Eric de Jesús Dounce Aja
Expediente 616/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Eric de Jesús Dounce Aja y Otros.
- Eric de Jesús Dounce Aja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la copia del auto de esta misma fecha, dictado en el cuaderno incidental derivado de este juicio, por el cual se tuvo al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, devolviendo los autos originales del cuaderno incidental. Derivado de lo anterior, se levanta la reserva decretada en el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el que CAUSÓ ESTADO el auto mediante la cual se DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, y reservó acordar lo conducente respecto del destino archivístico de este juicio de amparo, en consecuencia: Toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I., inciso a), del Acuerdo General en cita, toda vez que la medida cautelar fue concedida, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Incidental
Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; por medio del cual remite el incidente de suspensión original 616/2022-VII, un testimonio de la resolución dictada en el toca R.I. 318/2022 (incidente de suspensión), el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Se declara sin materia en el presente recurso" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes. Acúsese el recibo correspondiente. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Derivado de lo anterior, con copia autentificada con la firma electrónica de la presente determinación, dese cuenta en los autos del cuaderno principal relativo a este incidente, para que se acuerde lo correspondiente al archivo del expediente. Notifíquese
- Principal
En la Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los oficios signados por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto y la Directora General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, el primero realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo protector y la segunda solicita una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento de treinta de agosto del año en curso. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, como lo solicita la directora oficiante, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE LE CONCEDE UNA PRÓRROGA DE DIEZ DÍAS, contada a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrieron los plazos de tres días concedidos a la parte quejosa, para que manifestara si ya se inoculó al menor quejoso con la PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS de la vacuna Pfizer BionTech pediatrica, sin que a la fecha se tenga noticia alguna; por lo tanto, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en proveídos de trece y veintisiete de julio del presente año y se entiende que la citada vacuna le fue aplicada al menor quejoso en sus dos dosis. Derivado de lo anterior, existen elementos para determinar si con las constancias que obran en autos se acredita de manera manifiesta e indudable la actualización de una causa de improcedencia respecto de ese acto. Al respecto, se impone destacar que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De acuerdo con la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, el suscrito Juzgador Federal advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas características (manifiesta e indudable), que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, se dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 366, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Puntualizado lo anterior, se impone destacar que en el presente juicio de amparo únicamente se reclama: ? La omisión de aplicarle a la parte quejosa menor de edad, la vacuna contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19), derivado de que en los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2, para la prevención de la Covid-19, en México, no se integró al grupo de población de cinco a once años de edad. Así, en relación con dicho acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Sobre la cesación de efectos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, en términos de la fracción I de dicho numeral cuando el acto reclamado sea de carácter positivo implicará la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, conforme a la fracción II, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, consistirá en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso concreto, la parte quejosa reclama, esencialmente, la omisión de aplicarle al menor de edad, la vacuna contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19), derivado de los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2, para la prevención de la Covid-19, en México, por pertenecer al grupo de población de cinco a once años de edad. Al respecto, se impone destacar que el once de mayo de dos mil veintiuno, se emitió la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, Versión 6.0; publicada en la página https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/ uploads/2021/05/11May2021_PNVx_COVID.pdf; instrumentado a través de la Estrategia Operativa de tal Política Nacional de Vacunación (Operativo Correcaminos) de ocho de junio siguiente; información que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los cuales se advierte que se establecieron cinco etapas de "Estrategia de Vacunación, Etapas y Logística", tal como se aprecia de la siguiente imagen: Así, conforme a los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, se obtiene que en la etapa cinco, se alude al "Resto de la población" la cual claramente quedó protegida de la Política Pública de vacunación; grupo al cual también pertenece la menor quejosa. Con motivo de lo anterior, el tres de marzo de dos mil veintidós, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió un comunicado, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/vacunascovid- 19-autorizadas, del que se destaca lo siguiente: De esa información publicada, se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia la vacuna PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, al grupo de personas de cinco años en adelante; esto es, amplió la indicación terapéutica para su aplicación a partir de los cinco a los once años de edad, siguiendo y observando la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del virus Covid-19 en México. ? En el presente juicio de amparo, obra el memorándum COFEPRIS-CAS-DEAPE-4302-2022, de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, del que se obtiene la siguiente información: a) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió una autorización temporal de la aplicación de la vacuna PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, al grupo de personas de cinco años en adelante. b) La vacuna autorizada para la población de cinco a once años es la Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. c) La dosis es de 10 mcg (microgramos). d) La vía de administración es intramuscular después de la disolución en un esquema de dos dosis. e) El intervalo debe ser mayor o igual a veintiún días (de preferencia tres semanas) de diferencia entre la primera y segunda aplicación; y f) La presentación de la vacuna es en frasco ámpula de vidrio con tapa de plástico color naranja. ? Que en diversos medios de comunicación pública, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ya se firmó contrato con Pfizer para adquirir el biológico correspondiente para vacunar a niños de cinco a once años contra el virus SARS-COV-2 y que el registro para su aplicación, de ese rango de la población, se abrió a partir del dieciséis de junio de la presente anualidad. Lo anterior hace patente que a la fecha ya se cuenta con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la aplicación de la vacuna PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, al grupo de personas de cinco años en adelante; que ya se adquirió ese biológico y que, ya se ordenó el registró de esa población para su aplicación. Por lo tanto es inconcuso que actualmente es posible vacunar a los menores entre cinco y once años de edad, contra el virus covid-19, pues se encuentra abierto el registro para que los menores que se ubiquen dentro de ese rango de edad, sean inoculados con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID- 19 Vaccine; tal como se advierte de una consulta realizada en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, de la que se desprende que, efectivamente, se encuentra habilitado el portal oficial de la página del Gobierno de México, para efecto de registrar a menores de cinco años en adelante para la aplicación del aludido biológico contra la enfermedad Covid-19. Puntualizado lo anterior, en proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que se presentara el doce de julio de dos mil veintidós, a las nueve horas, en la Célula de Vacunación del Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, con el objeto de que le fuera aplicada la PRIMER DOSIS de la vacuna Pfizer BionTech pediátrica. Asimismo, en auto de veintisiete de julio del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que se presentara el ocho de agosto de dos mil veintidós, a las nueve horas, en la Célula de Vacunación del Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, con el objeto de que le fuera aplicada la SEGUNDA DOSIS de la vacuna Pfizer BionTech pediátrica. Sin embargo, la parte quejosa fue omisa en desahogar tal requerimiento, por lo que, al inicio de este acuerdo, se hizo efectivo el apercibimiento al que fue conminado y, en consecuencia, se determinó que se entiende que el menor quejoso ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el mencionado virus. Relatado lo anterior, es importante destacar que tratándose de actos omisivos como en el presente caso, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando las autoridades responsables realizan la conducta que de ellas se reclama, esto es, efectuaron aquello que con su actitud pasiva habían dejado de hacer, de ahí que sea en ese momento cuando cesen los efectos del acto reclamado. Por lo tanto, toda vez que se tuvo al menor quejoso por consentido del hecho de que ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19); es inconcuso que el acto omisivo reclamado a las autoridades responsables, ya no causa perjuicio alguno a la aquí parte quejosa, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal, por lo que en el caso, cesaron los efectos del mencionado acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis número I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, cuyo rubro establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En las relatadas circunstancias, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que hace a la omisión de proporcionar y aplicar al menor quejoso la vacuna contra el virus SARS-CoV- 2 y, en consecuencia, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que continuar con el trámite del presente juicio hasta el dictado de la sentencia, a nada jurídicamente práctico llevaría, pues la improcedencia de la acción de amparo se actualiza fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento de esa situación y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
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