Eric Emilio González Matuz

Expediente 1676/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1676/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Eric Emilio González Matuz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintidós de noviembre de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó fuera de audiencia, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el oficio de los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Representante de los Trabajadores, todos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, visto su contenido, agréguese para que obre como legalmente corresponda, atento a que mediante proveído de veintidós de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, y modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla (foja 252): .1. Que la autoridad judicial responsable, ordene dejar insubsistentes los edictos mediante los cuales se emplazó a juicio a la demandada Mariela Salas García; 2. Asimismo ordene dejar insubsistente todo lo actuado con posterioridad a dicho emplazamiento respecto de la enjuiciada en mención; 3. De acuerdo a lo resuelto en esta ejecutoria, ordene que realice nuevamente publicación de edictos para emplazar a la persona aludida, en los cuales deberán cumplirse todos los requisitos previstos en el artículo 63, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en particular el relativo a las prevenciones respectivas de les; 4. Hecho lo cual, prosiga con la tramitación del juicio de mérito como en derecho corresponda. Asimismo, mediante oficio recibido el siete de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que dejó insubsistente únicamente la citación con efectos de emplazamiento practicado a la quejosa Mariela Salas García, practicada por edictos y ordenó emplazar a la parte demandada, por medio de tres edictos que se publiquen de manera consecutiva en el periódico El Sol de Puebla, dictado dentro del expediente 92/2015 (fojas 263 y 266). Por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el catorce del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que dejó insubsistente únicamente la citación con efectos de emplazamiento practicado a la quejosa Mariela Salas García, practicada por edictos y ordenó emplazar a la parte demandada, por medio de tres edictos que se publiquen de manera consecutiva en el periódico El Sol de Puebla, dictado dentro del expediente 92/2015. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, intégrese al expediente el oficio de los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Representante de los Trabajadores, todos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante al cual dan cumplimiento al requerimiento de trece de noviembre reciente y para tal efecto, remiten copias certificadas del auto dictado el diecinueve del mes y año en curso, dentro del expediente laboral D-164/2019, del que se desprende entre otras cuestiones, que se fijaron las trece horas del once de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de ley; asimismo, remitió las constancias de notificación correspondientes, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado que guarda el presente asunto y advirtiéndose de las constancias que obran en autos, así como de las que el tribunal responsable remitió a través de su oficio de cuenta, se desprende que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura del escrito de demanda, se advierte que ERIC EMILIO GONZÁLEZ MATUZ, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito al anterior, consistente en la omisión de dictar el auto de radicación del juicio laboral; la omisión dictar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de la demandada COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA; así como la omisión de señalar día y hora para la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-164/2019 (fojas 2 y 3). Los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Representante de los Trabajadores y Actuario, todos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto reclamado (foja 18). De las constancias que como justificación de su informe y en cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal se advierte que dentro del juicio laboral se ha realizado lo siguiente 1). Por auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, el tribunal responsable dictó el auto de radicación correspondiente, admitiendo a trámite la demanda interpuesta por el aquí quejoso ERIC EMILIO GONZÁLEZ MATUZ, contra la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA (fojas 21 a 22); 2). Emplazamiento hecho el once de octubre de dos mil diecinueve, a la parte demandada COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA (foja 33); y, 3). Acuerdo dictado el diecinueve de noviembre de la presente anualidad, del que se aprecia en lo que interesa, que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, fijó las trece horas del once de diciembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-164/2019 (fojas 39 y vuelta). Constancias, que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este juzgado federal, advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era para que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito al anterior, dictara el auto de radicación; emplazara a la la demandada COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA; así como para que señalara día y hora para la audiencia de ley, dentro del expediente laboral D-164/2019; aquélla se vio satisfecha en la medida que las responsables realizaron lo siguiente: 1). Por auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, el tribunal responsable dictó el auto de radicación correspondiente, admitiendo a trámite la demanda interpuesta por el aquí quejoso ERIC EMILIO GONZÁLEZ MATUZ, contra la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA (fojas 21 a 22); 2). Emplazamiento hecho el once de octubre de dos mil diecinueve, a la parte demandada COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA (foja 33); y, 3). Acuerdo dictado el diecinueve de noviembre de la presente anualidad, del que se aprecia en lo que interesa, que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, fijó las trece horas del once de diciembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-164/2019 (fojas 39 y vuelta). Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del dos de diciembre de la presente anualidad, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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