Erendira Patricia Loaeza Rodríguez
Expediente 95/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/06/2018
Partes del expediente
- Erendira Patricia Loaeza Rodríguez
- Secretario de Educación Pública
Actuaciones
- Principal
VISTOS; HAGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL PRESENTE CUADERNILLO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN SEIS MESES A ESTA FECHA AL SER UN EXPEDIENTE AUXILIAR...REALICESE EL ACTA Y RELACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA PLENA IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DESTRUIDO...SE ORDENA HACER LA ANOTACIÓN CORREPONDIENTE EN LA CARATULA.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, se ordena notificar por lista a la parte quejosa.-
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual acusa recibo del comunicado 464 de doce de diciembre de dos mil dieciséis, con el cual se le remitió la demanda original del juicio de amparo 95/2016. En tal virtud, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de diciembre de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo promovida por Erendira Patricia Loeza Rodríguez, contra actos del Secretario de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 8-A-95/2016. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con el artículo 5º de los lineamientos para la integración del expediente judicial en su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización de las actuaciones que se consideran indispensables, las cuales son las mínimas que deben integrar el expediente de amparo y su modalidad electrónica, consistentes en: boleta de turno; demanda de amparo/ampliación y anexos; resolución inicial (admisión, prevención, desechada, no presentada, etc.); constancias de emplazamiento a las partes y demás constancias de notificación; informes previos y justificados; promociones presentadas por las partes; actuaciones y resoluciones dictadas en la tramitación del juicio y después de concluido; audiencia incidental/constitucional; sentencia; resoluciones dictadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; escritos en los que se interponga algún recurso y la sentencia que lo resuelva; y acuerdo de archivo; de igual forma, una vez analizadas las constancias relacionadas directamente con la litis constitucional (esto es las necesarias para resolver en el presente juicio), a fin de que estas se integren al expediente y el resto de los exhibidos obrarán por cuerda separada físicamente, quedando formalmente vinculados a los autos para los efectos legales correspondientes y a disposición de las partes para su consulta en este órgano de control constitucional. Estas constancias no estarán agregadas materialmente al expediente de amparo y por ende no requerirán ser digitalizadas. Una vez concluido el juicio de amparo, los expedientes remitidos por las autoridades responsables a los órganos jurisdiccionales federales, serán devueltos a la instancia de origen. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. En principio, es importante destacar los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (Énfasis añadido). Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De los preceptos transcritos se advierte que para determinar la competencia territorial del juzgador de amparo se debe analizar en principio si el acto reclamado requiere o no ejecución material, así como la forma en que ésta se realiza. Así, en el caso de que el acto requiera ejecución material, se tiene que analizar el lugar en el cual deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, incluso si ha comenzado a ejecutarse en lugar y sigue ejecutándose en otro. De una interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprende que las distintas modalidades a que se ha hecho referencia en el párrafo precedente se distinguen por razones prácticas, a fin de privilegiar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa; es decir: La relativa a que el acto reclamado "se haya ejecutado" se refiere a tiempo pasado cuando el mismo ya se cumplimentó; La referente a que el acto "se esté ejecutando" implica que en tiempo presente está aconteciendo; La diversa que indica el lugar donde "trate de ejecutarse" el acto se refiere a que se han realizado actos tendientes a lograr su ejecución pero sin que se haya materializado; y, La relativa al lugar en el cual deba tener ejecución el acto reclamado implica que el mismo no se ha realizado, no se está realizando ni se ha intentado ejecutar, sino que en tiempo futuro se realizará en un lugar determinado. En el caso, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicitó la protección de la Justicia Federal contra la evaluación docente publicada el once de septiembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la federación, misma que tendrá verificativo en la Ciudad de México. En esas circunstancias, este juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo; toda vez que, la ejecución del acto de que se duele el promovente debe tener lugar fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional; es decir, en la Ciudad de México. En efecto, en su demanda de amparo la quejosa manifiesta que llegó a su centro educativo una misiva enviada por la autoridad responsable (Secretario de Educación Pública), que dice: "Deberán presentarse todos los docentes de este plantel, obligatoriamente, a una evaluación el día 19 de Noviembre del 2016, caso contrario, perderán su plaza docente. comuníquese vía telefónica o por correo electrónico a la Secretaría de Educación Pública, donde les darán todos los requisitos y pormenores al respecto", la cual, afirma la parte quejosa tendrá verificativo en la Ciudad de México. Asimismo, la quejosa refiere que día tras día Directores, Supervisores, Subsecretarios y demás funcionarios del sistema educativo lo presionan, coaccionan, advierten y amenazan diciéndole que si no acude a presentar esa evaluación con la obligación de aprobarla, perderá su plaza docente; además que por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y en los medios masivos de comunicación pretenden obligarlo a presentar dicha evaluación. De lo anterior, se desprende con claridad que la evaluación docente que el quejoso reclama trata de ejecutarse en la Ciudad de México, por así advertirse del escrito de demanda, sin que por el momento se cuenten con mayores medios de prueba que conduzca a establecer diversa circunstancia. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo y declina la competencia al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en la Ciudad de México, que es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución el acto reclamado en el presente juicio. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el referido Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa, establece: ".I. PRIMER CIRCUITO: Ciudad de México. (.) SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: I. PRIMER CIRCUITO: MODIFICADO POR ACUERDO GENERAL 56/2014 PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 18/12/2014. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 18/2015 PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 26/05/2015. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 30/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/06/2016. 1. Sesenta y un tribunales colegiados especializados: diez en materia penal, veinte en materia administrativa, catorce en materia civil y diecisiete en materia de trabajo, todos con residencia en la Ciudad de México. 2. Nueve tribunales unitarios especializados: seis en materia penal y tres en materias civil y administrativa, todos con residencia en el Distrito Federal. MODIFICADO POR ACUERDO GENERAL 6/2015, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 27/02/2015. MODIFICADO POR ACUERDO GENERAL 7/2015, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 27/02/2015. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 29/2015, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 24/06/2015. 3. Sesenta y nueve juzgados de Distrito en el Distrito Federal especializados: quince de Procesos Penales Federales, dieciséis de amparo en materia penal, dieciséis en materia administrativa, trece en materia civil y nueve en materia de trabajo, todos con sede en el Distrito Federal. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 39/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 17/06/2016. 4. Ocho Juzgados Federales Penales Especializados: seis en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, y dos en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación, todos con residencia en la Ciudad de México. ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL 17/2015, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 24/04/2015. 5. Tres juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, todos con sede en el Distrito Federal. (.) I. PRIMER CIRCUITO: REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 39/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 17/06/2016. Los juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquélla, con excepción de los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones; los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas; y los Juzgados de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación; que ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana. ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL 17/2015 EN SU ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 24/04/2015. DEROGADO POR ACUERDO GENERAL 39/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 17/06/2016. Derogado." En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo antecedente que se forme, remítase el original del escrito de demanda, con sus respectivos anexos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, con el fin de que a su vez los envíe al Juez de Distrito, en turno, en esa ciudad, para que proceda al conocimiento del asunto; debiéndose realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa se tienen como autorizadas en los términos que indica, a las personas que refiere en su escrito de demanda. Ahora, al tomar en consideración que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de esta ciudad y a fin de no dejarla en estado de indefensión, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del numeral 2° de la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez del Ramo Civil, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para que por su conducto y en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique personalmente el contenido íntegro del presente proveído a: Erendira Patricia Loeza Rodríguez en el domicilio ubicado carretera 190, Kilómetro 77 (Panamericana-Internacional), número 1585, en esa localidad. Además, lo requiera para que en el momento de la notificación; o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se harán por medio de lista, atento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al juez del fuero común, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, para que habilite días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada. Hecho que sea, se sirva devolver el despacho a la brevedad posible. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente; asimismo, se tiene por hecha la oposición de la parte quejosa a que se publiquen sus datos personales en la lista de acuerdos de este órgano de control constitucional; lo que se deberá tomar en cuenta al momento de publicar los proveídos y sentencia que se dicten en el presente juicio de garantías. Se autoriza al secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Ricardo Alberto Fernández Prieto, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Sergio Pastelín Islas, Secretario con quien actúa y da fe. AndreaB Así lo proveyó y firma el licenciado Ricardo Alberto Fernández Prieto, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Sergio Pastelín Islas, Secretario con quien actúa y da fe. AndreaB
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