Erasmo Marín Cruz
Expediente 108/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Erasmo Marín Cruz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio número 6454/2019, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del oficio 1030-IV de once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 26-28), por el que se le remitió la demanda de amparo promovida por Erasmo Marín Cruz, José Luis Rosado, Gregorio Vega Zapata y Horacio Vela Gómez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, y de otra autoridad; asimismo, informa que acepta la competencia legal para conocer de la citada demanda de amparo, y se avoca al conocimiento del asunto. En ese sentido, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, toda vez que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, y el mismo carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses como se indica en dicho punto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la Actuaria Judicial no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 21-25), toda vez que al constituirse con las formalidades de ley a las trece horas con veinticinco minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve, en la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad, y cerciorada de ser la colonia correcta, toda vez que así lo hicieron saber varios vecinos, quienes dijeron llamarse Ángel Ruiz Gutiérrez, Susana Orozco Moreno y Nayeli García, y al preguntarles por las calles Porfirio Díaz y Colón, manifestaron que en esa colonia no existen calles con esos nombres; procediendo a recorrer varias calles de dicha colonia, sin localizar ninguna con los nombres mencionados, posteriormente, siendo las once horas con treinta minutos del trece de marzo de esta anualidad, se constituyó en las instalaciones de Correos de México, en donde fue atendida por una persona del sexo masculino, quien dijo responder al nombre de Andrés Ríos Jiménez, y ser empleado de esa institución, y al preguntarle por las calles Porfirio Díaz y Colón, de la colonia Vicente Guerrero en esta ciudad, le informó que no existen calles con esos nombres en dicha colonia. En consecuencia, ante la imposibilidad de la Actuaria Judicial de practicar la notificación personalmente con la parte quejosa o con las personas autorizadas en autos, por las razones expuestas en el párrafo que antecede, notifíquese a dicha parte, el presente acuerdo, el diverso de once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 21-25), y las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto cumpla con la carga procesal de señalar domicilio en esta ciudad, donde puedan practicársele notificaciones, de conformidad con dispuesto por el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis aislada número II.T.28 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII (Abril de 2006), Página 1058, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, intitulada:.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve Erasmo Marín Cruz, José Luis Rosado Rosado, Gregorio Vega Zapata y Horacio Vela Gómez, contra actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, y de otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 108/2019, que le corresponde. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, previamente, se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por Erasmo Marín Cruz, José Luis Rosado Rosado, Gregorio Vega Zapata y Horacio Vela Gómez, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis número 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: . El numeral transcrito establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juez de distrito, es decir, es juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los jueces de distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, los peticionarios de amparo, reclaman a través de este juicio de amparo lo siguiente: . De igual forma, los aquí quejosos bajo protesta de verdad, manifiestan, que son ejidatarios del Ejido de la población de La Palma, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, y poseedores del 2.5600%, de una superficie total de 48-83-93.74 hectáreas, pertenecientes al núcleo ejidal La Palma, Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que los actos reclamados a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tiene ejecución en la localidad La Palma, Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes:. En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por ser éste el que tiene competencia en el lugar donde se ejecutan o deban ejecutarse los actos reclamados, al establecer: . Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero, así como el ordinal 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, conocer de este juicio de amparo, motivo por el cual, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, declara carecer de competencia legal para resolver este asunto; por lo que, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec. En consecuencia, remítase el original y las ocho copias de la demanda de amparo y anexos, exhibidas por los quejosos, así como el original de la papeleta de turno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en aquella localidad; para que, por su conducto, lo turne al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo de cuenta y de la papeleta de turno respectiva. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicitan los quejosos, téngase como representante común a Erasmo Marín cruz. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de cuenta, y por autorizados con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Edgar Ariel Roblero Cosme, Diego Juan Martínez y Ulises Bautista Zárate. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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