ERASTO GERARDO GUADALUPE SNATOS HERRERA y Otros.

Expediente 598/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
598/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • ERASTO GERARDO GUADALUPE SNATOS HERRERA y Otros.
  • Erasto Gerardo Guadalupe Snatos Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida por ERASTO GERARDO GUADALUPE SANTOS HERRERA, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 598/2017. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, la parte quejosa reclama el citatorio que se le giró de nueve de mayo del año en curso, a efecto de que comparezca a desahogar diligencias ministeriales. Así, versus el citado reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. La interpretación literal del ultimo precepto transcrito pone de manifiesto que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de La Ley de Amparo. De lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. En el caso, el acto consistente en la citación para que comparezca a desahogar diligencias ministeriales, tiene relación con la investigación inicial para la integración de la carpeta de investigación por el Ministerio Público, por tanto, de modo alguno afecta la esfera de derechos del gobernado; pues son diligencias para integrar el material probatorio que el Fiscal debe allegar dentro de esa fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal, por lo que es el resultado del ejercicio de una facultad exclusiva del Ministerio Público; por lo tanto, no puede ser violatorio de los derechos fundamentales que invoca la parte quejosa, en mérito a que por mandato del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos. Por tanto, la investigación inicial para la integración de un legajo o carpeta de investigación contra el impetrante del amparo, no le causa daño o perjuicio, por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (X Región) del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, que es del tenor: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. [página 2592 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación]. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de demanda y, por autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Magdaleno Wenceslao Rodríguez Salazar, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a Fabián Ortega Navarrete únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el referido sistema; en tanto que a las diversas personas que precisa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así indicarlo expresamente el impetrante del amparo. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA II-B. Notificación personal por lista. (Quejoso) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida por *******, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 598/2017. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, la parte quejosa reclama el citatorio que se le giró de nueve de mayo del año en curso, a efecto de que comparezca a desahogar diligencias ministeriales. Así, versus el citado reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. La interpretación literal del ultimo precepto transcrito pone de manifiesto que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de La Ley de Amparo. De lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. En el caso, el acto consistente en la citación para que comparezca a desahogar diligencias ministeriales, tiene relación con la investigación inicial para la integración de la carpeta de investigación por el Ministerio Público, por tanto, de modo alguno afecta la esfera de derechos del gobernado; pues son diligencias para integrar el material probatorio que el Fiscal debe allegar dentro de esa fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal, por lo que es el resultado del ejercicio de una facultad exclusiva del Ministerio Público; por lo tanto, no puede ser violatorio de los derechos fundamentales que invoca la parte quejosa, en mérito a que por mandato del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos. Por tanto, la investigación inicial para la integración de un legajo o carpeta de investigación contra el impetrante del amparo, no le causa daño o perjuicio, por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (X Región) del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, que es del tenor: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. [página 2592 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación]. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de demanda y, por autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Magdaleno Wenceslao Rodríguez Salazar, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a Fabián Ortega Navarrete únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el referido sistema; en tanto que a las diversas personas que precisa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así indicarlo expresamente el impetrante del amparo. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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