Eri Gadiel González Hernández
Expediente 315/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eri Gadiel González Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que las partes se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 177 a 181), en el que se tuvo por cumplida la sentencia Constitucional dictada en autos; por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y la definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Por otro lado, toda vez que de los cuadernos incidentales se advierte, que existe el billete de depósito N 808720, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de **** a efecto de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva, en consecuencia se deja a disposición directa del quejoso, previo endoso a su favor, por un plazo de dos años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, el citado billete de depósito; apercibido que en caso de no acudir a su recepción dentro de la temporalidad indicada, se declarará de oficio la prescripción del detallado título nominativo, ordenándose su envío a la Tesorería de la Federación para que su importe sea ingresado a favor del erario federal. Ello con fundamento en los artículos 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Servicio de Tesorería de la Federación, así como en el punto primero de la Circular aprobada por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el uno de febrero de dos mil. Finalmente, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, las constancias que se procuró acompañar a su informe justificado consistentes en el duplicado del proceso penal número 125/2007 de su índice, en un anexo de pruebas; solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA****, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDÓS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable Juez Mixto de Primera Instancia, del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí, en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse, de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, lo cual se realiza de la siguiente manera. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se emitió la sentencia Constitucional en el presente juicio de amparo, a través de la cual, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al amparista, en relación al acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí (fojas 124 a 142), para los siguientes efectos: ".que el Juez responsable deje insubsistente la orden de reaprehensión reclamada, contenida en el proveído de cinco de diciembre de dos mil trece, dictado en la causa penal número 125/2007, junto con sus consecuencias jurídicas relativas a la efectividad de la garantía, para luego, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho estime procedente en relación a la petición formulada por el Agente del Ministerio Público a través de su escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece, evitando de volver a incurrir en la violación detectada en la presente sentencia..." Por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la anterior sentencia, por lo cual se requirió a la responsable de mérito, el cumplimiento al anterior fallo protector. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número AP-364/2018 del dos de marzo del año en curso, la autoridad responsable, informo a este órgano jurisdiccional lo siguiente: ".Primero.- Se deja sin efecto la orden de reaprehensión girada en contra de ERI GADIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, emitida dentro del presente proceso penal en auto de fecha 5 cinco de diciembre del 2013 dos mil trece, por la probable comisión del delito de Robo Calificado, en agravio de POLICARPO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, toda vez que no fue debidamente fundamentada, como bien lo advirtió el Juez Constitucional en su sentencia de amparo; al efecto gírese oficio al C. Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, comunicándole que deje sin efecto la orden reaprehensión que le fue solicitada mediante oficio AP-4887/2013, de fecha 5 cinco de diciembre del 2013 dos mil trece. Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la determinación decretada en el proveído de fecha 5 cinco de diciembre del 2013 dos mil trece, en el sentido de que se hacía efectiva la garantía exhibida por el inculpado que sirvió de base para garantizar su libertad provisional, reflejada en el billete de depósito DC 26271, hasta por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos, cero centavos M.N.); por consiguiente, gírese atento oficio a la Dirección de Recursos Financieros del Poder Judicial del Estado, a fin de que reincorpore la cantidad que hizo efectiva, de la cuenta Fondo de Apoyo del Poder para la administración de Justicia donde fue ingresada a la cuenta de Consignaciones y Garantías del Poder Judicial del Estado, y expida el billete de depósito respectivo a favor del inculpado ERI GADIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. Tercero.- Atendiendo a la petición del Agente del Ministerio Público en su oficio de fecha 8 ocho de octubre del 2013 dos mil trece, en el sentido de que con motivo del auto de Formal Prisión dictado en contra del inculpado ERI GADIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, de fecha 4 cuatro de marzo del 2019 (sic) dos mil nueve, solicitó se revocara la libertad provisional y se librara orden de reaprehensión al inculpado debido a que el delito que se le atribuyó, Robo Calificado, es considerado como grave." (foja 168). Por tal motivo, es posible establecer que en el presente asunto, para restituir al quejoso en el derecho fundamental que le fue vulnerado (legalidad), basta con que la autoridad responsable obligada al cumplimiento de la presente ejecutoria, deje insubsistente la orden de reaprehensión reclamada, contenida en el proveído de cinco de diciembre de dos mil trece, dictado en la causa penal número 125/2007, junto con sus consecuencias jurídicas relativas a la efectividad de la garantía; para luego, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho estime procedente en relación a la petición formulada por el Agente del Ministerio Público a través de su escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece, evitando de volver a incurrir en la violación detectada en la presente sentencia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica y en lo conducente, el contenido de la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 195909 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Julio de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/98 Página: 146 SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." En base a la anterior precisión del alcance de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, es posible establecer que en la especie el Juez Mixto de Primera Instancia, del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí, ha dado cumplimiento a la misma, toda vez que acató en sus términos la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; pues como se aprecia del proveído que dictó el dos de marzo del año que transcurre (fojas 168 y 169), en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, dejó insubsistente la orden de reaprehensión reclamada de cinco de diciembre de dos mil trece, junto con sus consecuencias jurídicas relativas a la efectividad de la garantía; y procedió a dictar uno nuevo, en el que con plenitud de jurisdicción, resuelve lo que conforme a derecho estima procedente en relación a la petición que le fue formulada por el Agente del Ministerio Público a través de su escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece; por tanto, es evidente que con ello se restituye al quejoso en el derecho fundamental que le fue vulnerado (legalidad); lo cual conduce a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso y al tercero interesado para que en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente al quejoso y al tercero interesado.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable Juez Mixto de Primera Instancia, del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí, en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse, de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, lo cual se realiza de la siguiente manera. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se emitió la sentencia Constitucional en el presente juicio de amparo, a través de la cual, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al amparista, en relación al acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí (fojas 124 a 142), para los siguientes efectos: ".que el Juez responsable deje insubsistente la orden de reaprehensión reclamada, contenida en el proveído de cinco de diciembre de dos mil trece, dictado en la causa penal número 125/2007, junto con sus consecuencias jurídicas relativas a la efectividad de la garantía, para luego, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho estime procedente en relación a la petición formulada por el Agente del Ministerio Público a través de su escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece, evitando de volver a incurrir en la violación detectada en la presente sentencia..." Por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la anterior sentencia, por lo cual se requirió a la responsable de mérito, el cumplimiento al anterior fallo protector. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número AP-364/2018 del dos de marzo del año en curso, la autoridad responsable, informo a este órgano jurisdiccional lo siguiente: ".Primero.- Se deja sin efecto la orden de reaprehensión girada en contra de ERI GADIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, emitida dentro del presente proceso penal en auto de fecha 5 cinco de diciembre del 2013 dos mil trece, por la probable comisión del delito de Robo Calificado, en agravio de POLICARPO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, toda vez que no fue debidamente fundamentada, como bien lo advirtió el Juez Constitucional en su sentencia de amparo; al efecto gírese oficio al C. Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, comunicándole que deje sin efecto la orden reaprehensión que le fue solicitada mediante oficio AP-4887/2013, de fecha 5 cinco de diciembre del 2013 dos mil trece. Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la determinación decretada en el proveído de fecha 5 cinco de diciembre del 2013 dos mil trece, en el sentido de que se hacía efectiva la garantía exhibida por el inculpado que sirvió de base para garantizar su libertad provisional, reflejada en el billete de depósito DC 26271, hasta por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos, cero centavos M.N.); por consiguiente, gírese atento oficio a la Dirección de Recursos Financieros del Poder Judicial del Estado, a fin de que reincorpore la cantidad que hizo efectiva, de la cuenta Fondo de Apoyo del Poder para la administración de Justicia donde fue ingresada a la cuenta de Consignaciones y Garantías del Poder Judicial del Estado, y expida el billete de depósito respectivo a favor del inculpado ERI GADIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. Tercero.- Atendiendo a la petición del Agente del Ministerio Público en su oficio de fecha 8 ocho de octubre del 2013 dos mil trece, en el sentido de que con motivo del auto de Formal Prisión dictado en contra del inculpado ERI GADIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, de fecha 4 cuatro de marzo del 2019 (sic) dos mil nueve, solicitó se revocara la libertad provisional y se librara orden de reaprehensión al inculpado debido a que el delito que se le atribuyó, Robo Calificado, es considerado como grave." (foja 168). Por tal motivo, es posible establecer que en el presente asunto, para restituir al quejoso en el derecho fundamental que le fue vulnerado (legalidad), basta con que la autoridad responsable obligada al cumplimiento de la presente ejecutoria, deje insubsistente la orden de reaprehensión reclamada, contenida en el proveído de cinco de diciembre de dos mil trece, dictado en la causa penal número 125/2007, junto con sus consecuencias jurídicas relativas a la efectividad de la garantía; para luego, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho estime procedente en relación a la petición formulada por el Agente del Ministerio Público a través de su escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece, evitando de volver a incurrir en la violación detectada en la presente sentencia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica y en lo conducente, el contenido de la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 195909 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Julio de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/98 Página: 146 SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." En base a la anterior precisión del alcance de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, es posible establecer que en la especie el Juez Mixto de Primera Instancia, del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí, ha dado cumplimiento a la misma, toda vez que acató en sus términos la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; pues como se aprecia del proveído que dictó el dos de marzo del año que transcurre (fojas 168 y 169), en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, dejó insubsistente la orden de reaprehensión reclamada de cinco de diciembre de dos mil trece, junto con sus consecuencias jurídicas relativas a la efectividad de la garantía; y procedió a dictar uno nuevo, en el que con plenitud de jurisdicción, resuelve lo que conforme a derecho estima procedente en relación a la petición que le fue formulada por el Agente del Ministerio Público a través de su escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece; por tanto, es evidente que con ello se restituye al quejoso en el derecho fundamental que le fue vulnerado (legalidad); lo cual conduce a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso y al tercero interesado para que en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente al quejoso y al tercero interesado.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí, por medio del cual informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo mediante auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal número 125/2007 de su índice; en consecuencia, previo a tener a la autoridad responsable dando cumplimiento al fallo protector de que se trata, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibido que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese, y personalmente al quejoso.
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