Eric Baduel Rojas Roque
Expediente 1243/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/08/2022
Partes del expediente
- Eric Baduel Rojas Roque
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, del que se evidencia, que remite el escrito inicial de demanda firmado por Erick Baduel Rojas Roque, por propio derecho, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS, con residencia en Coahuila; fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y regístrese con el número 1243/2021-I. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La falta de atención médica, y; Tormento Físico y Psicológico. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS DE TORMENTO FÍSICO Y PSICOLÓGICO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio del acto reclamado que se hace consistir en el tormento físico y psicológico para el efecto que cesen de inmediato; en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades ante las cuales se encuentre detenido el quejoso su integridad física. La suspensión de oficio concedida, no surtirá efectos si el acto reclamado por el directo quejoso no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o no produce algún efecto semejante al de aquél, independientemente como lo identifique el promovente. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de veintiuno a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de veintiuno a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra." INCOMPETENCIA. Ahora bien, de la lectura de la demanda de cuenta, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, advierte una causa de incompetencia por razón de territorio, por lo que declara carecer de competencia legal para resolver el presente asunto, en atención a las consideraciones siguientes: Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación de dicho precepto se advierte que un Juez de Distrito es competente para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: a) Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado tenga ejecución en varios circuitos. c) Si no requiere ejecución el acto reclamado, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se aprecia que las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo atienden a la naturaleza de los actos reclamados, lo que es determinante para saber cuál de las tres reglas de competencia se actualiza. Por ejemplo, en la primera regla identificada mediante el inciso a), se atiende a actos de naturaleza positiva porque implica actividad de la autoridad responsable, sólo que atiende a diferentes momentos procesales, pues previene que si el acto reclamado ya fue ejecutado, se está ejecutando o se trata de una ejecución inminente, será competente el juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. En la segunda hipótesis, señalada con el inciso b), también se trata de actos de naturaleza positiva, pero aquéllos son de tracto sucesivo en tanto que se prolongan en el espacio y en el tiempo, de tal suerte que la ejecución de los actos pueden tener lugar en uno o varios circuitos, por lo que en este caso, cuando la ejecución del acto reclamado se inicie en determinado lugar y se siga ejecutando en otro diferente, es competente cualquiera de los jueces de Distrito en cuya circunscripción territorial se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, ante el que se presente la demanda. El tercero de los aludidos supuestos, mencionado con inciso c), comprende aquellos actos que sean meramente declarativos o que no requieran de ejecución material, caso en el cual será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden, de la demanda de cuenta se advierte que el aquí quejoso Erick Baduel Rojas Roque, reclama la falta de atención médica así como actos de tormento físico y psicológico, los cuales dice se ejecutan en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS, con residencia en Coahuila y atribuye a la Directora del mismo. Así, dado que en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS, con residencia en Coahuila, es el domicilio donde dice se llevan a cabo los actos reclamados, se considera que el Juez competente será aquél que ejerza jurisdicción en esa circunscripción territorial. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución material en el estado de Coahuila. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, en cuya jurisdicción se ejecuta el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con el acuerdo 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 03/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Asimismo se estima aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda, al Juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, pues se insiste, es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. En mérito de lo expuesto, remítase el presente juicio de amparo al homólogo federal, para que determine lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes, significándole al juez competente se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la legal competencia declinada. DOMICILIO. No obstante lo anterior, como la parte quejosa señala domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito; se ordena por única ocasión la notificación por medio de exhorto del presente proveído, dada la trascendencia del presente asunto que nos ocupa. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Atento a lo anterior, toda vez que el quejoso señala como domicilio las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS, con residencia en Coahuila, el cual se localiza fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en lo establecido en los artículos 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con copia de esta determinación, gírese exhorto al Juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, con el objeto de que en auxilio a las labores de este juzgado y con independencia de la fecha en que se reciba la presente encomienda, incluso en días y horas inhábiles tal como lo establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, notifique esta determinación al quejoso Erick Baduel Rojas Roque, en el lugar de su reclusión. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y por exhorto a la parte quejosa.
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