Eriak Paola Cordova Cruz
Expediente 290/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Eriak Paola Cordova Cruz
Actuaciones
- Principal
Visto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito firmado por Erika Paola Córdova Cruz, parte quejosa en este asunto, a través del cual en cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, bajo protesta de decir verdad, precisa y transcribe los autos de veintinueve de junio, seis, nueve y trece de julio, veinticinco y treinta de noviembre, todos del dos mil veinte, dictados en el expediente civil 872/2016, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia. CUMPLIMENTO DE PREVENCIÓN En ese sentido, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en los términos precisados en dicho auto. ADMISIÓN DE DEMANDA Luego, con fundamento en los artículos 2, 33, 35, 37, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Erika Paola Córdova Cruz, por su propio derecho, en contra los actos reclamados a la siguiente autoridad responsable: Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓNCON LAS PARTES, RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE, ASÍ COMO PROPUESTA DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes al uso del Portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con apertura total del esquema de "juicio en línea" a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con el diverso 5, fracción I y 22 fracción II, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil y cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario respecto de cuestiones no procesales. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. ACUMULACIÓN DE JUICIOS En ese sentido, se estima oportuno transcribir el artículo 66 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." De lo antes transcrito, se desprende que las cuestiones a que se refiere expresamente la Ley de Amparo y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante la tramitación del juicio de amparo, se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio. Asimismo, el citado precepto faculta al órgano jurisdiccional para que determine, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. En ese tenor, de la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que en las demandas de amparo 290/2021-VII y 289/2021-VI, promovidas por Erika Paola Córdova Cruz (actora e hija), así como por Norma Alejandra Córdova Cruz (actora e hija) respectivamente, se reclamaron la resolución interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, resolvió diversos recursos de reconsideración planteados contra los autos de veintinueve y treinta de junio, uno, seis, nueve y trece de julio, veinticinco y treinta de noviembre, todos del dos mil veinte, dictados en el expediente civil 872/2016, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia. Por tanto, en virtud que en la presente demanda, así como en la que dio origen al juicio de amparo 290/2021-VII, se señala el mismo acto reclamado y autoridad responsable; sumado, que en ambos juicios existen igualdad del tercero interesado Manuel Antonio Córdova Sánchez (demandado), se estima que se actualiza la hipótesis que establece el artículo 66 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta procedente decretar de oficio y de plano la acumulación del presente juicio al diverso 289/2021-VI. Lo anterior, en virtud de que tal circunstancia al ser una cuestión surgida durante la tramitación del juicio de amparo, debe de resolverse de esa manera, ya que se tramitan ante este mismo órgano jurisdiccional. De esta forma, al resultar procedente la acumulación que se analiza, el juicio de amparo más reciente se acumulará al más antiguo; esto es, el juicio de amparo 290/2021-VII al diverso 289/2021-VI. ANOTACIONES Se ordena efectuar las anotaciones en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); remítase los autos originales del expediente 290/2021-VII, al juicio de amparo 289/2021-VI, para la continuación del trámite correspondiente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Hágase del conocimiento de las partes, que en el juicio de amparo 289/2021-VI, se tiene por señalada las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DOS MIL VEINTIUNO, para el desahogo de la audiencia constitucional.
- Principal
En veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por Erika Paola Córdova Cruz. Conste. El Secretario. Juan Carlos Meza Ochoa. Villahermosa, Tabasco, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene pro recibida la demanda que promueve Erika Paola Córdova Cruz, contra actos de la siguiente autoridad: Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de juicio de amparo 290/2021-VII, y captúrese en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, resulta importante establecer que cuando exista una irregularidad en el escrito de demanda el juez de instancia está obligado a prevenir a la parte quejosa por imperativo de sus numerales 112 y 114 de la citada ley, que a letra dice: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el artículo 108 de la mencionada ley, señala lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación" Dispositivos que imponen a quien resuelve, previamente a acordar sobre la admisión de la demanda, la obligación de analizar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que exige la normatividad que rige la materia, y en caso contrario, mandará a requerir al promovente para que aclare o subsane las omisiones que deban corregirse. En ese orden, se destaca que la parte quejosa no precisó el o los actos que le reclama de forma específica a la autoridad que señal como responsable. Afirmación que encuentra sustento en la propia forma que la parte quejosa señaló el acto reclamado, a saber: ACTOS RECLAMADOS: LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EMITIDA POR LA JUEZA QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO; EN EL EXPEDIENTE 872/2016, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL DE PENSIÓN ALIMENTICIA, en ejecución directa por falta de cumplimiento y ser cosa juzgada, el cual declara que resultan improcedentes unos y procedentes otros los recursos de reconsideración planteados unos por mi progenitora quien era mi representante Legal, por ser en aquel entonces menor de edad, y otros interpuesto directamente por la suscrita." Por otra parte, señala como antecedente señaló: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Con fecha 11 de octubre del 2007, la suscrita insté demanda de Juicio Especial de Alimentos en contra de Manuel Antonio Córdova Sánchez a favor de las menores N.A.C.C. y E.P.C.C., radicado en el Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro Tabasco, con número de expediente 1041/2007. Que el 10 de enero del 2008 se efectuó la diligencia de notificación y emplazamiento en los estrados del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, al Ciudadano Manuel Antonio Córdova Sánchez quien comparece de manera voluntaria a notificarse y ser emplazado, dentro del expediente arriba citado. El 10 de enero del 2008 dentro del expediente 1041/2007, se celebró convenio entre las partes, quedando establecido en la cláusula segunda que el demandado Manuel Antonio Córdova Sánchez, proporcionara de manera definitiva la cantidad resultante del 50% de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias a favor de las menores N.A.C.C. y E.P.C.C., y que estando en la presencia de la autoridad judicial quien encontrando ajustado a derecho, aprobó dicho convenio al que estarán las partes a estar y pasar por el mismo en todo tiempo y lugar como COSA JUZGADA ordenándose archivar la causa como asunto totalmente concluido. 4. Es de mencionar, que la suscrita presenté un escrito fechado el 14 de mayo del 2008, al cual recayó el acuerdo de fecha de 16 de mayo del 2008, tomando en cuenta la causa ya se encontraba archivada es evidente que a partir de dicho acuerdo se procedía a la ejecución directa en razón al convenio de fecha 10 de enero de 2008, que establece y determina como cosa juzgada. Cabe mencionar que a partir del acuerdo del 16 de mayo del 2008, se inició la persecución de la ejecución del cumplimiento del convenio de fecha 10 de enero del 2008, y que hasta la presente fecha en la secuela de dicha ejecución se ha venido promoviendo el cumplimiento del convenio por diversas irregularidades e incumplimiento del mismo. Luego entonces el 17 de agosto del 2016, la Jueza Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, planteó excusa para dejar de conocer del expediente 1041/2007, relativo al Juicio Especial de Alimentos, por lo que actualmente dicho expediente se encuentra bajo el índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, y bajo el número de expediente 872/2016, siendo dicha autoridad quien conoce actualmente de la ejecución del expediente antes citado. En fecha 25 de febrero del 2020, la responsable dictó un acuerdo, con el cual mi progenitora en ese entonces se inconformó, promoviendo ante la jueza de la causa, RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de los puntos cuarto y quinto tercero del acuerdo citado, mediante escrito del 17 de marzo de 2020. En 29 de junio de 2020, la resolutoria del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Centro, Tabasco, emitió el acuerdo antes citado, en el cual en base al citado acuerdo, me fue entregado el oficio 2223, en el que se transcribe el punto segundo del auto 29 de junio del mismo año, por lo que en base a que le fue entregado en aquél entonces a mi progenitora el oficio a que hago referencia, ésta se hizo conocedora única y exclusivamente del Contenido del punto segundo de dicho auto, toda vez que así lo refiere en el escrito del 6 de julio del 2020, con el cual se inconforma promoviendo RECURSO DE RECONSIDERACION en contra del punto segundo del auto 30 de junio de 2020. Posteriormente en 7 de julio de 2020, fueron notificados los autos del 30 de junio, uno y 6 de julio de 2020, con el cual mi progenitora en ese entonces se inconforma promoviendo mediante escrito del 13 de julio de 2020 RECURSO DE RECONSIDERACION contra el puntos tercero del auto 30 de junio del citado año, y contra los puntos primero, segundo y tercero del proveído 6 de julio de 2020. Con fecha 14 de julio del 2020, el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Centro, Tabasco, emite el acuerdo del 9 de julio de 2020, en contra del cual en ese entonces mi progenitora se inconforma, promoviendo mediante escrito de 14 de julio de 2020, RECURSO DE RECONSIDERACION en contra del punto tercero del auto 9 de julio de 2020. Con fecha 13 de julio del 2020, el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Centro, Tabasco, emitió un acuerdo, en contra del cual en ese entonces mi progenitora se inconforma, promoviendo mediante escrito de 14 de julio de 2020, RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de los punto segundo y tercero del auto 13 de julio de 2020. Con fecha 25 de noviembre del 2020, la autoridad responsable emite el auto en mención, con el cual me inconformo, promoviendo RECURSO DE RECONSIDÉRACION, contra el auto antes citado, mediante escrito del 4 de diciembre de 2020. Con fecha 30 de noviembre de 2020, la autoridad responsable emite el auto en mención, con el cual me inconformo promoviendo recurso de reconsideración en contra del punto primero. Ante lo expuesto EL 19 DE FEBRERO DEL 2021 SE DICTÓ SENTENCIA INTERLOCUTORIA PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTOS POR LA SUSCRITA, y el Licenciado Francisco Alejandro Velázquez Calles, abogado patrono de la acreedora Norma Alejandra Córdova Cruz, en el cual DETERMINO DECRETAR PROCEDENTES UNOS E IMPROCEDENTES OTROS, LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN. ." De lo anterior se destaca que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que dice que el Juez responsable resolvió diversos recursos de reconsideración planteados contra los autos de veintinueve y treinta de junio, uno, seis, nueve y trece de julio, veinticinco y treinta de noviembre, todos del dos mil veinte, dictados en el expediente civil 872/2016, relativo al juicio especial de pensión alimenticia; sin embargo, del análisis integral de la demanda no se parecía su contenido, pues si bien, los citó en su capítulo de antecedentes, lo cierto es que no se logra apreciar la sustancia de lo en ellos resuelto, lo que imposibilita a este juzgador pronunciarse respecto de la procedencia del acto que se duele. En ese tenor, con fundamento en los artículos 108 fracción V, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al directo quejoso para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, precise los antecedentes siguientes: ÚNICO. De manera clara, precisa y concreta manifieste lo que la autoridad responsable resolvió en los autos de veintinueve y treinta de junio, uno, seis, nueve y trece de julio, veinticinco y treinta de noviembre, todos del dos mil veinte, dictados en el expediente civil 872/2016, relativo al juicio especial de pensión alimenticia. Lo anterior, a fin de tener una clara perspectiva del acto reclamado, atendiendo la jurisprudencia 1a./J. 64/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, tomo I, noviembre dos mil quince, página 713, con número de registro 2010471, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable.". En el entendido de que el escrito aclaratorio lo deberá presentar con igual número de copias que las requeridas para la demanda, a las que alude el artículo 110 del ordenamiento legal citado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razones, la jurisprudencia 1ª./J. 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." No pasa inadvertido que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en cualquier materia, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley; empero, ello no implica soslayar cuestiones de procedencia del juicio de amparo, como lo es en términos del artículo 108, fracción V de la Ley de la materia, la precisión de los actor reclamados. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 7/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 175753, localizable en la página 7, Tomo XXIII, Febrero de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s): Común, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." De igual modo, tampoco es óbice a lo acordado que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, pues la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir aspectos técnicos legales del juicio de amparo, como lo es el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2002359, localizable en la página 530, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." No se soslaya que el acto reclamado deriva de un juicio especial de alimentos; sin embargo, en el caso no se actualiza una excepción para que opere en beneficio del promovente la suplencia de la deficiencia de la queja pues de la lectura del acto, se colige que sus efectos se retrotraen únicamente a la esfera jurídica y patrimonial del promovente, sin que se vean afectados los intereses del menor de edad. Tesis de jurisprudencia 1a./J. 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de noviembre de dos mil cinco, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 167, registro digital: 175053, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz". APERCIBIMIENTO En caso de no cumplir con lo anterior, en el término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda de cuenta, y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Liliana Edith Bertruy Arévalo, a la persona que ahí cita, por tener registrada su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para oír citas y noficaciones a la diversa persona que ahí menciona por no acreditar tener su cedula profesional en dicho sistema. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4.A, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, visible en la página 1188, que es del rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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