como ya se precisó se les otorgó salida de la estación migratoria a los aquí quejosos Noel Hernández Mendivia y Eric Hernández Guibert, toda vez que se corroboró que tienen vínculo con esposas y se dejó sin efecto la orden de presentación emitida en su contra. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso al quejoso en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con 15 de 17 lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, 16 de 17 son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de seis de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe rendido por la Representante local, Encargada del Departamento de Asuntos jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de su contenido, transcurre del nueve al veinte de junio de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles previstos por el ordinal 19 de la ley de la materia. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada de las constancias inherentes al acto reclamado, a partir del laudo; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
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