Eric Alfonso Ricardez Jiménez

Expediente 141/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
141/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
21/06/2019

Partes del expediente

  • Eric Alfonso Ricardez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    PRAL 141/2019 MESA 4-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 135 a 145), que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ***, sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que obste a lo anterior, que se encuentre transcurriendo el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la 1) tercera interesada *** (foja 148 reverso) y la 2) autoridad responsable, vicefiscal General Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (foja 161), pues carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el citado precepto de la Ley de Amparo, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer la parte quejosa, que pudiera resultar afectada con el fallo en cuestión, quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. ... Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 556, del Semanario Judicial de la Nación, Décima Época, tomo I, con el siguiente rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO.". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8. Destrucción de tomo anexo. Por otra parte, con fundamento en la fracción I del punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a la destrucción de las constancias deducidas del cuaderno de prueba relativo al diverso juicio de amparo indirecto 64/2019, del índice de este juzgado, con las que se ordenó formar el tomo anexo II, ello, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de once de abril del año en curso (fojas 97 y 98). 9. Devolución de tomo anexo. Devuélvase a la autoridad responsable, juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca, la documental remitida por oficio número 1539 (foja 95), consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal ***, de su índice, con la que ordenó formar el tomo anexo I relativo a este juicio de amparo. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese...

  2. Principal

    PRAL.141/2019-4B*... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se r e s u e l v e : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados al 1) juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del centro, 2) coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto del servidor público designado, 3) comisionado de la Policía Estatal, a través de la jefa de Departamento adscrita a la Dirección Jurídica y al 4) vicefiscal General Zona Centro, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 141/2019; y, R e s u l t a n d o : Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 6 a 22) en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Eric Alfonso Ricardez Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos siguientes: 1° Juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca: - La resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual determina que no ha lugar a revocar el proveído de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho; y, como consecuencia: a) La declaración de firmeza de dicha resolución. b) La revocación de su libertad bajo caución; y, c) La orden de reaprehensión y su ejecución atribuida al: 2° Vicefiscal Regional de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 3° Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 4° Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados (fojas 9 a 11), invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; así como el 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (foja 11), y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 11 a 21). Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 28 a 32) se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 141/2019 y se previno a la parte quejosa para que la aclarara. Tercero. Cumplimiento de prevención y admisión de la demanda. En acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 35 a 41), a) se tuvo a la parte quejosa cumpliendo con las prevenciones formuladas y b) se admitió a trámite la promoción inicial constitucional; por lo que se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitaron los informes justificados respectivos y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Cuarto. Emplazamiento de la tercera interesada. El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 83 reverso) quedó emplazada la parte tercera interesada. Quinto. Audiencia constitucional. El veinte de mayo de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o : Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto se reclama de autoridades ejecutoras residentes en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo (fojas 6 a 22), así como de su escrito aclaratorio (foja 34), son: 1° Del juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca. - La resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual se determinó que no ha lugar a revocar el proveído de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho; y, como consecuencia: a) La declaración de firmeza de dicha resolución. b) La revocación de su libertad bajo caución; y, c) La orden de reaprehensión y su ejecución atribuida al: 2° Vicefiscal Regional de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 3° Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 4° Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: 1º. Juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del centro (foja 64); 2º. Coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto del servidor público designado (foja 63); 3º. Comisionado de la Policía Estatal, a través de la jefa de Departamento adscrita a la Dirección Jurídica (foja 57); y, 4°. Vicefiscal General Zona Centro, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (foja 75). Al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de la orden 1) para revocar su libertad y 2) de reaprehensión, así como su ejecución. Sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades responsables, procede sobreseer con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, la autoridad responsable juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del centro (foja 64), al rendir su informe justificado convino en la existencia del diverso acto reclamado, pues señaló que en la causa penal 28/2017 dictó el auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve mediante el cual determinó que no había lugar a modificar el diverso de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, en el que ordenó requerir a la parte quejosa exhibiera la cantidad de noventa y tres mil pesos, (para que pudiera gozar el beneficio de la libertad caucional) y, b) como consecuencia lo declaró firme. Quinto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos se advierte que respecto al acto que se tuvo por cierto en el considerando que antecede se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. (.)". Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". (Jurisprudencia 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12. Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época). La interpretación de los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que: a) el juicio de amparo es improcedente cuando así resulta de disposición de la Ley de Amparo; b) la Ley de Amparo en el artículo 217, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno es obligatoria para los Juzgados de Distrito, entre otros órganos; c) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que sean consecuencia necesaria de otros consentidos. En la especie, el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro de la causa penal 28/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, es improcedente; lo anterior, ya que dicha causal parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que, para los efectos del amparo, se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que, a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cabe significar que la anterior conclusión no debe confundirse con la hipótesis normativa de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues esta última se refiere al consentimiento tácito que se presume de la presentación extemporánea de la demanda de amparo al no promoverse oportunamente dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, en tanto que el consentimiento tácito que se deriva de la fracción XIII, se refiere a la presunción que se advierte de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, es decir, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis que se cita a continuación: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto anterior al reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se haya ponderado en sus beneficios o perjuicios, así como los fundamentos y motivos expresados en él. b) Que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para el amparo promovido contra la subsecuente actuación ni, desde luego, habría la necesidad de combatirlo a través de los recursos ordinarios. c) Que el quejoso se hubiese conformado con el sentido en que se dictó ese acto o que haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. d) Se tenga una relación directa e inmediata entre los actos -anterior y posterior-, de modo tal que no guarden autonomía. En síntesis, los supuestos para que opere la causa de improcedencia de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, esto es, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve dictada dentro de la causa penal 28/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, mediante la cual la responsable determinó que no había lugar a modificar el diverso de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, en el que ordenó requerir a la parte quejosa exhibiera la cantidad de noventa y tres mil pesos, para que pudiera gozar el beneficio de la libertad caucional, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de acreedores alimentarios, cometido en agravio de los menores A. O. y D. I., de apellidos R. V. Dicha cantidad fue requerida en cumplimiento a la resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en toca penal 19/2018 (foja 108 a 112); el citado acto reclamado debe refutarse como derivado de otro consentido. En efecto, se actualiza el primero de los supuestos enunciados en los incisos anotados con anterioridad, para que opere la causa de improcedencia en estudio, consistente en la existencia de un acto u omisión anterior al reclamado, pues de las copias que se ordenaron agregar en estos autos y que se invocan como hecho notorio, así como de las demás constancias de autos, se advierte lo siguiente: 1) Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 28/2017 (fojas 28 y 41 a 42 del tomo anexo II), del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, se determinaron los montos para que el procesado en dicha causa pudiera gozar del beneficio de la libertad caucional, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de acreedores alimentarios, cometido en agravio de los menores A. O. y D. I., de apellidos R. V. 2) Inconforme con dicha determinación la agente de Ministerio Público y la querellante, aquí tercera interesada, Bárbara Carolina Vásquez Morales interpusieron recurso de apelación. 3) En resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el toca 19/2018 (fojas 108 a 113), la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca resolvió modificarla y ordenó al juez de la causa requerir en los términos ordenados, esto es, que el procesado, aquí quejoso, tenía que exhibir la cantidad de ciento sesenta y tres mil pesos, para que pudiera gozar el beneficio de la libertad caucional, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de acreedores alimentarios. En consecuencia, con motivo de lo ordenado por referida la Sala, el juez responsable mediante resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa penal 28/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (fojas 1 y 8 del tomo anexo I), determinó lo siguiente (foja 1 vuelta y 8 del tomo anexo I): " . en vías de cumplimiento y siguiendo los lineamientos de la resolución de doce de marzo de marzo de dos mil dieciocho, dictado por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 159 y 160 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, requiérase al procesado ERIC ALFONSO RICARDEZ JIMÉNEZ, para que dentro del término de cinco días, siguiente a su legal notificación exhiba ante este Juzgado la cantidad restante de noventa y tres mil pesos cero centavos moneda nacional, pues de autos se advierte que ya obra la cantidad de setenta mil pesos cero centavos moneda nacional y es la cantidad que resulta para dar el pago total de ciento sesenta y tres mil pesos cero centavos moneda nacional por dicho concepto para garantizar el cumplimiento de las REPARACIÓN DEL DAÑO a favor de los." Por tanto, desde que fue notificado de dicha determinación, tuvo conocimiento que, en cumplimiento a lo ordenado por la referida Sala, tenía la obligación de exhibir la cantidad restante de noventa y tres mil pesos, para garantizar su libertad bajo caución y del cual no se inconformó Sirve de apoyo por su contenido a lo anterior la tesis II.1o.C.T.54 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 648 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. CUANDO SE SEÑALA EL CAMBIO DE DEPOSITARIO COMO ACTO RECLAMADO Y NO EL EMBARGO. El embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada. En tal virtud, el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde si aquél no es señalado como acto reclamado, se consiente tácitamente, y el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.2 Por otra parte, el segundo supuesto establecido en el inciso b), esto es, que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, también se actualiza, debido a que la resolución de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 108 a 112), dictada en el toca penal 19/2018, del índice de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que se ordenó que debía exhibir la cantidad de $93,000.00 (noventa y tres mil pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de reparación del daño para que pudiera gozar del beneficio de la libertad caucional, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de acreedores alimentarios, es una determinación que sí depara agravio al quejoso, la cual pudo impugnar. En relación con el tercer supuesto, consistente en que el quejoso se hubiese conformado con el acto primigenio, de las constancias de autos se advierte que la resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 19/2018, del índice de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo indirecto 666/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue sobreseído en términos de la fracción XIV del artículo 61, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, al haber promovido su demanda de forma extemporánea, lo que evidencia que la citada resolución de la Sala fue consentida tácitamente (fojas 119 a 134). También se actualiza el cuarto supuesto, ya que el acto reclamado en este juicio, consistente en la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro de la causa penal 28/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (fojas 66 a 68), es una consecuencia jurídica directa e inmediata de la resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal 19/2018, ya que, con motivo de lo ordenado por la sala en la citada resolución, la autoridad responsable, primero, requirió al quejoso en los siguientes términos (foja 102 del tomo anexo I): ".en vías de cumplimiento y siguiendo los lineamientos de la resolución de fecha doce de marzo del año dos mil dieciocho, dictado por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 159 y 160 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, nuevamente requiérase al procesado ERIC ALFONSO RICARDEZ JIMÉNEZ, para que dentro del término de cinco días siguiente a su legal notificación exhiba ante este juzgado la cantidad restante de NOVENTA Y TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, pues de autos se advierte que ya obra la cantidad de SETENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL." Asimismo, al resolver el recurso contra dicho auto determinó, en lo de interés, lo siguiente (fojas 67): " .Es cierto que el auto combatido de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, en la parte relativa, en que se ordenó requerirlo de pago de la cantidad restante de NOVENTA Y TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, pues de autos se advierte que ya no obra la cantidad de SETENTA MIL ESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL y es la cantidad que resulta para dar el pago total de CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL por dicho concepto para garantizar el cumplimiento de la REPARACIÓN DEL DAÑO a favor de los menores ofendidos." ".NO HA LUGAR a revocar el proveído de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, y en consecuencia SE DECLARA FIRME en todas y cada una de sus partes." Cabe aclarar que del análisis integral de la demanda, se advierte que la pretensión del quejoso con este juicio de amparo indirecto es que este Juzgado de Distrito analice el hecho de que en la causa penal 28/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con fecha veintiocho de enero del año en curso, estableció a) que no había lugar a revocar el proveído dictado el doce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 102 del tomo anexo I) mediante el cual se le requirió al quejoso a efecto de que exhibiera la cantidad de $93,000.00 (noventa y tres mil pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de reparación del daño y pudiera gozar del beneficio de la libertad caucional, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de acreedores alimentarios (foja 67); asimismo, b) lo declaró firme en todas y cada una de sus partes ese último acuerdo. En esas condiciones, si la parte quejosa consintió de manera tácita la resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 19/2018, del índice de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, pues con base en esta última resolución el juez responsable dictó el diverso acto reclamado proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual determinó que no había lugar a modificar o revocar el diverso proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, en el que ordenó requerir a la parte quejosa exhibiera la cantidad de noventa y tres mil pesos, (para que pudiera gozar el beneficio de la libertad caucional) y, como consecuencia, lo declaró firme; y al no encontrarse dentro de las excepciones para tal efecto, es de estimarse que se actualiza la citada causal, lo que obliga a decretar el sobreseimiento respecto del referido acto reclamado. Se precisa que el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, que debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. En consecuencia, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido (resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 19/2018, del índice de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca), y el acto derivado (resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve dictada dentro de la causa penal 28/2017), para así poder determinar si el consentimiento alcanza al nuevo acto combatido, pues al ser éste una consecuencia natural y legal del acto antecedente y al no atacarse por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos (garantizar su libertad bajo caución), lo cual acontece en la especie, tal y como se ha establecido en párrafos que anteceden. Apoya esta consideración la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del país, en la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página novecientos veintidós, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Y la tesis sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte, LXXXVII, pagina 9, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Por acto derivado de otro consentido ha de entenderse, para los efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. De aquí que, cuando el acto haya sido dictado por aplicación de una ley o, de un reglamento administrativo, no se está en presencia de un acto propiamente derivado de la norma general, sino de un acto que por sí mismo es autónomo, ya que aquella sólo es la razón jurídica que la justicia legalmente, pero no la causa inmediata de su existencia real, que puede o no estar fundada en derecho. Es, pues, cuestión de fondo la de decidir si tal acto es o no legal, constitucional, para los efectos del amparo." En ese tenor, al actualizarse las causal de improcedencia en estudio establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la citada ley. Sexto. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en esta resolución correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y; por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en esa ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se r e s u e l v e : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eric Alfonso Ricardez Jiménez, contra los actos reclamados al 1) juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del centro, 2) coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto del servidor público designado, 3) comisionado de la Policía Estatal, a través de la jefa de Departamento adscrita a la Dirección Jurídica y al 4) vicefiscal General Zona Centro, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    PRAL 141/2019 MESA 4-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio ***, de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolecentes, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 97 y 98), remite copia certificada de a) la resolución dictada el doce de marzo de dos mil dieciocho, así como de b) las constancias de notificación respectivas. Notifíquese. ..

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