Erenestina Maribel Reyes Hernandez

Expediente 422/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
422/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Erenestina Maribel Reyes Hernandez
  • Juzgado Unico Especializado En Oralidad Mercantil En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 422/2021-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el nueve de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Fernando Cobos González, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintidós, a la parte tercera interesada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Fernando Cobos González, quien autoriza y da fe. Sentencia que en lo conducente dice: Vistos para resolver el juicio de amparo 422/2021-I, promovido por Ernestina Maribel Reyes Hernández; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Ernestina Maribel Reyes Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos. Segundo. Radicación de la demanda. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, este juzgado radicó la demanda con el número de expediente 422/2021-I; la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado en el presente asunto a la persona moral BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien se apersonó a juicio por escrito de folio 10558. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radica la autoridad que emitió el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de un análisis integral de la demanda de garantías y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio de origen, atendiendo a la intencionalidad de la quejosa, se precisa que el acto reclamado es: La orden de embargo y retención de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, aperturada en la institución bancaria Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, con motivo de las providencias precautorias 38/2021, promovidas por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (tercero interesada), sin haber sido emplazada como parte en algún procedimiento, ni notificada de algún mandamiento que la condene a pagar alguna prestación u obligación a favor de determinada persona. Tercero. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias allegadas, consistentes en copias certificadas del expediente de providencias precautorias 38/2021 y del juicio ejecutivo mercantil 171/2021, radicado con motivo de tales medidas; documentales que anexó a su informe de ley, las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al no hacerse valer por las partes causa de improcedencia ni advertirse de oficio su actualización, se procede al análisis del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación que expone la parte quejosa. Cuarto. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación esgrimidos resultan infundados como más adelante se expondrá. Para una mejor comprensión del tema, conviene precisar algunos antecedentes del expediente 38/2021 del cual derivan los actos reclamados, así como del juicio ejecutivo mercantil 171/2021, radicado con motivo de las providencias precautorias que nos ocupan; constancias remitidas por el juez responsable al momento de rendir el informe con justificación y que han sido valoradas con anterioridad. 1. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer promovió providencias precautorias respecto de la retención de bienes propiedad de la quejosa Ernestina Maribel Reyes Hernández y otros, por la cantidad de $1´114,285.74 (un millón ciento catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), sobre el dinero que se encuentre depositado en cuentas bancarias a nivel nacional a su nombre, en las diferentes instituciones financieras del país; asimismo, solicitó que se giraran los oficios correspondientes a efecto de materializar dicha retención. 2. Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, admitió a trámite las providencias precautorias 38/2021, y entre otras cosas, fijó como garantía de efectividad la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), a fin de asegurar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida precautoria al deudor. 3. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el juez de origen tuvo a la parte promovente exhibiendo la póliza de fianza 1150-04407-8-PP189, que amparó la garantía requerida en autos y proveyó lo siguiente: ".habiéndose colmado todos y cada uno de los requisitos establecidos en el imperativo 1175 del Código de Comercio, en términos de lo dispuesto por el diverso 1177 del cuerpo legal en cita, se decretan del plano las providencias precautorias solicitadas sin citación de las personas contra quienes se piden; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito gírese atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (.) para que por su conducto requiera a las diversas instituciones de crédito que se encuentran bajo la supervisión de dicha Comisión, a efecto de que informen a este Juzgado si tienen en sus registros cuentas bancarias a nombre de (.) Ernestina Maribel Reyes Hernández (.) y en caso de localizar una cuenta bancaria a nombre de los deudores, en este acto se retenga la misma hasta por la cantidad de $1´114,285.74 (un millón ciento catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos, 74/100, moneda nacional), debiendo permitir la entrada de numerario pero no su salida (.)". 4. Mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 214-2/RFF-31300/2021 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el que informó el bloqueo de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, aperturada en Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, entre otras; asimismo, el juez dio por practicada la retención bienes ordenada y concedió el término de tres días a los afectados para que manifestaran lo que a su derecho legal conviniera; además, requirió a la parte actora a fin de que dentro del mismo término exhibiera la demanda principal derivada de la presente providencia precautoria, apercibiéndola que de no hacerlo, levantaría las medidas decretadas. 5. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, tuvo a la parte actora exhibiendo el acuse de recibo de la demanda principal presentada derivada de las medidas precautorias. 6. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda promovida por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien demandó en la vía ejecutiva mercantil oral en ejercicio de la acción cambiaria directa contra Ernestina Maribel Reyes Hernández y otros; radicándola con el número de expediente 171/2021; dictó auto de requerimiento de pago, y en su caso embargo y emplazamiento contra la parte demandada y ordenó acumular el expediente de providencias precautorias 38/2021 al dicho juicio mercantil.´ Sin que a la fecha de la rendición del informe y remisión de las constancias requeridas, se advierta la notificación y/o emplazamiento de la quejosa en tales expedientes. De los antecedentes narrados se obtiene que la orden de retención y congelamiento de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, emana de la determinación dictada por el juez responsable dentro de un expediente de providencias precautorias a juicio oral mercantil sobre retención de bienes iniciadas en su contra, como un acto prejudicial. Establecido lo anterior, se tiene que la quejosa expone medularmente, como concepto de violación, que el acto reclamado contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sin haber sido llamada a defender sus derechos, se ordenó inmovilizar la cuenta bancaria 01000646101, de su propiedad, aperturada en la institución bancaria Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, aunado a que no existe sentencia o resolución que la haya condenado a pagar con su patrimonio un adeudo; además a que tampoco ha sido notificada de algún mandamiento que la condene a pagar alguna prestación u obligación a favor de determinada persona. Es infundado el motivo de inconformidad señalado como a continuación se puntualizará. En primer lugar, es necesario destacar que la garantía de audiencia encuentra su fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que hace referencia al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte a los gobernados. Al respecto, cabe precisar que en la Carta Magna se hace una clara distinción entre los actos privativos y los actos de molestia. Los actos privativos que se encuentran regulados por el ordinal mencionado, son aquéllos que producen como efecto la disminución o supresión de carácter definitivo de un derecho del particular. Este tipo de actos solamente pueden llevarse a cabo mediante la previa existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que regula el diverso artículo 16 Constitucional, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Dicha restricción se autoriza únicamente cuando exista previamente un mandamiento escrito girado por una autoridad competente, en donde se cumpla con las garantías de fundamentación y motivación. Para poder distinguir entre estos dos tipos de actos es necesario atender a su finalidad, esto es, el acto será privativo si la supresión o menoscabo de un derecho es definitiva, o bien, será de molestia cuando tienda sólo a una restricción provisional. Al respecto, existe pronunciamiento por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IV, julio de 1996, página 5, la cual establece lo siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Vinculado con lo anterior, sobre el tema de las providencias precautorias, los artículos 1175, 1177 y 1178 del Código de Comercio, señalan: "Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante." "Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio." "Artículo 1178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código." Tales preceptos legales establecen los requisitos que deben contener las providencias precautorias que tienen por objeto el secuestro de bienes; asimismo, los últimos dos preceptos señalan que tratándose de una providencia precautoria, como acto prejudicial, no se requiere llamar al presunto demandado. En el particular, la medida decretada por la jueza responsable fue emitida como un acto prejudicial, es decir antes de la iniciación de un juicio; en ese sentido, se considera que se tratan de actos de molestia, pues no restringen en forma definitiva un derecho. Por lo tanto, se colige que las providencias precautorias, como acto prejudicial, no se rigen por la garantía de audiencia previa, pues de acuerdo a la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, dicha garantía solo es exigible en forma previa a los actos privativos, cuya naturaleza no comparten tales medidas. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, marzo de 1998, página 18, que señala: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." También, encuentra sustento lo anterior, por analogía, en la tesis III.2o.C.8 C (10a.) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, página 1385, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que indica: "MEDIDAS CAUTELARES. PARA SU ADOPCIÓN, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL, NO RIGE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA A FAVOR DEL AFECTADO EN ARAS DE PRESERVAR EL DERECHO DE QUIEN LAS SOLICITA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 21/98. Lo dispuesto por los artículos 1470 a 1476, frente a los diversos numerales 1479 y 1480, todos del Código de Comercio, en lo relativo a la adopción, reconocimiento y ejecución de medidas cautelares en (o en relación con) el procedimiento arbitral, resulta dudoso en la medida en que, en el primer grupo de preceptos se establece que el reconocimiento y ejecución ordenadas por un tribunal arbitral debe tramitarse a modo de un juicio, esto es, admitirse la demanda, emplazar a los demandados, desahogar pruebas, oír alegatos y dictar sentencia; y, en el segundo, que toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral es vinculante y debe ejecutarse al ser solicitada tal ejecución ante el Juez competente, salvo que exista alguna causa de denegación, entre ellas, las que puede hacer notar al juzgador el propio afectado por la medida. Es decir, surge una antinomia normativa sobre el trámite que debe darse a la adopción de medidas cautelares y a su reconocimiento y ejecución, pues no es posible para dar solución a la problemática consistente en si debe concederse audiencia al afectado con la medida cautelar, antes de decidirse sobre la adopción, reconocimiento y ejecución señaladas, aplicar simultáneamente lo dispuesto en ambos grupos de preceptos. En esa tesitura, de una interpretación surgida de la ponderación de las finalidades de preservar, por una parte, la garantía de audiencia de quien resultaría afectado con la adopción, reconocimiento y ejecución de la medida cautelar (en la medida en la que supone la posibilidad de hacer notar al juzgador y demostrarle, en su caso, circunstancias de hecho o de derecho que impidan que pueda adoptarse, reconocerse y menos aún, ejecutarse, la providencia cautelar) y, por otra, la eficacia de la medida cautelar, a través de su tramitación inaudita et altera pars (en tanto que implica que el estado de cosas existente cuando se realiza la solicitud, se mantenga para cuando se adopte, reconozca y ejecute la medida); emana el criterio que debe sostenerse en el sentido de que el operador del derecho ha de inclinarse por atribuir un mayor peso a la regla o principio que subyace en las normas contenidas en los citados artículos 1479 y 1480, que resulta coherente con el sistema relativo a las medidas cautelares en general (el cual propugna que para dictar una providencia precautoria no se citará a la persona contra quien se pida), y porque al asumir esa solución en el conflicto normativo se garantiza el mantenimiento de la situación de hecho en aras de que no se vea frustrada la preservación, en forma urgente, del derecho de la parte que la solicita en el procedimiento arbitral; además de cumplir con el criterio visible en la página 18 del Tomo VII, marzo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 196727, sentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 21/98, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." Es preciso destacar que el objeto de una providencia precautoria requiere un cierto sigilo para su efectiva cumplimentación, ya que de ordenarse la medida y hacerla del conocimiento a la persona que va dirigida, sin existir la certeza de su ejecución, implicaría que el destinatario pudiera obstaculizarla, lo cual va en contra de la finalidad de dicha institución (medida cautelar); siendo ello la justificación de la conducta procesal desplegada por las autoridades responsables y evidencia lo incorrecto de las afirmaciones vertidas por la hoy quejosa. Sin que obste para la suscrita que se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil 171/2021 iniciado con motivo de las providencias precautorias decretadas, toda vez que, como ya se indicó, la retención de bienes y congelamiento de la cuenta bancaria que por esta vía combate la quejosa, fue ordenada en los autos de las providencias precautorias a juicio oral mercantil sobre retención de bienes, no en el juicio mercantil, donde si bien se dictó el auto exequendo, este mandamiento aún no se ha ejecutado. En ese sentido, son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, en el sentido de que se violan en su perjuicio las prerrogativas de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso, porque como se indicó, las providencias precautorias de carácter prejudicial, como en el presente asunto, consistente en la orden de retención y bloqueo de cuentas tienen como finalidad la de garantizar provisionalmente la condena que en su caso llegare a hacerse en el juicio mercantil correspondiente, respecto al adeudo señalado en el procedimiento de origen. Consecuentemente, como los preceptos invocados no establecen un acto privativo, en tanto que no prevén la desposesión definitiva a la peticionaria de amparo del patrimonio retenido, sino el único efecto jurídico que señalan es impedirle disponer de él, hasta en tanto concluya el juicio relativo; entonces, en el asunto de estudio no se violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto además, porque de otorgarse audiencia previa al interesado con la imposición de la providencia precautoria pedida, perjudicaría el propósito de la medida cautelar, pues anticiparía su conocimiento al afectado con aquélla, lo que haría inútil la medida y fácilmente evadible. Por las consideraciones vertidas, es infundado el motivo de inconformidad vertido, en razón de que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la quejosa, y al no advertirse la actualización de algún supuesto legal que justifique la suplencia de la queja deficiente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el Secretario en Funciones de Juez de este órgano jurisdiccional, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ernestina Maribel Reyes Hernández, contra el acto reclamado precisado en el segundo considerando por los motivos expuestos en el cuarto considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy, nueve de febrero de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 422/2021-I, promovido por Ernestina Maribel Reyes Hernández; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Ernestina Maribel Reyes Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos. Segundo. Radicación de la demanda. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, este juzgado radicó la demanda con el número de expediente 422/2021-I; la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado en el presente asunto a la persona moral BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien se apersonó a juicio por escrito de folio 10558. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radica la autoridad que emitió el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de un análisis integral de la demanda de garantías y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio de origen, atendiendo a la intencionalidad de la quejosa, se precisa que el acto reclamado es: La orden de embargo y retención de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, aperturada en la institución bancaria Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, con motivo de las providencias precautorias 38/2021, promovidas por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (tercero interesada), sin haber sido emplazada como parte en algún procedimiento, ni notificada de algún mandamiento que la condene a pagar alguna prestación u obligación a favor de determinada persona. Tercero. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias allegadas, consistentes en copias certificadas del expediente de providencias precautorias 38/2021 y del juicio ejecutivo mercantil 171/2021, radicado con motivo de tales medidas; documentales que anexó a su informe de ley, las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al no hacerse valer por las partes causa de improcedencia ni advertirse de oficio su actualización, se procede al análisis del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación que expone la parte quejosa. Cuarto. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación esgrimidos resultan infundados como más adelante se expondrá. Para una mejor comprensión del tema, conviene precisar algunos antecedentes del expediente 38/2021 del cual derivan los actos reclamados, así como del juicio ejecutivo mercantil 171/2021, radicado con motivo de las providencias precautorias que nos ocupan; constancias remitidas por el juez responsable al momento de rendir el informe con justificación y que han sido valoradas con anterioridad. 1. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer promovió providencias precautorias respecto de la retención de bienes propiedad de la quejosa Ernestina Maribel Reyes Hernández y otros, por la cantidad de $1´114,285.74 (un millón ciento catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), sobre el dinero que se encuentre depositado en cuentas bancarias a nivel nacional a su nombre, en las diferentes instituciones financieras del país; asimismo, solicitó que se giraran los oficios correspondientes a efecto de materializar dicha retención. 2. Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, admitió a trámite las providencias precautorias 38/2021, y entre otras cosas, fijó como garantía de efectividad la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), a fin de asegurar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida precautoria al deudor. 3. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el juez de origen tuvo a la parte promovente exhibiendo la póliza de fianza 1150-04407-8-PP189, que amparó la garantía requerida en autos y proveyó lo siguiente: ".habiéndose colmado todos y cada uno de los requisitos establecidos en el imperativo 1175 del Código de Comercio, en términos de lo dispuesto por el diverso 1177 del cuerpo legal en cita, se decretan del plano las providencias precautorias solicitadas sin citación de las personas contra quienes se piden; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito gírese atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (.) para que por su conducto requiera a las diversas instituciones de crédito que se encuentran bajo la supervisión de dicha Comisión, a efecto de que informen a este Juzgado si tienen en sus registros cuentas bancarias a nombre de (.) Ernestina Maribel Reyes Hernández (.) y en caso de localizar una cuenta bancaria a nombre de los deudores, en este acto se retenga la misma hasta por la cantidad de $1´114,285.74 (un millón ciento catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos, 74/100, moneda nacional), debiendo permitir la entrada de numerario pero no su salida (.)". 4. Mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 214-2/RFF-31300/2021 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el que informó el bloqueo de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, aperturada en Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, entre otras; asimismo, el juez dio por practicada la retención bienes ordenada y concedió el término de tres días a los afectados para que manifestaran lo que a su derecho legal conviniera; además, requirió a la parte actora a fin de que dentro del mismo término exhibiera la demanda principal derivada de la presente providencia precautoria, apercibiéndola que de no hacerlo, levantaría las medidas decretadas. 5. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, tuvo a la parte actora exhibiendo el acuse de recibo de la demanda principal presentada derivada de las medidas precautorias. 6. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda promovida por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien demandó en la vía ejecutiva mercantil oral en ejercicio de la acción cambiaria directa contra Ernestina Maribel Reyes Hernández y otros; radicándola con el número de expediente 171/2021; dictó auto de requerimiento de pago, y en su caso embargo y emplazamiento contra la parte demandada y ordenó acumular el expediente de providencias precautorias 38/2021 al dicho juicio mercantil.´ Sin que a la fecha de la rendición del informe y remisión de las constancias requeridas, se advierta la notificación y/o emplazamiento de la quejosa en tales expedientes. De los antecedentes narrados se obtiene que la orden de retención y congelamiento de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, emana de la determinación dictada por el juez responsable dentro de un expediente de providencias precautorias a juicio oral mercantil sobre retención de bienes iniciadas en su contra, como un acto prejudicial. Establecido lo anterior, se tiene que la quejosa expone medularmente, como concepto de violación, que el acto reclamado contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sin haber sido llamada a defender sus derechos, se ordenó inmovilizar la cuenta bancaria 01000646101, de su propiedad, aperturada en la institución bancaria Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, aunado a que no existe sentencia o resolución que la haya condenado a pagar con su patrimonio un adeudo; además a que tampoco ha sido notificada de algún mandamiento que la condene a pagar alguna prestación u obligación a favor de determinada persona. Es infundado el motivo de inconformidad señalado como a continuación se puntualizará. En primer lugar, es necesario destacar que la garantía de audiencia encuentra su fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que hace referencia al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte a los gobernados. Al respecto, cabe precisar que en la Carta Magna se hace una clara distinción entre los actos privativos y los actos de molestia. Los actos privativos que se encuentran regulados por el ordinal mencionado, son aquéllos que producen como efecto la disminución o supresión de carácter definitivo de un derecho del particular. Este tipo de actos solamente pueden llevarse a cabo mediante la previa existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que regula el diverso artículo 16 Constitucional, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Dicha restricción se autoriza únicamente cuando exista previamente un mandamiento escrito girado por una autoridad competente, en donde se cumpla con las garantías de fundamentación y motivación. Para poder distinguir entre estos dos tipos de actos es necesario atender a su finalidad, esto es, el acto será privativo si la supresión o menoscabo de un derecho es definitiva, o bien, será de molestia cuando tienda sólo a una restricción provisional. Al respecto, existe pronunciamiento por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IV, julio de 1996, página 5, la cual establece lo siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Vinculado con lo anterior, sobre el tema de las providencias precautorias, los artículos 1175, 1177 y 1178 del Código de Comercio, señalan: "Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante." "Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio." "Artículo 1178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código." Tales preceptos legales establecen los requisitos que deben contener las providencias precautorias que tienen por objeto el secuestro de bienes; asimismo, los últimos dos preceptos señalan que tratándose de una providencia precautoria, como acto prejudicial, no se requiere llamar al presunto demandado. En el particular, la medida decretada por la jueza responsable fue emitida como un acto prejudicial, es decir antes de la iniciación de un juicio; en ese sentido, se considera que se tratan de actos de molestia, pues no restringen en forma definitiva un derecho. Por lo tanto, se colige que las providencias precautorias, como acto prejudicial, no se rigen por la garantía de audiencia previa, pues de acuerdo a la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, dicha garantía solo es exigible en forma previa a los actos privativos, cuya naturaleza no comparten tales medidas. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, marzo de 1998, página 18, que señala: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." También, encuentra sustento lo anterior, por analogía, en la tesis III.2o.C.8 C (10a.) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, página 1385, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que indica: "MEDIDAS CAUTELARES. PARA SU ADOPCIÓN, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL, NO RIGE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA A FAVOR DEL AFECTADO EN ARAS DE PRESERVAR EL DERECHO DE QUIEN LAS SOLICITA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 21/98. Lo dispuesto por los artículos 1470 a 1476, frente a los diversos numerales 1479 y 1480, todos del Código de Comercio, en lo relativo a la adopción, reconocimiento y ejecución de medidas cautelares en (o en relación con) el procedimiento arbitral, resulta dudoso en la medida en que, en el primer grupo de preceptos se establece que el reconocimiento y ejecución ordenadas por un tribunal arbitral debe tramitarse a modo de un juicio, esto es, admitirse la demanda, emplazar a los demandados, desahogar pruebas, oír alegatos y dictar sentencia; y, en el segundo, que toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral es vinculante y debe ejecutarse al ser solicitada tal ejecución ante el Juez competente, salvo que exista alguna causa de denegación, entre ellas, las que puede hacer notar al juzgador el propio afectado por la medida. Es decir, surge una antinomia normativa sobre el trámite que debe darse a la adopción de medidas cautelares y a su reconocimiento y ejecución, pues no es posible para dar solución a la problemática consistente en si debe concederse audiencia al afectado con la medida cautelar, antes de decidirse sobre la adopción, reconocimiento y ejecución señaladas, aplicar simultáneamente lo dispuesto en ambos grupos de preceptos. En esa tesitura, de una interpretación surgida de la ponderación de las finalidades de preservar, por una parte, la garantía de audiencia de quien resultaría afectado con la adopción, reconocimiento y ejecución de la medida cautelar (en la medida en la que supone la posibilidad de hacer notar al juzgador y demostrarle, en su caso, circunstancias de hecho o de derecho que impidan que pueda adoptarse, reconocerse y menos aún, ejecutarse, la providencia cautelar) y, por otra, la eficacia de la medida cautelar, a través de su tramitación inaudita et altera pars (en tanto que implica que el estado de cosas existente cuando se realiza la solicitud, se mantenga para cuando se adopte, reconozca y ejecute la medida); emana el criterio que debe sostenerse en el sentido de que el operador del derecho ha de inclinarse por atribuir un mayor peso a la regla o principio que subyace en las normas contenidas en los citados artículos 1479 y 1480, que resulta coherente con el sistema relativo a las medidas cautelares en general (el cual propugna que para dictar una providencia precautoria no se citará a la persona contra quien se pida), y porque al asumir esa solución en el conflicto normativo se garantiza el mantenimiento de la situación de hecho en aras de que no se vea frustrada la preservación, en forma urgente, del derecho de la parte que la solicita en el procedimiento arbitral; además de cumplir con el criterio visible en la página 18 del Tomo VII, marzo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 196727, sentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 21/98, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." Es preciso destacar que el objeto de una providencia precautoria requiere un cierto sigilo para su efectiva cumplimentación, ya que de ordenarse la medida y hacerla del conocimiento a la persona que va dirigida, sin existir la certeza de su ejecución, implicaría que el destinatario pudiera obstaculizarla, lo cual va en contra de la finalidad de dicha institución (medida cautelar); siendo ello la justificación de la conducta procesal desplegada por las autoridades responsables y evidencia lo incorrecto de las afirmaciones vertidas por la hoy quejosa. Sin que obste para la suscrita que se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil 171/2021 iniciado con motivo de las providencias precautorias decretadas, toda vez que, como ya se indicó, la retención de bienes y congelamiento de la cuenta bancaria que por esta vía combate la quejosa, fue ordenada en los autos de las providencias precautorias a juicio oral mercantil sobre retención de bienes, no en el juicio mercantil, donde si bien se dictó el auto exequendo, este mandamiento aún no se ha ejecutado. En ese sentido, son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, en el sentido de que se violan en su perjuicio las prerrogativas de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso, porque como se indicó, las providencias precautorias de carácter prejudicial, como en el presente asunto, consistente en la orden de retención y bloqueo de cuentas tienen como finalidad la de garantizar provisionalmente la condena que en su caso llegare a hacerse en el juicio mercantil correspondiente, respecto al adeudo señalado en el procedimiento de origen. Consecuentemente, como los preceptos invocados no establecen un acto privativo, en tanto que no prevén la desposesión definitiva a la peticionaria de amparo del patrimonio retenido, sino el único efecto jurídico que señalan es impedirle disponer de él, hasta en tanto concluya el juicio relativo; entonces, en el asunto de estudio no se violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto además, porque de otorgarse audiencia previa al interesado con la imposición de la providencia precautoria pedida, perjudicaría el propósito de la medida cautelar, pues anticiparía su conocimiento al afectado con aquélla, lo que haría inútil la medida y fácilmente evadible. Por las consideraciones vertidas, es infundado el motivo de inconformidad vertido, en razón de que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la quejosa, y al no advertirse la actualización de algún supuesto legal que justifique la suplencia de la queja deficiente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el Secretario en Funciones de Juez de este órgano jurisdiccional, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ernestina Maribel Reyes Hernández, contra el acto reclamado precisado en el segundo considerando por los motivos expuestos en el cuarto considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy, nueve de febrero de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe. Razón. Esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada el día de hoy, nueve de febrero de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 422/2021-I. Conste. nueve de febrero de dos mil veintidós

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de nueve de febrero del dos mil veintidós, que en lo conducente establece: Vistos para resolver el juicio de amparo 422/2021-I, promovido por Ernestina Maribel Reyes Hernández; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Ernestina Maribel Reyes Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos. Segundo. Radicación de la demanda. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, este juzgado radicó la demanda con el número de expediente 422/2021-I; la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado en el presente asunto a la persona moral BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien se apersonó a juicio por escrito de folio 10558. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radica la autoridad que emitió el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de un análisis integral de la demanda de garantías y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio de origen, atendiendo a la intencionalidad de la quejosa, se precisa que el acto reclamado es: La orden de embargo y retención de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, aperturada en la institución bancaria Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, con motivo de las providencias precautorias 38/2021, promovidas por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (tercero interesada), sin haber sido emplazada como parte en algún procedimiento, ni notificada de algún mandamiento que la condene a pagar alguna prestación u obligación a favor de determinada persona. Tercero. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias allegadas, consistentes en copias certificadas del expediente de providencias precautorias 38/2021 y del juicio ejecutivo mercantil 171/2021, radicado con motivo de tales medidas; documentales que anexó a su informe de ley, las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al no hacerse valer por las partes causa de improcedencia ni advertirse de oficio su actualización, se procede al análisis del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación que expone la parte quejosa. Cuarto. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación esgrimidos resultan infundados como más adelante se expondrá. Para una mejor comprensión del tema, conviene precisar algunos antecedentes del expediente 38/2021 del cual derivan los actos reclamados, así como del juicio ejecutivo mercantil 171/2021, radicado con motivo de las providencias precautorias que nos ocupan; constancias remitidas por el juez responsable al momento de rendir el informe con justificación y que han sido valoradas con anterioridad. 1. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer promovió providencias precautorias respecto de la retención de bienes propiedad de la quejosa Ernestina Maribel Reyes Hernández y otros, por la cantidad de $1´114,285.74 (un millón ciento catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), sobre el dinero que se encuentre depositado en cuentas bancarias a nivel nacional a su nombre, en las diferentes instituciones financieras del país; asimismo, solicitó que se giraran los oficios correspondientes a efecto de materializar dicha retención. 2. Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, admitió a trámite las providencias precautorias 38/2021, y entre otras cosas, fijó como garantía de efectividad la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), a fin de asegurar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida precautoria al deudor. 3. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el juez de origen tuvo a la parte promovente exhibiendo la póliza de fianza 1150-04407-8-PP189, que amparó la garantía requerida en autos y proveyó lo siguiente: ".habiéndose colmado todos y cada uno de los requisitos establecidos en el imperativo 1175 del Código de Comercio, en términos de lo dispuesto por el diverso 1177 del cuerpo legal en cita, se decretan del plano las providencias precautorias solicitadas sin citación de las personas contra quienes se piden; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito gírese atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (.) para que por su conducto requiera a las diversas instituciones de crédito que se encuentran bajo la supervisión de dicha Comisión, a efecto de que informen a este Juzgado si tienen en sus registros cuentas bancarias a nombre de (.) Ernestina Maribel Reyes Hernández (.) y en caso de localizar una cuenta bancaria a nombre de los deudores, en este acto se retenga la misma hasta por la cantidad de $1´114,285.74 (un millón ciento catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos, 74/100, moneda nacional), debiendo permitir la entrada de numerario pero no su salida (.)". 4. Mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 214-2/RFF-31300/2021 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el que informó el bloqueo de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, aperturada en Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, entre otras; asimismo, el juez dio por practicada la retención bienes ordenada y concedió el término de tres días a los afectados para que manifestaran lo que a su derecho legal conviniera; además, requirió a la parte actora a fin de que dentro del mismo término exhibiera la demanda principal derivada de la presente providencia precautoria, apercibiéndola que de no hacerlo, levantaría las medidas decretadas. 5. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, tuvo a la parte actora exhibiendo el acuse de recibo de la demanda principal presentada derivada de las medidas precautorias. 6. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda promovida por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien demandó en la vía ejecutiva mercantil oral en ejercicio de la acción cambiaria directa contra Ernestina Maribel Reyes Hernández y otros; radicándola con el número de expediente 171/2021; dictó auto de requerimiento de pago, y en su caso embargo y emplazamiento contra la parte demandada y ordenó acumular el expediente de providencias precautorias 38/2021 al dicho juicio mercantil.´ Sin que a la fecha de la rendición del informe y remisión de las constancias requeridas, se advierta la notificación y/o emplazamiento de la quejosa en tales expedientes. De los antecedentes narrados se obtiene que la orden de retención y congelamiento de la cuenta bancaria 01000646101, a nombre de la quejosa, emana de la determinación dictada por el juez responsable dentro de un expediente de providencias precautorias a juicio oral mercantil sobre retención de bienes iniciadas en su contra, como un acto prejudicial. Establecido lo anterior, se tiene que la quejosa expone medularmente, como concepto de violación, que el acto reclamado contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sin haber sido llamada a defender sus derechos, se ordenó inmovilizar la cuenta bancaria 01000646101, de su propiedad, aperturada en la institución bancaria Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, aunado a que no existe sentencia o resolución que la haya condenado a pagar con su patrimonio un adeudo; además a que tampoco ha sido notificada de algún mandamiento que la condene a pagar alguna prestación u obligación a favor de determinada persona. Es infundado el motivo de inconformidad señalado como a continuación se puntualizará. En primer lugar, es necesario destacar que la garantía de audiencia encuentra su fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que hace referencia al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte a los gobernados. Al respecto, cabe precisar que en la Carta Magna se hace una clara distinción entre los actos privativos y los actos de molestia. Los actos privativos que se encuentran regulados por el ordinal mencionado, son aquéllos que producen como efecto la disminución o supresión de carácter definitivo de un derecho del particular. Este tipo de actos solamente pueden llevarse a cabo mediante la previa existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que regula el diverso artículo 16 Constitucional, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Dicha restricción se autoriza únicamente cuando exista previamente un mandamiento escrito girado por una autoridad competente, en donde se cumpla con las garantías de fundamentación y motivación. Para poder distinguir entre estos dos tipos de actos es necesario atender a su finalidad, esto es, el acto será privativo si la supresión o menoscabo de un derecho es definitiva, o bien, será de molestia cuando tienda sólo a una restricción provisional. Al respecto, existe pronunciamiento por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IV, julio de 1996, página 5, la cual establece lo siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Vinculado con lo anterior, sobre el tema de las providencias precautorias, los artículos 1175, 1177 y 1178 del Código de Comercio, señalan: "Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante." "Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio." "Artículo 1178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código." Tales preceptos legales establecen los requisitos que deben contener las providencias precautorias que tienen por objeto el secuestro de bienes; asimismo, los últimos dos preceptos señalan que tratándose de una providencia precautoria, como acto prejudicial, no se requiere llamar al presunto demandado. En el particular, la medida decretada por la jueza responsable fue emitida como un acto prejudicial, es decir antes de la iniciación de un juicio; en ese sentido, se considera que se tratan de actos de molestia, pues no restringen en forma definitiva un derecho. Por lo tanto, se colige que las providencias precautorias, como acto prejudicial, no se rigen por la garantía de audiencia previa, pues de acuerdo a la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, dicha garantía solo es exigible en forma previa a los actos privativos, cuya naturaleza no comparten tales medidas. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, marzo de 1998, página 18, que señala: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." También, encuentra sustento lo anterior, por analogía, en la tesis III.2o.C.8 C (10a.) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, página 1385, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que indica: "MEDIDAS CAUTELARES. PARA SU ADOPCIÓN, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL, NO RIGE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA A FAVOR DEL AFECTADO EN ARAS DE PRESERVAR EL DERECHO DE QUIEN LAS SOLICITA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 21/98. Lo dispuesto por los artículos 1470 a 1476, frente a los diversos numerales 1479 y 1480, todos del Código de Comercio, en lo relativo a la adopción, reconocimiento y ejecución de medidas cautelares en (o en relación con) el procedimiento arbitral, resulta dudoso en la medida en que, en el primer grupo de preceptos se establece que el reconocimiento y ejecución ordenadas por un tribunal arbitral debe tramitarse a modo de un juicio, esto es, admitirse la demanda, emplazar a los demandados, desahogar pruebas, oír alegatos y dictar sentencia; y, en el segundo, que toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral es vinculante y debe ejecutarse al ser solicitada tal ejecución ante el Juez competente, salvo que exista alguna causa de denegación, entre ellas, las que puede hacer notar al juzgador el propio afectado por la medida. Es decir, surge una antinomia normativa sobre el trámite que debe darse a la adopción de medidas cautelares y a su reconocimiento y ejecución, pues no es posible para dar solución a la problemática consistente en si debe concederse audiencia al afectado con la medida cautelar, antes de decidirse sobre la adopción, reconocimiento y ejecución señaladas, aplicar simultáneamente lo dispuesto en ambos grupos de preceptos. En esa tesitura, de una interpretación surgida de la ponderación de las finalidades de preservar, por una parte, la garantía de audiencia de quien resultaría afectado con la adopción, reconocimiento y ejecución de la medida cautelar (en la medida en la que supone la posibilidad de hacer notar al juzgador y demostrarle, en su caso, circunstancias de hecho o de derecho que impidan que pueda adoptarse, reconocerse y menos aún, ejecutarse, la providencia cautelar) y, por otra, la eficacia de la medida cautelar, a través de su tramitación inaudita et altera pars (en tanto que implica que el estado de cosas existente cuando se realiza la solicitud, se mantenga para cuando se adopte, reconozca y ejecute la medida); emana el criterio que debe sostenerse en el sentido de que el operador del derecho ha de inclinarse por atribuir un mayor peso a la regla o principio que subyace en las normas contenidas en los citados artículos 1479 y 1480, que resulta coherente con el sistema relativo a las medidas cautelares en general (el cual propugna que para dictar una providencia precautoria no se citará a la persona contra quien se pida), y porque al asumir esa solución en el conflicto normativo se garantiza el mantenimiento de la situación de hecho en aras de que no se vea frustrada la preservación, en forma urgente, del derecho de la parte que la solicita en el procedimiento arbitral; además de cumplir con el criterio visible en la página 18 del Tomo VII, marzo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 196727, sentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 21/98, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." Es preciso destacar que el objeto de una providencia precautoria requiere un cierto sigilo para su efectiva cumplimentación, ya que de ordenarse la medida y hacerla del conocimiento a la persona que va dirigida, sin existir la certeza de su ejecución, implicaría que el destinatario pudiera obstaculizarla, lo cual va en contra de la finalidad de dicha institución (medida cautelar); siendo ello la justificación de la conducta procesal desplegada por las autoridades responsables y evidencia lo incorrecto de las afirmaciones vertidas por la hoy quejosa. Sin que obste para la suscrita que se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil 171/2021 iniciado con motivo de las providencias precautorias decretadas, toda vez que, como ya se indicó, la retención de bienes y congelamiento de la cuenta bancaria que por esta vía combate la quejosa, fue ordenada en los autos de las providencias precautorias a juicio oral mercantil sobre retención de bienes, no en el juicio mercantil, donde si bien se dictó el auto exequendo, este mandamiento aún no se ha ejecutado. En ese sentido, son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, en el sentido de que se violan en su perjuicio las prerrogativas de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso, porque como se indicó, las providencias precautorias de carácter prejudicial, como en el presente asunto, consistente en la orden de retención y bloqueo de cuentas tienen como finalidad la de garantizar provisionalmente la condena que en su caso llegare a hacerse en el juicio mercantil correspondiente, respecto al adeudo señalado en el procedimiento de origen. Consecuentemente, como los preceptos invocados no establecen un acto privativo, en tanto que no prevén la desposesión definitiva a la peticionaria de amparo del patrimonio retenido, sino el único efecto jurídico que señalan es impedirle disponer de él, hasta en tanto concluya el juicio relativo; entonces, en el asunto de estudio no se violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto además, porque de otorgarse audiencia previa al interesado con la imposición de la providencia precautoria pedida, perjudicaría el propósito de la medida cautelar, pues anticiparía su conocimiento al afectado con aquélla, lo que haría inútil la medida y fácilmente evadible. Por las consideraciones vertidas, es infundado el motivo de inconformidad vertido, en razón de que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la quejosa, y al no advertirse la actualización de algún supuesto legal que justifique la suplencia de la queja deficiente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el Secretario en Funciones de Juez de este órgano jurisdiccional, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ernestina Maribel Reyes Hernández, contra el acto reclamado precisado en el segundo considerando por los motivos expuestos en el cuarto considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy, nueve de febrero de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

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