Erasto Miguel Porras Macías

Expediente 29/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 13 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
29/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
13/01/2017

Partes del expediente

  • Erasto Miguel Porras Macías

Actuaciones

  1. Principal

    Con la demanda de amparo promovida por Erasto Miguel Porras Macías, por conducto de Aarón Flores Jiménez, en su carácter de defensor particular, contra actos del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; fórmese expediente y regístrese con el número 29/2017 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Asimismo, se toma en cuenta el criterio obligatorio, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la competencia territorial en los juicios de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal en primera instancia, cuando el acto reclamado es el auto de formal prisión dictado en contra del indiciado que lo reclame, debido a que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 160608 Localización: Décima ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLibro III, Diciembre de 2011Página: 2183Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.)JurisprudenciaMateria(s): Común "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y párrafo quinto, fracción séptima del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, ejercen jurisdicción en el municipio de Veracruz. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El auto de formal prisión de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en su contra en la causa penal 161/2016 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en agravio de Gerardo Porras Cansino. Asimismo, de la demanda se advierte que la parte quejosa se encuentra en libertad, no señaló autoridades responsables con el carácter de ejecutoras y no solicitó la suspensión del acto reclamado. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, debido a que el auto de formal prisión dictado en contra de la parte quejosa, el cual resulta ser el acto reclamado en este asunto, tiene ejecución en Veracruz, Veracruz, debido a que el proceso penal del cual deviene se lleva en el Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito. En consecuencia, este órgano jurisdiccional respetuosamente declara carecer de competencia legal para conocer de este asunto y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el asunto al Juez de Distrito el Estado de Veracruz, en Turno, con sede en Boca del Río, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución la resolución reclamada. Asimismo, se solicita de la manera más atenta el acuse de recibo respectivo; con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En razón de que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) Ley de Amparo, efectúensele las notificaciones que deriven de este juicio por lista de acuerdos. Asimismo, se faculta como autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que nombra, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado; con excepción de Aarón Flores Jiménez, quien es el promovente de este asunto. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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