Eriberto Omar Valencia Jiménez

Expediente 525/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
525/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Eriberto Omar Valencia Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    En doce de noviembre de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez con un escrito registrado bajo el número 21169, dentro del juicio de amparo 525/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de Susana León López, autorizada en términos amplios de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita, hágase la devolución de los documentos que acompañó el quejoso a su demanda de amparo, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos y constancia que de su entrega obre en el presente expediente. Una vez hecho lo anterior, como está ordenado en auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 17), remítase el presente expediente al archivo para su guarda y custodia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    ... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con el estado de autos y la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 525/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 9 a 13), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del veinticuatro al treinta de octubre del presente año, pues dicho auto se le notificó el pasado veintidós de octubre (fojas 14 a 16), sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Eriberto Omar Valencia Jiménez, contra actos del Presidente del Comisariado del Ejido San Francisco Uruapan y sus Barrios; fórmese cuaderno de amparo y regístrese con el número 525/2018. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte, que la misma es notoriamente improcedente, pues en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley en cita, los cuales disponen lo siguiente:...Ahora bien, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, menester resulta precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5, fracción II, de la Ley en comento, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el precepto 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior... En correlación con el acto que el quejoso reclama, es inconcuso que a la autoridad que denominó como Presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Uruapan y sus Barrios, no le reviste el carácter de responsable, para los efectos del presente juicio de amparo; porque se está en presencia de actos entre particulares, pues el Comisariado Ejidal realiza los actos hacia el interior del núcleo, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Máxime que no se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del artículo 5, de la Ley de Amparo, por virtud de que los entes ejidales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino como se dijo, se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante la autoridad competente; por lo tanto, el Presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Uruapan y sus Barrios, no puede ser autoridad para los efectos del amparo, de ahí que resulta improcedente su demanda de amparo...En las relatadas condiciones, de conformidad con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley aplicable, la demanda promovida por el quejoso Eriberto Omar Valencia Jiménez, contra actos del Presidente del Comisariado del Ejido San Francisco Uruapan y sus Barrios, es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone DESECHARLA DE PLANO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Susana León López, por otorgar de manera expresa tales facultades conforme al citado precepto y ser el presente asunto de naturaleza agraria, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Irery Naranjo Hernández, por autorizarla en esos términos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita a la actuaria para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente incidente de suspensión, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de la persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho, por licencia de carácter oficial concedida al Titular; con la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.

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