Erasmo Reza Rodriguez
Expediente 952/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 80 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 80
- Última actuación
- 14/10/2022
Partes del expediente
- Erasmo Reza Rodriguez
- Cristian Adán Pichardo Navidad
- CRISTIAN ADÁN PICHARDO NAVIDAD y Otros.
- Erasmo Reza Rodriguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 80.
- Principal
Toluca, Estado de México a catorce de octubre de dos mil veintidós. ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado criptográficamente por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "2" con sede en la Ciudad de México, en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "2", a través del cual manifiesta la imposibilidad material y legal con que cuenta para efectuar el cobro de la multa impuesta a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que toda vez que se han agotado los medios ordinarios y legales correspondientes, por lo que devuelve el oficio 33317/2017, de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, que se le remitió a fin de que hiciera efectiva la sanción en comento y solicita se le informe si el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Atento a su contenido, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante, que el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto y se ordenó el archivo del mismo al considerarlo como total y definitivamente concluido, lo que se comunica para lo que tenga a bien proveer. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de catorce de junio de la anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la forma en que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hicieran manifestación alguna al respecto. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Cristián Adán Pichardo Navidad y Erasmo Reza Rodríguez, contra el acto reclamado consistente en la dilación en el cumplimiento del laudo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el juicio laboral 89/2008. Mediante sentencia dictada por este juzgado, el veintiocho de agosto de dos mil quince (fojas 50 a 64), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "1. Sin dilación alguna y dentro de los plazos legales correspondientes, dicten nuevo auto de requerimiento de pago y embargo. 2. Instruyan al funcionario respectivo para que practique las diligencias necesarias para dar cabal cumplimiento a las determinaciones en relación con la ejecución del laudo de mérito. 3. De ser el caso, hagan uso de las medidas de apremio que la ley les conceda para el acatamiento de sus determinaciones, hasta el cumplimiento total y cabal del laudo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el juicio laboral 89/2008, de su índice estadístico.". En proveído de veintidós de septiembre de dos mil quince (foja 65), se declaró ejecutoriada la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal, y se requirió el cumplimiento a la responsable. Así las cosas, la autoridad responsable realizó en diversas fechas diligencias para dar cumplimiento al fallo protector, no obstante ello, en auto de catorce de julio de dos mil diecisiete, en su momento, el titular de este juzgado ordenó de manera oficiosa la apertura de un incidente para precisar, definir o concretar las formas o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dada la amplitud con la que se había efectuado dicha concesión (foja 286). El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia en el incidente para precisar, definir o concretar las formas o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el que en la parte que interesa determinó: ".de las constancias que obran se aprecia que dichos puntos se traducen en que la autoridad pague a los quejosos la cantidad de $917,868.32 (novecientos diecisiete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 32/100 moneda nacional), es decir, para Erasmo Reza Rodríguez la cantidad total de $420,542.68 (cuatrocientos veinte mil quinientos cuarenta y dos pesos 68/100 moneda nacional) y para Cristian Adán Pichardo Navidad la cantidad total de $497,325.64 (cuatrocientos noventa y siete mil trescientos veinticinco pesos 64/100 moneda nacional); por tanto, para que se tenga por debidamente cumplida la sentencia de amparo, la autoridad debe acreditar ese extremo, de ahí que resulta procedente requerir a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para dentro del término de tres días acrediten haber realizado el pago de dicha cantidad a los quejosos; apercibido que en caso contrario, se le impondrá multa de cien días de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo y se aperturará el incidente de inejecución de sentencia.". Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, adquirió firmeza dicha determinación, por lo que se requirió a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en esos términos (fojas 341 a 343). El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en turno, a efecto que iniciara el incidente de inejecución de sentencia respectivo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien en resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, determinó declararlo infundado. Lo anterior sustancialmente porque la autoridad responsable demostró ante dicho Tribunal y ante este Juzgado Federal, que había pronunciado diversos acuerdos para requerir de pago a la demandada, destacando que realizó una diligencia de requerimiento de pago a la que el ayuntamiento enjuiciado se opuso al aducir no contar con recursos y que el actor se reservó el uso de la palabra. Asimismo, indicó que también demostró que en diversa diligencia trabó embargo sobre un bien inmueble, realizó los trámites pendientes para inscribir dicho embargo en la dependencia registral y para que se rindiera un avalúo a fin de estar en condiciones de llevarlo a remate, aunado a que ha llevado a cabo diversas almonedas, siendo la última -hasta esa fecha-, la décimo segunda, celebrada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, a las que no ha acudió ningún postor, ni el actor había solicitado su adjudicación, por lo que dicho inmueble seguía sujeto a subasta. De igual, el referido Tribunal destacó que la responsable había impuesto diversas medidas de apremio a la dependencia demandada, tales como la suspensión del Presidente del Ayuntamiento de Calpulhuac, Estado de México, amonestación y la multa consistente en ocho días de salario mínimo vigente; y, los trámites pertinentes para hacer efectivas esas medidas de apremio, pues giró los oficios respectivos a las dependencias correspondientes. Razón por la cual estimó que la responsable había actuado en la medida de sus posibilidades para cumplir con el fallo protector, pues practicó las diligencias necesarias para dar cumplimiento a las determinaciones en relación con la ejecución del laudo de mérito, además de instruir a los funcionarios respectivos para ello, como lo son el actuario de su adscripción y diversa dependencia registral (para la inscripción del embargo), así como a la Secretaría del Trabajo (para la designación de un perito). Enfatizando que también había hecho uso de las medidas de apremio que la ley le concedía para el acatamiento de sus determinaciones, como lo son la suspensión del cargo, amonestación y multa; y, que si bien la primera de esas medidas no se había materializado, ello había sido por cuestiones ajenas a dicha autoridad, en la medida que fue el Contralor Interno del Poder Ejecutivo Local quien se manifestó incompetente para aplicarla, según se advertía de las constancias remitidas. Asimismo, en la referida ejecutoria, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, precisó que respecto al efecto de dictar nuevo auto de requerimiento de pago y embargo, dentro de los plazos legales correspondientes, debía tenerse en cuenta que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable había dictado un primer proveído hasta el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, a virtud de la promoción presentada por el actor el diez de ese mes, solicitando la ejecución del laudo (foja 102), sin perder de vista que tal autoridad había informado a este Juzgado de Distrito de la promoción de un juicio de amparo directo presentado por la demandada, y al efecto había remitido varias constancias para acreditar su dicho; circunstancia que adujó la imposibilitó para dar cumplimiento de manera inmediata al fallo protector. Abundando que según el cuadro comparativo que el propio Tribunal Colegiado efectuó en el referido incidente de inejecución 4/2017, se apreciaba que la responsable había emitido diversos acuerdos para que se ejecutara el laudo reclamado, incluso de manera oficiosa, entre los que destacaban el auto de requerimiento de pago de veinte (sic) de junio de dos mil dieciséis; el proveído de veinte de marzo de dos mil diecisiete, en que ordenó a la Registradora de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, la inscripción del inmueble embargado, así como a la Dirección General del Trabajo, la designación de un perito valuador; el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, en que señaló fecha para la diligencia de valuación de bienes; el auto de nueve de mayo de ese mismo año, en que requirió al perito para que en el plazo de tres días exhibiera el dictamen correspondiente; los proveídos de trece y veintidós de junio de dos mil diecisiete, en los que requirió a la demandada para que en los plazos de tres y cinco días, respectivamente, exhibiera el certificado de gravámenes, con apercibimiento de multa; y, el auto de doce de julio de dos mil diecisiete, en que impuso multa al presidente municipal del ayuntamiento demandado por no exhibir el certificado de libertad de gravámenes y señaló fecha para la audiencia de remate en primera almoneda. Lo anterior sin que soslayara que algunas de las promociones presentadas por la parte actora, se hubiesen acordado fuera de los plazos legales, pues estimó que en la generalidad, las actuaciones se habían desarrollado en los plazos legales y el resto de las promociones, acordado a más tardar a los ocho días hábiles después de su presentación, lo que a juicio de ese Tribunal no podía considerarse como un desacato a la ejecutoria de amparo. Aunado a lo anterior, el referido Tribunal Colegido abundó que el hecho de que hasta ese momento no se hubiese rematado y adjudicado el inmueble embargado en favor de los actores, aquí quejosos y que la responsable se limitara a señalar nuevas fechas para su remate en la almoneda subsecuente, tampoco podía traducirse en incumplimiento del fallo protector. Ello en razón que el artículo 973 de la Ley Federal del Trabajo vigente en la época de la presentación de la demanda (diecinueve de febrero de dos mil ocho), que había sido la disposición aplicada supletoriamente por la responsable para el procedimiento de ejecución en el juicio burocrático de origen, disponía que si no se presentaban postores, el actor podría pedir se le adjudicaran los bienes por el precio de su postura o bien, solicitar la celebración de nuevas almonedas con deducción de un veinte por ciento en cada una de ellas, y que las almonedas subsecuentes se celebrarían dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la anterior. Sin que fuese dable estimar que la negativa de la responsable a ampliar el embargo pudiera considerarse como incumplimiento al fallo protector porque se trataba de una cuestión ajena a los efectos de la concesión, agregando que en relación a que la autoridad responsable no había cumplido con lo dispuesto por el artículo 253 de la Ley burocrática local, porque no había empleado todas las medidas de apremio que la ley le confiere, negándose a girar el oficio solicitado a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México; debía decirse que sí había empleado otras medidas, tales como la suspensión del cargo del Presidente Municipal, amonestación y multa económica, remitiendo los oficios correspondientes para hacerlas efectivas. Por lo que era dable concluir, incluso a esa fecha, que la autoridad responsable sí había actuado para cumplir con el fallo protector en lo que era materia de sus atribuciones, por lo que no podía hablarse de un retraso en la ejecución del laudo atribuible a la autoridad rectora del proceso, pues estaba justificado que había hecho lo que le correspondía de conformidad con las facultades que la ley le confería para cumplir con la ejecución del laudo, llegando incluso a imponer medidas de apremio, y a realizar las gestiones para hacerlos efectivas, remitiendo los oficios correspondientes. Precisado lo anterior y teniendo en cuenta que con posterioridad a dicha resolución, la autoridad responsable ha justificado que continuó actuando en los términos legales que le corresponden e incluso de oficio, tan es así que fue hasta la última almoneda de remate de la que se tiene noticia, en que la parte actora solicitó la adjudicación del inmueble embargado(décimo quinta almoneda de remate); el suscrito considera que a la fecha, la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector, pues está evidenciado que dictó nuevo auto de requerimiento de pago y embargo, instruyó al funcionario respectivo para que practicara las diligencias necesarias para dar cabal cumplimiento a las determinaciones en relación con la ejecución del laudo de mérito, así como a otros funcionarios auxiliares que debían remitirle información para estar en aptitud de subastar el inmueble embargado, aunado a que hizo uso de las medidas de apremio que la ley le concede para el acatamiento de sus determinaciones. Sin que pase inadvertido que a la fecha no se ha obtenido el cumplimiento total y cabal del laudo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el juicio laboral 89/2008, del índice estadístico de la responsable; y, que tampoco se ha demostrado que la autoridad (entiéndase la demanda en el juicio laboral de origen), pagó a los quejosos la cantidad de $917,868.32 (novecientos diecisiete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 32/100 moneda nacional), en los términos establecidos en la interlocutoria para precisar y concretar los términos y la forma en la que en ese entonces se dijo, debería darse cumplimiento a la sentencia protectora. Ello es así porque a juicio del suscrito, para que la autoridad responsable justificara que observó la ejecutoria de amparo, bastaba con acreditar que actúo en lo que es materia de sus atribuciones, destacando que incluso a la fecha, un Tribunal Colegiado en Materia Laboral analizó dicho actuar y estableció que no puede concluirse que exista un retraso en la ejecución del laudo atribuible a la autoridad rectora del procedimiento, pues hasta la fecha en que se resolvió el referido incidente de inejecución, había hecho lo que le correspondía de conformidad con las facultades que la ley le confiere para cumplir con la ejecución del laudo, actuando de oficio, imponiendo medidas de apremio y realizado las gestiones necesarias para hacerlas efectivas. Máxime que el procedimiento de ejecución del laudo, está supeditado a la actuación del ejecutante, y estimar lo contrario implicaría obligar a actuar a la autoridad responsable en una forma no prevista por la ley que rige su actuar. Bajo esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la parte quejosa tiene expedito su derecho, en caso de estimar que la autoridad responsable incurre en nuevas omisiones durante la etapa actual de ejecución en la que se encuentra el asunto, a fin de promover lo conducente para que sea motivo de análisis de manera específica en una nueva controversia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil diecinueve. Informa cumplimiento a ejecutoria. Por recibido el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual, realiza manifestaciones relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en el presente asunto, y remite copia certificada de la determinación de doce de junio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente ******************** de su índice. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, visible en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; treinta de mayo de dos mil diecinueve. El estado procesal de los presentes autos evidencia que en proveído de trece de mayo del año en curso, se dictó el siguiente auto. "Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en el presente asunto, remite copia certificada del auto de nueve de mayo del año en curso, emitido en el expediente 89/2008 de su índice. Ahora bien, de la constancia remitida por la responsable, se advierte que las partes no comparecieron al desahogo de la audiencia de remate señalada para el nueve de mayo del año en curso, en la que tampoco hubo presencia de postor alguno para la misma; motivo por el cual se fijaron las doce horas del doce de junio de la presente anualidad, para que tenga verificativo la décimo quinta almoneda de remate; en tales condiciones con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para que una vez que acontezca lo anterior, remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, o informe la imposibilidad que tuvo para ello, en el entendido que sigue subsistente el medio de apremio con el cual fue apercibido en auto de cinco de abril del año en curso, el cual se encontrara vigente hasta en tanto se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Juan Alejandro de la Cruz Martínez Bohórquez que autoriza, firma y da fe." DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS Sin embargo, no se expidió el oficio correspondiente; en tal virtud, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, expídase el oficio de mérito a fin de que la responsable esté en aptitud de cumplir con el requerimiento de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe."Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en el presente asunto, remite copia certificada del auto de nueve de mayo del año en curso, emitido en el expediente 89/2008 de su índice. Ahora bien, de la constancia remitida por la responsable, se advierte que las partes no comparecieron al desahogo de la audiencia de remate señalada para el nueve de mayo del año en curso, en la que tampoco hubo presencia de postor alguno para la misma; motivo por el cual se fijaron las doce horas del doce de junio de la presente anualidad, para que tenga verificativo la décimo quinta almoneda de remate; en tales condiciones con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para que una vez que acontezca lo anterior, remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, o informe la imposibilidad que tuvo para ello, en el entendido que sigue subsistente el medio de apremio con el cual fue apercibido en auto de cinco de abril del año en curso, el cual se encontrara vigente hasta en tanto se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
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