Erasto Vázquez Arismendi

Expediente 1688/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1688/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
29/12/2017

Partes del expediente

  • Erasto Vázquez Arismendi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1688/2017-I-B; en audiencia pública Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6691/2017, de once de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistida de la Secretaria María Guadalupe Saavedra Montaño, que da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio; el Secretario da cuenta con las pruebas remitidas por la autoridad responsable, con las cuales se ordenaron formar los anexos del I al XI (foja 15); asimismo, las ofrecidas por las terceros interesadas (fojas 31 y 49); y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. La Encargada del Despacho acuerda: se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. En seguida y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se abre el periodo de alegatos; el Secretario da cuenta con los realizados por las terceros interesadas (fojas 31 y 41). La Encargada del Despacho acuerda: se tienen por formulados los alegatos relacionados de manera precedente y por omisas a las restantes partes en formularlos; por lo cual se cierra la presente etapa. Al no haber prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1688/2017-I-B y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el día siguiente ante este órgano jurisdiccional Erasto Vázquez Arizmendi solicitó el amparo y protección de la justicia Federal. Admitida que fue la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional, en términos de acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción III, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos atribuidos a autoridades del orden civil, en la jurisdicción que a este Juzgado corresponde. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable y acto reclamado: De la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México; La sentencia de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 745/2017, mediante la cual confirmó la interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con sede en Ixtapan de la Sal, en el incidente de liquidación de pensión alimenticias, deducido del expediente 672/2016, de controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar sobre divorcio incausado, promovido por el ahora quejoso en contra de Aurora Cabrera Arollo. TERCERO. La Magistrada de la Primera Sala Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado (fojas 13 a 14) aceptó el acto que se le reclama; por tanto se tiene como cierto. Además, su existencia se advierte de las propias constancias que la responsable remitió como complemento a su informe; documentales que cuentan con pleno valor probatorio, con apoyo en los artículos 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, dada su propia y especial naturaleza. Al respecto es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.-" (Época: Quinta Época, Registro: 917812, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 278, Página: 231). CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido las terceras interesadas manifiestan que debe sobreseerse el presente juicio de amparo, pues consideran que no existe el acto que relama el quejoso. Aunado a lo anterior, refieren que es ilógico que el peticionario de amparo pretenda sostener conceptos de violación en argumentos incongruentes cuando en su momento debió combatir el monto de la pensión alimenticia que se le impuso y, si bien, en la audiencia inicial del juicio del que emana el acto reclamado, conforme a lo estipulado por el artículo 5.50, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de México, agotó el recurso de revocación, una vez que este se resolvió no se inconformó, ni promovió juicio de amparo en contra de esa determinación, así omitió agotar el principio de definitivita; y, por ende, consintió la pensión alimenticia que se impuso a su cargo. Las manifestaciones de las terceras interesadas son infundadas. En torno a lo que manifiestan respecto a que el quejoso incumplió el principio de definitividad, en virtud de que omitió inconformarse con la resolución que resolvió el recurso de inconformidad que interpuso en la audiencia inicial, en contra del incremento de la pensión alimenticia decretada en al juicio del cual emana el acto reclamado, debe decirse que esa resolución no es la que el peticionario de amparo combate en el presente juico, pues basta leer el apartado de la demanda de garantías, correspondiente al acto reclamado, para advertir que el quejoso reclama la resolución de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 745/2017, por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, derivada del incidente de liquidación de pensiones alimenticias; de ahí que al tratarse de resoluciones diversas no puede emitirse pronunciamiento alguno en torno a aquélla resolución, ni sobreseer el presente juicio porque el quejoso omitió inconformarse con ese acto. Ahora bien, por lo que respecta a que no existe el acto reclamado y las diversas manifestaciones encaminadas a demostrar la ineficacia de los conceptos de violación, al estar íntimamente vinculadas al fondo de la controversia, deben desestimarse pues no podría emitirse pronunciamiento sin abordar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En ese sentido, es aplicable, la jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Finalmente, al no existir otra causa de improcedencia por las partes ni advertirse de oficio por este juzgado, procede entrar al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso refiere que la resolución reclamada transgrede lo dispuesto en los artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque carece de los requisitos de legalidad, congruencia y exhaustividad que rigen a las sentencias, en virtud de que pasó por alto que no se ha negado a cubrir la pensión alimenticia decretada a su cargo en el juicio de origen, que lo único que solicita es que ésta sea acorde a su capacidad económica, máxime que en autos no existe prueba contundente de su solvencia económica para estimar que es capaz de cubrir la suma que el juez natural fijó por concepto de pensión alimenticia, por lo cual ante la falta de medio de convicción que acredite tal circunstancia, el monto de la pensión de que se trata debió fijarse hasta que se emitiera la sentencia definitiva; sin embargo, la responsable se limitó a señalar que al no combatir la cuantificación realizada por el juez de origen, sus agravios eran insuficientes y, con base en una jurisprudencia inaplicable, consideró que su estudio resultaba innecesario; no obstante, que la cuantificación no fue la única razón por la que se inconformó, pues también mencionó que la determinación que fijó la medida provisional de que se trata constituye un acto de imposible reparación, en razón de que al resolverse en definitiva, podría fijarse una suma menor y no podría recuperar el excedente de las consignaciones que realizará; así la responsable al igual que el juez omitió analizar la totalidad de los medios de convicción que obran en el juicio de origen y, por ende, pronunciarse respecto de la totalidad de los conceptos de agravio. Aunado a lo anterior, el peticionario de amparo sostiene que de las constancias del juicio de origen se advierte que la tercera interesada tiene mayor capacidad económica al tener en posesión el negocio familiar, con el carácter de administradora única, percibiendo la totalidad de los ingresos generados por tal negocio, sin que le haga entrega de ganancia alguna, puesto que éstas son destinadas a cubrir las necesidades de la acreedora alimenticia, incluso, su hija cuenta con la mayoría de edad y no obstante que lo informó al juez responsable, omitió llamarla a juico. De ahí que, con la resolución recurrida también se transgreden la jurisprudencia y tesis de rubros: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN" y "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL NO CAMBIA SU CARRÁCTER DE DERECHOS PROCESALES.". Lo anterior es infundado, pues la lectura de la resolución reclamada, revela que la responsable para desestimar los conceptos de agravio, en principio, indicó que como el recurrente no combatía la cuantificación realizada por el juez responsable, sus agravios resultaban insuficientes y para sustentar tal consideración invocó la jurisprudencia de rubro: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA."; sin embargo, el fallo reclamado no se limitó a tal determinación, pues también se señaló lo siguiente: Que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se fijó una medida provisional y actualización mensual a cargo de Erasto Vázquez Arizmendi, en favor de Judith Vázquez, la cual en audiencia de veinte de enero de dos mil diecisiete se modificó, imponiendo al deudor el pago de tres unidades de medida y actualización que importa la suma de $6,309.00 (seis mil trescientos nueve pesos. Posteriormente, Aurora Cabrera Arrollo promovió la incidencia de origen manifestando que Erasto Vázquez Arizmendi, únicamente realizó seis consignaciones correspondientes al período de cinco de noviembre de dos mil dieciséis al veinticinco de junio de dos mil diecisiete, lo que aceptó el ahora quejoso al contestar la demanda incidental, por lo que el juez realizó una cuantificación por la suma de $35,143.86 (treinta y cinco mil ciento cuarenta y tres pesos 86/100 moneda nacional. Que dicho incidente fue promovido el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dos meses antes, aproximadamente, de que Judith Vázquez Cabrera, cumpliera la mayoría de edad, como se advertía del acta de nacimiento visible a foja siete del cuaderno principal, precisando que cuando el acreedor alimentista, en el transcurso del procedimiento adquiría la mayoría de edad, el juez del conocimiento no podía desconocerle el carácter de acreedor por esa circunstancia, pues de hacerlo se comprometería la subsistencia de éste hasta en tanto se apersonara al juicio a solicitarlos, pasando por alto la finalidad, propósito y naturaleza urgente del reclamo de los alimentos; asimismo que reducirlos al mínimo sólo por alcanzar la mayoría de edad, conllevaría desperdiciar (sic) lo actuado en su beneficio, ocasionando que el recién mayor afrontara desfavorablemente los derechos y obligaciones que adquiere, haciendo inútil y sin beneficio toda tutela y salvaguarda que el Estado le procuró durante su minoría de edad; de ahí que se estimara que con ello no se transgreden los derechos del quejoso, ni la igualdad entre hombre y mujer como lo refirió. En apoyo a lo anterior, invocó la tesis de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. MOMENTO EN EL QUE EL DEUDOR ALIMENTARIO, PUEDE SOLICITAR SU MODIFICACIÓN CUANDO EL ACREEDOR ES MENOR Y DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN ADQUIERE LA MAYORIA DE EDAD.". En otro orden de ideas, la responsable expuso que respecto a lo manifestado por el quejoso en torno a que no está comprobada su capacidad económica, además de que la progenitora de la acreedora alimentaria cuenta con mayores recursos económicos, dado que se quedó con la casa y un negocio producto del matrimonio entre los contendientes, la responsable señaló que tales manifestaciones debía hacerlas valer en juicio diverso a efecto de que se redujera la pensión alimenticia fijada en el juicio de origen. Por lo que hace al excedente de la pensión que refiere el quejoso para el caso de que el juez natural redujera su monto, la sala indicó que de las constancias no se advertía un excedente en cuanto al pago de su obligación alimentaria, por el contrario, se advertía que sólo ha realizado una parte de los depósitos correspondientes. Ahora bien, de la transcripción anterior, es posible concluir que en contra de lo sostenido por el quejoso la responsable sí analizó los conceptos de agravio a que alude el quejoso, pues además de señalar que omitió combatir la cuantificación de las pensiones adeudadas que realizó el juez e invocar la tesis de rubro: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA.". También se precisó que por el hecho de que la acreedora alimentaria hubiese cumplido la mayoría de edad, no era razón suficiente para desconocerle ese carácter, el cual le fue reconocido en función de la demanda que su progenitora promovió en su representación, pues de hacerlo resultaría inútil toda tutela y salvaguarda que el estado procuró en su minoría de edad, incluso, se dijo que el incidente de origen fue promovido, aproximadamente, dos meses antes de que la acreedora alimentaria cumpliera la mayoría de edad, en ese sentido, aun cuando es verdad que la mencionada acreedora deberá comparecer a juicio, también lo es que lo reclamado corresponde a las obligaciones que el quejoso debió cubrir antes de que dicha acreedora cumpliera la mayoría de edad; en ese sentido la falta de citación de esta, por lo que hace a esa liquidación no le puede causar perjuicio. Asimismo, por lo que hace a lo manifestado por el peticionario de amparo en cuanto a que el monto de la pensión alimenticia debió fijarse hasta que se dictara la sentencia definitiva porque no existen medios de prueba contundentes que acrediten su capacidad económica y porque en el caso de que en sentencia definitiva se fijara un monto menor correspondiente a tal obligación, no podría recuperar el excedente de las consignaciones que pudiese realizar; la responsable estimó que ello no constituye un acto de imposible reparación, pues el propio peticionario de amparo refirió que realizó una mínima parte de los pagos correspondientes; por lo que ese proceder revelaba que hasta el momento no podía considerarse que ha cumplido su obligación para genera un excedente en ese sentido. Finamente, en torno a lo sostenido por el quejoso respecto a que la progenitora de la acreedora alimentaria tiene mayor capacidad económica para sufragar las necesidades de la acreedora alimentista y que en autos no obra medio de prueba eficaz para demostrar su capacidad económica, en la resolución reclamada se indicó que ello debía hacerlo valer en juicio diverso a efecto de lograr la reducción de la pensión alimenticia provisional a su cargo. Con base en lo anterior, es posible concluir que en contra de lo sostenido por el quejoso la responsable sí analizó sus conceptos de agravio; mientras que el quejoso omitió combatir las consideraciones fundamentales transcritas en los conceptos de violación; por lo cual además de infundados son inoperantes. En ese sentido las referidas consideraciones fundamentales, permanecen firmes para regir el actor reclamado. Apoya lo anterior se invoca la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 116, tesis 173, Tomo VI, del Apéndice de 19995, materia común, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable.". Así como la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 77, Tomo IX, Febrero de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta" Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Erasto Vázquez Arizmendi, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo y conforme a los razonamientos contenidos en este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6691/2017, de once de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa, asistido de la Secretaria María Guadalupe Saavedra Montaño, que da fe. La Encargada del Despacho La Secretaria

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Intégrese el escrito que suscribe la tercero interesada Judith Vázquez Cabrera, conforme a lo estipulado en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente sumario y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; asimismo, designa autorizados, ofrece pruebas y realiza manifestaciones en vía de alegatos. Atento a lo anterior, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. De igual forma, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogas dada su propia y especial naturaleza las pruebas instrumental pública actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como por vertidas las exposiciones que realiza en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE...

  4. Principal

    Intégrese el escrito de la parte tercera interesada, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos y ofrece pruebas. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogas dada su propia y especial naturaleza las pruebas instrumental pública actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana; asimismo, por vertidas las exposiciones que realiza en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.

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