Erendira Mojica Diaz

Expediente 1804/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1804/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/10/2020

Partes del expediente

  • Erendira Mojica Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días sin que haya realizado manifestación al respecto, como se advierte de la constancia de cuenta; por tanto, este juzgado de Distrito se pronuncia respecto del cumplimiento dado. En ese contexto, en sentencia de veintisiete de enero de dos mil veinte, la cual causó ejecutoria por auto de dieciocho de febrero del mismo año, este juzgado de Distrito concedió la protección de la Justicia de la Unión a Eréndira Mojica Díaz para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realizara lo siguiente: "Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, tome las medidas necesarias e incluso disciplinarias para que en la hora y fecha programada para el desahogo de la inspección sobre documentos, ofrecida por la parte actora en el juicio laboral 01/348/19 -nueve horas del diecinueve de febrero de dos mil veinte-, dicha audiencia se encuentre debidamente preparada para su verificativo. En caso de que la difiera, la nueva fecha deberá ser acorde con el término previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Con relación a las confesionales y testimoniales ofrecidas por las parte en el juicio de origen, señale nuevas fechas acorde con el numeral ya señalado. Ordene al actuario de su adscripción, notificar a las partes lo conducente, quien no debe perder de vista el término establecido en el artículo 750 de la misma norma. Gire oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de recabar y desahogar los informes de autoridad ofertados por la parte actora. Tome las medidas necesarias e incluso disciplinarias para que sean desahogados los medios probatorios en comento." En atención a lo anterior, mediante oficio registrado con folio 3758 la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, mediante el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte actora en proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve y se le tuvo por desierto el medio probatorio consistente en la prueba confesional para hechos propios a cargo de Carolina Ann Dubernard Smith. De igual forma, por oficio registrado con folio 4277 la junta responsable remitió copia certificada del desahogo de la inspección de diecinueve de febrero de dos mil veinte en el juicio laboral 01/348/19. Asimismo, mediante oficio registrado con folio 4818 la encargada de la junta responsable remitió copia certificada de la audiencia de cinco de marzo del año en curso, en la tuvo por desahogada la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la demandada Casa de la Cultura Juan Soriano o Museo Morelense de Arte Contemporáneo; así como de la diversa audiencia de diez de marzo de dos mil veinte en la que tuvo por desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte actora cargo de Damián Mundo Salgado, Claudia Guadalupe Castaños Gómez y Patricia Sánchez Cruz, asimismo, en dicha audiencia tuvo por legalmente desahogado el informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, después de haber realizado diversas gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo mediante oficio registrado con folio 6591 la autoridad responsable remitió copia certificada de la audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en la que la partes celebraron convenio el cual fue aprobado y sancionado en sus términos por encontrarse celebrado conforme a derecho, por lo que ordenó el archivo del expediente por carecer de materia para su continuación. De lo anterior se advierte que no se llevó a cabo el desahogo de la totalidad de las pruebas en el juicio laboral 01/348/19, pues ello atendió al convenio celebrado entre las partes. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a Eréndira Mojica Díaz en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3°, fracciones VII, XIV y XX, 12, 14, 18, fracción I, b), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es susceptible de depuración. Asimismo, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee como sigue: 1).- Admisión y registro de demanda. Se ADMITE a trámite la demanda y regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. 3).- Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de Amparo. 4).- Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la parte quejosa en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la quejosa ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte de la impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte de la quejosa no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. 5).- Incidente de suspensión. No se forma incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 6).- Ministerio Público Federal Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte. 7).- Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Juzgado Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de Amparo. 8).- Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio de amparo promovido por la misma parte en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 9).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizadas en los términos propuestos, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral y ser promovido por la parte trabajadora de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo. 10).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. 11).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 12).- Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con independencia de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a las autoridades responsables. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 13).- De las sanciones. Se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 14).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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