Eric Arguello Garcia

Expediente 109/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
109/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Eric Arguello Garcia
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04. Tapachula, Chiapas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 6.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los la comunicación enviada por el secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, con la que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 108/2021, relativa al juicio de amparo 109/2021, del índice de este juzgado, así como el original del juicio citado. Acúsese recibo. Al resolver el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el referido tribunal resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena glosar al expediente en que se actúa las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del aludido recurso de queja, posteriormente a fin de evitar dualidad de constancias innecesarias, comisiónese para la destrucción de las copias al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Atinente al documento exhibido por la parte quejosa, en acatamiento al antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este Juzgado, dentro del plazo de noventa días hábiles, a recoger el documento que exhibió en el presente juicio, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. En virtud de lo anterior, se informa a la parte quejosa que para tal efecto deberá acudir a este órgano de control constitucional, dentro del horario de nueve a trece horas en día hábil, con identificación oficial vigente, previa cita que genere en el sistema de "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Además, al momento de su comparecencia se deberá seguir los Lineamientos de Higiene emitidos por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, empleando el equipo de protección básico para resguardar su salud y la de los servidores públicos adscritos al órgano jurisdiccional, tales como: uso obligatorio de cubre bocas, lavarse las manos, mantener distancia, usar gel antibacterial y, en caso de ser necesario, uso de guantes.

  2. Principal

    MESA 6.- Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual informa que admitió el recurso interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado como recurso de queja 108/2021 de su índice, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA 7-A. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mediante la cual acusa recibo del diverso 6349/2021, de veintiséis de marzo del año en curso, con el que se remitió el recurso de queja interpuesto por Erick Arguello García, y registrado con número 35/2021 de su estadística. Asimismo, informa que se declara legalmente incompetente para conocer y resolver del presente recurso, y procede a declinarla al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, para lo cual remite las constancias que integran dicho recurso; por ende, el suscrito queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    MESA 7-A. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de XXX, autorizado de la parte quejosa XXX, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la ley en la materia, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto. En otro contexto, vista la razón actuarial de veintitrés de los corrientes, de la cual se advierte la imposibilidad del fedatario judicial para notificar personalmente al quejoso XXXX, el proveído de diecinueve de marzo del año en curso, debido a que el domicilio designado es impreciso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el proveído de diecinueve de marzo del año en curso, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio correcto y preciso en esta ciudad para tal efecto. --------------------------DIVERSO AUTO------------------------ "Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Eric Arguello García, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04, y de otra autoridad, con residencia en esta ciudad, señalando como actos reclamados: "La falta de emplazamiento al Juicio Agrario número 204/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04"; y, "La sentencia definitiva dictada en el Juicio Agrario número 204/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04, donde se decretó a favor del señor OSCAR ARGUELLO AGUSTIN la restitución, desocupación y entrega de la fracción de dos hectáreas, deslindadas de la parcela número 133 Z-I P171, ubicada en el Ejido Hidalgo (antes Zacualpa) del Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, amparada en el certificado parcelario número 000000042761, de 08 de noviembre de 1996" ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 109/2021. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que sea manifiesto e indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma, cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones. Lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en la hipótesis de estudio. De lo expuesto en párrafos arriba señalados, se aprecia que el acto objetivamente reclamado por el quejoso lo constituye: "La falta de emplazamiento al Juicio Agrario número 204/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04"; y, "La sentencia definitiva dictada en el Juicio Agrario número 204/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04, donde se decretó a favor del señor OSCAR ARGUELLO AGUSTIN la restitución, desocupación y entrega de la fracción de dos hectáreas, deslindadas de la parcela número 133 Z-I P171, ubicada en el Ejido Hidalgo (antes Zacualpa) del Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, amparada en el certificado parcelario número 000000042761, de 08 de noviembre de 1996" Avala la consideración anterior determinación la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917 septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, del escrito que se provee, se desprende que el peticionario manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de febrero de dos mil veintiuno, cuando se enteró de la existencia de los actos reclamados, en tanto que fue ese día cuando tuvo conocimiento de la existencia del juicio agrario 204/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04 y de los actos emanados de dicho juicio. Lo que pone en evidencia la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. Para corroborar el aserto anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Asimismo, en términos del artículo 18 de la ley de la materia, para la presentación del juicio de amparo, el plazo, debe computarse: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de promoverse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Empero, del contenido de la demanda de amparo, se infiere, que es el propio peticionario quien sostiene bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de febrero de dos mil veintiuno, cuando se enteró de la existencia de los actos reclamados, pues ese día tuvo conocimiento de la existencia del juicio agrario 204/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04 y de los actos emanados de dicho juicio. Por tanto, si a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que controvierte nueve de febrero de dos mil veintiuno- a la fecha en que presentó su escrito de demanda en el buzón judicial a las diecisiete horas con treinta y un minutos del diecisiete de marzo del año actual, es inconcuso que transcurrieron en exceso los quince días que prevé el arábigo 17 de la Ley de Amparo, con la finalidad de instar la vía constitucional que pretende. Orienta este criterio, la jurisprudencia 32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. En el caso se actualiza el supuesto identificado con el inciso c), ya que conforme a los datos consignados en la demanda se concluye que el quejoso se ostentó sabedor de los actos contrariados, cuando su progenitora Eneyda García Ángel, le hizo del conocimiento la existencia del juicio de origen y, que el propio quejoso refiere, expresamente, que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Por tanto, si la demanda de amparo, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de marzo del presente año, tal como se advierte del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, es evidente que la presentación de la misma excedió del plazo que tenía para ello, pues aquél transcurrió a partir del diez de febrero del año actual, al dos de marzo pasado, por lo que comenzó a contar a partir del día siguiente hábil, es decir, el diez de febrero de dos mil veintiuno; con exclusión de los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, SE DESECHA la demanda de amparo por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, promovida por Eric Arguello García, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 04, y de otra autoridad, con residencia en esta ciudad. Luego, si en relación al acto que se reclama a esas autoridades, el juicio de amparo es improcedente, a nada práctico se llegaría con emplazarlas a juicio, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Cobra aplicación, la jurisprudencia con registro 180663, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Texto: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Baldemar Hernández López, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medios de contacto el correo electrónico que cita. Atinente al correo electrónico que indica, únicamente se tendrá con el alcance que refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es como forma especial y expedita de contacto, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9626229830. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente.".

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