Erasmo Pérez Ramírez
Expediente 1147/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1147/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Erasmo Pérez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrese el cuaderno incidental respectivo y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 20, fracción III del referido Acuerdo General, pues en el caso se negó la suspensión definitiva. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta del Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde el informe justificado en relación a la ampliación de demanda admitida por auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompañan a su informe justificado. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte en lo que interesa que por auto dictado el catorce de agosto de dos mil veintitrés dentro de expediente 2723/2023 el Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveyó en el sentido de que a fin de que se pueda contar con mayores elementos para pronunciarse respecto a su competencia, remitió los autos del expediente laboral D-450/2022 al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla a efecto de que realice el emplazamiento al titular demandado en el escrito inicial, previo a declinar su competencia. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la parte quejosa reclama: la omisión de ordenar la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente D-450/2022; sin embargo, de las constancias que remite la junta responsable se advierte que el mismo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en condiciones para dictar la audiencia de ley dentro del citado expediente en razón de que no es encuentra totalmente integrado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En la especie, de las constancias remitidas por la junta responsable, se observa que: El catorce de agosto de dos mil veintitrés dentro de expediente 2723/2023 el Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveyó en el sentido de que a fin de que se pueda contar con mayores elementos para pronunciarse respecto a su competencia, remitió los autos del expediente laboral D-450/2022 al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla a efecto de que realice el emplazamiento al titular demandado en el escrito inicial, previo a declinar su competencia; lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado, circunstancia por la cual la autoridad responsable se encuentra imposibilitada para ordenar la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del respectivo expediente laboral. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiséis de junio de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para ordenar la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del respectivo expediente laboral. Lo anterior es así, pues la demanda génesis del juicio de amparo en que se actúa fue presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; y, hasta el día de hoy, en que se recibe el informe justificado del Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mediante el cual informa que a fin de se pueda contar con mayores elementos para pronunciarse respecto a su competencia, remitió los autos del expediente laboral D-450/2022 al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla a efecto de que realice el emplazamiento al titular demandado en el escrito inicial, previo a declinar su competencia. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para ordenar la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del respectivo expediente laboral, acto que la parte quejosa aduce ha omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a la citada responsable, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta del Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde el informe justificado en relación a la ampliación de demanda admitida por auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompañan a su informe justificado. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte en lo que interesa que por auto dictado el catorce de agosto de dos mil veintitrés dentro de expediente 2723/2023 el Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveyó en el sentido de que a fin de que se pueda contar con mayores elementos para pronunciarse respecto a su competencia, remitió los autos del expediente laboral D-450/2022 al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla a efecto de que realice el emplazamiento al titular demandado en el escrito inicial, previo a declinar su competencia. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la parte quejosa reclama: la omisión de ordenar la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente D-450/2022; sin embargo, de las constancias que remite la junta responsable se advierte que el mismo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en condiciones para dictar la audiencia de ley dentro del citado expediente en razón de que no es encuentra totalmente integrado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En la especie, de las constancias remitidas por la junta responsable, se observa que: El catorce de agosto de dos mil veintitrés dentro de expediente 2723/2023 el Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveyó en el sentido de que a fin de que se pueda contar con mayores elementos para pronunciarse respecto a su competencia, remitió los autos del expediente laboral D-450/2022 al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla a efecto de que realice el emplazamiento al titular demandado en el escrito inicial, previo a declinar su competencia; lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado, circunstancia por la cual la autoridad responsable se encuentra imposibilitada para ordenar la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del respectivo expediente laboral. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiséis de junio de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para ordenar la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del respectivo expediente laboral. Lo anterior es así, pues la demanda génesis del juicio de amparo en que se actúa fue presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; y, hasta el día de hoy, en que se recibe el informe justificado del Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mediante el cual informa que a fin de se pueda contar con mayores elementos para pronunciarse respecto a su competencia, remitió los autos del expediente laboral D-450/2022 al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla a efecto de que realice el emplazamiento al titular demandado en el escrito inicial, previo a declinar su competencia. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para ordenar la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del respectivo expediente laboral, acto que la parte quejosa aduce ha omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a la citada responsable, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta de la Administradora Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI de Correos de México, a través del cual, en cumplimiento al proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, informa que la pieza postal correspondiente al oficio 25042/2023 dirigido a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ya fue entregado a este órgano judicial. Al respecto, no se hace mayor pronunciamiento a lo informado por la autoridad oficiante, en virtud de que a la fecha en que se actúa se encuentra integrada la constancia de notificación del oficio de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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