Erasmo Marquina Mendoza

Expediente 996/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
996/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Sandy Karen Orihuela Guzmán Fiscal Regional de Nezahualcóyotl Estado de México
  • Erasmo Marquina Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito del quejoso **********, por medio del cual solicita la totalidad de los documentos que adjunto a su escrito de demanda. En consecuencia, infórmese al promovente que deberá de estarse a lo acordado en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; esto es, quedan a su disposición los documentos que refiere, para que se presente personalmente o persona autorizada a recogerlos en hora y día hábil, con identificación oficial vigente, previa razón que por su recibo se deje agregada en autos, una vez que las labores de este juzgado lo permitan.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes desde el tres de abril de dos mil trece, se le notifica al quejoso por medio de listas fijadas en los estrados de este juzgado de distrito, en virtud de no haber comparecido a oír la notificación personal en este órgano jurisdiccional de la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós que dice: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo por lo expuesto y fundado en el último considerando de esta resolución. Aviso

  3. Principal

    agréguense a los autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales procedentes, las misivas signadas por Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, mediante las cuales informa que se acusa recibo y que dentro del cuaderno auxiliar 214/2022 de su índice, en apoyo de este órgano de control constitucional se emitió sentencia respecto al juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo vía electrónica. Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que dicha sentencia se encuentra integrada electrónicamente al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), relacionado por dicho juzgado auxiliar; por tanto, a fin de integrar correctamente el expediente físico y electrónico en que se actúa, se ordena digitalizar y subir la sentencia respectiva, así como realizar las anotaciones correspondientes.

  4. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de la Secretaria, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por **********, por derecho propio, contra actos de la Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, Estado de México, y otras autoridades. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 996/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento En tal virtud, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que los actos reclamados que señala la parte quejosa, los cuales consisten en: LA ORDEN O DETERMINACIÓN DE RETENER EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, TIPO AVEO NG, MODELO 2020, COLOR GRIS PLATA CON NUMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN M06BHC, placas de la Ciudad de México con número de serie LSGHD52H3LD153142, MOTOR HECHO EN WUHAN II SGM, tal como consta de actuaciones que contiene la carpeta de Investigación número: NIC: NEZ/NZ1/01/MPI/443/01149/22/06, NUC: NEZ/NEZ/NZ1/062/182912/22/06, NUMÉRO ECONOMICO 612/2022, EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION 0-2, NEZAHUALCÓYOTL, EN LA OFICINA DEL MINISTERIO PUBLICO, iniciándose por el probable delito de LESIONES, y DAÑOS EN LOS BIENES CULPOSOS, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN". En virtud de lo anterior, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]". En ese tenor, de acuerdo con la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es improcedente cuando la ley de la materia prevea algún medio de defensa o recurso con el cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; situación que en el caso acontece. Es menester señalar que para que opere la causa de improcedencia del juicio antes señalada se requiere, entre otras, que: A) El acto que se reclama prevea un recurso o medio de defensa; y, B) Que en virtud del recurso o medio de defensa el acto reclamado pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso que nos ocupa se actualiza dicha causa de improcedencia, en virtud de que en el presente juicio se reclama la ORDEN O DETERMINACIÓN DE RETENER EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, TIPO AVEO NG, MODELO 2020, COLOR GRIS PLATA CON NUMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN M06BHC, placas de la Ciudad de México con número de serie LSGHD52H3LD153142, MOTOR HECHO EN WUHAN II SGM, tal como consta de actuaciones que contiene la carpeta de Investigación número: NIC: NEZ/NZ1/01/MPI/443/01149/22/06, NUC: NEZ/NEZ/NZ1/062/182912/22/06, NUMÉRO ECONOMICO 612/2022, EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION 0-2, NEZAHUALCÓYOTL, EN LA OFICINA DEL MINISTERIO PUBLICO, iniciándose por el probable delito de LESIONES, y DAÑOS EN LOS BIENES CULPOSOS, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN, de la que es víctima el quejoso, situación que es susceptible de modificación a través de impugnación ante la autoridad judicial tal como lo señala el artículo 109 fracción XXI en relación con el diverso artículo 258, ambos, del Código Nacional de Procedimientos penales los cuales establecen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En ese orden, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido pueden impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce ese derecho fundamental en el precepto 109, fracción XXI y del diverso precepto 258, del mismo ordenamiento legal, se obtiene que ese tipo de actos omisivos podrán ser impugnados ante el Juez de Control, quien en audiencia, previa cita a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su defensor, decidirá en definitiva. De lo anterior, se obtiene que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deban estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (la aplicación de un criterio de oportunidad), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones de la representación social en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones de la fiscalía, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o adopte las medidas adecuadas para garantizar la satisfacción en la reparación del daño, motivando así que cesen las omisiones en perjuicio de las partes intervinientes. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Es aplicable al respecto, las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época, con registros 2017641 y 2017640, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto 2018, tomo I, materia penal, pagina 943 y 945, cuya observancia es obligatoria para este juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, del título y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De lo anterior se advierte que el Constituyente, previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones en que la representación social incurra al ejercer su facultad investigadora; no obstante, dicha prerrogativa no es opcional. Sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley (como en el caso, la DETERMINACIÓN DE RETENER EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, TIPO AVEO NG, MODELO 2020, COLOR GRIS PLATA CON NUMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN M06BHC, placas de la Ciudad de México con número de serie LSGHD52H3LD153142, MOTOR HECHO EN WUHAN II SGM, tal como consta de actuaciones que contiene la carpeta de Investigación número: NIC: NEZ/NZ1/01/MPI/443/01149/22/06, NUC: NEZ/NEZ/NZ1/062/182912/22/06, NUMÉRO ECONOMICO 612/2022, EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION 0-2, NEZAHUALCÓYOTL, de quien se ostenta como víctima), previo a la promoción de un juicio de amparo, pues con la incorporación de dicho derecho para el pasivo del delito, se buscó que contara con una defensa de sus intereses, ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el quejoso acudir a las instancias comunes que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. De ahí que, contra la omisión que reclama, en la que dice incurrió la autoridad responsable, no es procedente el juicio de amparo, dado que primero debió combatir las omisiones de que se duele mediante el medio de impugnación innominado correspondiente, ante el Juez de Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna en favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII; e incluso, se enfatiza que el propio artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala como derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias del Ministerio Público en el desempeño de su funciones, por ejemplo, omitir investigar en los plazos que marcar la ley o no determinar sobre el ejercicio o no de la acción penal, entre otros supuestos; de ahí la improcedencia de la demanda que nos ocupa. Lo anterior, dichas cuestiones también se traducen en omisiones o negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, que deben ser impugnados ante el Juez de Control correspondiente. Máxime, que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; esto es, no se está en el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sin que pase inadvertido que el acto reclamado pudiera causar una ejecución de imposible reparación, pues aún en esos supuestos, la parte quejosa debió agotar los recursos o medios ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir dichas omisiones, tal como fue resuelto en la jurisprudencia por contradicción número 11/2018, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, junio de dos mil dieciocho, Décima Época, con número de registro 2017117, del texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, y los diversos 20, apartado C, fracción VII de la Carta Magna y 109, fracción XXI; así como 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Domicilio para oír y recibir notificaciones Con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la listas de este Juzgado Federal. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos del dispositivo 12 de la ley de la materia, con todas las facultades que el mismo confiere, a los profesionistas que se mencionan siempre y cuando se encuentre registro de sus respectivas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitan horas y días Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Finalmente, se hace saber a la parte quejosa que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." NOTIFÍQUESE POR LISTA DEMANERA INTEGRA LA PRESENTE DETERMINACIÓN.Así lo proveyó y firman de manera electrónica, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl José López Martínez, ante la secretaria Yeny Prado Rico, quien autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las promociones y constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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