Erendira Rubio Antonio
Expediente 560/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- J. A. M. R.
- Erendira Rubio Antonio
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Pedimento. Téngase recibido el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual hace diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismos que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
En veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta a la Jueza, con los oficios del Agente Fiscal de la unidad Uno de la Delegación Sexta de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí. Conste.Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Informes de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por así disponerlo en su artículo segundo; agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, los oficios de cuenta signado por el Agente Fiscal de la unidad Uno de la Delegación Sexta de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, a través de los cuales rinde informe sobre la suspensión de plano decretada en autos. En esa tesitura, se tiene a la citada responsable rindiendo el informe relativo a la suspensión de plano, con su contenido dese vista a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales a que hubiere lugar; haciendo entrega de copia simple. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por... Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 560/2023II-1. Resguardo de identidad de menor. Debido a que...demanda el amparo por sus propios derechos y en representación del menor de edad de iniciales J. A. M. R., se informa a las partes que al mencionado infante se le considera de identidad protegida en los presentes autos, en la inteligencia que tanto la identidad como los datos personales de la menor deben permanecer reservados en aras de proteger el resguardo de su intimidad, tal y como se previene en los artículos 76, 79, 83, fracción XIII y 86, fracción IV, todos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria para todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la invocada ley, en concordancia con lo previsto en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en su preceptos 68, 75, fracción XIII y 78, fracción IV. Por ende, obténgase copia del ocurso de demanda que se provee y sus anexos, suprímanse los datos de identificación del menor y déjese como original en el juicio de amparo que nos ocupa, en la inteligencia de que tanto la demanda original como los documentos que contienen datos reservados serán resguardados en el sigilo de la Secretaría como anexo uno. Admisión de demanda. Intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XV, de la Carta Magna y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase como parte en el presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lo tanto, con copia de la demanda que se provee, désele la intervención que legalmente le corresponde. Suspensión de plano. Respecto a la suspensión de plano de los actos reclamados por el promovente del amparo, se estima necesario sentar como premisa lo contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal..." Aunado a ello, el artículo 126, transcrito, dispone que en el auto de admisión de la demanda, el juez podrá conceder la suspensión de plano, la que de otorgarse deberá comunicarse sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, cuando se trate de los actos siguientes: a) Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales (prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). c) La incorporación forzosa en el ejército, armada o fuerza aérea nacionales. d) Tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De ese modo, la suspensión de "oficio" o de "plano", se decide sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos, pues la medida tiene por objeto la protección de bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, cuya protección conlleva una urgencia y gravedad que permiten al juzgador actuar de manera inmediata. Así, el legislador estableció una serie de actos o supuestos en los que se impuso el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación y con exclusión de la discrecionalidad del juzgador, a fin de evitar que se materialicen o consumen actos que afecten bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante. Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado". La relación de ambos preceptos permite advertir una finalidad específica de la medida: el cese inmediato, y sin mayor trámite, de actos que el propio orden constitucional ha catalogado, de manera expresa, como prohibidos. Por la entidad de la violación de derechos humanos que involucran esos actos, el amparo, entre los diversos instrumentos procesales que lo conforman, prevé, como mecanismo presto de nulidad de aquéllos, la denominada suspensión de plano que, inclusive, debe ser decretada oficiosamente por el juzgador ante la actualización de alguno de tales supuestos. La suspensión de plano tiende a evitar, desde la presentación misma de la demanda de amparo, la consumación de actos manifiestamente inconstitucionales, tanto que, si bien se observa, tratándose de este tipo de casos, ni siquiera es necesario emprender un examen sobre la posible vulneración al orden público o el interés social que pudiese acarrear la medida, o bien, realizar un análisis de apariencia del buen derecho, como sí se exige para decretar la suspensión a petición de parte conforme con lo que prevén los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo. El artículo 1° de la Constitución señala que todas las personas gozan de los derechos que la misma establece independientemente de la edad que tengan. Tal reconocimiento implica por un lado, que cualquier negación de derechos con base en la categoría de edad se presume inconstitucional y, por otro, que se justifica la protección reforzada de los derechos de los menores de edad, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto al resto de la población. Ahora bien, en el caso concreto la quejosa reclama la orden de privarla de la guarda y custodia de su hijo menor de edad. Por lo anterior, se considera que se actualizan situaciones que comprometen los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, como se observa del presente asunto, esto es, por ser un menor de edad, lo coloca en un estado de vulnerabilidad evidente, bajo un enfoque en derechos humanos y no discriminación, por lo que, de conformidad con lo establecido en los numerales 4, párrafo cuarto, 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al encontrarse reunidos los requisitos a que se refieren los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo vigente, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la quejosa Eréndira Rubio Antonio, no sea privada de la guarda y custodia de su hijo menor de edad de iniciales J.A.M.R. Ello, siempre y cuando la orden de privación de la guarda y custodia reclamada, no derive de un mandamiento, medida precautoria o cautelar dirigida a salvaguardar la integridad física o mental del infante en cuestión, emitida por una autoridad competente con las formalidades esenciales para la emisión de dicho acto. Es decir, la medida cautelar antes decretada no surtirá efecto en los términos antes puntualizados, si la desposesión de la guarda y custodia se encuentra dirigida a proteger y no poner en riesgo la integridad física, mental o psicológica del menor de edad de iniciales J.A.M.R.; de manera que, sí de los antecedentes y constancias que obren en autos del expediente de origen, se advierten factores que hagan suponer riesgo para el referido infante, la medida cautelar únicamente tendrá el efecto de que la autoridad responsable ante quien se tramite la contienda de origen, efectúe el pronunciamiento que estime procedente en derecho. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá preservar en todo momento el interés superior de la menor; suspensión que surte efectos desde luego. La medida cautelar no surtirá efectos si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señalados en la demanda o si se trata de un acto combatido diverso. En tal contexto, se requiere a las responsables a fin de que de manera inmediata se abstengan de quitar la guarda y custodia del menor de previa cita a la aquí quejosa, salvo que se acrediten las excepciones antes expuestas. Informe a la suspensión de plano. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito dentro del término de veinticuatro horas las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Sanción por incumplimiento a la suspensión de plano decretada. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la trasgresión de este mandamiento, traerá como consecuencia la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia. Incidente de suspensión. Sin que sea necesaria la apertura por separado del incidente de suspensión, toda vez que en esta data se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. Audiencia constitucional. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable, el cual podrá ser rendido por escrito o medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 117, párrafo quinto, de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, remita copia certificada, legible, completa y ordenada en forma secuencial, de las constancias que obran en el expediente de donde deriva el acto reclamado, atento a que son necesarias para resolver el presente asunto, o en su caso, manifieste el impedimento legal que le asista para no hacerlo. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Sanción por incumplimiento en la rendición del informe justificado. Apercibida que, de no rendir el informe justificado, o lo hiciere sin remitir las constancias relativas, amén de que en aquel caso se presumirá cierto el acto aquí reclamado, en términos del párrafo cuarto del citado precepto, se impondrá en su contra una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar cien veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del mismo año. Causas de sobreseimiento. Así también, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, informe a este juzgado si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en el presente juicio, esto es, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del idéntico procedimiento del que emana el acto que se reclama. De igual modo, con fundamento en lo establecido en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que así lo acrediten; apercibidos que no hacerlo, se impondrá en su contra una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos legales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar treinta veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del mismo año. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como autorizados en términos restringidos a...toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que les autorice a ejercer la profesión de abogado. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa por ofreciendo las pruebas documentales que anexa a su ocurso de garantías, la cual desde este momento se tiene por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Notificación a las autoridades responsables. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese.
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