Erasto Beltran Sandoval

Expediente 767/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
767/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
16/02/2016

Partes del expediente

  • Erasto Beltran Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación, así como del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles para que las partes, interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el presente juicio, sin que hayan hecho valer el recurso en comento; se declara que la sentencia dictada en este asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales. Se ordena el archivo del presente expediente. Se declara que el presente expediente y los incidentes de suspensión, son susceptibles de destrucción.

  2. Principal

    Dese vista las partes con el (los) informe (s) justificado (s) rendido (s) por la (las) autoridad (es) responsable (s). Se tienen como prueba las constancias que anexa la autoridad a su informe, mismas que serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Se advierte la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que procede, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre del año en curso.

  3. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de nueve de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de cuatro de diciembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: "Chetumal, Quintana Roo, cuatro de diciembre de dos mil quince. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, así como los anexos que acompaña, mediante el cual, con el primero, rinde informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su derecho convenga. Con el segundo oficio y en alcance a su informe justificado remite la notificación realizada a la parte quejosa de la sentencia emitida el uno de diciembre del año en curso dentro de la causa penal 44/2015 de su índice. A las constancias que anexa a los oficios de cuenta consistentes en copia certificada de la sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictado dentro la causa penal 44/2015 de su índice y de su notificación realizada a la parte promovente, se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, cabe destacar que el presente juicio de amparo fue promovido por Erasto Beltrán Sandoval, contra actos de la autoridad oficiante a quien le atribuyó el acto reclamado siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable se reclama el siguiente acto: La omisión de DICTAR SENTENCIA dentro de la CAUSA PENAL antes 256/2005 y por la fusión de Juzgado que se diera en diciembre 2014, la Causa Penal cambio a 44/2015, LO QUE CONLLEVA DENEGACIÓN DE JUSTICIA." Esto es, la parte quejosa reclama de la responsable la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro de la causa penal 44/2015. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es . En el presente asunto, en relación al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro de la causa penal 44/2015, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, de los preceptos transcritos se aprecia que prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese orden de ideas, de las copias certificadas que la autoridad responsable remite se advierte que el uno de diciembre de dos mil quince, dictó la sentencia dentro de la causa penal 44/2015 de su índice, en la que resolvió lo siguiente: "[.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- ERASTO BELTRÁN SANDOVAL, CATALINA MORÁN ORTEGA Y MARCOS ANTONIO CAMPOS TAPIA de generales conocidas en el proemio de la presente sentencia, SON PENALMENTE RESPONSABLES DEL DELITO DE FRAUDE, ilícito previsto y sancionado por el artículo 152 Párrafo Segundo, última parte, en relación al 14 párrafo segundo y 16 fracción II del Código Penal en Vigor en el Estado, y por el cual lo acusó la Representación Social del Fuero Común, en agravio de JUAN PEÑA ENCALADA, REINALDA ROBERTA HUERTA MORALES, CAYETANO GONZÁLEZ, WILMA ELENA FLORES NAAL, ANNY BEATRIZ GONZÁLEZ FLORES, IRINEO MÁRQUEZ SUANCATL, ISMAEL DÍAZ GONZÁLEZ, ROSABEL POLANCO KAUIL, IRMA DEL ROSARIO AGUILAR POLANCO, AGUSTÍN MÁRQUEZ SUANCATL, FRANCISCO AGUILAR MONTERO, GERARDO VÁZQUEZ, MARÍA ELIDE LIZÁRRAGA BARRERA, MARÍA GUADALUPE SUÁREZ MORALES, VÍCTOR ESCANDÓN OCHOA Y TOMASA ESCANDÓN OCHOA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Por la comisión de dicho ilícito y sus circunstancias exteriores de ejecución, se le impone a los Sentenciados ERASTO BELTRÁN SANDOVAL, CATALINA MORÁN ORTEGA Y MARCOS ANTONIO CAMPOS TAPIA, la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, pena privativa de libertad que deberán compurgar en el lugar que para tal efecto designe el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, sujetos a un régimen de trabajo y superación intelectual; debiéndosele considerar para el caso de la compurgación de la pena, los cinco días que estuvieron privados de su libertad con motivo de la presente causa, y que fue del día dieciséis de febrero del año dos mil seis, al día veinte de febrero del año dos mil seis; en tanto que la pecuniaria deberán hacerla efectiva en la Dirección Financiera del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado, y a beneficio de esta última.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- En términos del considerando quinto de la presente resolución, se le ABSUELVE a los Sentenciados ERASTO BELTRÁN SANDOVAL, CATALINA MORÁN ORTEGA Y MARCOS ANTONIO CAMPOS TAPIA, al pago de la reparación del daño Material y Moral a favor de los ciudadanos JUAN PEÑA ENCALADA, REINALDA ROBERTA HUERTA MORALES, CAYETANO GONZÁLEZ, WILMA ELENA FLORES NAAL, ANNY BEATRIZ GONZÁLEZ FLORES, IRINEO MÁRQUEZ SUANCATL, ISMAEL DÍAZ GONZÁLEZ, ROSABEL POLANCO KAUIL, IRMA DEL ROSARIO AGUILAR POLANCO, AGUSTÍN MÁRQUEZ SUANCATL, FRANCISCO AGUILAR MONTERO, GERARDO VÁZQUEZ, MARÍA ELIDE LIZÁRRAGA BARRERA, MARÍA GUADALUPE SUÁREZ MORALES, VÍCTOR ESCANDÓN OCHOA Y TOMASA ESCANDÓN OCHOA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- En términos dl considerando sexto de la presente sentencia, se le concede a los sentenciados ERASTO BELTRÁN SANDOVAL, CATALINA MORÁN ORTEGA Y MARCOS ANTONIO CAMPOS TAPIA, el beneficio de la CONMUTACIÓN de su respectiva pena de prisión impuesta por el pago de una MULTA de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL, previo pago de la Reparación de los Daños y la multa por el delito cometido, la cual deberán hacer efectiva en la Dirección Financiera del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado, y a beneficio de esta última.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Como lo dispone el artículo 299 de la Ley Adjetiva Penal vigente en el Estado, hágasele saber a los sentenciados, el derecho y término que tienen para apelar esta sentencia en caso de estar inconformes con ella, pudiendo hacerlo en el acto de la notificación o por escrito dentro de los cinco días siguientes a su notificación tal y como lo establece el artículo 297 de la Ley Adjetiva de la materia, haciéndole de su conocimiento que tal y como lo dispone el artículo 301 del citado cuerpo legal, deberán de expresar sus agravios dentro del término de diez días siguientes a la interposición del recurso de apelación, o bien podrán expresar sus agravios dentro del término de diez días siguientes a la interposición del recurso de apelación, o bien podrán expresar agravios dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que radique la apelación en el Tribunal Superior de justicia, tal y como lo señala el artículo 304 de la ley adjetiva de la materia. Asimismo, en términos del artículo 3 bis fracción XVII del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se ordena a la actuaria de la adscripción notificar a los Ciudadanos, JUAN PEÑA ENCALADA, REINALDA ROBERTA HUERTA MORALES, CAYETANO GONZÁLEZ, WILMA ELENA FLORES NAAL, ANNY BEATRIZ GONZÁLEZ FLORES, IRINEO MÁRQUEZ SUANCATL, ISMAEL DÍAZ GONZÁLEZ, ROSABEL POLANCO KAHUIL, IRMA DEL ROSARIO AGUILAR POLANCO, AGUSTÍN MÁRQUEZ SUANCATL, FRANCISCO AGUILAR MONTERO, GERARDO VÁZQUEZ, MARÍA ELIDE LIZARRAGA BARRERA, MARÍA GUADALUPE SUÁREZ MORALES, VÍCTOR ESCANDÓN OCHOA Y TOMASA ESCANDÓN OCHOA, la presente sentencia para su conocimiento y efectos legales correspondientes, haciéndoles de su conocimiento el derecho y término que tienen para apelar esta sentencia en caso de estar inconforme con ella, pudiendo hacerlo en el acto de la notificación o por escrito dentro de los cinco días siguientes a su notificación tal y como lo establece el artículo 297 de la ley adjetiva de la materia, haciéndole de su conocimiento que tal y como lo dispone el artículo 301 del citado cuerpo legal, deberá de expresar sus agravios dentro del término de diez días siguientes a la interposición del recurso de apelación, o bien podrán expresar agravios dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que radique la apelación en el Tribunal Superior de Justicia, tal y como lo señala el artículo 304 de la ley adjetiva de la materia. - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse mediante oficio los resolutivos de la misma al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, al Procurador General de Justicia y al Director del Centro de Reinserción Social, todos servidores públicos del Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes." Así como que la notificación personal ordenada en la citada sentencia, fue llevada a cabo directamente con el aquí quejoso el dos de diciembre de dos mil quince. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto a la parte quejosa. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad el uno de diciembre de dos mil quince, emitió la sentencia correspondiente dentro de la causa penal 44/2015 de su índice, asimismo, que el dos siguiente se le notificó dicha sentencia al aquí quejoso, en segundo lugar, al haber emitido la sentencia dentro de la causa penal en cita y realizar su notificación las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía el hoy quejoso; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil quince. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conviene precisar que no es óbice para arribar al sobreseimiento planteado, el hecho que de autos se advierta que no han sido emplazados los terceros interesados Juan Peña Encalada, Agustín Márquez Soancatl y Tomasa Escandón Ochoa, ya que al sobrevenirse una cesación de efectos del acto reclamado se produjo el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por tanto, se estima que la determinación de sobreseimiento no causa una afectación directa a la esfera jurídica de los citados terceros interesados, y menos pudiera colegirse que le cause agravio la circunstancia de que no hayan sido emplazados a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.".

  4. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el once de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de cuatro de diciembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: "Chetumal, Quintana Roo, cuatro de diciembre de dos mil quince. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, así como los anexos que acompaña, mediante el cual, con el primero, rinde informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su derecho convenga. Con el segundo oficio y en alcance a su informe justificado remite la notificación realizada a la parte quejosa de la sentencia emitida el uno de diciembre del año en curso dentro de la causa penal 44/2015 de su índice. A las constancias que anexa a los oficios de cuenta consistentes en copia certificada de la sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictado dentro la causa penal 44/2015 de su índice y de su notificación realizada a la parte promovente, se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, cabe destacar que el presente juicio de amparo fue promovido por Erasto Beltrán Sandoval, contra actos de la autoridad oficiante a quien le atribuyó el acto reclamado siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable se reclama el siguiente acto: La omisión de DICTAR SENTENCIA dentro de la CAUSA PENAL antes 256/2005 y por la fusión de Juzgado que se diera en diciembre 2014, la Causa Penal cambio a 44/2015, LO QUE CONLLEVA DENEGACIÓN DE JUSTICIA." Esto es, la parte quejosa reclama de la responsable la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro de la causa penal 44/2015. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es . En el presente asunto, en relación al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro de la causa penal 44/2015, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, de los preceptos transcritos se aprecia que prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese orden de ideas, de las copias certificadas que la autoridad responsable remite se advierte que el uno de diciembre de dos mil quince, dictó la sentencia dentro de la causa penal 44/2015 de su índice, en la que resolvió lo siguiente: "[.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- ERASTO BELTRÁN SANDOVAL, CATALINA MORÁN ORTEGA Y MARCOS ANTONIO CAMPOS TAPIA de generales conocidas en el proemio de la presente sentencia, SON PENALMENTE RESPONSABLES DEL DELITO DE FRAUDE, ilícito previsto y sancionado por el artículo 152 Párrafo Segundo, última parte, en relación al 14 párrafo segundo y 16 fracción II del Código Penal en Vigor en el Estado, y por el cual lo acusó la Representación Social del Fuero Común, en agravio de JUAN PEÑA ENCALADA, REINALDA ROBERTA HUERTA MORALES, CAYETANO GONZÁLEZ, WILMA ELENA FLORES NAAL, ANNY BEATRIZ GONZÁLEZ FLORES, IRINEO MÁRQUEZ SUANCATL, ISMAEL DÍAZ GONZÁLEZ, ROSABEL POLANCO KAUIL, IRMA DEL ROSARIO AGUILAR POLANCO, AGUSTÍN MÁRQUEZ SUANCATL, FRANCISCO AGUILAR MONTERO, GERARDO VÁZQUEZ, MARÍA ELIDE LIZÁRRAGA BARRERA, MARÍA GUADALUPE SUÁREZ MORALES, VÍCTOR ESCANDÓN OCHOA Y TOMASA ESCANDÓN OCHOA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Por la comisión de dicho ilícito y sus circunstancias exteriores de ejecución, se le impone a los Sentenciados ERASTO BELTRÁN SANDOVAL, CATALINA MORÁN ORTEGA Y MARCOS ANTONIO CAMPOS TAPIA, la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, pena privativa de libertad que deberán compurgar en el lugar que para tal efecto designe el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, sujetos a un régimen de trabajo y superación intelectual; debiéndosele considerar para el caso de la compurgación de la pena, los cinco días que estuvieron privados de su libertad con motivo de la presente causa, y que fue del día dieciséis de febrero del año dos mil seis, al día veinte de febrero del año dos mil seis; en tanto que la pecuniaria deberán hacerla efectiva en la Dirección Financiera del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado, y a beneficio de esta última.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- En términos del considerando quinto de la presente resolución, se le ABSUELVE a los Sentenciados ERASTO BELTRÁN SANDOVAL, CATALINA MORÁN ORTEGA Y MARCOS ANTONIO CAMPOS TAPIA, al pago de la reparación del daño Material y Moral a favor de los ciudadanos JUAN PEÑA ENCALADA, REINALDA ROBERTA HUERTA MORALES, CAYETANO GONZÁLEZ, WILMA ELENA FLORES NAAL, ANNY BEATRIZ GONZÁLEZ FLORES, IRINEO MÁRQUEZ SUANCATL, ISMAEL DÍAZ GONZÁLEZ, ROSABEL POLANCO KAUIL, IRMA DEL ROSARIO AGUILAR POLANCO, AGUSTÍN MÁRQUEZ SUANCATL, FRANCISCO AGUILAR MONTERO, GERARDO VÁZQUEZ, MARÍA ELIDE LIZÁRRAGA BARRERA, MARÍA GUADALUPE SUÁREZ MORALES, VÍCTOR ESCANDÓN OCHOA Y TOMASA ESCANDÓN OCHOA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- En términos dl considerando sexto de la presente sentencia, se le concede a los sentenciados ERASTO BELTRÁN SANDOVAL, CATALINA MORÁN ORTEGA Y MARCOS ANTONIO CAMPOS TAPIA, el beneficio de la CONMUTACIÓN de su respectiva pena de prisión impuesta por el pago de una MULTA de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL, previo pago de la Reparación de los Daños y la multa por el delito cometido, la cual deberán hacer efectiva en la Dirección Financiera del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado, y a beneficio de esta última.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Como lo dispone el artículo 299 de la Ley Adjetiva Penal vigente en el Estado, hágasele saber a los sentenciados, el derecho y término que tienen para apelar esta sentencia en caso de estar inconformes con ella, pudiendo hacerlo en el acto de la notificación o por escrito dentro de los cinco días siguientes a su notificación tal y como lo establece el artículo 297 de la Ley Adjetiva de la materia, haciéndole de su conocimiento que tal y como lo dispone el artículo 301 del citado cuerpo legal, deberán de expresar sus agravios dentro del término de diez días siguientes a la interposición del recurso de apelación, o bien podrán expresar sus agravios dentro del término de diez días siguientes a la interposición del recurso de apelación, o bien podrán expresar agravios dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que radique la apelación en el Tribunal Superior de justicia, tal y como lo señala el artículo 304 de la ley adjetiva de la materia. Asimismo, en términos del artículo 3 bis fracción XVII del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se ordena a la actuaria de la adscripción notificar a los Ciudadanos, JUAN PEÑA ENCALADA, REINALDA ROBERTA HUERTA MORALES, CAYETANO GONZÁLEZ, WILMA ELENA FLORES NAAL, ANNY BEATRIZ GONZÁLEZ FLORES, IRINEO MÁRQUEZ SUANCATL, ISMAEL DÍAZ GONZÁLEZ, ROSABEL POLANCO KAHUIL, IRMA DEL ROSARIO AGUILAR POLANCO, AGUSTÍN MÁRQUEZ SUANCATL, FRANCISCO AGUILAR MONTERO, GERARDO VÁZQUEZ, MARÍA ELIDE LIZARRAGA BARRERA, MARÍA GUADALUPE SUÁREZ MORALES, VÍCTOR ESCANDÓN OCHOA Y TOMASA ESCANDÓN OCHOA, la presente sentencia para su conocimiento y efectos legales correspondientes, haciéndoles de su conocimiento el derecho y término que tienen para apelar esta sentencia en caso de estar inconforme con ella, pudiendo hacerlo en el acto de la notificación o por escrito dentro de los cinco días siguientes a su notificación tal y como lo establece el artículo 297 de la ley adjetiva de la materia, haciéndole de su conocimiento que tal y como lo dispone el artículo 301 del citado cuerpo legal, deberá de expresar sus agravios dentro del término de diez días siguientes a la interposición del recurso de apelación, o bien podrán expresar agravios dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que radique la apelación en el Tribunal Superior de Justicia, tal y como lo señala el artículo 304 de la ley adjetiva de la materia. - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse mediante oficio los resolutivos de la misma al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, al Procurador General de Justicia y al Director del Centro de Reinserción Social, todos servidores públicos del Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes." Así como que la notificación personal ordenada en la citada sentencia, fue llevada a cabo directamente con el aquí quejoso el dos de diciembre de dos mil quince. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto a la parte quejosa. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad el uno de diciembre de dos mil quince, emitió la sentencia correspondiente dentro de la causa penal 44/2015 de su índice, asimismo, que el dos siguiente se le notificó dicha sentencia al aquí quejoso, en segundo lugar, al haber emitido la sentencia dentro de la causa penal en cita y realizar su notificación las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía el hoy quejoso; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil quince. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conviene precisar que no es óbice para arribar al sobreseimiento planteado, el hecho que de autos se advierta que no han sido emplazados los terceros interesados Juan Peña Encalada, Agustín Márquez Soancatl y Tomasa Escandón Ochoa, ya que al sobrevenirse una cesación de efectos del acto reclamado se produjo el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por tanto, se estima que la determinación de sobreseimiento no causa una afectación directa a la esfera jurídica de los citados terceros interesados, y menos pudiera colegirse que le cause agravio la circunstancia de que no hayan sido emplazados a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.".

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